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Durante una fiscalización, encontraron 23 trabajadores con indicios de explotación laboral el pasado 21 de diciembre en la localidad de Las Salinas, Santiago del Estero.
En el relevamiento, también se detectó a un adolescente de 14 años en situación laboral. Todos ellos realizaban la actividad de desmonte y superaban la jornada de trabajo semanal permitida.
El organismo que ejecutó la fiscalización fue el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
“Una vez más, lamentablemente, detectamos trabajadores en situaciones donde se ven claramente vulnerados todos sus derechos. La fiscalización permite evidenciar, registrar y denunciar a lo que son sometidos los trabajadores rurales, como en este caso. Nuestro compromiso es colaborar en la lucha contra la explotación laboral, el trabajo infantil y el trabajo precarizado”, destacó el delegado del RENATRE de esa provincia, Walter Horacio Palumbo.
En cuanto a las condiciones laborales, los trabajadores permanecían hacinados en varias carpas montadas con palos o postes y lonas de plástico donde habitaban grupos de entre cinco y seis trabajadores en cada una. Las habitaciones eran extremadamente precarias: algunos dormían sobre colchones en el suelo y otros no contaban con colchones para dormir.
Los trabajadores tampoco disponían de energía eléctrica, cocina, heladera, instalaciones sanitarias, ni acceso al agua potable con las condiciones necesarias de salubridad e higiene.
Ninguno de los trabajadores rurales se encontraba registrado en los organismos de la seguridad social. La mayoría de los trabajadores relevados declararon que les pagaban aproximadamente entre 600 y 800 pesos por trabajador por jornada. Además, les descontaban del salario los gastos de comida.
Ante la sospecha de una presunta situación de explotación laboral, se realizó la denuncia a la línea 145, y se le dio además intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Fuente: InfoCampo

Las autoridades de seguridad misioneras insistieron a la gente que eviten bañarse en las aguas luego de los ataques de palometas registrados el último fin de semana en el río Paraná en una playa cerca de Posadas.
El director general de Seguridad Acuática de Misiones, Franco Bacigalupi se refirió al tema tras el incidente que dejó heridos a cerca de 15 bañistas el domingo pasado en las playas Costa Sur de Miguel Lanús, en las afueras de Posadas y “El Puma”, de Candelaria, a 20 kilómetros de la capital provincial.
Según trascendió, las víctimas registraron fuertes mordeduras. En tanto, se aclaró que los balnearios aún no fueron habilitados por la municipalidad, por lo cual no había guardavidas.
“Esto se está dando debido a las altas temperaturas y a la bajante del río, lo que altera a estas especies y ante el menor barullo que pueda haber en sus cercanías, atacan de manera defensiva”, expresó Bacigalupi.
El director de Seguridad Acuática también reconoció que el problema se agravará en la medida que avance la temporada, se tendrá “más seguido este problema”, por lo que solicitó a los bañistas que cuando se da un caso “eviten ingresar al agua en esa playa”.
Bacigalupi explicó que el horario más frecuente para el ataque de palometas es a partir de la media mañana y al mediodía.

Fuente: InfoCampo

Luego de 20 días de paro, los sindicatos aceiteros y las empresas agroexportadoras llegaron a un acuerdo en el marco de una reunión que se realizó en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
En concreto, lo que se decidió fue un aumento salarial del 35% en 2020, un bono anual igual al salario del 2020 que incluye el aumento del 35% sobre el 2019, un bono pandemia excepcional de $90.000 en 9 cuotas para los que trabajaron durante la Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y un ajuste salarial para 2021 de 25% en dos tramos y revisión salarial en agosto con aplicación del índice de precios al consumidor sobre el final de 2021.
“Se privilegió la paz social como objetivo empresarial, en virtud de las consecuencias económicas para la industria, la comunidad, los mismos trabajadores y la Nación, además de que la Argentina pasó a ser un proveedor poco confiable a nivel internacional. Adicionalmente, la metodología aplicada de la toma de plantas en algunas zonas portuarias resultó una acción ilegal y peligrosa”, señalaron desde CIARA y CEC, las cámaras que nuclean a las empresas.

Fuente: InfoCampo