La imprevisión y la improvisación en las políticas del Gobierno y la falta de una mirada sensible en el contexto crítico de la actividad económica, se combinaron para que ocurriera lo que ocurrió en los últimos días con el monotributo (el “exsistema” simplificado impositivo, porque si bien nació con ese nombre, su esquema es cada vez más complejo).Para entender el origen de todo hay que remitirse a algo ocurrido más de un año y medio atrás. Entonces, apenas llegado al poder, el gobierno del presidente Alberto Fernández decidió suspender la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que, además de determinar el porcentaje de suba de diferentes ingresos pagados por el Estado, define cada año la actualización de la tabla del monotributo. Por una ley vigente desde 2018, en cada enero las facturaciones máximas y los importes a pagar en cada categoría aumentan en igual porcentaje en que lo hicieron las jubilaciones de la Anses el año previo. En el primer mes de 2020, por ejemplo, los valores subieron 51,1% siguiendo ese criterio.A pedido del Poder Ejecutivo, el Congreso aprobó en diciembre de 2019 la suspensión de la fórmula de la ley 27.426 por 180 días. Y a mediados de 2020, esa medida -que le permitió al Gobierno concretar un ajuste del gasto destinado a los jubilados- fue prorrogada hasta diciembre. Desde los primeros meses del año pasado ya se sabía que, dada la discrecionalidad y la heterogeneidad de las subas otorgadas por decreto, se estaba generando un problema: la falta de un índice para actualizar en 2021 el monotributo.Pasó un año entero, sin respuestas ante consultas sobre el tema. El 31 de diciembre de 2020 el Poder Ejecutivo mandó al Congreso un proyecto de ley, en el cual se incluyó un artículo para disponer que los valores se incrementaran (como excepción, por este año) en igual porcentaje que el aumento que había tenido el año pasado el haber mínimo, es decir, un 35,3%.El tema fue habilitado para las sesiones extraordinarias de enero y febrero, pero el texto recién se convirtió en ley el 8 de abril. El artículo referido al reajuste de las facturaciones topes y de los aportes a pagar por los monotributistas indica expresamente que el efecto es a partir de enero pasado, pero la ley se aprobó sin que se haya reparado en esa cuestión. Un mes y medio después de aquel día, el 25 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial el decreto reglamentario. Y el 31 de mayo, a cinco meses del momento en que se debieron reajustar las cifras, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont firmó la resolución 5003, publicada dos días después en el Boletín Oficial.El 1° de junio la AFIP publicó en su página web la nueva categoría que, de oficio, le asignó a cada contribuyente, observando los límites de ingresos brutos actualizados y la facturación de 2020 (ese proceso de recategorización respondió a los criterios que debió haber tenido el de enero de este año). Y también, pese a que la propia resolución establecía que ello ocurriría el 1° de julio, se informó, para cada contribuyente, un saldo deudor o un saldo a favor.Esa primera información sobre deudas o acreencias fue errónea. Los números se corrigieron luego, pero tampoco se podían tomar como definitivos, porque no pocos consideraron, al evaluar su situación, que la categoría asignada por la AFIP no es la correcta. Y en estos casos hay tiempo hasta el 25 de junio para tramitar una recategorización, que llevaría a que se modifique el valor del saldo.La decisión de consignar deudas impositivas sin explicaciones para muchos monotributistas que no estaban al tanto de la situación, provocó rechazo, indignación y una fuerte reacción en redes sociales. Es, además, una señal errática de la política tributaria del Gobierno que, según lo anunciado, desde el mes próximo les devolverá a algunos asalariados (muchos de ellos, con ingresos más altos que muchos monotributistas) el impuesto a las ganancias ya pagado este año, dadas las modificaciones aprobadas por ley.Por otra parte, los funcionarios y ahora también algunos jueces que deben resolver reclamos de los jubilados, justifican en la emergencia sanitaria, económica y fiscal por el Covid-19, el ajuste concretado sobre los haberes jubilatorios por aquella suspensión de la fórmula previsional. Pero no hubo una disposición inicial a no cobrar el monto retroactivo de un impuesto, que se generó por las demoras del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en emitir las normativas correspondientes.¿De cuánto son (o eran) las deudas que generaron el conflicto? Un monotributista que estaba y sigue estando en la categoría A, pagó $1955,69 por mes entre enero y mayo, mientras que ahora el aporte (considerando tanto el componente impositivo como los pagos a la jubilación y a la obra social) es de $2646,22; la diferencia por cinco meses es de $3452,65. Para alguien que estaba en la categoría E y pasó a la D, la brecha resulta de $1833,94 a favor del fisco. Y si un contribuyente, en cambio, bajó dos escalones en la tabla (por su nivel de facturación) y pasó de la categoría E a la C en la actividad de servicios, tiene una diferencia de $590,98, pero a su favor.Respecto de casos como el del último ejemplo, no está claro qué ocurrirá a partir de las modificaciones que ahora se analizan. Tampoco se informó oficialmente si se mantendrá la actualización aplicada a los valores de los ingresos máximos del monotributo (con vigencia desde enero), aunque según algunos trascendidos sí será así. Si no se mantuviera ese reajuste, el problema sería que más personas podrían quedar en condiciones de tener que salir del esquema para pasar al más oneroso régimen general, con inscripción en el IVA, Ganancias y con aportes previsionales de autónomos. La maraña creada por los funcionarios por no haber previsto que en enero pasado debía cumplirse con la actualización del monotributo podría estar generando, ahora que se busca alguna salida, más senderos laberínticos.
Fuente: La Nación