“Bienvenidos a la tierra del miedo”. Un grupo de jóvenes pensó en poner un cartel con esa frase en el ingreso a Formosa. Todavía no lo hicieron, acaso porque saben que no duraría más de cinco minutos. Cualquier expresión de libertad implica un alto riesgo en la provincia de Gildo Insfrán.Con o sin cartel, Formosa es una provincia que convive con el temor. Esa sensación domina el clima asfixiante de un enclave al que el adjetivo feudal empieza a quedarle chico. Hay miedo a un Estado autoritario que lo vigila todo; hay miedo al desempleo, a la persecución, al hostigamiento. Hay miedo al aislamiento y a la condena de una sociedad cada vez más dependiente del poder. Por supuesto, también hay miedo a la pandemia. Con la cuarentena más dura y más prolongada del país, Formosa no ha evitado -ni mucho menos- la tragedia sanitaria: hoy tiene 96 muertos cada 100 mil habitantes, muy por encima de Misiones (27 cada 100 mil habitantes), Catamarca (48), Corrientes (59) y Santiago del Estero (64). Más allá de las cifras, para muchos se ha convertido, sí, en un territorio “invivible”, en el que la atmósfera de opresión lleva al repliegue, la obediencia y el silencio.Coronavirus en la Argentina: el avance de la pandemia, en tiempo realAun frente a un Estado omnipresente y con un sector privado cada vez más débil, se ha abierto alguna válvula de oxígeno. Entre muchos jóvenes empieza a brotar la rebeldía. Se han empezado a gestar enclaves de resistencia en la sociedad civil. Y las redes sociales se han convertido en un vehículo para eludir los cepos a la libre expresión. Algunos ven, en miniatura, síntomas de una incipiente “primavera árabe”, en alusión a aquel movimiento protagonizado por jóvenes contra regímenes opresivos enquistados en el poder durante décadas.A principios de este año, las restricciones impuestas por el gobierno de Insfrán provocaron fuertes protestas en las calles de Formosa (Twitter/)El encierro de Formosa empezó muchos años antes de la pandemia. Está atrapada en una suerte de cepo institucional: con un gobernador que lleva 33 años en el poder, ya son varias las generaciones de formoseños que no conocen la alternancia política. Han crecido bajo una especie de “monarquía de facto” en la que la democracia queda subordinada a una trama de abusos y chantajes tejida desde el poder.Gildo Insfrán se recibió de veterinario, pero nunca ejerció otra cosa que no fuera el poder político. Con una formación juvenil en el Partido Comunista Revolucionario, se abrazó luego al peronismo. Fue diputado nacional, vicegobernador durante 8 años y, desde 1995, gobernador con vocación de perpetuidad. Es el mandatario provincial que lleva en su cargo mayor cantidad de tiempo. Pero además forzó una reforma constitucional en 2003 que le permite aspirar a reelecciones indefinidas: una suerte de monarca vitalicio. Votos, sin embargo, no le faltan. Ganó la última reelección con más del 70%. Para sus opositores, semejante caudal se explica por la creciente dependencia estatal de los ciudadanos y por una maquinaria electoral que incluye el empadronamiento de personas fallecidas, ciudadanos paraguayos y DNI adulterados. Desde 2011 hasta ahora se han acumulado, por presunto fraude electoral, 87 causas judiciales con 4780 imputados. “Todas fueron cajoneadas”, denuncia la oposición.Hablar de “dependencia del Estado” es quedarse corto. “En Formosa, si el gobierno te hace la cruz te convertís en un muerto civil”, dice Pablo Siddig.Insfrán parece manejar la provincia como si fuera su estancia. Lo llaman “tío Gildo”, una manera de subrayar ese paternalismo ejercido por un “tío protector” al que se le deben la comida, la vivienda, el trabajo y la libertad. El gobierno es el gran empleador. Y el gobierno es Gildo Insfrán. Las empresas fuertes son las proveedoras del Estado, de manera que el sector privado también está -en buena medida- dentro del cerco que Insfrán maneja con látigo y chequera.Hace un mes, la policía formoseña realizó un allanamiento en una casa de familia para detener a un contagiado por el Covid-19 y trasladarlo por la fuerza a un centro de aislamiento. El caso fue denunciado por los vecinos como un “avasallamiento brutal” (Captura/)La resistencia civil ha empezado a gestarse en aquellos ámbitos que están más a salvo del tutelaje estatal: comerciantes, profesionales jóvenes y estudiantes universitarios. Son, a la vez, los que sienten el rigor del atropello. Les han cerrado los negocios, las escuelas de sus hijos, las instituciones. “El Poder Judicial de Formosa está desde hace un año en terapia intensiva”, dice la abogada Melissa Silva. Melissa es referente, además, de Padres Organizados: “Formosa es una provincia que se ha quedado sin educación y sin justicia”.También se ha quedado sin libertad de expresión: desde 2012 a 2021 se han registrado 50 denuncias por casos de censura y ataques a la prensa, según un informe de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia). En febrero de este año, el gobierno formoseño impidió el ingreso de periodistas de LA NACION para informar sobre la situación en la provincia.Sin escuelas desde hace 15 mesesLa pandemia ha expuesto, hasta extremos que rozan la crueldad, la concepción del poder que se ha enquistado en esta provincia del nordeste argentino. Se instaló un Estado policíaco para imponer un cierre férreo y absoluto que, con muy pocas flexibilizaciones, se mantiene desde marzo del año pasado. La capital y la ciudad de Clorinda (que suman el 50% de la población formoseña) tienen las escuelas cerradas desde hace 15 meses. “No se dan clases virtuales porque la mayoría de los chicos no tiene conectividad; solo se envían tareas por WhatsApp. Estamos sufriendo una tragedia educativa. No se acepta ninguna alternativa presencial, a pesar de que todos los docentes ya están vacunados con la primera y la segunda dosis”, dice Melissa, madre de una adolescente y de un hijo de 3 años que no pudo empezar su escolaridad. Las escuelas no solo han sido cerradas; directamente se las ha desmantelado para instalar en sus edificios los cuestionados centros de aislamiento para personas con Covid.Pese a los planteos de Pfizer, no se modificará la ley de vacunasLos padres que reclaman la apertura de los colegios chocan con la misma pared que describen los comerciantes: “El gobierno no acepta ningún diálogo ni debate. Cree que la única alternativa es cerrar todo y no se mueve de ahí”, dice Matías Orozco. La curva de contagios contradice la estrategia del encierro absoluto: los casos se han multiplicado por cuatro desde abril hasta ahora.El 70 por ciento de los empleados formoseños depende del Estado. “Al sector privado lo quieren liquidar, porque es un sector que defiende su libertad, que no vota al régimen y que cuestiona el autoritarismo policial”, dice Marcelo Ocampo, empresario del rubro gastronómico. Su caso resume la asfixia del pequeño y mediano empresariado: Cuando empezó la pandemia tenía 10 locales y 60 empleados; un año después le quedan 5 locales y 10 empleados. “Siempre fui emprendedor y optimista, pero ahora he perdido hasta ese espíritu”. El desmoronamiento de su esfuerzo empresario no es la única pesadilla que sufrió Marcelo en medio de la “cuarentena policíaca” que ha impuesto Insfrán. En mayo del año pasado viajó a Corrientes a visitar a su familia: se tuvo que quedar ocho meses porque Formosa cerró la frontera y no lo dejaban volver. Recién pudo regresar con un amparo de la justicia federal (“ni sueñes con que un juez formoseño falle en contra del gobierno y a favor de un ciudadano”, dice), pero en represalia lo mandaron a hacer una cuarentena forzosa a un centro de aislamiento de un pueblo ubicado a 120 kilómetros de su casa en la capital. “Fue tan insoportable, que me tuve que volver a ir de la provincia”, cuenta. Su actitud de reclamo le ha costado cara: le labraron 17 actas de infracción por abrir las puertas de sus locales, le aplicaron 4 clausuras y le iniciaron dos causas penales. Además, sufrió un escrache con panfletos en los que lo acusaban por las muertes que ha provocado el Covid.Atropellos y penurias similares describe Pablo Siddig: “Nos persiguen para que cerremos; te mandan todo tipo de inspecciones y la Policía comete cualquier abuso”. En su caso, comenzó la pandemia con tres locales de ropa y 25 empleados. “Hoy me queda un solo local y apenas 5 empleados. Muchos comerciantes se fueron a Chaco; acá buscan que se funda el comercio -afrima- para quedarse con todo”. Siddig es el comerciante que el lunes terminó arriba del capot de la camioneta de un ministro de Insfrán.Controles policiales en la frontera entre las provincias de Chaco y Formosa. Más de 7000 formoseños quedaron varados, durante meses, en los accesos a la provincia (Tomás Cuesta/)Las de Marcelo Ocampo y Pablo Siddig son, al fin y al cabo, historias de supervivencia, a diferencia de la de Mauro Ledesma. A los 23 años, Mauro murió cuando intentaba cruzar a nado el Río Bermejo (que separa Formosa de Chaco) para ver a su hija. Era uno de los 7500 formoseños que quedaron varados, durante meses, en localidades fronterizas.La extinción del sector privadoFormosa, en los últimos veinte años, ha expandido el Estado y el asistencialismo a la par que ha achicado su sector productivo hasta una virtual extinción. Pasó de tener 116.000 hectáreas de cultivos de algodón a tener solo 40.000. Por su territorio pasa la hidrovía, pero el llamado Puerto Nuevo ha quedado inutilizado y convertido casi en una ruina. Solo queda una única fábrica de tanino (un producto químico derivado del quebracho), aunque esa fue una industria fuerte en la provincia.Con 573.000 habitantes (una población equivalente a un tercio de la de La Matanza), Formosa tiene una ecuación privilegiada: el 1° de cada mes recibe, por coparticipación, los recursos para cubrir el 93 por ciento de sus gastos. Sin embargo, no ha podido potenciar un desarrollo productivo. Peor aún, su tasa de mortalidad infantil está entre las dos más altas del país, junto con Corrientes. Según los últimos datos disponibles, registra un índice de 16 muertes cada mil nacidos vivos, cuando el promedio nacional es de casi 11.Detrás de la tragedia social y sanitaria, hay fuentes de trabajo que agonizan. “El comercio está asfixiado. Yo tengo un gimnasio, y llevo más de un año sin poder abrir. Lo peor es que no hay empatía, nadie nos convoca, no se nos propone ninguna alternativa. Sin ayuda de mi familia, yo no sé cómo hubiera hecho para seguir adelante”, dice Rosi Brakenridge. Lo plantea con la misma impotencia que se repite en todos los testimonios recogidos entre comerciantes y emprendedores de la capital provincial.Kicillof, la “política del yo” y la Argentina futura “A muchos jóvenes nos han amenazado con dejar a nuestros padres sin trabajo o sacarles alguna ayuda”, dice F.L. y ruega que no se publique su nombre. “A mi viejo le dijeron: ‘Si tu hija vuelve a ir a una marcha, a vos se te va a complicar seguir acá’”. El padre trabaja en una dependencia municipal. “Eso es moneda corriente; empezaron a apretar más fuerte, porque vieron que los jóvenes se estaban rebelando”.Cuando hablan del Estado, los formoseños aluden a una especie de “Gran Hermano”: “Saben todo; vigilan cualquier movimiento”, dice otro joven que también prefiere que no se lo mencione. En el manejo de la pandemia se ha extremado esa omnipresencia estatal: Formosa es la única provincia en la que nadie se puede hacer un hisopado en un laboratorio privado. El monopolio de los tests lo tiene el Estado. Para la oposición, eso le permite al gobierno de Insfrán “manipular los datos de la pandemia”. Para agregar oscuridad, el 17 de mayo el registro de casos diarios de Formosa pegó un salto desconcertante: pasó del orden de los 200 a 5630 en un solo día. Después explicaron que se habían cargado datos atrasados de los últimos meses. Por denunciar irregularidades y abusos en el manejo de la pandemia, la concejala Gabriela Neme ha sufrido escraches y ha sido detenida, incluso incomunicada.Gildo Insfrán y Alberto Fernández en la visita del Presidente del 28 de mayo del año pasado. Habían transcurrido 2 meses y días del comienzo de la cuarentena y Formosa aún no tenía positivos. (La Nacion/)La calidad institucional parece, en la provincia del miedo, una completa excentricidad. Diputados opositores han pedido en el Congreso nacional que se disponga una “intervención federal” sobre el Poder Judicial de la provincia. “Sería la única forma de poner fin a una administración de justicia signada por la falta de independencia y sometida a los designios del poder político”, dijo la diputada Lidia Ascárate al fundamentar la iniciativa.Desde el gobierno de Insfrán niegan todas estas denuncias y descripciones. Defienden su política sanitaria como “un modelo de éxito”, destacan que hasta el año pasado registraban bajos índices de contagio y mortalidad por Covid, responsabilizan por el aumento de casos a “sectores que han violado irresponsablemente las normas sanitarias” y sostienen que las críticas forman parte de “una campaña” contra la provincia.A 1100 kilómetros del Obelisco, Formosa ha consolidado un modelo que gira alrededor de un Estado omnipresente. Quizá haya que mirarlo como una suerte de laboratorio político e ideológico, donde la pandemia es tomada como excusa para restringir libertades, silenciar voces incómodas y estimular el miedo. Pero también será interesante ver cómo progresa la reacción social. Hoy asistimos a una creciente tensión entre un gobierno aferrado al poder y un germen de rebeldía ciudadana. Es una tensión entre el encierro y la libertad, entre el pasado y el futuro. Quizá algún día encontremos otro cartel a la entrada de Formosa: “Bienvenidos a la tierra de la diversidad”.
Fuente: La Nación