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Silvia Stang

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Silvia Stang Messages

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, anunciaron hoy en la Casa Rosada la implementación de la jubilación anticipada para personas que ya cuentan con los 30 años de aportes requeridos, les faltan cinco años de edad o menos para jubilarse y se encontraban al 30 de junio de 2021 desocupadas o desocupados.El plan es establecer un sistema temporario para que un grupo de personas desocupadas pueda acceder a un beneficio previsional cinco años antes de la edad de retiro fijada por la ley. Con la medida el oficialismo intenta conseguir más votos en las elecciones legislativas de noviembre, luego de la derrota en las PASO del 12 de este mes.Julián Domínguez, tras la reunión con el campo por el cepo a la carne: “A mí no me corran con el tema de que cerramos la exportación”Además, se entregaron las primeras jubilaciones por Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado a mujeres de todo el país. Desde la Casa Rosada detallaron que más de 80.000 madres iniciaron su jubilación con esta política, que valora el tiempo que destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos.De acuerdo a lo que detalló Raverta, la jubilación anticipada -que será de alrededor de 50.000 pesos en promedio- alcanzará en su mayoría a hombres que se quedaron sin empleo y fueron despedidos durante la administración macrista. “La enorme mayoría perdieron su trabajo durante el gobierno anterior, porque la enorme mayoría son trabajadores del sector industrial”, puntualizó la funcionaria camporista, que habló de una medida dirigida a aquellas personas “que son muy jóvenes para jubilarse, pero muy grandes para volver a conseguir trabajo”.Sin mencionar el mal desempeño del Gobierno en las urnas, Raverta dijo: “Somos un gobierno que reconoce que frente a las dificultades hay que ponerse inteligentes para pensar cómo salir. Ante la adversidad hay que pensar respuestas y soluciones concretas para una vida digna para nuestros compatriotas”.Juan Manzur, durante los anuncios (Captura de video/)Luego de hablar de la ley de moratoria y de la ampliación de la misma impulsadas durante las administraciones kirchneristas como “dos hechos fundantes”, Raverta cerró: “Estamos convencidos y convencidas de que nuestro gobierno nos va a sacar nuevamente del infierno”.Por su parte, Manzur -que oficia como cara visible del Gobierno tras los cambios en el elenco de ministros- pidió un aplauso para el presidente Alberto Fernández, corrido de la escena pública. “A él le damos el aplauso porque en los momentos más difíciles mantuvo el timón del barco firme con una direccionalidad clara”, sostuvo el gobernador tucumano en uso de licencia.“Estos son los grandes hitos que estamos marcando, empezó Néstor en 2005… ¿Quién era el jefe de Gabinete? El actual presidente, Alberto Fernández. Y miren las vueltas de la vida y cómo esto se continúa, aquel jefe de Gabinete es presidente de la Nación”, enfatizó el funcionario que busca imprimirle al Ejecutivo un perfil de gestión activa. “Ojalá que Dios nos ayude y nos dé una manito porque esta vuelta nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene”, concluyó.Los cambios en detalleLos funcionarios especificaron que durante un plazo de dos años se habilitará el acceso a una prestación dentro del régimen jubilatorio contributivo a mujeres y varones con 55 años y con 60 años cumplidos, respectivamente. Las edades requeridas por ley en el sistema general que gestiona la Anses son de 60 y 65 años, para cada caso. Y a eso se suma a la exigencia de contar con 30 años de aportes. Esta última condición sí debería cumplirse para poder cobrar la llamada “prestación anticipada”.El texto elaborado por técnicos de la Anses señala que los solicitantes deberán acreditar 30 años “de servicios con aportes computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el régimen de reciprocidad” con el sistema general. Y aclara que esos aportes deben ser “efectivos”. Por lo tanto, no está habilitado el acceso si la persona necesita ingresar a la moratoria para llegar a la cantidad necesaria de tiempo con contribuciones (actualmente, más de la mitad de quienes se jubilan tiene esos planes).Además de los aportes, la otra condición prevista es estar desocupado al 30 de junio de este año. El cobro de la prestación es incompatible con el trabajo en relación de dependencia o por cuenta propia, o con la percepción de algún plan social o beneficio previsional.Las edades requeridas por ley en sistema general que gestiona la Anses son de 60 y 65 años, cada casoEn cuanto al monto, se proyecta que se percibirá el 80% de la jubilación que le correspondería en cada caso a la persona. Al cumplirse la edad de jubilación se pasará automáticamente a cobrar la prestación completa. En el caso de los asalariados, para calcular el haber jubilatorio inicial se considera, en primer lugar, el promedio de las últimas 120 remuneraciones (se aplica una actualización a los montos históricos); de ese valor promedio se estima el 1,5% y al resultado se lo multiplica por la cantidad de años aportados. Luego se suma la Prestación Básica Universal (PBU), que es un valor único, igual para todos los casos.Por ejemplo, con un salario promedio de los últimos 10 años trabajados de $80.000, alguien obtendría un haber de inicio de $47.858, en tanto que si accediera a la prestación anticipada que está en estudio el monto sería de $38.286.La iniciativa incluye garantizar que en ningún caso se cobre una cifra menor al haber mínimo, que es de $25.922 desde este mes y hasta noviembre (en diciembre deberá haber otra actualización, según lo establecido por la ley de movilidad).El régimen que se establecerá es similar al de la ley 25.994, que estuvo vigente entre enero de 2005 y abril de 2007. En ese caso, también podían acceder a una prestación anticipada los trabajadores desocupados que ya contaban con al menos 30 años de aportes y tenían cumplidos los 55 años (mujeres) o los 60 años de edad (varones). Y cobraban el 50% de la jubilación completa que luego les iría a corresponder.Para afrontar el costo de las nuevas prestaciones no se prevé ninguna fuente especial de financiamiento. Por eso, su instrumentación provocaría un mayor desequilibrio en los números del sistema previsional, más allá de que el proyecto implica un reconocimiento parcial del problema que sufren las personas cuando, a causa de su edad, les resulta muy dificultoso acceder a un puesto de trabajo en caso de haberse quedado sin ocupación. Según los datos del régimen jubilatorio, actualmente hay menos aportantes asalariados en el sector privado que una década atrás.Por otra parte, la medida, al preverse con un carácter temporario, provoca fuertes inequidades entre los aportantes: se les otorgan a algunos derechos que se les niegan a otros, solamente en función de cuál fue la fecha de nacimiento (lo mismo ocurre con las moratorias previsionales). Son problemas derivados de la discrecionalidad de las políticas y, en definitiva, de la falta de una discusión profunda sobre los cambios que le hacen falta al sistema.En cuanto a las jubilaciones regulares, con el actual gobierno y la llegada de la pandemia y la cuarentena, se ralentizó fuertemente el número de altas obtenidas por quienes necesitan acceder al beneficio y cumplen con todos los requisitos. En 2020 se jubilaron 120.390 personas, un número que es inferior a la mitad del promedio anual de nuevos jubilados (248.384) de los tres años previos. Eso fue parte del ajuste fiscal concretado por el gobierno de Alberto Fernández, con el que se afectó el gasto previsional (la otra parte del ajuste fue la actualización insuficiente de los haberes). En el primer semestre de este año, en tanto, hubo 96.258 altas de beneficios jubilatorios.

Fuente: La Nación

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“Lo mínimo que pueden hacer es modificar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para las jubilaciones; es una fórmula para el ajuste, porque si tuviésemos la de Cristina por lo menos los jubilados nos hubiesen votado”. El durísimo cuestionamiento a una de las políticas más defendidas hasta ahora por el Gobierno se escuchó días atrás en uno de los difundidos audios de Whatsapp que se le atribuyeron a la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, quien, de hecho, los reconoció como propios.“Es ley el índice de movilidad jubilatoria que restituye la fórmula de actualización de 2008 para los haberes de jubilados y jubiladas”. La frase fue compartida el 29 de diciembre de 2020 en la red social Twitter por… Fernanda Vallejos, después de haber defendido y de haber dado su voto afirmativo para la aprobación del proyecto del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.No fue solo Vallejos; en realidad todo el oficialismo se encolumnó en la defensa de la fórmula de movilidad que rige actualmente. Y el argumento repetido hasta el cansancio fue que se trataba del mismo cálculo que había regido durante el gobierno de Cristina Kirchner. Es decir, “la fórmula de Cristina”.Más allá de la contradicción de la legisladora, el mecanismo de actualizaciones que rige para las jubilaciones y pensiones de la Anses y también para prestaciones no contributivas y pagos como la AUH, recibió no pocos cuestionamientos cuando el proyecto de ley fue considerado. El cálculo contempla la variación de los recursos que recauda el Estado y no tiene en cuenta la inflación.¿Cómo surgió el proyecto que luego fue aprobado? Por una disposición de la ley 27.541 -la misma que suspendió la aplicación de la fórmula anterior para permitirle al Gobierno de Alberto Fernández concretar un ajuste fiscal afectando el bolsillo de los jubilados-, el año pasado se creó una comisión mixta, integrada por diputados, senadores y funcionarios del Gobierno, cuya misión, en la letra de la normativa, era elaborar un proyecto de ley con una nueva fórmula.En la práctica, esa comisión escuchó durante meses a expertos en el tema y, cuando esa agenda de exposiciones terminó, el Poder Ejecutivo simplemente presentó su iniciativa para reponer la fórmula que había regido antes, con alguna variante. El texto obtuvo dictamen con la firma de los diputados del oficialismo, sin debate. Aunque sí se le hicieron luego algunos retoques, sobre todo por el rechazo que causó la intención (que se quiso ocultar y que fue revelada por LA NACION) de disponer que la suba de diciembre de 2020 fuera descontada en marzo.En el cálculo hay dos componentes: el 50% de la variación interanual en un trimestre de la recaudación de los impuestos que se derivan total o parcialmente a la Anses, medida por beneficio, y el 50% de la evolución de los salarios según uno de dos indicadores: el Índice Salarial del Indec, o la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). De los dos, se toma el que haya subido más en el período de referencia.Los puntos cuestionadosEntre las principales razones para las críticas, estuvieron las siguientes.*El uso de la recaudación. La incorporación de esta variable fue desaconsejada por varios expertos, porque no está necesariamente vinculada con la meta de mantener el poder adquisitivo de los ingresos. Si bien en algún punto podría reflejar algo de lo que pasa con los precios, a la recaudación de los tributos le puede ir mejor o peor según diferentes factores, como las políticas económicas. Y está expuesta a la volatilidad, por lo cual no da previsibilidad a los jubilados.Una razón para las variaciones de la recaudación es el comportamiento de la actividad económica. Desde el Gobierno se admitió que no puede esperarse un buen funcionamiento de la fórmula sin crecimiento: “Si la Argentina no crece, no hay fórmula de movilidad, ni fórmula de la Coca Cola que pueda favorecer a nadie”, dijo cuando se consideró el proyecto la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, una funcionaria cercana a Cristina Kirchner, del grupo de quienes el miércoles último pusieron su “renuncia a disposición”, alentando la fuerte crisis interna del Gobierno. Resulta muy difícil aceptar que se les diga a los jubilados que si la economía no crece no se les mantendrá el valor de sus haberes.La directora de la Anses, Fernanda Raverta, expuso el año pasado ante una comisión mixta los lineamientos del proyecto oficial de movilidad, luego convertido en ley (Prensa HCDN/)Y si bien es cierto que se les debe dar sustentabilidad a los pagos, el cumplimiento de ese objetivo debería ser buscado a través del diseño integral del sistema jubilatorio, y no a través de la fórmula de movilidad, que solo debería mantener constantes los valores de los haberes, bien calculados desde el inicio.*La falta de consideración de la inflación. Que la fórmula debería contemplar el índice de precios fue algo dicho por varios de los convocados por la ya mencionada comisión. El cálculo anterior lo hacía, en un 70% (el índice también contemplaba la variación de salarios), pero con un rezago de seis meses; en un escenario de inflación al alza, esa fórmula terminó provocando pérdidas de poder adquisitivo, y ya se había advertido que debía reducirse la distancia entre el período al que correspondían los datos y el mes en que se otorgaba la recomposición.*Riesgo de discrecionalidad. El texto dejó definiciones sin dar, que quedaron sujetas a reglamentaciones: los valores de los salarios, de la cantidad de beneficios y de la recaudación deben tomarse, según la ley, “en forma homogénea”. Eso significa, por ejemplo, que si hay modificaciones en cuanto a cuáles son los recursos que recibe la Anses (por una reforma tributaria o por el cambio de destino de la recaudación de determinados impuestos), eso no debería influir en la comparación que está implícita en el cálculo. Esa cláusula de homogeneidad es el reconocimiento de un problema que se deriva de incluir la recaudación. Sin embargo, la ley no fijó los criterios para la homogeneización establecida, sino que delegó esa tarea a normas de rango inferior, que pueden ser modificadas fácilmente.*El ajuste aplicado (y no compensado). Entre la fórmula anterior y la que rige ahora hubo un año en el que las subas fueron definidas de manera discrecional y a la baja por el Poder Ejecutivo. De haber estado vigente la ley de 2017, la del macrismo, el aumento acumulado en 2020 hubiera sido de 42% para todos. Por los decretos de Fernández, las alzas fueron de entre 24,3% y 35,3%, dependiendo del nivel de ingresos, mientras que la inflación fue de 36,1%.Según la fórmula del macrismo, el año pasado los haberes iban a recuperar un 4,4% en términos reales, después de haber caído en 2018 y 2019, un 13% y casi un 2%, respetivamente. Pero la aplicación del cálculo se suspendió justo cuando llegaba la recuperación, y en lugar de compensación, hubo más pérdida. Hubo propuestas -que fueron rechazadas por el oficialismo- para que el aumento de marzo de este año se calculara tomando como base los haberes que hubieran resultado en caso de regir la fórmula anterior (es decir, sumándoles un 42% a lo que se estaba cobrando en febrero de 2020), para evitar de esa manera que el ajuste quedara consolidado este año y en los que vendrán. En los últimos meses, hubo fallos de la Justicia ordenando recalcular los haberes según este último criterio.*Sin piso y con techo. Pese a las propuestas para establecer un piso a los aumentos, esa cláusula no fue incluida. En cambio, sí se estableció un tope para los aumentos anuales: el porcentaje de reajuste de diciembre se definirá de tal manera que la suba total de cada año no podrá ser superior a la variación de la recaudación de recursos totales que van a la Anses, por beneficio, incrementada en un 3%.*Aumento de la litigiosidad. Ya durante 2020 comenzaron a presentase demandas contra las subas por decreto, que no fueron parejas para todos y que quedaron por debajo de la inflación, algo que a un grupo le fue compensado con el pago de bonos, y a otro grupo no. Así, antes que por la aplicación de la fórmula nueva, ya se venía advirtiendo que habría una mayor cantidad de juicios por los efectos del “período puente” entre una y otra fórmula. La suspensión de la movilidad se dio en el marco de una declaración de emergencia económica, que es un criterio que algunos jueces aceptan como válido.En los últimos meses se conocieron varios fallos y, mientras que en el interior del país hubo causas donde se les dio la razón a los jubilados y se ordenó un recálculo de haberes, en la ciudad de Buenos Aires los jueces de dos de las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social avalaron la decisión del Gobierno. Una vez más, como ocurrió, por ejemplo, tras el congelamiento que sufrieron, pese a la inflación, cientos de miles de jubilaciones entre 2002 y 2006, durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, la Corte Suprema tendrá la última palabra.

Fuente: La Nación

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Cuando empezó 2021, el monto mensual de ingresos a partir del cual un autónomo paga Ganancias, en el caso de aplicar deducciones por cónyuge y dos hijos, era 21% más alto que el valor de la canasta básica total correspondiente a una familia integrada por un matrimonio y dos chicos de 6 y 8 años. Esa brecha se fue reduciendo mes a mes, hasta quedar eliminada en agosto. En otras palabras: la facturación promedio mensual para quedar alcanzado por el tributo es inferior ahora al ingreso que le debe llegar a un hogar integrado por cuatro personas para no ser considerado pobre.“La diferencia ya había quedado prácticamente eliminada en el mes de julio”, cuando había sido inferior al 1%, estimó el tributarista Mariano Echegaray. En ese mes, el precio de la canasta llegó a $67.576,66. En agosto, con un incremento de 1,16%, llegó a $68.359,02, según informó el Indec el jueves último. Así, superó los $68.085,16, que es el promedio mensual a partir del cual se tributa.El Hotel Four Seasons pidió la convocatoria de acreedoresLos autónomos no fueron considerados en la última reforma de Ganancias, que fue aprobada por el Congreso Nacional en abril. Esa ley dispuso que ningún asalariado ni jubilado pague el impuesto este año si su salario o haber bruto mensual es de hasta $150.000, una cifra que ahora se elevaría a $175.000, según trascendió de fuentes del Gobierno. En febrero, cuando presentó el proyecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (Frente de Todos), respondió a las críticas por la exclusión de los autónomos diciendo que se estaba trabajando “en paralelo” en una nueva ley para mejorar la posición de estas personas frente al impuesto. Sin embargo, luego no se conoció ninguna iniciativa en ese sentido.Por ley, el régimen de Ganancias considera de manera diferenciada la situación de los autónomos, estableciendo deducciones que son más bajas (las deducciones son montos que se descuentan del ingreso antes de hacer el cálculo del impuesto). A fines de 2017 se aprobó la ley 27.430, que produjo una disminución de la brecha entre los montos imponibles de autónomos y asalariados, sin llegar a eliminarla. Pero ahora, al haber sido excluidos de las nuevas normativas, la distancia se amplió.¿De dónde surgen los $68,085,16 mencionados? El sistema de cálculo del impuesto implica que, por este año, se descuente como deducciones, para los autónomos, una cifra de $503.035,19, según puntualiza Echegaray, y que se puedan descontar $156.320,63 por cónyuge (siempre que la persona prácticamente no tenga ingresos propios) y $78.833,08 por cada hijo a cargo. Así, son $817.021,98 anuales los que quedan liberados del impuesto Eso, repartido en los 12 meses del año, da $68.085,16.La relación con el precio de la canasta básica es una referencia, que permite ver de qué manera los pesos alcanzados por la carga fiscal fueron perdiendo su poder de compra. En marzo, por ejemplo, la brecha entre las dos variables analizadas era de 12%, mientras que para mayo ya se había recortado a 6%.Convirtió un tractor en un lavarropas móvil para que su hijo no pierda tiempoLa canasta básica total, que es informada cada mes por el Indec, tiene un valor que resulta de multiplicar por un determinado coeficente (que se define según los hábitos de consumo de la población) el precio de la canasta básica alimentaria, que incluye un conjunto de alimentos y bebidas que le aportan a las personas la cantidad de calorías básicas para vivir. Las cifras se ajustan según la edad y según se sea varón o mujer.“Es inentendible que exista la discriminación entre asalariados y autónomos; los autónomos pagan sobre montos insignificantes, lo que provoca que se termine tributando sobre consumos y no sobre ganancias genuinas”, evalúa Echegaray. Y agrega que la aceleración del ritmo de la inflación, sumada a las distorsiones del sistema de actualizaciones, hace que se pague más dinero por el impuesto, a la vez que los ingresos pierden su poder adquisitivo.Más allá de las medidas de excepción que se dan cada tanto, las variables que definen quiénes y cuánto pagan Ganancias se actualizan todos los años de manera automática, desde 2018, según la variación que tuvieron los salarios formales y estables entre los dos meses de octubre previos. Este año, por ejemplo, el reajuste que hubo en función de ese índice (o la suba del llamado mínimo no imponible) fue de 35,37%. Esa actualización sí incluye a los independientes.Actualización anualEn cuanto al impuesto a pagar por todo 2021, en el caso de un autónomo con una facturación mensual promedio este año de $150.000, con cónyuge y dos hijos a cargo, el monto es de $215.023 (si es que no deduce gastos), en tanto que si el ingreso mensual es de $120.000, la carga fiscal llega a $109.479,. Con ambos niveles de ingresos, un asalariado está liberado del tributo.Además de las deducciones por familia, es cierto que son aplicables otros descuentos al monto imponible, correspondientes a ciertos gastos. Y en el caso de autónomos hay más conceptos deducibles que en el de los asalariados.El diagnostico de Claudio Zuchovicki sobre la economía argentina en los próximos mesesPero en ese universo de las deducciones por gastos existe otro problema: hay diferentes situaciones en cuanto a si se trata de montos actualizados o no. Por ejemplo, el tope deducible por los pagos de salarios en el régimen del servicio doméstico, o por los costos del alquiler de vivienda, por ejemplo, tienen reajustes anuales (van siguiendo la variación de los salarios formales), mientras que ítems como los intereses por créditos hipotecarios, o los gastos de sepelio, mantienen los mismos importes, en pesos, que estaban vigentes hace ya 20 años, con lo cual sus efectos son muy poco significativos.

Fuente: La Nación

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Malena vive con sus hijos en la zona sur del conurbano bonaerense. A sus 40 y tantos años, se dedica a tareas de limpieza en casas particulares y locales comerciales. Por la pandemia de Covid-19 y la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno, a mediados de marzo de 2020 tuvo que dejar de trabajar; pasaron cinco meses hasta que pudo volver a uno de los hogares, y lo hizo por menos horas que antes y, por lo tanto, con ingresos más reducidos. En los otros lugares, donde hay adultos mayores, le demoraron el regreso, por temor a los contagios. Sus empleadores no le pagaron el sueldo durante los meses en los que no estuvo trabajando.Por sus chicos menores de edad, Malena percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH). También accede a una prestación por uno de sus dos hijos mayores, que tiene un retraso madurativo. Esos cobros, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) –un pago de $10.000 que se hizo tres veces en un período de seis meses durante 2020, a razón de $5000 mensuales– y la asistencia económica y alimentaria que le dieron su hermano y algunos vecinos que eventualmente le llevaban frutas y verduras, fueron sus fuentes de ingresos durante varios meses. Antes, recibía dinero de su exmarido, pero eso se cortó cuando el hombre le dijo que no estaba trabajando y que no tenía plata. “Percibo menos; lo que no falta es comida, pero comprar cosas que antes comprábamos, no puedo”, contó la mujer.El de Malena es uno de los 10 testimonios incluidos en el libro La voz de la informalidad, que es el resultado de un estudio hecho por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, y la Dirección de Innovación Social del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que consistió en entrevistar en profundidad, entre agosto y septiembre de 2020, a trabajadores en situación de vulnerabilidad.El objetivo fue conocer cómo se vivieron los tiempos de cuarentena y, en algunos aspectos, cómo se vive y se piensa más allá del problema sanitario. Las entrevistas incluyeron 43 preguntas, que buscaron permitir la manifestación de necesidades, preocupaciones, demandas, logros, emociones y formas de pensar y ver la realidad de trabajadores informales, o formales vulnerables (por ejemplo, por sus bajos ingresos o sus trayectorias intermitentes).Para esta nota se seleccionaron cuatro casos (uno es el de Malena), y se los contextualizó con la estadística que revela qué pasó en cada uno de cuatro segmentos del mundo laboral: servicio doméstico, asalariados formales, cuentapropistas y empleados informales. El citado informe preserva la identidad de los participantes; por eso, solo hay nombres propios en los testimonios, que son reflejo de las realidades detrás de los números.1. Malena, trabajadora de servicio domésticoCon una actitud esperanzada sostenida por sus creencias religiosas, Malena (cuya historia se contó en los primeros párrafos) dejó el mensaje de que en la vida “hay que ser fuertes” y enfrentar los problemas, a la vez que mostró una postura comprensiva con sus empleadores. En su barrio participa de acciones solidarias y vio con tristeza que algunos comedores cerraron por falta de alimentos. Además de contar que tuvo que lidiar con problemas de salud de sus hijos y de su madre –les suspendieron turnos médicos y de atención psicológica–, y que a los chicos el aislamiento les provocó agobio y un desajuste de horarios, dijo valorar que pasó más tiempo en familia.• UN SECTOR CON FUERTE CAÍDA Y CON MUY LENTA RECUPERACIÓN. En el segundo trimestre de 2020, el de la cuarentena más estricta, la cantidad de personas ocupadas en el servicio doméstico, según es posible estimar sobre la base de los datos del Indec, cayó más de 38% respecto de los tres primeros meses de ese año. Así, la pérdida de puestos fue muy superior a la que se detectó para el universo total de ocupaciones laborales (21%). Solo si se consideran los 31 centros urbanos donde se hace la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, eso significó 359.400 empleos menos en ese período.Según lo establecido por el Poder Ejecutivo, esas personas debían continuar cobrando sus ingresos; en la vida real, sin embargo, las cosas fueron diferentes. La encuesta de hogares del Indec solo contó como ocupados a quienes dijeron seguir cobrando su ingreso, aun cuando no iban a trabajar. Por eso, las cifras mencionadas en el párrafo anterior muestran la cantidad de trabajadoras que, como Malena, no cobraron sus salarios. La muy elevada informalidad explica en parte ese hecho: antes de la pandemia, las estimaciones del Indec señalaban que más de 70% de quienes estaban en esta actividad no tenía registro.Después de aquel período con mayores restricciones, en el cual solo había autorización de trabajo –entre las categorías de servicio doméstico– para quienes se dedican a cuidar personas, vinieron meses de recuperación de empleos, a partir de la habilitación progresiva de actividades. Pero, así como en este segmento se sufrió una caída mucho más fuerte que la del empleo en general, la reactivación fue luego menor. El dato del primer trimestre de este año da cuenta de que las personas ocupadas en el servicio doméstico representan un 5,4% del total, mientras que en los primeros meses de 2020 eran el 7,7%. Eso significa una disminución del número de puestos nada menos que de 30% (de 927.465 a 647.028 en los centros urbanos medidos por el Indec).En el segmento formal la caída fue más suave. En junio último (dato más reciente), hubo un 5% menos de puestos registrados que en el mes previo a la cuarentena, y un 1,5% menos que en el sexto mes de 2020.Más allá de valorar la flexibilidad en el uso del tiempo que le da trabajar en casas particulares, Malena expresó su deseo de tener un empleo estable y regular.2. Karina y el trabajo en blanco perdidoKarina tuvo un trabajo bajo relación de dependencia y en blanco. La efectivizaron como personal de seguridad en un local de ropa poco antes del inicio de la cuarentena. “Me despidieron el 1° de abril; hasta el 20 de marzo yo trabajé, y después me despidieron. Hacía poco que me habían efectivizado, porque yo ya estaba trabajando con ellos hacía más de un año, en distintos locales, pero en negro, tres veces a la semana”, contó la mujer, que vive en la zona oeste del conurbano con su marido –de quien está separada– y un hijo.Tras el despido –según dijo, le pagaron una indemnización inferior a la que correspondía–, se puso a buscar trabajo. “Tengo 44 años, así que para la sociedad yo estoy muerta, digamos”, lamentó, al referirse a las dificultades para conseguir un puesto. Con la angustia a cuestas, los primeros tiempos como desocupada y en cuarentena no fueron fáciles, y administrar sus tiempos sin la rutina laboral le resultó un difícil desafío. Hasta que empezó a hacer cosas que consideró productivas, incluyendo cursos que le aportan conocimientos valiosos para su búsqueda.¿Cómo fue la vida en cuanto a lo económico? Según Karina, en el inicio de la cuarentena su marido tampoco tenía ocupación, así que consumieron ahorros y pagaron las cuentas con demoras. Después, él volvió a trabajar y eso trajo un alivio. Pero apareció otro problema: según el informe de la ODSA y la CAF, ella contó que el marido le limitaba los consumos, “haciéndola sentir inútil por no trabajar y no tener el dinero para solventar los gastos”, una situación que, con diálogo y según contó, mejoró con el tiempo.Karina dijo no haber recibido ninguna ayuda del Estado. Se anotó para cobrar el IFE, pero la prestación le fue negada porque su marido tenía trabajo bajo relación de dependencia. Eso le provocó enojo, porque consideró que algunos conocidos no deberían haberlo recibido y, sin embargo, sí lo hicieron. Antes de la pandemia, su proyecto era irse a vivir sola, pero con la situación sanitaria y los efectos en lo laboral, congeló el plan. Sobre el entorno, afirmó que “aumentó la inseguridad y la gente sale mucho a pedir”.• EL NÚMERO DE ASALARIADOS EN BLANCO, MENOR AL DE UNA DÉCADA ATRÁS. En diciembre de 2019 se estableció la duplicación del monto de indemnización por despido sin causa. Y unos días después de iniciada la cuarentena, el Gobierno decretó la prohibición de las cesantías. Por las características del empleo en blanco y por las mayores posibilidades que se tiene en ese segmento –respecto de otros– de teletrabajar, este es el grupo que resultó con menores daños si se miran las estadísticas, aun cuando a las medidas de pretendida protección se les impuso en no pocos casos el cierre de empresas, sobre todo de pymes.En rigor, el mundo de los asalariados formales en la Argentina tiene un problema de estancamiento que lleva ya más de una década. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en junio último había 5,86 millones de asalariados en el sector privado: 2,7% menos que en febrero de 2020, y 1,6% menos que en junio de 2011. Es decir: actualmente hay menos empleados bajo relación de dependencia del sector privado formal que hace una década.Karina contó que tenía en mente abrir un negocio con su hermana: “Me quedé sin trabajo, así que no pude empezar a ahorrar, ni nada. Pero bueno, ese era un proyecto que tenía, tener una actividad propia”.3. Jaime, cuentapropista informalA sus 29 años, Jaime, también habitante de la zona oeste del conurbano, se dedicaba a hacer por cuenta propia trabajos de albañilería y electricidad. Ocasionalmente, salía con su carro a juntar cartones, comida y todo lo que le parecía útil entre lo que se cruzaba en su camino. Pero su principal fuente de ingresos estaba en su tarea de ayudante en el taller de herrería de un vecino.Nada de eso pudo hacer cuando llegó el aislamiento obligatorio. Solo después de unos meses, le llegó la posibilidad de un trabajo eventual, y se puso a empaquetar en su casa juguetes para una fábrica, una actividad informal y de ingresos bajos. “Son monedas que gano, $0,20 por bolsita (…) y trabajo las 24 horas del día a veces (…); tengo un bebé, no me alcanza la plata, no rinde”, describió.Sin tener por momentos ni para comer, Jaime recurrió a préstamos. “El de Anses me lo están descontando, supuestamente”, dijo, en cuanto a la devolución. Y el de la familia lo devuelve como puede. “Hay muchos que me dicen ‘cuando puedas lo devolvés’ o ‘cuando te acomodes me devolvés’, pero me da cosa, te sentís mal, uno se siente mal, obvio”. Sobre las políticas del Gobierno, Jaime consideraba, al momento de la entrevista, que se estaba haciendo lo necesario para contener la pandemia, pero también que los funcionarios “tendrían que ayudar más a la gente. A la gente que no tiene, ¿no? Obvio… Hay gente que anda en la calle, que no tiene ni dónde dormir. Hay gente que está muy mal. Mucha gente enferma también, que no tenemos ni para comprar medicación y andamos con lo justo”.• UN SECTOR AMPLIO VINCULADO A LA POBREZA. El segmento del cuentapropismo tiene un altísimo nivel de informalidad. Según datos del segundo semestre de 2020 del Barómetro de la Deuda Social de la ODSA (que toma una muestra de 5760 casos en ciudades de 80.000 habitantes y más), del total de ocupados, el 51,5% está en la microeconomía informal: hace actividades no profesionales de forma autónoma, o dentro de pequeñas unidades productivas de baja productividad, alta rotación y baja o nula vinculación con el mundo formal.El cuentapropismo, ampliamente vinculado a la pobreza y la vulnerabilidad, tiene sus expresiones en actividades como la venta ambulante y callejera, el cartoneo y las changasCuando dejó de salir para ir trabajar, Jaime empezó a hacer tareas hogareñas, como cocinar. Al momento de ser entrevistado, no sabía si volvería a tener los trabajos de antes, que incluían el de la herrería.4. Miguel: puntadas con hilo pero sin aportesMiguel, que vive con su mujer y sus dos hijos en la ciudad de Buenos Aires, trabajaba como costurero en un taller textil; tenía una jornada diaria de 12 horas y no estaba registrado. “Cuando empezó la cuarentena se suspendió todo, no se podía salir. No tengo coche”, contó. El empleador dejó de pagarle. ¿Qué sintió? “Incertidumbre; tristeza no. Tengo mi familia, no hay necesidad de estar triste con mi familia”, afirmó. Un par de meses después logró que alguien a quien contactó por internet recibiera los barbijos que había empezado a hacer, para venderlos.Los problemas económicos que describió Miguel tienen que ver con la falta o la insuficiencia de ingresos, pero también, lógicamente, con el incremento incansable de los precios. Cuando se terminó la plata de los ahorros, tuvo que ir varios días con su familia a un comedor, para poder alimentarse. Antes, ya habían cambiado de productos y de marcas para procurar que los billetes rindieran un poco más.La confección de barbijos dejó lugar tiempo después a un trabajo temporal para un taller, y luego a otro. La cantidad de dinero recibida siguió siendo inferior que la percibida por el trabajo perdido en marzo de 2020. Miguel no solo manifestó sus expectativas de conseguir más opciones en los meses siguientes, sino que también expresó su deseo de empezar a trabajar por cuenta propia.Quizá en esa decisión tenga que ver el hecho de que, más allá de la situación del bolsillo, pasó más tiempo con sus hijos. De ellos, le preocupan los efectos de la falta de clases presenciales: “El nivel educativo de mis hijos está perdido este año [por 2020], aunque hayan tenido clases. Por ahí tienen clases por Zoom con una seño que no sé si no le interesa, o por ahí no está adaptada a esto, pero no le interesa, toma lista y chau”. En lo laboral y en lo educativo (que tendrá su impacto en el futuro), Miguel cree que hubo tiempo perdido. “Pero no lo veo tan perdido a nivel de mi familia, en varios sentidos”, dijo. Y agregó: “Son tiempos para pensar, para analizar las cosas (…), para reflexionar qué es lo que realmente puedo hacer y cómo hacerlo”.• UN TERCIO DE LOS ASALARIADOS, SIN APORTES. Los dependientes sin descuento jubilatorio ni de obra social, como Miguel, son, según la EPH del primer trimestre de este año, el 32,4% del total. Ese índice había caído del 35,8% al 23,8% entre el primer y el segundo trimestre de 2020, pero no por una mejora del mercado laboral, sino por la mayor incidencia de los empleos informales en la pérdida de puestos. Y los nuevos que surgen (o se recuperan) en estos tiempos son, por tanto y en su gran mayoría, también informales.El empleo sin registro y, por tanto sin aportes para la jubilación y la obra social, afecta a alrededor de un tercio de los asalariados en la Argentina (archivo/)Problemas de larga dataPara el sociólogo Agustín Salvia, director de la ODSA, una de las principales ideas fuerza que surgen de los diálogos a fondo con trabajadores es “la relativa naturalidad” con la cual se asimila la desprotección estructural, que no solo tiene que ver con los aspectos laborales. “Se valora la asistencia social como una ayuda, pero no como un derecho, ni siquiera como un elemento compensador de derechos”, agregó. Los entrevistados, de hecho, mostraron sus inquietudes y sus esfuerzos por conseguir una ocupación, por lograr una mejor que la que tienen, o por acceder a una que sea formal.Salvia destacó otras dos conclusiones. Una es que la paciencia, la resiliencia y la innovación surgen desde algo que identificó como “una energía moral” muy importante. Y la otra es que se evidencia “la enorme deuda del sistema económico, social y político”, un sistema que parece no encontrarse con las expectativas de al menos gran parte de la población. En un país con persistentes altas tasas de informalidad y pobreza, las conclusiones hablan de un “dar la pelea” no novedoso, aunque sí intensificado por lo atípico de estos años.

Fuente: La Nación

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En un fallo favorable a un colegio de abogados, pero que según se proyecta tendrá efectos no solo limitados a esa institución, la Cámara Federal de Rosario le ordenó a la Anses facilitar y agilizar la obtención de turnos por parte de quienes necesitan tramitar, por ejemplo, altas de jubilaciones y pensiones. Además, los jueces de la Sala A de la mencionada cámara de apelaciones instaron al organismo a disponer que en las unidades de atención al público se trabaje “al máximo que permita el aforo correspondiente” (exceptuando al personal que sea de riesgo) y que los empleados que no estén en forma presencial “presten servicio real diario de forma virtual o remota”.La medida cautelar dictada por los jueces en favor del Colegio de Abogados de Rosario ratifica en líneas generales una que había sido emitida en primera instancia en abril último. El escrito judicial establece que los turnos “para el inicio de las jubilaciones y pensiones y demás trámites” que pidan los abogados “de la segunda circunscripción judicial de la Provincia de Santa Fe (Rosario)” sean otorgados “en un plazo no mayor a 45 días”. En la práctica, según explicó en diálogo con LA NACION Hugo Hernández, presidente del Instituto de Derecho Constitucional del citado colegio, y también según otras fuentes consultadas, los turnos se están dando a 60 días. La demora afecta a por igual a los abogados que actúan en nombre de terceros y a los usuarios que tramitan por cuenta propia sus prestaciones.Para otorgar turnos que permitan ir a sus oficinas, la modalidad aplicada por la Anses es igual para todo el país e incluye a usuarios particulares y a abogados apoderados; por eso, más allá de que sea el colegio profesional de una ciudad determinada el que logró el fallo, se entiende que la solución dispuesta, en caso de cumplirse lo ordenado por los jueces, tendrá en la práctica un alcance general en el sistema.La resolución judicial incluye la orden a la Anses de que disponga un horario fijo y preestablecido, que sea informado a los usuarios, en el cual se acceda diariamente al pedido de turnos desde la web. Según explicó Hernández, desde hace un tiempo los turnos se habilitan, hasta su agotamiento, en horarios diferentes cada día, sin que exista previsibilidad respecto de cuándo se los puede conseguir.En una presentación hecha en el marco de la causa a mediados de agosto, la Anses había pedido que el reclamo se declarara abstracto, en función de las mejoras que, según dijo el organismo, hubo en los últimos meses. Se había argumentado, por caso, que en cumplimiento de una circular interna de junio de este año “todo el personal de este Organismo (salvo las excepciones previstas) ya se encuentra abocado al régimen laboral de presencialidad en los ‘esquemas de burbujas’ de conformidad con los protocolos sanitarios vigentes”. También se había señalado la existencia de mejoras edilicias y de actualizaciones en el sistema de trámites bajo la modalidad virtual.“En el fondo, el problema es la falta de turnos en cantidad suficiente para la demanda que existe –advirtió en diálogo con LA NACION el abogado previsionalista Adrián Tróccoli-. Hubo también amparos individuales para lograr que la Anses los otorgara; pero no puede ser que esa sea la solución; esos reclamos son parte de lo que satura los tribunales”.En uno de sus argumentos de defensa, de hecho, la Anses esgrimió que en junio y en julio no habían existido acciones judiciales para solicitar que se le ordenara al organismo otorgar turnos y atender al público (antes sí los hubo, según se admitió). Sin embargo, según pudo verificar LA NACION, ahora existen reclamos judiciales en curso, en diferentes partes del país, promovidos por personas que no pudieron acceder a la atención por parte del organismo.Los problemas incluyen también al sistema de atención virtual, según las advertencias que hacen desde hace varios meses diferentes instituciones que nuclean a los abogados. “Todo se podría solucionar con el sistema de atención virtual, que en la práctica no funcionó como se esperaba”, sostuvo Tróccoli.Menos jubilados nuevosLas dificultades, que comenzaron cuando la Anses empezó a suspender los turnos y luego cerró sus puertas por la cuarentena, se reflejaron en los números de prestaciones dadas de alta: en todo 2020 se habilitaron 120.390 nuevas jubilaciones, según datos de la Secretaría de Seguridad Social, un número que es inferior a la mitad del promedio anual de nuevos jubilados (248.384) de los tres años previos. Eso fue parte del ajuste fiscal concretado por el gobierno de Alberto Fernández, con el que se afectó el gasto previsional (la otra parte del ajuste fue la actualización insuficiente de los haberes).Recién en el segundo trimestre de este año, a unos 15 meses de la llegada de la pandemia y según se desprende de la estadística oficial, hubo una mejora en los números: en los primeros tres meses del año se otorgaron algo menos de 33.000 altas de jubilaciones, en tanto que en los seis meses transcurridos entre enero y junio los casos fueron 96.258.Las demoras, tanto para conseguir turnos como para concretar trámites de manera virtual, tienen sus consecuencias concretas en los bolsillos de los futuros jubilados, porque desde hace unos años, el día en que se asigna el turno para iniciar el trámite es el día en que comienza a calcularse el haber. Por eso, cuando el beneficio se pone al pago, se abona también el retroactivo, es decir, el monto del ingreso que se acumuló desde que se consiguió el turno (en el caso de la gestión presencial) y el mes en que se cobra por primera vez. Por otra parte, la cifra acumulada no tiene actualización alguna, lo cual provoca que, por la inflación, cuanto más demore en llegar el alta una vez iniciado el trámite, más poder adquisitivo se perderá.Conducta proactivaEn el caso de Rosario, los jueces camaristas Aníbal Pinedo y Fernando Barbará se refirieron, entre las consideraciones del fallo que firmaron, a la necesidad de “pasar de una conducta defensiva [con respecto al Covid-19] a una conducta proactiva”, para “defender la salud humana de las empleadas y empleados públicos, pero también el funcionamiento de las instituciones básicas de estado de derecho”.En el escrito se menciona que en los 9 meses previos a marzo de 2020 se otorgaron en la jurisdicción en cuestión 12.712 turnos para la atención presencial, mientras que entre junio de 2020 y febrero de 2021 se dieron 6439 turnos, y desde el 27 de abril (el día en que la jueza de primera instancia emitió la cautelar a favor del Colegio de Abogados) y hasta el 31 de agosto (5 meses), se concedieron 7154 turnos presenciales para trámites previsionales y 742 turnos virtuales. Esos datos son los que aportó la Anses a la causa. “No obstante -señala el fallo-, los amparistas manifestaron que la proyección de turnos invocada por el organismo ‘…no es lo que se ve en la realidad’”.Además, se señala que antes de la pandemia el plazo de concesión de turnos para ir a las unidades de atención era de 48 horas a 30 días.En la justificación al llamado a regularizar los servicios, el fallo sostiene que “en el carácter de funcionarios públicos, estamos obligados a tener una mirada y una planificación con perspectiva institucional, mayor a la reacción individual que podemos experimentar como simples ciudadanos sin cargas colectivas”. Y se concluye que no puede pensarse hoy en una etapa de “pospandemia”, porque la situación derivada del Covid-19 es “un proceso que va a perdurar, que es continuado y se va a prolongar quizá unos años”.Además, se advierte que está en juego el derecho al acceso a prestaciones sociales “de personas de extrema vulnerabilidad”, en referencia a quienes tienen una discapacidad, cuyos beneficios resultaron especialmente demorados, por la tardanza en el inicio de la atención de las comisiones médicas.Tras mencionar datos expuestos por los amparistas y por el organismo demandado, el juez Pineda concluyó que “el sistema de atención, tanto virtual como presencial, resulta –prima facie- insuficiente para garantizar el inicio de las jubilaciones y pensiones y demás trámites”.Lo que resulta de esta y otras causas, según Tróccoli, es que los abogados y la Justicia tratan de poner las cosas en equilibrio cuando los poderes Ejecutivo o Legislativo se equivocan. “La función del Poder Judicial es poner límites; en este caso puso una obligación mínima, que incluso es menor de la que tendrían que haber dispuesto”, concluyó.Mientras persisten el conflicto por los turnos y las demoras que comenzaron hace un año y medio para quienes necesitan comenzar a cobrar su prestación, ayer la Anses informó que resolvió 25.886 jubilaciones a mujeres, otorgadas mediante el mecanismo de contar años de aportes por hijos según lo dispuesto por un decreto de necesidad y urgencia de mediados de julio de este año. Y se especificó que se iniciaron 46.388 expedientes de esos casos, por lo que ya se le dio finalización al 55%.En uno de los últimos escritos que los representantes del organismo habían elevado a los jueces de Rosario, se indicó que para esos beneficios, que comenzaron a darse poco antes de las elecciones primarias, se implementaron “esquemas extraordinarios de trabajo” con extensión de horarios.

Fuente: La Nación

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A partir de los salarios correspondientes al actual mes de septiembre rige el adicional por antigüedad para las personas que trabajan en tareas de servicio doméstico. El concepto ya figura desagregado en los recibos de sueldo que se generan en la web, y el monto a consignar y a abonar equivale al 1% del salario por cada año de trabajo en un hogar.¿Cómo se aplica el nuevo beneficio en este primer mes de vigencia? Según dispuso la resolución 2 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el pago rige desde el 1° de este mes sin efecto retroactivo. Eso significa que si la persona trabaja en una casa desde hace un año o más tiempo, el empleador deberá adicionar, cada vez que haga un pago, un 1% a la remuneración, sin límites en cuanto a cuál es la jornada laboral horaria o mensual que se cumpla. El concepto abarca a todos los casos.Como no hay efecto hacia atrás, si la relación laboral comenzó hace 4 o 5 años, por ejemplo, la obligación es ahora pagar el 1%. Y luego sí, cada vez que se cumpla un nuevo año, se suma otro 1%, sin tope de tiempo.¿Qué pasa si alguien comenzó a trabajar en una casa, por ejemplo, en abril de este año? En ese caso, el 1% por antigüedad deberá ser agregado en abril de 2022. Así, en cada relación laboral que no tenga todavía un año, el monto deberá calcularse una vez que se llegue a la fecha en que se cumplen los 12 meses.El importe extra, por otra parte, deberá considerarse en el cálculo de conceptos de pago como el aguinaldo o, eventualmente, la indemnización por despido, según aclara Carlos Brassesco, abogado de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares.Nuevos montos de remuneracionesLa entrada en vigencia del adicional coincide con un aumento de 12% que se les aplica a los salarios del sector. Desde este mes, concretamente, en el caso de personal que hace tareas generales, el pago mínimo por hora es de $231,50, en la modalidad con retiro, y de $249,50 si se trata de quien trabaja sin retiro. Y la remuneración mensual básica (por jornada completa) es de $28.457 (con retiro) y de $31.644 (sin retiro).Autos que pagan el impuesto “al lujo”: todos los modelos alcanzadosDados esos montos, si una persona que trabaja con retiro cuenta ya con el año (o más) de antigüedad, deberá adicionarse $2,31 por cada hora abonada, o más, en caso de que el empleador pague por arriba del mínimo establecido (si la cifra es de $270 por hora y se trabajan 48 horas en el mes, el extra será de $129,60). Si se trata de la remuneración mensual básica, el nuevo ingreso será de $284,57 por este mes.Reajustes en las cuotas del seguro de riesgos del trabajoLa suba salarial de este mes llevará, por otra parte, a una actualización del valor de la alícuota a pagar por el seguro de riesgos del trabajo. El incremento de ese costo se efectivizará con el vencimiento que llegará en octubre.Mientras tanto, en el pago que por ese concepto se hace en este mes de septiembre hay una pequeña modificación de la cifra (pasó de $793,16 a $798,83), que responde a otra cuestión: una suba de $39,4 a $45,07 del monto fijo incluido en la cuota del seguro, que se destina al llamado Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales. Según una resolución que el Ministerio de Trabajo emitió en agosto de este año, ese valor, que estuvo congelado durante muchos años y comenzó a moverse a principios del actual 2021, se actualizará ahora trimestralmente, en los meses de enero, abril, julio y octubre. Más allá de ese mecanismo trimestral de reajustes, la normativa estableció un nuevo valor desde este mes. El resto del pago hecho por la cobertura de riesgos del trabajo (es decir, el monto no fijo) se incrementa cada que vez que hay una suba de los ingresos del sector, debido a que su valor -en el caso del personal que trabaja 16 horas o más semanalmente- está definido como el 2,93% de la remuneración mensual del personal con retiro. Por este mes, si bien lo que se abona da cobertura para septiembre mismo, se sigue calculando ese porcentaje sobre los salarios que estaban vigentes hasta agosto, pero en octubre se concretará un reajuste (sin contar la ya mencionada suma fija, la cifra pasará de $753,76 a $833,79).Para el personal que trabaja menos de 16 horas semanales en un lugar, los pagos a la ART de este mes son de $350,34 (menos de 12 horas) y $533,50 (entre 12 y 16 horas).Con una elevada incidencia del trabajo informal, el sector del servicio doméstico resultó muy golpeado por la cuarentena en 2020 y los primeros datos oficiales que se conocen sobre este año muestran que la recuperación ha sido leve. Según surge de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, en el primer trimestre las ocupaciones en esta actividad representaron el 5,4% del total, mientras que en igual lapso de 2020 esa participación era del 7,7%.En números, la estimación es que, solo en los 31 centros urbanos que mide la encuesta oficial, en los primeros meses de este año había 647.028 puestos, un 30% menos que en el período de enero a marzo de 2020, cuando habían sido 927.465. El impacto de la destrucción de fuentes de trabajo fue mucho más pronunciado en el segmento informal.

Fuente: La Nación

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La Cámara Federal de Mendoza resolvió ordenarle a la Anses que aplique un aumento a los haberes de un jubilado, con el fin de evitar que los efectos del ajuste al bolsillo que hizo el año pasado el Gobierno se perpetúen en el tiempo. En otras palabras: los jueces que analizaron la causa “Guerra, Alfredo Antonio c/ Anses s/ Reajustes varios”, resolvieron validar la suspensión de la movilidad durante el año pasado pero, a la vez, dispusieron que el ingreso mensual se incremente de tal manera que, a partir de los ingresos de enero de este año, lo que cobre la persona sea lo que le correspondería percibir en caso de haber seguido vigente la fórmula de actualizaciones de la ley 27.426, aprobada a fines de 2017 durante la gestión de Juntos por el Cambio.El conflicto tiene su origen en diciembre de 2019, cuando el Congreso aprobó, a pedido del presidente Alberto Fernández, la ley 27.541. Entre otros puntos, esa norma suspendió la aplicación de la fórmula de movilidad previsional que había estado vigente en 2018 y 2019. Esa suspensión fue, en principio, por un período de 180 días, pero luego se la prorrogó por decreto de necesidad y urgencia hasta el 31 de diciembre día de 2020. El 4 de enero de este año, en tanto, se puso en vigencia la ley 27.609, con una nueva modalidad de cálculo de las actualizaciones.Mientras duró la suspensión, el Poder Ejecutivo decidió otorgar subas a las jubilaciones de manera discrecional, que resultaron, para todo 2020, de entre 24,3% y 35,3%, dependiendo del nivel de ingresos (el aumento más bajo le correspondió al haber máximo y el más alto, al mínimo). En caso de haberse aplicado la fórmula suspendida, todos los jubilados y pensionados habrían recibido un incremento de 42,1%. Así, mientras que el ingreso mínimo resultó en diciembre de 2020 de $19.035, habría llegado a $19.990 con la ley que se dejó en suspenso. Y el haber máximo, en tanto, habría sido de $146.454, en lugar de los $128.089 que efectivamente se pagaron en ese último mes de 2020 y también en enero y febrero de 2021.La política previsional decidida por el gobierno de Fernández provocó un ajuste para los bolsillos estimado en unos $100.000 millones solamente el año pasado; pero los efectos siguen durante este año y los siguientes, porque los porcentajes de subas que surgen de la nueva fórmula de movilidad se están aplicando sobre haberes más bajos, respecto de lo que serían en caso de no haber mediado la suspensión. Esto último es, justamente, lo cuestionado por los jueces.Según el fallo, cuya argumentación fue dada por el juez Manuel Alberto Pizarro y avalada por Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci, es aceptable que durante el año pasado, mientras estaba declarada la situación de emergencia por la ley de diciembre de 2019, se pagaran esos montos, resultantes de aplicar porcentajes inferiores a los de la fórmula. Pero no fue evaluado como correcto, en cambio, que este año se siga convalidando el ajuste. Y, por eso, se entiende que desde enero último los ingresos mensuales de los jubilados deberían ser equivalentes en sus montos a los que hubieran correspondido en caso de no haber existido la suspensión de la fórmula anterior.Si se siguiera ese criterio, en septiembre próximo el haber mínimo llegaría a $27.223 y el máximo, a $199.442. En cambio, las cifras serán de $25.922 ($1301 menos) y de $174.433 ($25.009 menos), respectivamente. Quien cobraba $30.000 a principios del año pasado tendría un haber de $58.054 (en la práctica, cobrará $52.509) y quien percibía $50.000, uno de $96.756.(recibirá, en cambio, $85.883).Tal como se menciona en la sentencia emitida por la justicia federal de Mendoza, la resolución es muy similar a la dispuesta en junio pasado por la Cámara Federal de Bahía Blanca en la causa “Martínez, Eduardo Rubén c/ Anses s / Reajustes varios”. Allí se le había ordenado a la Anses “integrar el haber previsional de diciembre de 2020 con el porcentaje de incremento que la parte actora haya dejado de percibir en virtud de la suspensión legalmente dispuesta”.Según uno de los argumentos del fallo que favorece al jubilado Guerra, no debe dejar de tenerse en cuenta que “la población afectada está caracterizada por la vulnerabilidad sociológica y jurídica” y especialmente protegida “por el plexo de tratados de los derechos fundamentales” firmados en el plano internacional.También se hace alusión a cuestiones prácticas. Se menciona el caso de la medida que dispuso un congelamiento del valor de los alquileres en el marco de la emergencia por el Covid-19, tras la cual se previó cómo podrían compensarse las consecuencias de esa inmovilidad de los precios, algo que no ocurrió en el caso de los haberes jubilatorios. “La ley 27.541 no da solución al problema, no resuelve cómo se va a abonar a los jubilados lo que no se ha pagado conforme a lo denotado en la ley de movilidad vigente, dejando un vacío que debemos llenar”, sostiene el escrito judicial.Además del de Bahía Blanca, hubo otros fallos sobre el tema. El año pasado se habían conocido sentencias correspondientes a jueces del interior del país, que cuestionaron las decisiones sobre la política previsional del Gobierno: hubo dos dictadas por la Cámara Federal de Paraná (“Cabrera, Roque Agapito” y “Davelles, Javier Federico”), y uno por la Cámara Federal de Salta (“Caliva, Roberto Daniel”).En junio del actual 2021, el juez Ricardo Bustos Fierro, del Juzgado Federal número 1 de Córdoba, declaró inconstitucional que se haya suspendido la fórmula de movilidad durante 2020. Y hasta ahora, en tanto, dos de las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social con sede en la ciudad de Buenos Aires declararon la validez de lo instrumentado por el Gobierno y no hicieron lugar a los reclamos de los jubilados. La última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: La Nación

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La Cámara Federal de Mendoza resolvió ordenarle a la Anses que aplique un aumento a los haberes de un jubilado, con el fin de evitar que los efectos del ajuste al bolsillo que hizo el año pasado el Gobierno se perpetúen en el tiempo. En otras palabras: los jueces que analizaron la causa “Guerra, Alfredo Antonio c/ Anses s/ Reajustes varios”, resolvieron validar la suspensión de la movilidad durante el año pasado pero, a la vez, dispusieron que el ingreso mensual se incremente de tal manera que, a partir de los ingresos de enero de este año, lo que cobre la persona sea lo que le correspondería percibir en caso de haber seguido vigente la fórmula de actualizaciones de la ley 27.426, aprobada a fines de 2017 durante la gestión de Juntos por el Cambio.El conflicto tiene su origen en diciembre de 2019, cuando el Congreso aprobó, a pedido del presidente Alberto Fernández, la ley 27.541. Entre otros puntos, esa norma suspendió la aplicación de la fórmula de movilidad previsional que había estado vigente en 2018 y 2019. Esa suspensión fue, en principio, por un período de 180 días, pero luego se la prorrogó por decreto de necesidad y urgencia hasta el 31 de diciembre día de 2020. El 4 de enero de este año, en tanto, se puso en vigencia la ley 27.609, con una nueva modalidad de cálculo de las actualizaciones.Mientras duró la suspensión, el Poder Ejecutivo decidió otorgar subas a las jubilaciones de manera discrecional, que resultaron, para todo 2020, de entre 24,3% y 35,3%, dependiendo del nivel de ingresos (el aumento más bajo le correspondió al haber máximo y el más alto, al mínimo). En caso de haberse aplicado la fórmula suspendida, todos los jubilados y pensionados habrían recibido un incremento de 42,1%. Así, mientras que el ingreso mínimo resultó en diciembre de 2020 de $19.035, habría llegado a $19.990 con la ley que se dejó en suspenso. Y el haber máximo, en tanto, habría sido de $146.454, en lugar de los $128.089 que efectivamente se pagaron en ese último mes de 2020 y también en enero y febrero de 2021.La política previsional decidida por el gobierno de Fernández provocó un ajuste para los bolsillos estimado en unos $100.000 millones solamente el año pasado; pero los efectos siguen durante este año y los siguientes, porque los porcentajes de subas que surgen de la nueva fórmula de movilidad se están aplicando sobre haberes más bajos, respecto de lo que serían en caso de no haber mediado la suspensión. Esto último es, justamente, lo cuestionado por los jueces.Según el fallo, cuya argumentación fue dada por el juez Manuel Alberto Pizarro y avalada por Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci, es aceptable que durante el año pasado, mientras estaba declarada la situación de emergencia por la ley de diciembre de 2019, se pagaran esos montos, resultantes de aplicar porcentajes inferiores a los de la fórmula. Pero no fue evaluado como correcto, en cambio, que este año se siga convalidando el ajuste. Y, por eso, se entiende que desde enero último los ingresos mensuales de los jubilados deberían ser equivalentes en sus montos a los que hubieran correspondido en caso de no haber existido la suspensión de la fórmula anterior.Si se siguiera ese criterio, en septiembre próximo el haber mínimo llegaría a $27.223 y el máximo, a $199.442. En cambio, las cifras serán de $25.922 ($1301 menos) y de $174.433 ($25.009 menos), respectivamente. Quien cobraba $30.000 a principios del año pasado tendría un haber de $58.054 (en la práctica, cobrará $52.509) y quien percibía $50.000, uno de $96.756.(recibirá, en cambio, $85.883).Tal como se menciona en la sentencia emitida por la justicia federal de Mendoza, la resolución es muy similar a la dispuesta en junio pasado por la Cámara Federal de Bahía Blanca en la causa “Martínez, Eduardo Rubén c/ Anses s / Reajustes varios”. Allí se le había ordenado a la Anses “integrar el haber previsional de diciembre de 2020 con el porcentaje de incremento que la parte actora haya dejado de percibir en virtud de la suspensión legalmente dispuesta”.Según uno de los argumentos del fallo que favorece al jubilado Guerra, no debe dejar de tenerse en cuenta que “la población afectada está caracterizada por la vulnerabilidad sociológica y jurídica” y especialmente protegida “por el plexo de tratados de los derechos fundamentales” firmados en el plano internacional.También se hace alusión a cuestiones prácticas. Se menciona el caso de la medida que dispuso un congelamiento del valor de los alquileres en el marco de la emergencia por el Covid-19, tras la cual se previó cómo podrían compensarse las consecuencias de esa inmovilidad de los precios, algo que no ocurrió en el caso de los haberes jubilatorios. “La ley 27.541 no da solución al problema, no resuelve cómo se va a abonar a los jubilados lo que no se ha pagado conforme a lo denotado en la ley de movilidad vigente, dejando un vacío que debemos llenar”, sostiene el escrito judicial.Además del de Bahía Blanca, hubo otros fallos sobre el tema. El año pasado se habían conocido sentencias correspondientes a jueces del interior del país, que cuestionaron las decisiones sobre la política previsional del Gobierno: hubo dos dictadas por la Cámara Federal de Paraná (“Cabrera, Roque Agapito” y “Davelles, Javier Federico”), y uno por la Cámara Federal de Salta (“Caliva, Roberto Daniel”).En junio del actual 2021, el juez Ricardo Bustos Fierro, del Juzgado Federal número 1 de Córdoba, declaró inconstitucional que se haya suspendido la fórmula de movilidad durante 2020. Y hasta ahora, en tanto, dos de las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social con sede en la ciudad de Buenos Aires declararon la validez de lo instrumentado por el Gobierno y no hicieron lugar a los reclamos de los jubilados. La última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: La Nación

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Entre junio de 2019 y ese mes de este año, el poder de compra de los salarios cayó, en promedio, un 8,9%. La pérdida llegó a 12,6% en el mercado informal, en tanto que para los asalariados del sector privado registrado la baja de los ingresos en términos reales fue de 6,3% y para los estatales, 11,2%. Esos números surgen de cruzar los índices salariales difundidos por el Indec con los de la evolución de precios al consumidor. Si se considera solo el último año, siempre al mes de junio, la reducción del salario real fue de 4,8% en el indicador general, de 6,9% en el segmento de trabajadores no registrados, de 6,5% en la administración pública, y de 3% en el sector privado formal.La pérdida de salario real estimada para los empleados registrados del sector privado utilizando las cifras del Indec no es muy lejana a la que resulta de observar la variación que tuvo la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). El dato de junio le asigna a esa variable un valor de $84.513,57, un 44,8% superior a los $58.361,93 de igual mes de 2020.Frente a una inflación de 50,2%, los números citados en el párrafo anterior indican que este año se pudo comprar un 3,6% menos que en 2020. Dicho de otra forma: si en el primer momento de la comparación una persona tenía ingresos por $100 y con eso compraba bienes y servicios que valían también $100, y si ahora esos productos tienen un precio total de $150,2 y el ingreso pasó a ser de $144,8, entonces se podrá comprar un 96,4% de lo que podía adquirirse en el punto de partida.Ese mismo indicador, el Ripte –difundido por la Secretaría de Seguridad Social–, se duplicó e incluso algo más (creció un 103,2%), medido en pesos corrientes, entre junio de 2019 y el sexto mes de este año. Sin embargo, como la inflación en ese lapso fue de 114,4%, resulta que el ingreso de este año, que nominalmente es el doble del de 2019, sirve ahora para comprar un 5,2% menos.Las comparaciones consideran el índice de precios al consumidor nacional, que incluye los bienes y servicios que el Indec determina en su metodología y que es un parámetro en el que no todos podrían verse reflejados. Cada hogar tiene, lógicamente, sus propios estándares de consumo, más allá de las diferencias que podrían suponerse que existen a grandes rasgos en función del nivel socioeconómico.Los trabajadores del sector informal de la economía, o al menos un grupo de ellos, bien podrían definirse como la contracara, dentro del universo de ocupados, de los que están considerados para la construcción del Ripte (quienes, además de estar registrados, son declarados por sus empleadores por al menos 13 meses en forma continua, es decir que tienen cierta estabilidad). En el sector privado no registrado, en este caso nuevamente según el índice difundido por el Indec, hubo en dos años una caída del salario real de 12,6%, en tanto que la disminución llega a 22,7% si se tiene en cuenta lo acumulado en los tres últimos años. Un dato más: si se observa solo lo ocurrido en el primer semestre de este año, los ingresos de los no registrados –que quedan al margen de las negociaciones paritarias que tomaron mayor ritmo en un año electoral– aceleraron su caída y perdieron un 9,3% en términos reales.Y, si se considera la evolución del costo de la canasta básica de consumo que se usa para definir el umbral de la pobreza, entonces la caída del poder de compra para los informales, desde marzo de 2018 y hasta junio de 2021, fue de alrededor de 33%, según un informe de la consultora Idesa. Ese estudio advierte que la inflación, principalmente la asociada a los productos más básicos, es una “poderosa fábrica de pobres”.Y señala que en reducir los niveles de alzas de precios es donde más debería poner el foco la política, si pretende aliviar los índices de la realidad social, en lugar de concentrarse en planes sociales o en programas de conversión de esos planes en empleos genuinos, en el contexto de una economía que, por sus problemas –como la inflación, justamente–, no genera ocupaciones formales de calidad, menos aún para personas que tienen baja calificación laboral.Sin estabilidadMás allá de que son los más afectados por la caída del poder de compra, los informales están generalmente más expuestos a la falta de continuidad en sus ingresos. Eso se evidenció con fuerza el año pasado, durante la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo. En el segundo trimestre de 2020, la fuerte caída del índice de empleo fue acompañada por una también pronunciada baja del porcentaje de asalariados sin aportes.Lo que hubo detrás de eso fue un pase de miles de trabajadores a la situación de inactividad laboral, al menos en forma temporaria (no pasaron a ser parte de los desocupados porque no declararon estar buscando un puesto, algo lógico por el contexto de restricciones). La tasa de actividad –porcentaje de la población que declara tener ocupación o estar buscando una– se recuperó parcialmente desde el 38,4% del segundo trimestre de 2020, y en los tres primeros meses de 2021 fue de 46,3%, más de un punto por debajo respecto del promedio que tuvo en 2019 y en la primera parte del año 2020.Algo similar pasó con la tasa de empleo: tuvo una recuperación, pero sin llegar a los niveles previos a la pandemia y con una variación del número de puestos que solo fue positiva, en la comparación interanual entre los primeros trimestres de 2020 y 2021, en el caso de los asalariados del sector público y de los monotributistas, según un análisis publicado por la Cátedra Unesco del Instituto Torcuato Di Tella.Claro que ese problema no se limita al corto plazo: según los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino, hoy hay menos asalariados aportantes que 10 años atrás.

Fuente: La Nación

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Por las restricciones en el mercado cambiario, hay jubilados argentinos que viven en el exterior que no pueden acceder a sus haberes mensuales en los países donde residen. Se trata de beneficiarios de las cajas de previsión social a las que aportan y de las que cobran –llegado el momento- profesionales de diferentes rubros y lugares del país. El problema, que lleva varios meses, derivó en algunas medidas cautelares a favor de demandantes, y en al menos una sentencia judicial de fondo (dictada en la causa “Pastormelo Bottega, Graciela Beatriz c/ Banco Central”, en La Plata) que, para el caso en particular, declara “inaplicables” las restricciones impuestas y le ordena al Banco Central permitir la transferencia para que la beneficiaria reciba sus ingresos en euros y en una cuenta bancaria en España, donde vive.“Nosotros abonábamos haciendo depósitos en el país de residencia, según la moneda de cada lugar –explica Gustavo Beveraggi, secretario general de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina-. Eso se complicó por la falta de posibilidad de comprar moneda extranjera y de transferirla”. Entonces, agrega, el dinero se está depositando solo en cuentas locales, pero los recursos no llegan a quienes tienen que llegar. Según Beveraggi, los casos involucrados son alrededor de 200, un número que demuestra que hacer llegar los ingresos en moneda extranjera a los beneficiarios “no es algo que pueda provocar un descalce económico”, más allá de que “no debería impedirse el acceso a un pago del sistema de la seguridad social”.La traba que hoy existe es que, para acceder al mercado de cambios y hacer las transferencias, se les exige a las cajas previsionales que en las decisiones de administración de los recursos de sus afiliados, cuyo valor deben preservar, no hagan operaciones con los llamados dólares financieros.En el caso en particular de quien hizo el reclamo que terminó en la sentencia mencionada, el haber previsional llegaba a destino mediante una operación que concretaba la oficina de Comercio Exterior del Banco Provincia: según se describe en el expediente judicial, la caja jubilatoria en cuestión autorizaba a la entidad bancaria a debitar de su cuenta la suma necesaria para hacer los pagos, en moneda extranjera, a quienes viven en el exterior. Pero, según se señala, luego de haberse abonado los ingresos de junio de 2020, el banco informó que ya no podría hacer esa operatoria, porque antes debía firmarse una declaración jurada y debían aceptarse restricciones para la inversión de los fondos de los afiliados. Mientras tanto, y a diferencia de lo que ocurre en esos sistemas jubilatorios, la Anses está exceptuada, ya desde el inicio de las limitaciones cambiarias, en 2019, de tramitar una conformidad del Banco Central para hacer sus pagos a los no residentes en el país. Según explican en la coordinadora de cajas de profesionales, el organismo nacional deposita los fondos en el Banco Nación, que, a su vez, hace la operación de cambio por cuenta y orden del beneficiario y transfiere los recursos al exterior. “El Banco Nación nos dice que no puede hacer con nosotros ese mismo convenio mientras exista la normativa del Banco Central”, que condiciona la habilitación de las operaciones.La explicación que da el Banco Central es que si las cajas de profesionales no pueden acceder al mercado único libre de cambios (MULC) es porque deciden hacer operaciones con el dólar financiero, las llamadas de contado con liqui o MEP (compra de bonos en pesos para liquidarlos en la divisa estadounidense). “Hacen esas operaciones en sus carteras de inversión y, por hacerlas, no pueden operar en el mercado de cambios hasta 90 días después; es una decisión de las cajas que perjudica a sus beneficiarios”, dijeron a LA NACION desde la entidad.Las comunicaciones del Banco Central de 2019 y 2020 que condicionan el acceso al mercado de cambios incluyen, entre las excepciones, a las que se hagan a nombre de personas “beneficiarias de jubilaciones y/o pensiones abonadas por la Anses” hasta el límite de sus ingresos mensuales, pero no a las realizadas para pagarles a quienes están en otros sistemas. Y la comunicación A7030, por su parte, restringe las operaciones con títulos públicos a quienes pretendan hacer transferencias.Según menciona un proyecto de declaración sobre el tema presentado en el Congreso de la Nación por el diputado Alejandro Cacace (San Luis-UCR) y otros 12 legisladores de Juntos por el Cambio, en la respuesta que dio el Banco Central a un escrito que le elevó la Secretaría de Seguridad Social (ante el reclamo de las cajas), se consignó que se presupone que la operatoria de la Anses, al ser un organismo público perteneciente a la administración central, “no tiene el objeto de eludir las disposiciones del Banco Central”, por lo que en ese caso no se exigen las declaraciones juradas a las que quedan sujetas otras entidades.En la práctica, señalan los legisladores, los requisitos pedidos a las cajas “se transforman en obstáculos casi insalvables para los jubilados y se erigen en trabas a su derecho de acceso a la seguridad social”, que está garantizado por la Constitución Nacional. Según argumenta el escrito, “el artículo 28 de la Constitución Nacional expresa que ‘los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.En rigor, hay convenios bilaterales sobre seguridad social que tienen cláusulas bien específicas sobre el tema. El firmado entre la Argentina y España incluye un artículo que establece que “si se promulgasen en alguna de las partes contratantes disposiciones que restrinjan la transferencia de divisas, ambas partes adoptarán de inmediato las medidas necesarias para garantizar la efectividad de los derechos derivados del presente convenio”.Argumentos de la JusticiaEse acuerdo entre ambos países está citado entre los fundamentos de la sentencia de fondo dictada en julio pasado en favor de Graciela Beatriz Pastormelo Bottega, residente en España y beneficiaria de la Caja de Previsión Social y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires. Según entendió el juez Alberto Osvaldo Recondo, del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N° 4, la normativa dictada por el Banco Central “colisiona con una norma de jerarquía superior, como es el Convenio de Reciprocidad Bilateral” que fue firmado en 1991 por la Argentina y España.“Los convenios suscriptos con potencias extranjeras, aprobados por el Congreso de la Nación, poseen jerarquía superior” a las disposiciones internas, señala el fallo, que también cita el artículo 14 bis de la Constitución, en la parte que establece que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrán carácter de integrales e irrenunciables”. Además, se recuerda el rasgo alimentario de la prestación a la cual, según lo expresado en la demanda, la jubilada no pudo acceder durante por lo menos 8 meses.En la causa también se cuestiona la discriminación entre diferentes sistemas previsionales. Concretamente, se indica que la distinción que hace la comunicación del Banco Central A 6855 a favor de los beneficiarios de la Anses “resulta contraria al principio de igualdad contemplado en la Constitución Nacional”.La resolución de la causa en primera instancia –ahora está apelada y esperando la sentencia de cámara- indica que el Banco Central debe “arbitrar las autorizaciones del caso, de orden interno y ante la caja depositante y la entidad bancaria depositaria, a los efectos de que la actora perciba en su cuenta bancaria de España -tal como venía sucediendo con anterioridad a la normativa reseñada- sus haberes previsionales en la moneda de circulación de residencia actual (euros)”.Sobre el tema hubo también algunas medidas cautelares en Mar del Plata, tanto en primera instancia como en la cámara que recibe las apelaciones.

Fuente: La Nación

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