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Daniel Pelegrina estuvo este fin de semana en Junín de los Andes, en la Exposición Rural de Neuquén, donde dio un discurso contundente en relación a la suba de las retenciones.
Por un lado, el presidente de la Sociedad Rural Argentina reiteró el pedido de bajar el gasto público y exigió que el Estado muestre señales en ese sentido. “Si seguimos gastando por encima de nuestras posibilidades, no habrá espacio para bajar la altísima presión fiscal y al mismo tiempo la inflación seguirá destruyendo el valor de nuestra moneda”, dijo.
Paralelamente, recordó que en una reunión con la Mesa de Enlace, Alberto Fernández prometió evaluar los tres puntos adicionales en el aumento de los derechos de exportación, que elevarían el aporte de la soja al 33% y del maíz y trigo al 15%. “No estamos conformes ni con el 30%, ni el 12%, ni con el 9% ni con nada que discrimine al campo del resto de los contribuyentes“, disparó Pelegrina.
“Es hora de que se acepte: el campo fue, es y será el gran motor de la economía argentina. Argentina es un país eminentemente agroindustrial, guste o no guste. Apoyen al campo con políticas virtuosas que apuntalen la producción, la exportación y el empleo, y el campo va a sacar a la Argentina de la crisis, como lo hizo ya tantas veces en su historia”, sostuvo el dirigente rural.
 

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Dos excelentes campañas al hilo, en materia productiva y de agronegocios, espera la Argentina con mucha necesidad para todos los productores y la macroeconomía.
De continuar las buenas condiciones climáticas, sostiene el último informe publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario, se proyecta que las exportaciones del complejo agroindustrial argentino generen en el año 2020 un ingreso de divisas por US$ 26.330 millones, sumando los principales granos y productos derivados.
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Si se resta la salida de dólares por importaciones de soja, en términos netos, la agroindustria argentina exportaría bienes por un total de US$ 25.090 millones, US$ 280 millones por detrás del valor exportado en el 2019. Así, pese a que la producción de los cinco cultivos seleccionados caería un 6% anual, el valor de las exportaciones de granos y sus principales derivados apenas bajaría un 2% en relación al año anterior.
¿Cómo se compone el número? En el caso del trigo, cuya cosecha ya ha avanzado sobre el 99% de los lotes implantados estimándose una producción 2019/20 de 19,5 millones de toneladas. En este caso, el valor de las exportaciones proyectadas para el 2020 alcanzaría 2.460 millones de dólares, casi US$ 80 millones por encima del valor del año anterior. 
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Tanto el maíz como la soja, en tanto, se está completando actualmente la siembra 2019/20 de los cultivos, por lo que las proyecciones de producción son aún preliminares, advierte la entidad. 
En base a esto, se espera una producción 2020 de maíz de 49,5 millones de toneladas y 54 millones de toneladas para la soja y, de acuerdo a los precios que actualmente se esperan para los respectivos momentos de embarque, habrá: exportaciones anuales de maíz que podrían generar un ingreso de divisas por 5.440 millones de dólares en 2020, casi 500 millones por debajo del valor exportado el año anterior. 
Del lado de la cadena sojera, el complejo exportador líder de la economía argentina proyecta que para el año 2020 podría exportar poroto y productos derivados de su procesamiento por un valor total de US$ 15.660 millones de dólares, US$ 660 millones más que el estimado para el 2019.

Fuente: InfoCampo

Este domingo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó una entrevista al cananl CN5, ya instalado en la Quinta Presidencial de Olivos y luego de su gira por el exterior. 
Como parte de la entrevista, fue consultado sobre el caso Vicentin y la posibilidad de estatización, una idea que había deslizado también Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Frente Patria Grande, este viernes.
El presidente sostuvo: “El tema es un tema muy grave porque el Banco Nación otorgó un crédito por encima de lo que objetivamente podía hacerlo mientras que la empresa fallida tomó un crédito muy por encima de lo que podía pagar. Allí hay una investigación en marcha y está hablado con el presidente del Banco -Claudio Lozano-, que logró una información importante sobre este caso. Y…vamos a ver. Tengo en claro que es una empresa muy importante y es fuente de trabajo de mucho gente. Nadie quiere que la fuente de trabajo se cierre y todo indica, cuanto menos, que allí hubo un acto de enorme irresponsabilidad. Así que vamos a estudiar bien el tema”.
Por su parte, Grabois había dejado en claro, otra vez, su forma de ver el campo, la agroindustria y los agronegocios por medio de una publicación en su perfil de la red social Twitter. En este caso, sobre lo sucedido con el grupo agroindustrial Vicentin. Para él, en la estatización había un un camino de salida para esta situación. Asimismo, también responsabilizó a los “agronegocios” del hambre argentino.

La nacionalización de la agroexportadora Vicentin, que ha defraudado al Estado en miles de millones con complicidad de Macri permitirá avanzar hacia la soberanía alimentaria y enfrentar la lógica del agronegocio que es la razón estructural del hambre en Argentina.
— Juan Grabois (@JuanGrabois) January 24, 2020
 
Repasando los últimos hechos, algunas versiones la semana pasada sostuvieron que un préstamo millonario del Banco Nación habían dejado en jaque las finanzas de la entidad bancaria. Ante esto, el grupo salió a desmentir las versiones, este viernes, por medio de un comunicado oficial. 
En él, la empresa informaba que se alcanzó la cesación de pagos por la combinación de tres factores fundamentales: las fuertes inversiones, la crisis financiera nacional de año 2018 y la falta de crédito interno y externo. Allí menciona también que el Banco fue siempre un socio dentro del marco “institucional”.
Vicentin también presentó un plan de pago a sus acreedores en el marco de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) en el que ofrece pagar un 20% de la deuda con un piso de 30.000 dólares, dolarizar la deuda sin quita y prorratear el resto en un máximo de 8 años.
 
 

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Recientemente tuve la oportunidad de participar como orador en la “Semana Internacional Verde de Berlín” (Alemania), que es un foro anual, donde asistieron más de setenta ministros de agricultura, cientos de organizaciones civiles, de productores, industriales de alimentos, exportadores, periodistas, así como también organismos internacionales vinculados a seguridad alimentaria, comercio y producción de alimentos.
El tema central de debate fue la demanda creciente de requisitos ambientales para producir alimentos y sobretodo, promover el consumo ambiental, es decir, poner en la góndola de los supermercados únicamente alimentos y bebidas que demuestren ser menos contaminantes que los productos tradicionales.
¿Cómo alcanzar esos nuevos requisitos? La Unión Europea (UE), una vez más, ha tomado la iniciativa de liderar estos temas y ya lanzó el nuevo “Pacto Verde (Green Deal)” que es un plan plurianual para lograr descarbonizar su economía para el año 2030 y donde piensa invertir cerca de un trillón de euros. Para alcanzar ese objetivo debe readaptar su economía de servicios y consumo de combustibles a una sociedad de economía circular, reciclado, tecnológicamente de avanzada, con energías renovables y con alimentos certificados como carbono neutro.

Para ello están preparando propuestas regulatorias que se presentaran entre el año 2020 y 2021 que incluyen, entre otros temas, certificaciones ambientales obligatorias y posibles impuestos de importación al carbono que emitan los alimentos que ingresen a la UE desde terceros países. La actual conformación política de la Comisión Europea y del Parlamento europeo está plenamente alineados con este Pacto Verde.
¿Qué piensa el consumidor? Los supermercados son el ámbito de presentación de productos y cada vez más aparecen certificaciones ambientales. Las ONGs ambientales y de defensa del consumidor comparan productos europeos con extranjeros, criticando todo el tiempo a estos últimos como contaminantes y promoviendo evitar su consumo. Los consumidores sienten atracción por los productos locales, de pequeños productores tradicionales que, además, puedan demostrar prácticas ambientales y reduzca sus emisiones de gases efecto invernadero.
A los países del Mercosur, junto a algunos asiáticos, como Malasia e Indonesia, nos toca la peor parte. Documentales y entrevistas que muestran deforestación masiva, uso descontrolado de agroquímicos y grandes extensiones tecnificadas pululan semanalmente en canales de TV, radios y prensa escrita. Básicamente, nos critican con mucha fuerza que somos competitivos porque deforestamos grandes superficies vírgenes o de bosques nativos protegidos y no cuidamos el planeta. La discusión sobre el acuerdo Mercosur-UE, que empezara este año en el Parlamento europeo, será la tribuna más relevante para mostrar el rechazo contra la agricultura del Mercosur.
¿Qué sucederá con los países exportadores como Argentina? Tendremos grandes desafíos, porque lo más probable es que el Pacto Verde europeo termine en barreras a las exportaciones agroalimentarias. Nuestro país, junto a los demás socios del Mercosur, siempre solicitamos que las medidas en frontera para productos importados se apliquen con criterios científicos, es decir, que exista una relación directa entre la protección prevista y la medida aplicada.
La protección del ambiente es una cuestión territorial por lo que Europa no debería condicionar los sistemas productivos para proteger su ambiente. Sin embargo, hace años que este principio internacional se rompió, en manos de los Estados Unidos y la UE.
Podríamos decidir no vender a la UE (es el primer socio comercial como bloque) pero, el resto del mundo, en general, copia estas regulaciones y de hecho países como India, China, Rusia y otros están debatiendo medidas ambientales adicionales. Por lo tanto, no podemos evitar no enfrentar este desafío.

¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es no resignarnos. Tenemos mucho para mostrar y para hacer. En primer lugar debemos planificar como sectores productivos y exportadores una estrategia de descarbonizacion de nuestra agricultura, basada en tres pilares: la siembra directa masiva que reduce sensiblemente emisiones, consumo de combustibles fósiles y evaporación del agua. Esta práctica conservacionista ha demostrado ser la mejor del mundo en reducir la erosión del suelo en base a recientes estudios internacionales comparativos.
La segunda línea estratégica es mostrar que protegemos el “Gran Chaco” (segundo bioma de América Latina), es decir, no hacemos agricultura en zonas rojas ni amarillas y podemos trazar los granos que producimos para alcanzar estándares de no deforestación ilegal.
El tercer pilar es el más innovador. Debemos promover las certificaciones de carbono neutro de todos los productos alimenticios exportables. Para eso hay que asumir como metodología el balance de carbono que nos permita contabilizar el secuestro de emisiones de carbono sobre el ciclo de vida de cada producto. Las siete Bolsas de Cereales del país han lanzado, recientemente,  el programa de carbono neutro. Esta debe ser la iniciativa madre que guie la respuesta argentina frente a estos desafíos internacionales.
El mercado no premiara al que haga el esfuerzo, pero el mercado castigara al que no haga nada.

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El próximo lunes 28 será un día clave en La Pampa para el sector agropecuario. Ese día se cumplirán los 270 días de plazo que la Subsecretaría de Ambiente de la provincia estableció para la puesta en funcionamiento del modelo de gestión de envases vacíos de la Fundación Campo Limpio, y que todavía no tuvo grandes avances a nivel local.
La autoridad de aplicación de la Ley 27.279 de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios comprobó la falta de progreso en la construcción de los tres Centros de Acopio Transitorio (CAT) que implica el sistema en el marco de una recorrida por las obras, y es por eso que ya se habla de la posibilidad de que se prohíba la comercialización de fitosanitarios en La Pampa.
La sola idea de que la medida se cumpla preocupa a las distribuidoras de insumos, que ya se expresaron este viernes a través de la federación que las nuclea, FeDIA. “Esta decisión afectará la actividad de las empresas distribuidoras de agroinsumos, que en su mayoría son agronomías y cooperativas de pequeña y mediana envergadura, y podría inclusive dejar en duda los planes productivos de cientos de agricultores”, salió a advertir la organización.
En ese sentido, las empresas remarcaron que la principal responsabilidad en la implementación de un sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios “recae en los registrantes”, es decir, los laboratorios que formulan los productos, tanto nacionales como trasnacionales. “Son estas empresas, representadas por la Fundación Campo Limpio, las que deben proponer soluciones que incluyan inversiones y acuerdos con municipios y privados para la construcción y puesta en funcionamiento de los CATs”, sostuvo FeDIA.
“Pese a que la ley es muy precisa sobre la responsabilidad de cada eslabón, han surgido desde su aprobación interpretaciones confusas de parte de las autoridades de aplicación provinciales e intentos de parte de las compañías de trasladar su responsabilidad al canal de distribución”, denunció la federación, y le pidió al gobierno de La Pampa y a los registrantes “lograr un acuerdo que permita alcanzar una solución definitiva al problema”, sin alterar la actividad comercial de los distribuidores de agroinsumos.
La situación se da en un contexto particular de la provincia. A principios de enero, una agrupación ambientalista le exigió al gobernador Sergio Ziliotto la prohibición de aplicar glifosato en todo el territorio pampeano. Semanas después, aparecieron bidones de agroquímicos arrojados en el antiguo basural de Macachín y la Municipalidad hizo una denuncia en sus redes sociales.

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La caída del 2% en la producción y el cierre de tambos que relevó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) para el 2019 parece no haber llegado a Tucumán, o al menos así lo consideró uno de sus dirigentes.
“La crisis no fue tan dura para los tamberos tucumanos”, aseguró Hernán Sanna, referente de la Mesa de Lechería provincial en relación a la situación de la actividad a nivel local en los últimos 10 años. 
Según explicó Sanna en declaraciones al medio local Lv12, en los 40 establecimientos lecheros que existen en esa provincia se producen 70 mil litros diarios, y subrayó que en los últimos años el mercado se mantuvo en relación al volumen de litros que produce.
“En Tucumán no hubo cierre de tambos”, remarcó el dirigente, aunque aclaró que “como mucho” dos o tres productores abandonaron la actividad desde 2010 hasta ahora.
 
En cuanto a los precios, Sanna coincidió con OCLA al afirmar que “acompañaron” y quedaron por encima de la inflación, pero resaltó que el 87% de los insumos están dolarizados y eso complicó el escenario.
“El mercado en Tucumán está en desarrollo, y la verdad que es un mercado bastante inmaduro”, dijo, al tiempo que adelantó que junto a productores comenzaron la puesta en marcha de una fábrica para comercializar productos 100% tucumanos.

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La crisis de Vicentín convulsionó al mercado argentino sobre finales del año 2019. Que una empresa argentina centenaria, con múltiples agronegocios, haya ingresado en un proceso refinanciamiento de su deuda fue “shock” para todo el sector. 
Recientes versiones sostenían que un préstamo millonario del Banco Nación, principal acreedor de la firma, habían puesto en jaque las finanzas de la institución.  
Esto motivó la reacción de la empresa y también dio lugar a más aclaraciones como parte de un comunicado oficial. 
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El documento sostiene, en un primer apartado, que, “la crisis financiera que atraviesa Vicentin es consecuencia de una serie de factores”:

Durante los últimos 20 años invirtió fuertemente en plantas de biodiesel, contrayendo para ello endeudamiento de distintas Instituciones, en su mayoría Internacionales.
La situación económica nacional, que comenzó a deteriorarse a partir de la crisis financiera del 2018, se agravó con la incertidumbre política del 2019 e imposibilitó la renovación de líneas de crédito.
El retiro de los depósitos en dólares de los bancos locales y el tradicional estancamiento de nuevas financiaciones del exterior afectaron nuestras líneas de crédito.
Los productores aceleraron las ventas de sus stocks frente a expectativas de alzas de retenciones, desapareciendo el crédito comercial.

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En otros dos puntos, la empresa aduce que, “nuestra deuda no fugó del país, sino que está invertida en bienes productivos” mientras que, por su parte, refiere al Banco Nación. “El Banco de la Nación Argentina fue siempre, desde hace más de 50 años, la Institución Financiera más importante para Vicentin S.A.I.C. y a lo largo de los distintos cambios de Gobierno, siempre se ha manejado de manera Institucional.”
Respecto a los planes de acción, la empresa afirma que el directorio está abocado a “a explorar distintos caminos de salida de su situación, priorizando la puesta en funcionamiento nuevamente de sus activos, que permitirá mantener las fuentes de trabajo y refinanciar los pasivos de manera razonable. La época del año y las incertidumbres propias de todo cambio de Gobierno, ralentizan los procesos, pero estamos encaminados a una solución”.

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Este jueves, en el Palacio San Martín (Ciudad de Buenos Aires), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) llevó adelante la ceremonia de entrega del título de Embajador de Buena Voluntad del IICA, homenajeó al desginado Embajador en Brasil, Daniel Scioli, y presentó al nuevo representante del Instituto en Argentina, el ingeniero agrónomo brasilero Caio Tibério da Rocha. 
El nuevo “Embajador de Buena Voluntad” designado fue Hugo Sigman, CEO del Grupo Insud. El nombramiento es un reconocimiento a sus contribuciones a la investigación e innovación científica y a su compromiso con el desarrollo humano, el sector agropecuario y las zonas rurales de América.
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Este título fue entregado por el Director General del IICA, Manuel Otero, en Buenos Aires, en una ceremonia en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina (Palacio San Martín), donde el titular del organismo hemisférico para el desarrollo agrícola y rural destacó la trayectoria empresarial de Sigman.
Este, en tanto, cuya actividad empresarial se enfoca en las industrias farmacéutica, agroforestal, cultural y de naturaleza y diseño, consideró al IICA como un organismo clave para lograr que la actividad agrícola y ganadera.
Los embajadores comparten preocupaciones y compromisos para alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo. También asumen el desafío de unirse a causas que buscan aumentar la conciencia pública y trabajan por el desarrollo de la seguridad alimentaria, la bioeconomía, las relaciones de género y juventud, y la producción responsable.

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Las ocho provincias con mayor producción, en base a datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, según las últimas dos campañas (2017-2018 y 2018-2019) son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Pampa, Chaco y Salta.
Sin embargo, sólo Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se opusieron, en forma mayoritaria, al capítulo de aumento de los DEX. Pero no alcanzó y, en Diputados, el Frente de Todos, junto a Unidad Federal Para El Desarrollo -el Interbloque de 8 diputados ex Cambiemos-y parte del Interbloque Federal -compuesto por justicialistas y socialistas- cosecharon 129 votos afirmativos, contra los 107 que alcanzó el Interbloque de Juntos por el Cambio y el otro puñado del Interbloque Federal.
En Buenos Aires, con una producción de 53.380.141 toneladas, el Frente de Todos se impuso, con sus aliados naturales, que apoyaron ampliamente el aumento de, las mal llamadas, retenciones. Fueron 37 votos a favor y 23 en contra, donde los diputados del Interbloque Federal -Bali Buca y el Topo Rodríguez- y Pablo Ansaloni -ex PRO-, votaron a favor.
En cambio, en Córdoba, que secunda a los bonaerenses, con casi 32 millones de toneladas, casi la mitad de los diputados que apoyaron la ley en general se opusieron al Título de Derechos de Exportación. El bloque de Córdoba Federal, que forma parte del Interbloque Federal, argumentó su rechazo aduciendo que Córdoba aportó, en los últimos doce años, 33.000 millones de dólares. “Eso exime de cualquier otra explicación el aporte que Córdoba ha hecho a las arcas nacionales”, dijo el referente del bloque.
En la misma línea y con casi 20 millones de toneladas de producción, dos de los diputados de Santa Fe –Luis Contigiani y Enrique Estevez-, aliados al gobierno para la votación de la Ley de Emergencia, votaron en contra del aumento de los DEX. De esta forma, de los 19 diputados santafecinos, 12 votaron en contra del aumento, contra 7 que lo hicieron a favor.
En Santiago del Estero, con más de 8 millones de toneladas de producción, la votación por el aumento de del DEX fue unísona: de los 7 diputados que representan a la provincia, todos ellos votaron a favor.
Promediando los 6 millones de toneladas, los diputados de Entre Ríos respondieron orgánicamente a sus bloques -no hay legisladores aliados-: los 4 legisladores del Frente de Todos votaron a favor, mientras que los 5 de Juntos por el Cambio, se opusieron.
En La Pampa y Chaco, con una producción entre 4 y 5 millones de toneladas en cada provincia, los diputados del oficialismo también se impusieron con el voto a favor de la suba de los DEX.
Por último, más de la mitad de los diputados de Salta -con una producción total de 2.751.971 toneladas– votaron a favor: fueron 4 votos afirmativos -uno de ellos del justicialista Zottos, que responde al Interbloque Federal-, contra 2 que se opusieron.

Senado
En la Cámara Alta no hay terceras fuerzas que puedan torcer la votación, ya que los partidos provinciales o monobloques están aliados con el Frente de Todos o Juntos por el Cambio. De todos modos, Carlos Reutemann, aliado de Cambiemos, apoyó la Ley de Solidaridad Económica, en general, aunque se opuso al capítulo de aumento de los Derechos de Exportación.
Otro dato que también coincide con la votación en Diputados: los senadores de Santiago del Estero, en su totalidad, votaron a favor del aumento de los DEX -a pesar de que la representación de las bancas sea 2 por la mayoría y 1 por la minoría-.

Algunas conclusiones
– Los derechos de exportación e importación son exclusivos de la Nación, es decir, no se coparticipan con las provincias: de esta forma, las provincias ceden una parte de su recaudación por vía directa (IIBB) o por coparticipación (IVA, Ganancias).
– Córdoba y Santa Fe fueron las únicas provincias donde hubo terceros partidos que votaron en contra, reflejando, de algún modo, el efecto de los DEX.
– La gran excepción fue la Provincia de Buenos Aires, que a pesar de representar el 40% de la producción total, la importancia política del conurbano genera la votación a favor del aumento de los DEX.

Fuente: InfoCampo

Se terminó el ciclo de trigo, sin embargo, el análisis de la campaña sigue. La Bolsa de Comercio de Rosario bajó la información de los satélites y estos confirmaron que los resultados mejor de los que se analizaban: se sembró un 22% más que el año pasado y, con una producción 6,9 millones de toneladas, la región se consagra como bastión triguero, aportando el 35% del total de trigo argentino.
Esta precisión aportada por los satélites también permitió saber que las estimaciones hechas con encuestas daban cuenta de un aumento de siembra de un 10% (1,6 millones de hectáreas), pero los satélites confirmaron mucho más: al final el trigo cubrió 1,78 millones. De esta forma, la campaña 2019/20 dejó un 57% más de trigo que en la 2018/19. Se trata de la siembra más importante y el mayor volumen de la historia triguera de la región, afirma la Bolsa en su informe. 
Con el resultado puesto, la entidad avisa: “La zona se alza con el indiscutible título de nuevo bastión triguero de argentina, aportando el 35% al total de la cosecha nacional, que fue tambien récord con 19,5 millones de toneladas”. 
SATÉLITES
Hace años que se quería relevar toda la región usando satélites con personal propio del GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario. Después de un esfuerzo que comenzó a tomar forma hace dos años, finalmente, están los resultados. Para hacer el estudio se usó la herramienta Google Earth Engine, una plataforma “on line” de código abierto
de visualización y procesamiento de imágenes satelitales.

Fuente: InfoCampo