Desde hace bastante tiempo, la dirigencia política argentina ha dejado tristemente atrás una sana costumbre, que en rigor constituye una obligación moral: honrar los mandatos que le impone la ciudadanía en los actos electorales. Así, junto a diputados nacionales que antes de completar sus cuatro años en ese cargo electivo saltan a buscar otro lugar en el Senado, o a la inversa, senadores que antes de cumplir su período de seis años buscan pasar a la Cámara baja, hay gobernadores o intendentes que, por diferentes motivaciones, se postulan a un puesto legislativo cuando aún no han terminado su mandato constitucional. A esos casos se suman las recurrentes candidaturas testimoniales, otro grave vicio de la cultura política argentina.El fenómeno de las postulaciones testimoniales alcanzó su auge allá por 2009, de la mano del kirchnerismo. En las elecciones parlamentarias celebradas en aquel año, el partido gobernante llevó en una misma lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires al entonces gobernador provincial, Daniel Scioli, y a Sergio Massa, por entonces jefe de Gabinete de la presidenta Cristina Kirchner. Fue una manera de representar con dos conocidas figuras políticas la defensa de la gestión nacional en ese proceso electoral. Ambos dirigentes fueron elegidos para las funciones legislativas a las que se postularon; sin embargo, ninguno de los dos llegó a ocupar su banca de diputado. Se quedaron donde estaban.Con posterioridad, hubo muchos otros casos semejantes, pero ningún castigo por no asumir el mínimo compromiso que supone presentarse como candidato a un cargo legislativo: cumplir el mandato que la ciudadanía les asigna a los elegidos. Colocar a la cabeza de las nóminas de postulantes a diputado nacional a figuras más conocidas que luego renuncian para que ingresen al Poder Legislativo otras desconocidas o literalmente impresentables y escondidas dentro de una lista sábana se ha transformado en una vergonzosa tradición. Desafortunadamente, jamás se consideró en forma seria proyecto alguno para impedir esa desvirtuación del voto y esa auténtica burla a la ciudadanía.Otra cuestión que tampoco ha sido tratada es la necesidad de que quienes han sido ungidos para un cargo electivo ejecutivo, como el de presidente, vicepresidente, gobernador, vicegobernador o intendente, no puedan abandonarlo alegremente para postularse a un cargo legislativo. En los últimos días, ha trascendido la posibilidad de que quien hoy ocupa la vicejefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, deje ese importante cargo en el que fue designado hasta diciembre de 2023 para ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en lo que se considera un paso tendiente a buscar la gobernación bonaerense dentro de dos años. Paralelamente, uno de los dirigentes que más férreamente se oponen a esa mudanza de Santilli a la provincia, Jorge Macri, ha señalado que, de concretarse tal pase, estaría dispuesto a enfrentarlo en una elección primaria, postulándose también a diputado nacional, aunque eso implique dejar anticipadamente la intendencia de Vicente López, donde tiene mandato hasta fines de 2023. Las apetencias políticas personales e incluso las conveniencias partidarias no deberían ser puestas por encima del respeto por los mandatos asumidos. Sería una contribución no menor al afianzamiento y a la salud de las instituciones que quienes hoy están pensando en saltos políticos empiecen por cumplir con el derrotero que les ha trazado con claridad la ciudadanía a través del voto.
Fuente: La Nación