La Misión de Visitantes Extranjeros (MVE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para las elecciones federales y locales del 6 de junio de 2021 en México ha urgido a las autoridades mexicanas a iniciar de forma “inmediata” un “diálogo” para poner fin a la violencia política en el país.”La principal amenaza al proceso electoral han sido los altos niveles de violencia, incluyendo el asesinato de candidatas y candidatos, precandidatas y precandidatos, funcionarios públicos, equipos de las campañas, así como de familiares de estas personas”, ha lamentado la misión, para rechazar “todas las formas de agresión física o psicológica que se dieron en el marco de las comicios”.Estos incidentes, según ha indicado este martes la MVE en un comunicado, “buscaron empañar y/o inhibir el ejercicio ciudadano de participación política en algunas entidades federativas del país”, ya que esta violencia estuvo “focalizada en determinadas zonas”.En este contexto, la misión ha apuntado a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó, a partir del mes de marzo, una iniciativa denominada ‘Estrategia de Protección en Contexto Electoral’, la cual, a su juicio, “avanza en la dirección correcta, al buscar articular a los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal en una política de prevención, protección e investigación judicial frente a la violencia política”.”Sin embargo, diversos actores manifestaron a la misión que, considerando la gravedad de la situación, el programa no fue implementado con la debida antelación”, ha reconocido la misión, que ha incidido en que “la violencia socava los cimientos de la democracia”.Por ello, ha considerado “esencial” que, una vez finalizado el actual proceso electoral, el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil “inicien inmediatamente un diálogo conducente a ponerle fin a la violencia política”.Proceso “exitoso”Por otro lado, ha felicitado al Gobierno de México y a las autoridades electorales por llevar a cabo estos comicios de manera “exitosa” y ha destacado el nivel de participación que, según datos preliminares, superó el 52 por ciento, más de cuatro puntos porcentuales por encima de las anteriores elecciones de medio periodo.”Las elecciones del pasado domingo ratificaron la importancia que tiene para la democracia mexicana la fortaleza institucional, el profesionalismo y la experiencia de sus autoridades electorales autónomas e independientes”, ha apostillado la MVE.Asimismo, ha subrayado que el proceso electoral también evidenció avances “muy significativos” en materia de inclusión, como la extensión del principio de paridad de género en todos los órganos y poderes del Estado, así como la adopción de legislación para combatir la violencia política en razón de género.”Estas medidas colocan a México entre los marcos normativos más avanzados del mundo en esta materia”, ha celebrado la misión, que también ha aplaudido la expansión de la acción afirmativa para la participación política de los pueblos indígenas de 13 a 21 distritos electorales y la adopción de medidas de acción afirmativa para personas afromexicanas, con discapacidad, de diversidad sexual y migrantes.Estas decisiones, ha agregado, “van en línea” con la jurisprudencia y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el sentido de garantizar el derecho efectivo a elegir y ser electas a funciones públicas y legislativas.De la misma manera, la Misión ha saludado al proyecto piloto para el voto de personas en prisión preventiva, de cara a su implementación integral en la elección de 2024.Imparcialidad en uso de recursos y cobertura mediáticaPor otro lado, ha lamentado que en este proceso la autoridad electoral recibió 190 quejas por violación a la normativa constitucional relativa a la imparcialidad en el uso de recursos públicos, equidad en la competencia y límites a la propaganda gubernamental.Más allá de los casos concretos, la misión ha hecho hincapié en “la obligación para todas las personas de acatar y actuar dentro del marco normativo establecido para los procesos electorales”, una obligación que “es tanto más importante cuando se trata de las figuras con mayor poder en la jerarquía del aparato estatal”.A su vez, la MVE ha recibido reclamos por parte de distintos actores políticos y sociales sobre que “funcionarios públicos de alto nivel gozaron de una cobertura mediática que, a su criterio, era desproporcionadamente amplia”, así como que “el contenido de la comunicación gubernamental en ocasiones transgredió los artículos 41 y 134 de la Constitución Política”.Al respecto, la misión ha retomado la Declaración conjunta sobre libertad de expresión y elecciones en la era digital de los Relatores Especiales de Naciones Unidas, la Misión Especial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la OEA, que plantea “el riesgo de que un gobierno en ejercicio reciba cobertura desproporcionada por parte de los medios de comunicación”.”Parte del debate jurídico suscitado durante este proceso se debe a que el artículo constitucional que regula estos temas requiere mayor precisión sobre los alcances de los límites y restricciones. Esto daría mayor certeza y claridad sobre las conductas de los funcionarios públicos que estarían permitidas o prohibidas”, ha sentenciado la misión de la OEA.
Fuente: La Nación