Beneficios para jubilados. Aumentos para asignaciones y otros planes sociales. Créditos productivos. Suba del salario mínimo. Beneficios fiscales para la reconversión laboral. Una nueva entrega, reformada, del IFE. Estas son algunas de las medidas económicas que el Gobierno analiza implementar como reacción tras la derrota en las PASO, en un contexto de restricciones presupuestarias que enciende alarmas.Es que más allá de la apuesta por el gasto electoral para intentar “corregir las cosas que hicimos mal”, según dijo ayer el presidente Alberto Fernández, el plan que discute el Gabinete (con visiones encontradas dentro del equipo económico) se enfrenta con las limitaciones para financiar ese gasto y las consecuencias que podría tener después de noviembre sobre la inflación y la brecha cambiaria.Martín Guzmán reunido con Miguel Ángel Pesce (Ministerio de Economía/)Sin estimaciones concretas sobre cuánto podría incrementarse el gasto con este conjunto de medidas, una de las restricciones más estrictas que enfrenta hoy el Gobierno es el finaciamiento. Sin acceso al mercado de crédito internacional, y con dificultades para conseguir fondos en el mercado local –el mes pasado el Tesoro renovó solo el 97% de sus vencimientos-, queda la emisión monetaria del Banco Central, que está cerca de su límite legal.Utilizada a fondo, incluso con maniobras contables para estirar los montos disponibles, en 2020 el BCRA emitió más de $2 billones para cubrir parte del 6,5% déficit del año pasado, y la tendencia se aceleró en los últimos meses de 2021.Según los registros del BCRA, en lo que va de este año Pesce giró al Tesoro $660.000 millones en concepto de utilidades, y otros $190.000 millones por adelantos transitorios. Son montos que se acercan al límite que establece la Carta Orgánica del Organismo.Según esta ley, el BCRA puede girar adelantos transitorios por hasta un 12% de la base monetaria y un 10% de la recaudación embolsada por el Gobierno nacional en los 12 meses anteriores, que se pueden ampliar en un 10% adicional “con carácter excepcional y si la situación de la economía nacional o internacional así lo justificara”.A su vez, la norma establece que el Tesoro debe devolver esos adelantos en un plazo de 12 meses (18 meses en el caso de situaciones “excepcionales”).En el caso de las utilidades, el monto se amplió por un cambio contable que, a comienzos de 2020, implementó el BCRA, que modificó su criterio para considerar su patrimonio al considerar a las letras intransferibles como una tenencia en dólares. En este concepto, el límite para el año es de $800.000 millones.El financiamiento es uno de los problemas que enfrenta el Gobierno para cubrir su déficit. (shutterstock/)Al cotejar los montos ya ejecutados, el margen sobre disponible en concepto de utilidades es de $140.000 millones (alrededor de 0,35% del PBI), junto a otros $342.000 millones (alrededor de 0,8%) del PBI por adelantos transitorios. En suma, el margen de asistencia monetaria del BCRA al tesoro es de $482.000 millones, aunque el monto podría ampliarse para lo que queda de 2021.“En un escenario muy optimista para la recaudación tributaria nacional y resto de los recursos del SPNNF y de fuerte incremento de la Base Monetaria en el último cuatrimestre, el monto de adelantos podría irse hacia fin de año hasta 1,5% PIB”, estimó en un informe reciente la consultora Ledesma.Desde la firma advierten sobre la evolución de la asistencia monetaria en 2021, y plantean que es el segundo entre los mayores de los últimos años, solo superado por 2020. En lo que va del año, el BCRA giró fondos al tesoro por un 2% del PBI, cifra que se ubica por encima de lo que se acumulaba, a la misma altura del año, en todos los años anteriores desde 2015.Pero además, desde la firma advierten que el recurso de la maquinita del BCRA para financiar el gasto podría ser insuficiente. “Entre adelantos y utilidades le quedan 2 puntos del PBI, pero el Tesoro tiene para cubrir como mínimo un rojo fiscal de 2,5% del PBI. Hay medio punto que no se sabe todavía de dónde va a salir”, dice Gabriel Caamaño, titular de consultora Ledesma.En un contexto donde al Gobierno le cuesta conseguir financiamiento en el mercado, la opción es apelar por instrumentos dólar-link o apostar por emitir deuda contra liquidez bancaria. Este recurso, que implica que los bancos adquieran títulos públicos con fondos propios encajados en el BCRA, es una medida expansiva, que genera mayor circulación de pesos y podría tener efectos negativos sobre la inflación.Al mismo tiempo, la emisión monetaria también representa una luz amarilla para el frente cambiario. El economista Juan Ignacio Paolicchi, de la consultora Empiria, advirtió que desde diciembre de 2019, el tipo de cambio paralelo subió 135%, mientras que la emisión amplia (que considera la base monetaria y el stock de Leliq y pases) lo hizo en un 145%. “Ese es el riesgo de financiar un nuevo paquete fiscal con emisión. No solo es más inflación, sino un tipo de cambio ‘libre’ todavía más alto”, precisó.
Fuente: La Nación