La Nación

El gobierno de Bolivia reveló que investiga si Chile y Brasil tuvieron alguna participación en las protestas de 2019 que sirvieron de antesala para gestar un presunto golpe de Estado contra Evo Morales, después de acusar a Ecuador y a la Argentina de enviar armamento y material antidisturbios.”Se está observando. y se va a investigar cuáles son las relaciones que hayan podido existir en ese momento en ayudas y coadyuvaciones (contribuciones) desde Chile y desde Brasil”, explicó el vocero gubernamental Jorge Richter, en referencia a los gobiernos de Sebastián Piñera y Jair Bolsonaro, respectivamente.Protestas en Bolivia durante 2019; el Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció desde un primer momento un intento de golpe de Estado contra Evo MoralesRichter habló en una radio de los sindicatos de cocaleros acerca de las denuncias del canciller Rogelio Mayta, hace una semana, contra el expresidente argentino Mauricio Macri. El referente de Juntos por el Cambio fue acusado de haber ayudado con armas y municiones al gobierno de Jeanine Áñez, quien reemplazó a Morales tras su salida anticipada.En los últimos días, el presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó que en octubre y noviembre de 2019 se gestó un “golpe de Estado” contra Morales y que esa iniciativa fue apoyada por varios gobiernos y ONGs estadounidenses. Según Richter, el gobierno de Arce espera que la fiscalía argentina pueda ayudar a esclarecer el rol de Macri, quien rechazó las acusaciones.En junio, el gobierno boliviano también responsabilizó al entonces presidente ecuatoriano Lenín Moreno de haber despachado a Bolivia “munición de guerra” y equipos antimotines.Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que en las protestas de fines de 2019 se registraron al menos 35 muertos, la mayoría en las masacres de Sacaba y Senkata.En la ArgentinaEl fiscal Claudio Navas Rial impulsó la investigación de la denuncia presentada por el Gobierno por el presunto contrabando de armamento a Bolivia en noviembre de 2019 y enumeró como imputados en el caso al expresidente Mauricio Macri y a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa). También, al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, y a algunos miembros jerárquicos de la Gendarmería: al exdirector Gerardo José Otero, al exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde. Así lo informó a LA NACION una fuente que interviene en el caso.El escrito que presentó Navas Rial es un requerimiento de instrucción; allí describe el hecho a investigar y solicita las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de informes al gobierno argentino y a Bolivia.El fiscal circunscribió su requerimiento a delitos vinculados con lo aduanero. No incluyó, a diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni “los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.ARCHIVO – En esta foto de archivo del 11 de noviembre de 2019, un hombre patea una granada de gas lacrimógeno en choques entre la policía y partidarios del expresidente Evo Morales en La Paz, Bolivia. Un ex alto funcionario boliviano, Sergio Méndez, fue arrestado y acusado de solicitar sobornos a un grupo de empresarios en Florida que vendían gases lacrimógenos a precios inflados al gobierno derechista de la presidenta interina Jeanine Anez. (AP Foto/Juan Karita, File)Tampoco incorporó en su lista de imputados al excanciller Jorge Faurie ni a los exdirectores Diego Dávila, de la Aduana, y Eugenio Cozzi, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que sí integran la nómina de los denunciados por el Gobierno.La presentación de Navas Rial será analizada ahora por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart, que la tiene a su cargo.En paralelo, avanza otra causa por los mismos hechos. La presentó el excamarista Eduardo Freiler y le tocó también al fiscal Navas Rial aunque con otro juez, Alejandro Catania. Los dos expedientes se van a unificar, pero no está claro todavía en qué juzgado. Junto con su requerimiento, el fiscal le pidió a López Biscayart que abordara esta cuestión.La denunciaEl Gobierno acusó a Macri, tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas. La denuncia tuvo como base una carta que hizo pública la cancillería boliviana que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara (hoy preso), el 13 de noviembre de 2019, al entonces embajador argentino Álvarez García agradeciéndole “la colaboración” y comunicándole el recibo de una serie de elementos que detallaba y definía como “material bélico”. Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval cuya firma aparece en la copia de la carta que tiene la FAB reconoció que esa rúbrica era suya; es decir, que él la había recibido.En el macrismo sostienen que la denuncia no tiene fundamento y que ellos, por el contrario, colaboraron con Evo Morales y le dieron incluso asilo en la embajada argentina a dos funcionarios de su gestión; uno de ellos, un hombre clave de su entorno: el exministro del gobierno de Bolivia Carlos Romero.La información ratificada tanto por el gobierno actual como por el anterior es que Bullrich envió a Bolivia a un grupo de gendarmes, del escuadrón especial Alacrán, que tenía como objetivo custodiar la embajada. Salieron de El Palomar el 12 de noviembre, el mismo día que asumió Jeanine Añez en Bolivia. En un primer momento, estaba previsto que viajar con 3600 municiones 12-70 (balas de goma). Pero luego, Yavorski, el entonces director de Logística de Gendarmería -uno de los imputados- amplió el pedido de autorización para sacar otras 70.000. La solicitud la hizo ante la Anmac.Esas municiones no regresaron a la Argentina y en julio del año pasado -durante el gobierno de Fernández- Gendarmería informó que las habían gastado en Bolivia, en “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”. Quien hizo esa declaración oficial fue Recalde, otro de los imputados por Navas Rial.Evo Morales, sobre Mauricio Macri: “Compraron balas para matar al pueblo”Según el Poder Ejecutivo, es imposible que se hayan usado tantas balas de goma en prácticas. El Gobierno denunció que esas municiones las envió la gestión de Macri, con su conocimiento, “con el objetivo de poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez”.Bullrich respondió en cambio que el gobierno de Macri nada tuvo que ver con el destino de las balas de goma y que son las nuevas autoridades las que, en todo caso, deben responder por lo que pasó. Mientras tanto, esta semana, Bolivia informó que encontró parte de esas municiones en un depósito de la policía boliviana.La semana que viene empieza el receso judicial de invierno en el Poder Judicial; por eso, junto con su requerimiento de instrucción, el fiscal Navas Rial le pidió al juez López Biscayart la habilitación de feria, para que la causa pueda seguir adelante.

Fuente: La Nación

Tres diplomáticos de carrera en una semi-vacía sede diplomática en Teherán. Un comercio bilateral que tuvo su pico entre 2007 y 2015, hoy tendiente a la baja. Ausencia de contactos y sugestivo silencio en los organismos internacionales.En paralelo a la causa judicial por la firma, en enero de 2013, del Memorándum de Entendimiento con el país gobernado por los ayatollas, causa transformada por estos días en una piedra en el zapato de la vicepresidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios, el Gobierno redujo al mínimo su relación con Irán, país sindicado por la Justicia argentina, los Estados Unidos e Israel como responsable de los atentados a la embajada israelí, en marzo de 1992, y la AMIA, hace exactamente 27 años, y aún sin detenidos ni condenados.Aliado de “amigos” actuales de la Argentina, como China, Rusia y Venezuela, con quien supo y sabe tener un vínculo privilegiado desde el inicio del chavismo, Irán es hoy “un país más” para el Gobierno, aunque la frialdad en los hechos se combina, en este caso, con una evidente falta de condena efectiva y reclamos concretos en los foros internacionales por su responsabilidad en los ataques.Luis D’Elía (Archivo/)La relación diplomática formal, como corroboran a LA NACION desde la cancillería argentina, sigue reducida al estatus de encargados de negocios, al igual que desde las horas posteriores al atentado del 18 de julio de 1994. La embajada argentina está a cargo de Corina Inés Anisko, diplomática de carrera al igual que sus dos colaboradores. En Buenos Aires, Amir Houshang Karimi representa a Irán en el país con idéntico cargo.Tampoco, coinciden fuentes diplomáticas y políticas, hay contacto fluido con Teherán desde el Gobierno, más allá de sectores “marginales” del kirchnerismo que siguen mirando con simpatía al régimen iraní.En ese grupo se distingue Fernando Esteche, exlíder de la organización Quebracho, que saludó la reciente victoria del nuevo presidente iraní, Ebrahim Raisi, en elecciones polémicas con abstención récord. “La definición de Raisi como ortodoxo y conservador en el lenguaje occidental atlantista hay que aprender a leerlo, cuando de República de Irán se trata, como revolucionario y antiimperialista”, escribió Esteche el 26 de junio pasado en el sitio InfoNativa, sumándose a las felicitaciones que Rusia, Venezuela y Siria hicieron al clérigo y presidente electo. El líder de Quebracho pasó dos años en prisión preventiva ya que su condena por la causa del Memorándum se sumó a otra que ya tenía, por “intimidación pública agravada” al mando de la organización con palos, capuchas y bombas caseras, frente a la Casa Rosada, en agosto de 2004.El exdirigente Montonero Roberto Perdía, Sheikh Abdul Karim Paz, D’Elía y Esteche, en la mezquita de At-Tauhid, en 2013, durante un acto en el que se reivindicó a Mohsen RabbaniOtro de los apuntados por la causa del Memorándum, el expiquetero Luis D’Elía, tampoco oculta sus lazos con Irán, país al que llegó por primera vez en 2006 junto a los ya fallecidos Mario Cafiero y el padre Luis Farinello. “Este memorándum era necesario porque desde el minuto 0 de la causa intervinieron la CIA y el Mossad a imponerte los criterios y la estrategia política internacional de estos dos países. Era una Conadep de la AMIA”, dijo D’Elía el viernes, en el editorial de su programa por radio Rebelde.“Cuando fuimos les preguntamos si habían puesto la bomba, como argentinos preocupados”, dijo D’Elía, y aunque no contó la respuesta iraní, agregó que en Teherán el expresidente Raúl Alfonsín era “muy querido” por haber enviado armas en la guerra Irán-Irak, y que la pequeña comunidad judía en Irán “vive muy bien” en ese país.Fernando EstecheMás allá de los sectores minoritarios, los vínculos comerciales entre ambos países continúan en la pendiente, luego de un pico durante los gobiernos de Cristina Kirchner. Las exportaciones argentinas (aceites, soja) a Irán pasaron de 0 en 2005 y US$319 millones en 2007 (el año de la condena de Néstor Kirchner a Teherán en la ONU) a US$1453 millones anuales en 2010 (primer gobierno de Cristina Kirchner), y se mantuvieron altas, en más de US$700 millones hasta el 2015 inclusive.Desde 2016, luego de la violenta muerte del fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, y con la llegada al gobierno de Cambiemos, los envíos se redujeron a la mitad y se mantuvieron en un promedio de US$400 millones. Bajaron dramáticamente en 2020 (primer año de Alberto Fernández, a US$283 millones) aunque la previsión para 2021 es de US$500 millones, según datos de la consultora DNI, que encabeza Marcelo Elizondo.“Claramente la gran mayoría de las exportaciones son de la industria oleaginosa (harinas, aceites, algo de granos de soja). El abastecimiento de Irán en materia agroalimenticia tiene mucho que ver con sus importaciones. La relación política tiene influencia en lo comercial, porque en Irán lo público tiene gran influencia en lo económico: no funciona con condiciones de mercado libre como otros países de Asia oriental”, explicó Elizondo a LA NACION.En su pasado discurso ante la ONU, y sin mencionar el Memorándum, el Presidente afirmó querer “continuar la política iniciada en este ámbito en 2003 y continuada posteriormente”, y pidió “a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación de dicho atentado”. También hizo extensivo el pedido a “la comunidad internacional” para “cumplimentar las solicitudes contenidas en las cédulas rojas de Interpol ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que Argentina jamás dejó de reclamar”, en referencia a los pedidos de captura de Interpol que aún pesan sobre seis exfuncionarios iraníes al momento del ataque.El exembajador iraní Hadi SoleimanpourLa Argentina tendrá que tomar postura en los próximos días, cuando la ONU revise su acuerdo de cooperación con la Organización de Cooperación Económica (ECO), una entidad regional que abarca países de Europa, Oriente Medio y Asia. Son diez sus estados miembros, y su secretario general es, desde 2018, Hadi Soleimanpour, embajador de Irán en Buenos Aires cuando explotara la bomba en el edificio de la calle Pasteur, e incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), que en el país coordina el Ministerio de Justicia.Un dato no menor es que el gobierno de Cambiemos votó a favor de aquella cooperación con ECO, pero con una salvedad: la votación fue el 25 de julio de 2019 y Soleimanpour fue incluido en el Repet el 26 de julio, un día después. El Gobierno, que jamás criticó ese acuerdo, deberá emitir su opinión.

Fuente: La Nación

El presidente Alberto Fernández impulsará la construcción de un Polo Logístico Antártico en Ushuaia, con la idea de convertirlo en una escala casi obligada en la ruta marítima al continente blanco.El proyecto, que se remonta a los tiempos de la presidencia de Cristina Kirchner y exigiría una inversión superior a los 300 millones de dólares, amenaza con generar cortocircuitos con el gobierno de Estados Unidos, por la desconfianza que le genera la posibilidad de que el emprendimiento se lleve adelante con financiamiento proveniente de China. Especialmente en una zona considerada estratégica.Ordenan a Gildo Insfrán a dejar de cobrar $5000 para ingresar a FormosaFernández hizo el anuncio en el encuentro de camaradería con las Fuerzas Armadas, al transmitir la nueva Directiva de Política de Defensa Militar, que fija los lineamientos estratégicos del área, con un fuerte énfasis en el control y la vigilancia de los espacios marítimos.“Se avanzará en la construcción del Polo Logístico Antártico en la ciudad de Ushuaia, de manera que pueda ser aprovechada su estratégica ubicación geográfica para abastecer a las bases antárticas nacionales de forma rápida y eficiente”, dijo el Presidente, junto al ministro del área, Agustín Rossi.La ambiciosa inversión obliga a una planificación por etapas y el primer tramo comprendería el traslado de la Base Naval Ushuaia a un predio en la península de la ciudad, donde se localizaba el viejo aeropuerto, con la construcción de un muelle, viviendas para el personal naval y una planta de tratamiento de efluentes, entre otras obras. Todo ello tendría un costo de US$83,6 millones. Se solventaría, en parte, con recursos de la obra pública y del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado para favorecer el equipamiento militar.Prevenciones en Estados UnidosLos resquemores de Estados Unidos –reflejados en gestos y señales- se fundamentan en las dudas que genera el posible financiamiento de la construcción de la base y las manos que tendrán a su cargo, finalmente, el manejo operativo. Inicialmente, Rusia había mostrado interés en participar del proyecto.Al visitar la Argentina en abril pasado, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Greg Faller, pidió viajar a Ushuaia para conocer in situ el probable destino de la base logística y dejó trascender su preocupación por la posible intervención de China en el proyecto. “Más que en el financiamiento, el problema es quién operará esa base”, señalaron fuentes castrenses a LA NACION.El almirante Faller no fue recibido por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, pero sí se reunió con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quien pertenece a La Cámpora y está enfrentado con el mandatario. Para recibir al jefe del Comando Sur viajó a la provincia fueguina el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Sergio Rossi, primo del ministro.El modelo de ChileEl gobierno argentino le asigna una importancia geopolítica al proyecto, dado el impulso que tomaría una base de aprovisionamiento en “las puertas” de la Antártida, en momentos en que Chile también apuesta a una mayor presencia naval, con el respaldo de una base logística en Punta Arenas.“La Argentina es el país más atrasado en esto. No vamos a ganar la carrera, se requiere una política más activa. Chile está en otra escala: lleva turistas a la Antártida.”, dijo a LA NACION el exdiputado nacional Carlos Gastón Roma (Pro), estudioso de los temas de Defensa, al plantear dudas sobre la concreción del proyecto, cuyos primeros borradores, dijo, datan de los años 90.La Base antártica Brown es una de las estaciones temporarias de la Argentina desde 1984 (Gentileza Cancillería/)Convencido de que no habrá capacidad económica para afrontar un proyecto de más de US$300 millones, Roma puso el ejemplo de Chile, que financia sus planes antárticos “con el turismo, el cobro de los servicios de logística que realizan las Fuerzas Armadas y la reinversión en infraestructura”.Al aprovisionamiento de los barcos que llegarían al Polo Logístico se incluirían en el proyecto otros servicios, como la gestión del retiro de los residuos, que no pueden mantenerse en las bases antárticas.El Tratado de 1961 prohíbe fortalecerla presencia militar en la Antártida y solo permite avanzar con iniciativas que tiendan al desarrollo de la investigación científica y las operaciones de apoyo logístico. El creciente tráfico marítimo en la zona reaviva el interés por contar con una base de aprovisionamiento propio, con servicios a otros países.“La preocupación, además, se basa en que China tiene cuatro bases en la Antártida y está construyendo una quinta estación, lo que contribuye a la incertidumbre y el temor. Si bien son emprendimientos científicos, podrían instalar satélites y no habría mucho control”, explicaron a LA NACION fuentes que conocen el ambiente militar.

Fuente: La Nación