Un margen demasiado estrecho, de apenas tres o cuatro votos en la Cámara de Diputados, es lo que le impide por ahora al oficialismo garantizar la sanción, sin cambios, del proyecto del Gobierno que le faculta a imponer restricciones en todo el país en virtud de la pandemia. Entre ellas, la de suspender las clases presenciales en aquellos distritos en situación de alarma epidemiológica, como la Capital.Una vez más, la Cámara baja, donde el oficialismo es minoría, se erige como el principal obstáculo para los propósitos del Gobierno. Esta vez, sin embargo, el reto que se impuso la Casa Rosada es mucho mayor. Primero, porque pretende que la ley que impone restricciones en todo el país sea sancionada en tiempo récord, antes del 21 de este mes, cuando vence el último decreto presidencial. Segundo, porque el Gobierno, obsesionado en su embate político contra el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta –quien rechazó la suspensión de las clases presenciales-, no puede darse el lujo de exhibir debilidades ni mucho menos derrotas en el actual contexto electoral.Empero, las matemáticas son rigurosas y el oficialismo admite que el proyecto requerirá modificaciones si pretende asegurar su aprobación con cierta tranquilidad. La iniciativa se encuentra todavía en manos del Senado, donde el Frente de Todos ostenta una cómoda mayoría y se descuenta la media sanción. La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun, anticipó que el texto del Poder Ejecutivo podría recibir cambios en su tránsito hasta la sesión en el recinto, prevista para el próximo jueves. Esos cambios, adelantó, serán acordados estos días con la Casa Rosada y las autoridades del oficialismo en la Cámara de Diputados –léase Sergio Massa, presidente del cuerpo, y Máximo Kirchner, jefe del bloque- para facilitar (y apurar) la sanción de la ley.El calibre de esos cambios –si eventualmente se incorporan- se medirá según sea el resultado de las negociaciones que entablen en estos días Massa y Kirchner con los diputados de los bloques opositores que en otras oportunidades supieron prestarles sus votos pero ahora se muestran renuentes. El oficialismo juega con la cancha inclinada a su favor; en un año electoral, los resortes y la caja del Estado son factores disuasorios decisivos.El desafío del Frente de Todos es alcanzar los 129 diputados que marcan el quorum; si lo logra, la sanción de la ley estaría garantizada pues se requiere de simple mayoría para aprobar el proyecto. El oficialismo cuenta con 117 legisladores, con la posibilidad de incorporar uno más si la urgencia amerita que José De Mendiguren, quien pidió licencia para ocupar la presidencia del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), deje su cargo para retornar a su banca.Ergo, al oficialismo le faltan 11 o 12 diputados para llegar al quorum. Tendría garantizados siete votos aliados: cinco del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Ramón, y dos del bloque Justicialista, Eduardo “Bali” Bucca y el salteño Andrés Zottos.“Debemos acompañar esta discusión, no podemos negarnos a discutir esta ley como están haciendo el radicalismo y el PRO”, enfatizó Ramón quien, no obstante, le reclamará al oficialismo que en el proyecto quede establecido un límite temporal a la vigencia de las facultades que se delegarán al Poder Ejecutivo. La iniciativa dispone que éstas perdurarán “mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria”, la cual fue prorrogada por decreto presidencial hasta el 31 de diciembre de este año. La oposición advierte que el Gobierno puede, arbitrariamente y por otro decreto, extender el período de emergencia y, con él, sus facultades especiales.El oficialismo estaría dispuesto a conceder esta modificación pues no modifica el espíritu del proyecto.También el diputado Bucca, jefe del interbloque Federal, anticipó a LA NACION que dará quorum para discutir la iniciativa del Gobierno. “Estudié mucho el tema. El año pasado le acerqué al presidente Alberto Fernández una idea similar, me parece que sirve para ordenar y clarificar la estrategia sanitaria. No tengo dudas de que en aquel momento, cuando empezó la pandemia, un proyecto de estas características habría reunido una amplia mayoría porque todos, incluso Juntos por el Cambio, apoyaban la estrategia sanitaria del Presidente. Pero ahora estamos en un año electoral y los posicionamientos políticos abren la grieta”, sostuvo.Quienes aún no definieron si darán o no quorum son los dos diputados de izquierda, Nicolás del Caño y Carlos Giordano. Sin embargo, Del Caño anticipó su rechazo al proyecto. “No vamos a acompañar el proyecto del Ejecutivo, que no quiso discutir nunca un plan integral para enfrentar la pandemia. Además, el proyecto tiene varios artículos referidos a la delegación de facultades y eso nosotros lo hemos rechazado históricamente. No podemos aceptar que el Gobierno tenga la potestad de prohibir movilizaciones o protestas callejeras como pidió un miembro del comité asesor del Presidente. Este proyecto es un parche más de una cadena de improvisaciones”, sostuvo Del Caño a LA NACION, quien cuestionó, además, que el Gobierno “haya delegado la gestión de la pandemia en los laboratorios”.Puntos polémicosEl proyecto del Gobierno replica el decreto 287/2021 al establecer parámetros epidemiológicos y sanitarios para frenar la ola de contagios; así, definió cuatro zonas en el país (bajo riesgo, medio riesgo, alto riesgo y alerta epidemiológica) con las correspondientes restricciones.Las mayores limitaciones se imponen en las áreas de alto riesgo y de alerta epidemiológica: en estas últimas se insiste en suspender las clases presenciales, pese a que la Corte Suprema ratificó, dándole la razón al gobierno porteño, que esta es una potestad de las provincias.No sólo eso: según el proyecto, en las zonas de alto riesgo y de alerta epidemiológica el Poder Ejecutivo podrá establecer “restricciones adicionales” si las medidas previamente adoptadas por los gobernadores para frenar los contagios no dieran los resultados esperados. Las podrá adoptar “previa consulta” con el mandatario provincial; en otras palabras, con esta ley el Gobierno impondrá la última palabra más allá de lo que opine el mandatario provincial.Este “ninguneo” a los gobernadores se cristaliza en el artículo cuarto, uno de los más polémicos. Allí los gobernadores son considerados “delegados del gobierno federal” cuando, según el artículo 128 de la Constitución, son “agentes naturales” del gobierno central para hacer cumplir la Constitución y las leyes.La oposición de Juntos por el Cambio alertó que la iniciativa es inconstitucional pues vulnera las autonomías provinciales –ratificada por el último fallo de la Corte Suprema-, al tiempo que concede facultades excesivas al Poder Ejecutivo. “Es preocupante el desprecio por el federalismo que denota el proyecto de ley, hasta en la terminología que utiliza. La Corte Suprema acaba de ratificar las autonomías que el proyecto insiste en negar”, advierte el radical Gustavo Menna.La mayoría de los legisladores del interbloque Federal también expresó sus reparos. Desde Consenso Federal, la diputada Graciela Camaño también cuestionó el proyecto del Gobierno. “El oficialismo intenta perfeccionar con una ley el instrumento jurídico para imponer restricciones, pero replica los vicios que tiene el actual DNU. Con lo cual, de aprobarse, la ley será inconstitucional”, advirtió a LA NACION.Los cuatro diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti, no votarán el proyecto. ¿Cuál es el sentido de decir al Presidente y a los gobernadores qué facultades tienen cuando eso ya lo dispone la Constitución nacional y las provinciales? –pregunta Carlos Gutiérrez a LA NACION-. El punto es que dicen lo que tenemos que hacer y, si no cumplimos, penalizan. Otra historia sería establecer criterios comunes sobre datos científicos, algo que también hacen los consejos federales de Salud y Educación”.En el mismo sentido se expresó la diputada Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social). “Ningún criterio sanitario, por más científicamente correcto sea, puede estar por encima de la Constitución Nacional –sostuvo, consultada por este diario-. El oficialismo, al no poder controlar al Poder Judicial, pretende darle un ropaje de legalidad a una decisión soberana de otro poder del Estado en un intento por vulnerar sentencias judiciales legítimas”.El socialista Enrique Estévez celebró que este tema se discuta en el Congreso y si bien consideró necesario que se establezcan parámetros sanitarios en el país como estrategia para combatir el virus, consideró que las restricciones deberían ser consensuadas con los gobernadores. “No basta que se los consulte”, sostuvo.Diputados que suelen acompañar al oficialismo marcaron, esta vez, sus reparos. Son los casos de la diputada Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) y Luis Di Giacomo (Juntos somos Río Negro). “Es difícil que se apruebe el proyecto tal cual está. Debería contemplar mecanismos más flexibles en aquellas zonas de alto riesgo y de alarma sanitaria para que los gobernadores puedan morigerar las medidas, que son muy taxativas en la iniciativa”, sostuvo Sapag.En línea con su jefe político, el senador Alberto Weretilneck, el rionegrino Di Giacomo también reclamó cambios al proyecto. “Este proyecto no establece plazos temporales para la delegación de facultades, que debe ser limitada; además, las restricciones deben ser consensuadas, pactadas con los gobernadores”, indicó a LA NACION.Desde el bloque Federal, Felipe Álvarez y Antonio Carambia tampoco acompañarían el proyecto así planteado; aún no definieron si darán quorum. “Por razones técnicas y sanitarias, este proyecto es necesario. Pero en el actual contexto político la mayoría de los legisladores terminamos siendo usados para dirimir en la pelea entre el Gobierno y Rodríguez Larreta”, reprochó Álvarez.
Fuente: La Nación
