(Actualiza con situación de empresario)WASHINGTON, 9 jun (Reuters) – Estados Unidos impuso el
miércoles sanciones a cuatro funcionarios nicaragüenses,
incluida la hija del presidente Daniel Ortega, y Washington
advirtió que seguirá utilizando herramientas diplomáticas y
económicas contra miembros del gobierno de izquierda que socavan
la democracia.El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken,
instó a Ortega a liberar a los candidatos presidenciales
detenidos, así como a otros líderes de la oposición arrestados
durante la última semana en lo que llamó una “ola de represión”.”Estas sanciones demuestran que hay costos para los que
apoyan o ejecutan la represión del régimen de Ortega”, dijo
Blinken en un comunicado.”Estados Unidos seguirá utilizando todos los medios
diplomáticos y las herramientas económicas a nuestra disposición
para apoyar los reclamos de los nicaragüenses por mayor
libertad”, añadió.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso
sanciones el miércoles a la hija de Ortega, Camila Ortega
Murillo, quien también es una funcionaria de alto rango del
gobierno, y a otros tres personas acusadas por Washington de
socavar la democracia, abusos a los derechos humanos y promulgar
leyes represivas.El Tesoro dijo que Camila Ortega administra la estación de
televisión Canal 13, un medio de comunicación al que acusa de
emitir propaganda.Los otros sancionados son Leonardo Ovidio Reyes Ramírez,
presidente del Banco Central de Nicaragua; Edwin Ramón Castro
Rivera, diputado de la Asamblea Nacional; y Julio Modesto
Rodríguez Balladares, un general de brigada del ejército de
Nicaragua y director ejecutivo del Instituto de Previsión Social
Militar.El gobierno y el ejército de Nicaragua no respondieron a las
solicitudes de comentarios sobre las sanciones.El miércoles por la noche, la policía rodeó la casa del
exdirector de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense,
Mario Arana, según un familiar. Además, una aparente orden de
arresto circuló en medios locales con sus datos personales,
describiendo supuestos “delitos”, como “comprometer la paz o la
dignidad de la República”.El Gobierno no respondió a una solicitud de comentarios
sobre el documento o su autenticidad.
(Reporte de Daphne Psaledakis, Simon Lewis, Humeyra Pamuk y
Tim Ahmann en Washington; información adicional de Michelle
Nichols en Nueva York e Ismael López en Managua. Editado en
español por Rodrigo Charme)
Fuente: La Nación