Una vez que concluya el proceso electoral que conduce a la renovación de bancas en el Congreso de la Nación y en legislaturas locales, las fuerzas políticas deberán abocarse a resolver la delicada situación que atravesamos sin más demoras ni distracciones. No hace falta esperar los resultados de las PASO de mañana ni las generales del 14 de noviembre para saber que la realidad demanda superar las diferencias abismales que separan a las principales coaliciones. Cualquiera sea la orientación mayoritaria del voto popular o la dimensión de las abstenciones y del voto en blanco, el país necesita con premura una dirección clara, rotunda y previsible sobre algunos ejes esenciales.El 24 de marzo, la vicepresidenta anticipó su disposición a generar entre el oficialismo y la oposición un acuerdo sobre las reglas por seguir en la negociación de la deuda pública contraída. Como ella, la primera línea de dirigentes políticos sabe que la Argentina debe resolver a breve plazo cómo convendrá con el FMI la deuda pendiente por los créditos que otorgó a la Argentina. Sabe, también, que los vencimientos del año próximo son considerables y que no hay manera de renegociarlos sin un programa económico que cuente con el mayor apoyo posible de los partidos con representación parlamentaria. Un acuerdo sustentable en materia tan delicada y compleja impone la participación de otros actores; en primer lugar, la de quienes representen a las organizaciones empresarias y sindicales. Si se suman otras voces con influencia social, desde líderes espirituales hasta intelectuales con gravitación personal en sus respectivos espacios institucionales, mejor todavía.El cumplimiento estricto de la Constitución debe ser el punto de partida de un consenso suficiente para encarrilar de nuevo al país por la senda de la productividad, del respeto por el valor de la moneda, la generación de fuentes de trabajo y de inversiones nacionales y extranjeras, tan bajas ahora como en pocas otras partes del planeta. De espaldas a la Constitución solo se levantan los castillos fantasiosos de la demagogia que nos ha traído a una encrucijada que se ahonda día a día. El mundo tiene sobrada experiencia sobre la fragilidad de lo que se construya sin una reafirmación en los hechos de la independencia del Poder Judicial y de la plenitud en el ejercicio de la libertad de prensa. Hay otras columnas sobre cuya solidez sacan cuentas los acreedores respecto del programa que se presente, pero sin aquellas dos pierden sustancia los aspectos técnicos en consideración de las entidades internacionales y de los países centrales ante los que debemos rendir cuentas. No miran solo la economía y las finanzas; miran también la política y las instituciones.Transitamos momentos de rivalidad y competencia. No es tiempo de forzar coincidencias. Cuando el Gobierno comience a recorrer su tercer año de gestión, es imperativo que el oficialismo y la oposición inicien los trámites de designación de delegados y del temario sobre el cual se hallen dispuestos a trabajar. Tras el impulso conferido por el aplastante triunfo del radicalismo en Corrientes, cuatro fundaciones de Juntos por el Cambio se aunaron en un documento que proyecta las ideas dominantes, al menos en la oposición. Las fundaciones Alem, Encuentro, Hannah Arendt y Pensar enunciaron los compromisos anudados en ocho áreas: trabajo, educación, inflación, salud, seguridad, justicia, responsabilidad ambiental y política exterior. Han hecho esa presentación como alternativas a las políticas del Gobierno, como si hubieran evaluado un extendido desánimo ciudadano, acuciado entre otras cosas por la pandemia.Es un documento sereno, sin expresiones altisonantes, pero que recoge la profundidad de las discrepancias entre la oposición y el Gobierno. Dice que su política económica “nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología”; exhorta a que las empresas vuelvan a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores hallen incentivos para producir”. Pide “un cambio a fondo” en la educación pública, con mayor capacitación de los docentes y la transformación digital de las aulas; la modificación de los impuestos “que desincentivan la inversión” y, en materia de seguridad, que se combata al narcotráfico y al crimen organizado. Se compromete asimismo a apoyar “de forma íntegra y pública” a las fuerzas de seguridad, dotándolas de los “instrumentos necesarios”.Seguramente el oficialismo tomará nota de estas posiciones para refutarlas en la campaña desde su propia perspectiva. Será deseable que lo haga también como acopio de los puntos de vista que deberá enfrentar si resuelve contribuir a un debate eficaz para el país, encolumnándonos todos en una dirección, dispuestos a construir juntos el porvenir.¿Se opondrían, acaso, los voceros del Gobierno al reclamo de que los magistrados y funcionarios judiciales “sean seleccionados por procedimientos transparentes”? ¿Podrían estar en desacuerdo con que la Argentina vuelva “a ser un país respetado”? Deberemos asumir que dejamos de ser confiables y que nos hallamos en términos enojosos con un alto número de Estados; congraciados, apenas, con regímenes ajenos a los principios republicanos. Muchos asuntos demandan revisión y acuerdos claves ante la atenta mirada ciudadana.Comprenderá la vicepresidenta, que lo del “vamos por todo” fue la contrafigura de la política de consensos que alentamos desde este diario y hasta de la modesta sugerencia negociadora que deslizó el 24 de marzo.

Fuente: La Nación

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