Campo

La Justicia le prohibió la salida del país al neurocirujano Leopoldo Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov, al psicólogo Carlos Díaz y a otras cuatro personas bajo sospecha en el marco de la causa donde se investigan las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona.Así lo resolvió el juez de Garantías Orlando Díaz tras un pedido de los fiscales Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, que están a cargo de la investigación.“Es el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal pública, quien considera suficiente y adecuada la medida restrictiva que aquí habrá de adoptarse, en miras a neutralizar toda peligrosidad procesal que atente contra el normal desarrollo de la investigación, postura que, por cierto, comparto en un todo”, afirmó el magistrado al hacer lugar a lo solicitado por los fiscales.“Acá descansa Dios”: Historias alrededor de la tumba de Diego MaradonaLuque, Cosachov, Díaz, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, el enfermero Ricardo Almirón, la médica coordinadora Nancy Forlini y el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni están imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual. A partir del lunes próximo comenzarán a ser indagados.Maradona murió el 25 de noviembre pasado en una casa del barrio San Andrés, en Tigre (Fabián Marelli/)Maradona murió el 25 de noviembre pasado en una casa del barrio San Andrés, en Tigre. Había llegado a esa propiedad dos semanas antes, después de haber sido operado de un hematoma subdural en la cabeza.Para los investigadores, los imputados debieron representarse “el resultado , fatal”, ya que conocían el grave estado de salud del paciente (enfermedad renal crónica, enfermedad hepática preexistente -cirrosis dual-, insuficiencia cardíaca congestiva, deterioro neurológico crónico, adicción al alcohol y psicofármacos, probables enfermedades psiquiátricas sumados al cuadro de abstinencia alcohólica) y, a pesar de toda esa información, “ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función, agravando el cuadro de salud de Maradona, colocándolo en una situación de desamparo y abandonándolo a su suerte, toda vez que se verificó un período de agonía de al menos 12 horas que, entre otras inconductas llevadas a cabo por las personas encargadas de su salud, provocaron el deceso”.La semana pasada, en el dictamen donde citó a prestar declaración indagatoria a los siete imputados, el equipo de investigadores, coordinado por el fiscal general de San Isidro John Broyad, había solicitado que se prohíba la salida del país para ellos.“Dada la particular naturaleza de los eventos en estudio y las características personales de los inculpados -todos ellos profesionales de la salud, en diversas áreas médicas-, aparece como adecuada la imposición de la medida limitativa de la libertad requerida por los acusadores, en miras de asegurar su sujeción a proceso y su normal desarrollo, abasteciéndose con ello el requisito de proporcionalidad. Tampoco se vislumbra la medida de prohibición de salida del país como gravemente lesiva del principio de libertad ambulatoria”, explicó el magistrado en su resolución.La imputación contra las siete personas investigadas por la muerte de Maradona fue definida por el equipo de especial de fiscales como homicidio simple con dolo eventual al apoyarse en las conclusiones aportadas por la junta médica. Ese grupo de peritos oficiales analizó la actuación de los profesionales que estuvieron a cargo de la atención de la salud del Diez. Ese informe fue categóricamente negativo.Un informe decisivo“El delito estaría probado. Dejaron morir a Maradona. Nunca leí un peritaje médico tan fuerte”, sostuvo, apenas conoció el resultado de la junta médica, una fuente judicial con amplia experiencia en analizar documentos de peritos oficiales y peritos de parte.Las 70 páginas del dictamen de los peritos oficiales que participaron de la junta médica fueron presentadas en los primeros días de este mes por el coordinador del equipo, el médico legista Federico Corasaniti, en la sede de la Fiscalía General de San Isidro, donde fueron convocadas las partes.El lapidario informe de los especialistas convocados por la Fiscalía General de San Isidro cierra con 13 conclusiones, entre las que se sostiene que “el actuar del equipo de salud a cargo que atendía a DAM fue inadecuado, deficiente y temerario”, que “Maradona comenzó a morir, al menos, 12 horas antes de las 12.30 del día 25/11/2020, es decir que presentaba signos inequívocos de periodo agónico prolongado, por lo que concluimos que el paciente no fue debidamente controlado desde las 00.30 horas del día 25/11/2020”. Los especialistas convocados por la fiscalía también señalaron que “fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente”, que “el cuidado de enfermería durante la estancia en la casa de Tigre, posterior a la externación de Clínica Olivos, se encuentra plagado de deficiencias e irregularidades”, y que “el estado de salud del paciente fue abandonado a su suerte”.En esa junta participaron, además, los peritos aportados por las partes. Aquellos que asesoran a los principales imputados presentaron observaciones al resultado de informe oficial. Los datos consignados en ese documento formarán parte del cuestionario preparado para las indagatorias.

Fuente: La Nación

En un megaoperativo por agua y tierra, personal especializado de la Prefectura Naval decomisó un cargamento multimillonario de más de seis toneladas marihuana, repartidos entre cogollos y panes de droga compactada, en la localidad correntina de Ituzaingó. Un sospechoso fue detenido.El procedimiento comenzó esta madrugada cuando una patrulla de la fuerza de seguridad federal que realizaba un patrullaje de rutina detectó el cruce de un bote proveniente del Paraguay, a la altura del embalse de la represa Yacyretá.Ante la presunción de estar frente a un hecho ilícito de contrabando, se montó un operativo cerrojo por agua y tierra que permitió encontrar el bote sobre la costa y un camión, conducido por un hombre, cerca del lugar.Secuestro de más de seis toneladas de marihuana en Corrientes (Prensa Prefectura/)Al examinar el rodado, se comprobó que llevaba gran cantidad de bultos con marihuana ocultos entre restos de árboles de pino.Como resultado de la requisa, se constató que se trataba de un cargamento de más de 6000 kilos de marihuana, entre panes y cogollos de la misma sustancia, que fueron decomisados por orden del juzgado federal N°2 de Corrientes. El transportista que estaba al mando del camión cargado de troncos y drogas quedó detenido.Secuestro de más de seis toneladas de marihuana en Corrientes (Prensa Prefectura/)

Fuente: La Nación

La empresa eléctrica Edelap, del grupo DESA, descubrió que 38 propiedades de lujo consumían energía ilegalmente en uno de los barrios privados más antiguos de la localidad bonaerense de Coronel Brandsen. Los gastos se ubicaban en los escalones más altos de la categoría residencial y se hacían a través de una red clandestina. La compañía evalúa denunciarlos penalmente.Las 38 casas están dentro del barrio Estancia Las Malvinas, ubicado sobre el río Samborombón, a un kilómetro del centro de Brandsen y a menos de una hora de Capital Federal. El descubrimiento se produjo en uno de los operativos de revisión de las conexiones de los usuarios que la empresa realiza con el fin de detectar la existencia de fraude eléctrico, adulteraciones de medidor o conexiones clandestinas directas a la red.El barrio se extiende sobre 2000 hectáreas que incluyen ocho kilómetros de las costas del río Samborombón, con tres puentes de hormigón que vinculan las distintas áreas del lujoso complejo. Tiene más de 80 kilómetros de boulevares, avenidas, caminos y senderos. También cuenta con dos Club House, salones climatizados para fiestas, pulpería, restaurante y bodega en una superficie de 1000 metros cubiertos. Además, tiene dos puntos de acceso: uno sobre la Ruta 29 y el otro a pocos metros de la ruta 215.El barrio se extiende sobre 2000 hectáreas que incluyen ocho kilómetros de las costas del río SamborombónEl predio está actualmente subdividido en dos: Malvinas I, conformado por 290 chacras con una superficie que va de los 9000 a los 30.000 metros cuadrados y Malvinas II, que cuenta con más de 500 lotes que van de los 1500 a los 5000 metros cuadrados.Un lote de menos de 2500 metros cuadrados puede costar entre US$30.000 y US$1.000.000, según la ubicación dentro del barrio, de acuerdo a lo publicado en los avisos. El precio más bajo es de US$30.000 por un lote de 2724 metros cuadrados, mientras que el más alto es de US$1.111.111 por un lote de terreno de 70 por 70.Las casas estaban conectadas de forma clandestina y, al no contar con gas por red, el consumo eléctrico que realizaban era muy elevado, por encima del promedio que realizan los usuarios residenciales que sí cuentan con red de gas, según pudo saber LA NACION. Edelap indicó que en todos los casos se labraron actas y se retiraron las conexiones peligrosas.Un lote de menos de 2500 metros cuadrados puede costar entre US$30.000 y US$1.000.000“El robo de energía, en sus distintas metodologías, genera excesos de consumo no registrado que sobrecargan los tendidos, los dañan y afectan la calidad de servicio que reciben los usuarios vecinos que están correctamente conectados, generando problemas de tensión o cortes por manipulación indebida de las redes”, resaltó la empresa en un comunicado.Ahora, Edelap le cobrará a los propietarios de los inmuebles involucrados la energía consumida en forma ilegal, incluyendo las penalidades correspondientes de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Suministro y Conexión. Además, evalúa denunciarlos penalmente, así como a quienes pudieran haberse ofrecido a realizar las conexiones ilegales o distintas maniobras para manipular las instalaciones eléctricas. El robo de energía es un delito penado con prisión de hasta seis años.

Fuente: La Nación

El empresario Enrique Juan Blaksley Señorans, preso desde hace más de tres años, acusado de una multimillonaria estafa con al menos 318 damnificados, cerró su larga indagatoria en el juicio que comenzó el 18 de febrero pasado. Esta vez, al responder preguntas de los abogados de las partes, desvinculó al resto de los acusados, varios de ellos familiares suyos, al asumir que fue el dueño de la totalidad de las acciones de la firma Hope Funds y el autor intelectual de todas las decisiones de inversión a través, fundamentalmente, de la captación de fondos privados a través de la firma de contratos de mutuo. Y, como lo hizo en las cuatro audiencias anteriores en las que se desarrolló su extensa declaración desde la Unidad 31 de Ezeiza, afirmó que “jamás” ideó defraudar a sus clientes luego de 30 años de actividad comercial y empresarial, e insistió con que su caída en desgracia fue producto de maniobras para desprestigiarlo que hicieron naufragar el negocio que pudo haberlo salvado, el megaemprendimiento inmobiliario Verazul, de Pilar, que ahora fue relanzado, con otros propietarios, con el nombre Blü-Comunidad del Lago.El hombre que supo mostrarse al lado de Papa, que trajo a la Argentina a Roger Federer, que hizo correr al mítico velocista Usain Bolt con el Metrobus y que se codeaba con personalidades de todo tipo en eventos de polo hasta que la caída de su imperio financiero y las corridas de sus inversores le valieron el apelativo de “el Madoff argentino”, insistió, ante las preguntas de los defensores y de una de las querellas que él era “el verdadero dueño del ciento por ciento de las acciones” de Hope Funds y que el resto de los acusados tuvieron actividades comerciales o administrativas dentro de la compañía, aunque ninguno de ellos fue socio, ni tuvo poder de decisión sobre las operaciones o el destino de las inversiones. Sí admitió que varios de ellos habían sido designados como apoderados para poder firmar contratos de mutuos o, como en el caso de quien fue el gerente de administración de la empresa, su cuñado Federico Dolinkue, para emitir cheques de pagos.Bobinas Blancas: piden penas de hasta 15 años por narcotráfico y lavado de dinero con criptomonedasTambién se refirió a las inversiones inmobiliarias que colocaron su nombre y el de su empresa en el largo listado de los Panamá Papers, dado que las compras de departamentos y sus posteriores ventas se realizaron a través de empresas que creaba el estudio Mossack Fonseca en el país centroamericano. El “negocio de Panamá”, dijo, se lo había traído Joaquín Romero Victorica, hermano de uno de los abogados querellantes (del que no aceptó preguntas) y uno de sus tres brand managers, cabezas de la estructura comercial de venta de seguros y captación de clientes que constituía el grueso del fondeo de Hope Funds.”Jamás en la vida imaginé una estafa a los clientes”, dijo en la audiencia, en la que sostuvo que las decisiones “respecto a la plata, qué comprar y la mecánica de los mutuos” las tomaba él, luego de discutir con Romero Victorica, Jaime Bullrich y Juan Quevedo -los tres brand managers-, que luego transmitían los objetivos a sus equipos comerciales para captar fondos privados a través de contratos mutuos.Enrique BlaksleyAl respecto, insistió con que esos inversionistas no se convertían en “socios” de las operaciones comerciales de Hope Funds, sino que se les explicaban cuáles serían los negocios como una “estrategia de venta”, pero lo que se ofrecía no eran acciones sino un retorno del capital más los intereses por plazos, y que quieren traían esos clientes eran los vendedores de los equipos de Romero Victorica, Bullrich y Quevedo, que no cobraban sueldos de la empresa, sino comisiones.”Los administrativos que están acá [los otros acusados con él] eran todos empleados o ni siquiera; uno era un profesor de gimnasia [Esteban Casco] al que le hice un favor para darle un trabajito más y terminó en un problema”, dijo Blaskley. De hecho, no dejó pasar la oportunidad de manifestar que, a pesar de que la planta de vendedores de mutuos fue de más de 200 promotores comerciales, los únicos que terminaron en el juicio fueron empleados y tres hermanos y dos cuñados suyos.La “joya” perdida”Lo único que hice fue tratar de defender un negocio”, explicó el empresario cuando resaltó que la crisis final de su empresa empezó con el freno del emprendimiento Verazul, el proyecto “más importante que tuvo Hope Funds”.Cuando se le preguntó por qué no se concretó ese negocio, que él mismo cuantificó en, inicialmente, de unos 116 millones de dólares, explicó: “Yo inicialmente fui aprobado. En 2007 empecé con la adquisición de la tierra, en 12 o 13 millones de dólares. Imaginé el negocio ahí y recién en 2011 tuve listo el Máster Plan. Era el 25% de Nordelta, estábamos viendo si sería necesario poner una estación de tren, ya que podían llegar a vivir allí unas 10 mil personas. Tenía el estudio de prefactibilidad, inicio de obra, permisos de organismos nacionales. Y cada vez que hacía un ‘estímulo comercial’ del emprendimiento, me desaprobaban. Tras mi judicialización, en mayo de 2014, hubo inundaciones y la jueza [Sandra] Arroyo Salgado bloqueó todas las obras desde la cuenca del río Reconquista.Violencia de género en Nordelta: indagaron al comerciante que golpeó a su esposa y quedó detenidoSus detractores, dijo, atribuyeron a Verazul la responsabilidad de aquellas inundaciones. “Lo destruyeron”, dijo Blaksley, quien cuestionó que se diga que, con ese emprendimiento hay quienes se dicen “estafados” cuando, en rigor, tienen la tierra a la que accedieron a través del fideicomiso creado para la compra de la propiedad. “Me usan a mí para hacer operaciones publicitarias para ellos, que son los que hoy están administrando” el emprendimiento continuador de lo que fue Verazul, que se llama Blü.Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico, y bajo la acusación del fiscal Abel Córdoba, está imputado por 318 estafas por un monto calculado en 184 millones de pesos. También, por lavado de activos de origen delictivo, asociación ilícita y captación de ahorros del público no autorizada, agravada por haber sido cometida mediante oferta pública. Blaksley es el único detenido en la causa, con una prisión preventiva que fue prorrogada por seis meses el 11 de abril pasado. Le habían dado la domiciliaria, pero con una fianza de 450 millones de pesos.Federico Dolinkue, cuñado de Enrique BlaksleyEstán imputados junto a él Alejandro Carozzino, Olga Masdeu, Esteban Casco, Daniela Sarsa, Damián Gómez Cárdenas, Felipe Badino, María D’Ángelo, Rafael De la Torre Urizar, Alexis Dietl, Guillermo Müller -con quien se espera que Blaksley tenga un careo virtual, quizás en la próxima audiencia- y Pablo Willa. También, varios familiares del presidente de la fallida Hope Funds): Verónica Vega (hermana de la esposa), Juan Pablo, Francisco y María Rita Blaksley (hermanos) y Federico Dolinkue, que también prestó indagatoria hoy y, enfáticamente, dijo no entender por qué estuvo preso y por qué está acusado en esta causa, que “lo arruinó”.“No puedo entender por qué me dicen que soy estafador. Yo trabajaba. No puedo entender por qué me llevaron preso. No puedo entender por qué hablan de movimientos de plata. Entré a Hope Funds con una casa y dos autos, y me retiré con eso. No tuve nada más a mi nombre. En veinte años me fui tres veces a Disney, es todo el lujo que me di. Pasé un año preso y a los dos meses me dieron la libertad con una fianza de decenas de millones de dólares que de dónde iba a sacar. Somos personas normales, soy un trabajador. No entiendo por qué fui preso, por qué estoy en este juicio. Me arruinaron la vida, no puedo trabajar, no tengo CUIL, no tengo CUIT, no tengo nada”, dijo Dolinkue.

Fuente: La Nación