Infocampo

Fuente: InfoCampo

Hace ya cinco años que la tradicional marca argentina de cosechadoras, la santafesina Vassalli Fabril, no fabricaba máquinas en serie. Desde entonces, mucha agua corrió bajo el puente o, mejor dicho, como asegura Diego Romero, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Firmat, en diálogo con Infocampo, “una historia que nos sirve para escribir un libro”. 
Lo cierto es que estos malos tiempos se terminaron. Un grupo inversor, a través de la consultora KPMG, se quedó con el 61% de las acciones de Mariana Rossi Vassalli, heredera de la fábrica, y quien readquirió sus acciones, luego de que la planta de Firmat quedara tomada por los empleados. Dos de los tres accionistas que tenía la marca por entonces, Gastón Aguirre y Sergio Barbero, devolvieron sus acciones. El tercero de ellos, Néstor Girolami, aun está en litigio por la devolución de su paquete accionario. 
“Entre enero y febrero comenzará el reacomodamiento de la planta y la compra de los primeros insumos, para comenzar a producir cosechadoras en marzo y armar un stock de máquinas”, afirma Romero, sobre un plan que significará producir 24 máquinas durante todo el año 2020. 
El diriginte agrega que, de ahora en más, básicamente, lo que se están necesitando es financiación y ser competitivos para tener producto disponible para los compradores.
Desde abril de 2017, la planta está tomada por unos 300 obreros, que aun continuaban trabajando e intentando cumplir con los compromisos de entrega que asumieron los tres accionistas entre el 2015 y 2017.  Por eso, un aspecto clave para avance de la negociación entre Rossi Vassalli y el grupo inversor, fue la aprobación de los operarios de l acuerdo. Esta semana, los trabajadores lo confirmaron. 
A partir de enero, los obreros trabajarán cuatro horas y cobrarán por seis diarias, a la vez que cobrarán en cuotas la deuda salarial que la empresa mantiene con sus empleados. 
“Los trabajadores confiamos en el plan que nos presentó el grupo inversor. Lo que nos da seguridad es que se comprometieron a pagar los sueldos, si se venden o no las máquinas. Debemos recuperar la confianza de los productores y exponiendo nuestra producción sobre la ruta 33, que es la vidriera de la empresa, generaremos ese espacio para que el cliente pueda acercarse a la empresa y llevarse la máquina que compró”, dice Romero. 
 
 
 

Fuente: InfoCampo

El Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina del Senasa entró en vigencia en abril de 2019 y surgió para mitigar el impacto negativo de esta enfermedad sobre la producción, el comercio y la salud pública. Transcurridos estos meses desde la puesta en vigencia, el Senasa ya cuenta con datos relevantes sobre su implementación y recuerda permanentemente a los productores la obligación de realizar las tareas de diagnóstico en sus rodeos.
En Argentina, la brucelosis está presente, aunque la continua vacunación de terneras y los controles implementados para evitar su dispersión permitieron alcanzar los bajos niveles actuales de prevalencia, estimados en 0,8% para bovinos y 12,35% para establecimientos, según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de 2014.
Con la implementación de este nuevo plan, los diagnósticos realizados en terreno por los veterinarios privados y la información provista por la Red Oficial de Laboratorios, corroboran que estos valores se están repitiendo casi con exactitud. Esto evidencia que la enfermedad se ha mantenido constante y manifiesta la necesidad de sanear el rodeo.
Muchas veces el impacto de la enfermedad pasa desapercibido para los productores y sus veterinarios. Si no se realizan tareas de diagnóstico y saneamiento, la enfermedad perdura en el rodeo por más que las hembras hayan sido inmunizadas, ya que ninguna vacuna confiere una protección total.
Entre los aproximadamente 260 mil rodeos de cría distribuidos en el país, hay más de 30 mil establecimientos infectados, que sin dudas están sufriendo pérdidas de terneros y se constituyen en potenciales dispersores de la enfermedad.
El Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina, puesto en vigencia hace pocos meses por la Resolución Senasa N° 67/2019, dispone que los propietarios de los rodeos donde se realicen actividades de reproducción en bovinos efectúen –con su veterinario acreditado en el Programa– una Determinación Obligatoria de Estatus Sanitario (DOES) con el fin de establecer la condición del establecimiento respecto de esta enfermedad.
Estas tareas de diagnóstico iniciales (DOES) permitirán identificar los 30 mil establecimientos afectados, focos infecciosos que se deben intervenir e inactivar mediante un plan de saneamiento adecuado, que permita eliminar los animales infectados, alterando lo menos posible la estructura productiva de estos predios.
En ganadería bovina, la brucelosis genera limitaciones comerciales de animales y sus productos, ocasiona pérdidas de terneros por abortos, en la producción de leche por disminución de pariciones, afectación de cuartos mamarios y pérdida por reposición de vientres.
Cuando los rodeos de cría están infectados, se producen mermas en la producción por un deterioro de los índices reproductivos, pero también en la ganancia de peso de terneros nacidos de vacas infectadas.
Los establecimientos con casos confirmados de brucelosis, de acuerdo al protocolo sanitario firmado con China para la exportación de carne bovina, quedan excluidos de la posibilidad de proveer a ese destino durante 12 meses desde que se confirma la infección.
Las causas sanitarias ocupan un lugar preponderante entre los factores por los cuales casi 40 vacas de cada 100 dejan de producir un ternero. El índice de destete promedio, a nivel nacional, ronda el 60%, cuando se ha demostrado ampliamente que podría ser del 80% o más.
Expresado en números concretos, los 25 millones de vientres que conforman el rodeo de cría nacional, producen cada año unos 15 millones de terneros/as, cuando podrían producirse cerca de 22 millones. Son casi 7 millones de terneros que se está perdiendo el sector productivo y, en definitiva, la Argentina.
Si bien no son solo las causas sanitarias las que provocan estas pérdidas, sin duda la brucelosis bovina es una de las más importantes entre ellas. Una reciente publicación del INTA Balcarce posiciona a esta enfermedad en segundo lugar luego de campylobacteriosis, entre las patologías infecciosas causales de los abortos en vacas de la Cuenca del Salado, provincia de Buenos Aires.
Los animales infectados pueden eliminar Brucella spp. durante toda la vida contagiando a otros animales del propio rodeo o de nuevos rodeos cuando son trasladados con fines reproductivos sin los controles correspondientes.
Es importante recordar que al ser una zoonosis se transmite a las personas, a partir de lo cual afecta la calidad de vida y la capacidad laboral de los afectados. Los animales infectados son el reservorio y la principal fuente de contagio para el ser humano. Atendiendo la enfermedad en los rodeos, se logrará disminuir la transmisión de la enfermedad a las personas.
Datos a 6 meses de iniciado el plan
De acuerdo a la información cargada en el Sistema Integrado de Sanidad Animal del Senasa (SIGSA) por cada una de las oficinas del organismo, la cantidad de establecimientos con estatus de libre ya se encuentra en 16.328, un 81% más de lo registrado durante el plan anterior.
Asimismo en el contexto del nuevo plan, 2.125 establecimientos han sido detectados como positivos para iniciar las tareas de saneamiento correspondientes.
Además, el Senasa realiza muestreos propios de vigilancia en remates feria y frigoríficos para poder detectar en estos puntos de concentración de ganado más establecimientos positivos con el fin de acelerar el proceso de detección.
En tal sentido, según los datos del Sigsa, entre junio y noviembre de 2019, los agentes del Senasa tomaron 12.192 muestras a 2294 tropas en 532 remates cuyos resultados indicaron 188 animales y 101 establecimientos positivos.
Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Mesa de Ayuda del Programa de Brucelosis Bovina del Senasa, de lunes a viernes de 8 a 16 al (011) 4121-5410, o enviar un correo electrónico a brucelosisbovina@senasa.gob.ar.

Fuente: InfoCampo

Las casualidades abundan en la Argentina. En este caso, los hechos vinculan al radical Ernesto Sanz quien armó una sociedad minera precisamente días antes se apruebe en la legislatura mendocina la modificación de la Ley 7.722, propuesta casualmente por otro radical, el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez.
Pero veamos primero como se sucedieron los hechos cronológicamente.
Mendocinos salieron a las calles a mediados de noviembre de este año para manifestar su rechazo a cualquier tipo de modificación que se le quiera hacer a la Ley 7722, que prohibía el uso de cianuro y ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas, protegiendo el agua provincial. Los legisladores escucharon la manifestación popular y dejaron ahí el tema.
El 10 de diciembre asume como nuevo gobernador de Mendoza el radical Rodolfo Suárez, y en menos de 24 horas de estrenar función envía a la legislatura provincial un nuevo proyecto para modificar la Ley 7722.
Ruralistas, activistas, ambientalistas, civiles, usuarios del agua en general, productores, y miles de mendocinos se unieron y salieron a las rutas, plazas, y calles para manifestarse en contra del proyecto. En cada ciudad de la provincia había una juntada que reclamaba en pancartas “LA 7722 NO SE TOCA”.
El 20 de diciembre, la cámara alta y baja de Mendoza se ponen de acuerdo y aprueban por unanimidad la Ley 9209, que modifica la 7722. Prácticamente todo Cambiemos, Radicales, y algunos integrantes del Justicialismo le dieron el voto positivo. Sólo algunos disidentes del PJ, del Frente de Izquierda y de Libres del Sur se opusieron a la modificación de la Ley.
El 23 de diciembre se convocan movilizaciones en toda la provincia de Mendoza para repudiar el hecho democrático legislativo y horas más tarde, el gobernador Suárez ordena a efectivos de infantería y de la policía provincial que repriman a los manifestantes.
Ayer por la tarde Suárez decide que suspenderá por tiempo indefinido la reglamentación de la Ley 9209, y explica que su labor principal como primer funcionario de Mendoza es preservar la paz en la sociedad, y que por ello llamará a todos los grupos, sindicatos, y distintos actores que se oponen a la nueva Ley, para poder debatir con argumentos.
De radical a radical
Pero… hay algo que falta en esa cronología. El día 5 de diciembre, es decir, seis días antes que Suárez presente en la legislatura provincial el proyecto para reformar la Ley 7722 y darle vía libre a la actividad minera, Ernesto Sanz, dos veces presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, armó una sociedad llamada BERGBAU SAS que casualmente se dedica como objetivo principal a la MINERÍA-HIDROCARBUROS.
Publicado en el Boletín Oficial provincial, la nueva sociedad BERGBAU SAS tiene por socios a los argentinos y abogados: Meydac Marina Fernanda, nacida el 16 de agosto de 1993, estado civil soltera, con domicilio en San Rafael, Mendoza; Alcanoni Bernardo, nacido el 27 de marzo de 1989, estado civil soltero, con domicilio en San Rafael; y Sanz Ernesto Ricardo, nacido el 9 de diciembre de 1956, estado civil casado, con domicilio en San Rafael.
La publicación se completa de la siguiente manera: 
4) Domicilio: El domicilio de la sede social se ha fijado en calle Entre Ríos No 29, de la Ciudad de San Rafael, Mendoza.-
5) Objeto Social: (A) Minería-Hidrocarburos; (B) Comercial; (C) Industrial; (D) Importación – Exportación; (E) Mandataria; (F) Fiduciaria.-
6) Plazo de duración: noventa y nueve (99) años a contar de la inscripción del estatuto en el Registro Público.-
7) Monto del capital social: pesos cien mil ($ 100.000).–
8) Órgano de administración: Administrador titular (Presidente): Bernardo Alcanoni quien ejercerá
sus funciones por tiempo indefinido.-
9) Órgano de fiscalización: La sociedad prescinde de sindicatura.
10) La representación legal: Estará a cargo del Presidente. Administrador titular.-
11) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de octubre de cada año.-

Fuente: InfoCampo

Tras los hechos de violencia ocurrieron fuera de la legislatura, donde se reprimió brutalmente a los manifestantes, cortes de calles en diferentes ciudades de la provincia, piquetes, y demás tipos de protestas; el gobernador de Mendoza realizó una conferencia de prensa para anunciar que se suspendió la reglamentación de la Ley 9.209 que modificaba la 7.722, y permitía entre otras acciones, que el sector minero utilice ácido sulfúrico y cianuro en su explotación provincial.
Entre los “llamativos” argumentos que el gobernador expuso parece que la minería contribuye a disminuir la temperatura del calentamiento global:
“Queremos ampliar la matriz productiva de Mendoza. El grave problema que tiene la humanidad en este momento es el calentamiento global. Los objetivos de la humanidad es bajar 2°C la temperatura anterior a la Revolución Industrial, y la única manera de hacerlo es a través de las energías limpias eólica, solar, y la única manera de llevar esto adelante es a través de la minería“, explicó Suárez.
Vea también: Volvieron las movilizaciones a Mendoza por la ley minera: “Vamos a seguir hasta que se derogue”
El gobernador también aseguró que “es muy fácil inculcar el miedo y la confusión en la sociedad. Plantear algo automático como explotación minera, contaminación, agua, sin ningún tipo de análisis. Pero es evidente que esto no se está entendiendo en la sociedad, porque es muy fácil a través de las redes sociales asustar, no explicar y estamos viviendo esta situación y mi responsabilidad como gobernador es garantizar la paz social”.
Y continuó: “Vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo y a la información de la gente.  Con lo cual le estoy haciendo un pedido a toda esa gente que se expresa anonimamente en las redes que den información genuina. La minería se puede hacer de forma sustentable, cuidando el agua por sobre todas las cosas“.
Compartimos la conferencia de prensa completa del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez:
 

Fuente: InfoCampo

Uno de los puntos importantes para el sector agropecuario bonaerense dentro de la ley impositiva que pretende sacar Axel Kicillof este viernes tiene que ver con la producción de leche.
El proyecto incluye una exención para la actividad tambera, que ya regía desde hace algunos años para los de menos de 50 hectáreas (inexistentes en la zona), pero que ahora se extendería a los de hasta 100, con un plus para los de hasta 150 hectáreas que lograrían el 50% de bonificación.
“El problema es que en provincia de Buenos Aires hay 2.500 tambos aproximadamente, con un perfil, a diferencia de los de Santa Fe y Córdoba, de mayor escala, mayor superficie, mayor cantidad de litros por día”, le explicó a Infocampo la productora Andrea Passerini, también coordinadora de la Comisión de Lechería en CARBAP.
Passerini remarcó que en la provincia los tambos de menos de 100 hectáreas “no llegan a 200”, mientras que los de hasta 150 “no llegan a 300”.
“El universo que queda exento son tambos minoritarios, los que menos mano de obra toman, casi familiares y que menos incidencia tienen en las economías regionales. Es muy limitado que en un total de 2.500 tambos se beneficien como mucho 500 tambos, entre los totalmente exentos y los parcialmente exentos”, resaltó.
La productora se refirió a su caso particular: posee un tambo de 400 vacas en ordeñe, con 500 vacas en total, y cuenta con 12 familias que viven en su establecimiento. El ejemplo es uno de los más comunes en el territorio bonaerense, donde la actividad tambera es muy importante, con una de las manos de obra más intensivas.
Según los cálculos de Carbap, el tambo promedio en la provincia tiene 275 hectáreas, y es por eso que reclamará que la exención del 50% abarque hasta 300 hectáreas.
Ingresos Brutos, la mayor preocupación
De todas maneras, a la entidad lo que más le preocupa es el tema de Ingresos Brutos. Hasta ahora, la exención de ARBA era para los tambos que facturan hasta $78 millones por año, pero Kicillof subiría ese tope a $117 millones.
“Sería más o menos una una actualización por inflación 2019“, subrayó Passerini, y recordó que el año pasado el gobierno de María Eugenia Vidal no actualizó los topes, por lo que ahora – explicó- la suba sería de golpe. “Hay un montón de tambos medianos al borde de tener que pagar Ingresos Brutos, cada vez somos más los que pagamos mayores tributos”, sostuvo.
Un cuadro con los números promedio de la provincia hecho por Passerini para Carbap

Fuente: InfoCampo

A partir del 1 de enero de 2020, Eriko Bagatim, asumirá la posición de Gerente General de AGCO Argentina. El ejecutivo reportará sus funciones de forma directa a Luis Felli, Vice Presidente Senior de AGCO América del Sur, la compañía de maquinaria agrícola que fabrica y distribuye a través de las marcas Challenger, Fendt, GSI, Massey Ferguson y Valtra.
Bagatim es graduado en Ingeniería Mecánica en la Universidad de San Pablo y posee un MBA de la Insead. Además, se formó internacionalmente en Liderazgo, Estrategia, Finanzas y Gestión Avanzada.
Ingresó a AGCO Brasil el año pasado como Director de Estrategia e Integración para América del Sur, posee más de 20 años de experiencia en posiciones de planificación estratégica y excelencia empresarial en la industria, tanto en capital privado como en consultorías.
A lo largo de su carrera, ocupó cargos de liderazgo en empresas como ABB, SCHENK de Brasil, Gradus Manangement Consulting, Votorantim Cimentos, ETH Bioenergía, VIVO y Media Response Group.
Asimismo, Nicolás Ballestero, hasta ahora Gerente General de Argentina, asumirá un nuevo rol como Vicepresidente Financiero para América del Sur.

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En las últimas horas, la Mesa de Enlace decidió no firmar el Compromiso Argentino de Solidaridad que impulsa el Gobierno Nacional.
Así lo comunicaron las entidades que conforman la agrupación que representa al sector agropecuario, en un mensaje en el que remarcaron que la propuesta les llegó con “poca antelación”, sin respetar los “naturales tiempos institucionales“.
Es que la convocatoria por parte del Ejecutivo – que incluye a representantes de trabajadores, empresarios, movimientos sociales y funcionarios- les llegó en la tarde de este jueves para firmarlo este viernes, y desde Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro aseguran que no pudieron poner el documento “a consideración” sus instancias orgánicas.
“Es necesario en estos tiempos de Argentina un Consejo Económico y Social amplio, en el que se involucren todos los sectores en consensos que trasciendan los períodos de gobierno, que se plasmen en verdaderas políticas públicas y donde todos los niveles del Estado deban también contribuir positivamente con ellas”, señalaron.

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Ya comenzaron los tractorazos y las asambleas en los distintos puntos productivos del país en contra de la suba de las retenciones.
Tal como lo habían anunciado a principios de esta semana, cuando el ministro Basterra dio una conferencia junto a la Mesa de Enlace, los productores se concentran desde este mediodía en cruces de rutas en Bell Ville, Córdoba; en el kilómetro 212 de la Ruta 5, en Bragado y en el Monumento a la Bandera, en Rosario, donde se espera una caravana que llega desde distintos puntos de Santa Fe.
 Para esta noche, en Córdoba, también se espera una asamblea multisectorial en Jesús María y un encuentro del campo y la ciudad en Río Cuarto.
Lo mismo en Entre Ríos, donde la filial Crespo de Federación Agraria convocó a una asamblea para las 20 en la Ruta 32.
las imágenes
 

Fuente: InfoCampo

Mientras se retoma el debate en el Senado bonaerense, diputados de la oposición presionan para modificar las alícuotas del impuesto Inmobiliario Rural como única condición para aprobar la ley impositiva que impulsa Axel Kicillof.
La propuesta de CCARI y Juntos por el Cambio ya le llegó al gobierno bonaerense en la noche de este jueves, y se basa en respetar esa segmentación que estableció el oficialismo, pero con cambios en los topes; es decir, con subas que irían del 10% al 55%.
“La idea es que lo acepten, ya que ellos quieren que salga hoy sí o sí. Nuestra condición es que sólo votamos esta propuesta”, le dijo a Infocampo el diputado bonaerense Lucho Bugallo (CCARI).
En este escenario, las opciones son tres: que se acepte y salga; que no se acepte y las negociaciones se extiendan para retomar la sesión el lunes; o que no se acepte, se imponga mayoría de la oposición en el Senado y se incluyan las modificaciones a la fuerza, aunque vuelva hacia atrás por un posible rechazo en Diputados.
Desde los bloques de la Coalición Cívica y Juntos por el Cambio aseguran que en el círculo de Kicillof están “desesperados porque esto salga ahora”.
“Si pasa a enero, ya pierden una cuota de aumento del Inmobiliario”, remarcan.
 
cómo quedarían los números según la iniciativa de la oposición
Las alícuotas serían del:

10% (en lugar del 15% de Kicillof) cuando las valuaciones correspondientes al año 2019 de la tierra libre de mejoras sea de hasta $260.870 inclusive.
20% (en lugar del 35% de Kicillof) cuando las valuaciones correspondientes al año 2019 de la tierra libre de mejoras sea superior a $260.870 y hasta $816.075 inclusive.
35% (en lugar del 55% de Kicillof) cuando las valuaciones correspondientes al año 2019 de la tierra libre de mejoras sea superior a $816.075 y hasta $3.000.000 inclusive.
35% (en lugar del 55% de Kicillof) cuando las valuaciones correspondientes al año 2019 de la tierra libre de mejoras sea superior a $3.000.000 y la superficie de la tierra libre de mejoras sea inferior o igual a 2.000 hectáreas.
55% (en lugar del 75% de Kicillof) cuando las valuaciones correspondientes al año 2019 de la tierra libre de mejoras sea superior a $3.000.000 y la superficie de la tierra libre de mejoras sea superior a 2.000 hectáreas.

Fuente: InfoCampo