LA PLATA.- En una resolución que expone las deficiencias de la investigación llevada adelante por el crimen de Johana Luján Ramallo, la joven desaparecida el 26 de julio de 2017 cuyo cuerpo mutilado fue hallado meses después en la costa de Berisso, el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal N°1 de esta capital, realizó una revisión integral del expediente y ordenó una serie de medidas en busca de reactivar la causa, que no tiene imputados ni contaba, hasta ahora, con una hipótesis firme que la guíe.Con la intención de relanzar la investigación, Ramos Padilla sugirió profundizar las indagaciones alrededor de la “zona roja” platense, donde la joven, de 23 años, fue vista con vida por última vez. El magistrado encontró inconsistencias en varios testimonios vinculados al mundo de los proxenetas que mantenían contacto con la víctima, sobre los que consideró importante ahondar. A su vez, pidió prestar especial atención a la actuación de los efectivos de la comisaría 9ª, con jurisdicción en la “zona roja”, y a todo lo concerniente a la comercialización de estupefacientes que, tal como surge de muchos de los testimonios incorporados en la causa, prolifera en ese espacio donde grupos de mujeres, travestis y trans ejercen la prostitución.Ramos Padilla, exjuez federal de Dolores, asumió formalmente al frente del caso en marzo último, a poco de hacerse cargo del juzgado que se hallaba vacante a raíz del fallecimiento, en 2014, de Manuel Humberto Blanco. Sabía que tendría por delante un año difícil: ese tribunal tiene a su cargo la competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires, donde reside nada menos que el 40% del padrón nacional. Por eso, antes de abocarse a los temas vinculados con los próximos comicios, que lo absorberán casi por completo, quiso encausar los casos más complejos y urgentes que tramitan en el juzgado, según confiaron a LA NACION fuentes tribunalicias.Johana Ramallo, desaparecida en La Plata el 26 de julio de 2017Uno de esos casos “calientes” es el homicidio de Johana Ramallo, cuyo esclarecimiento se convirtió en una de las banderas de movimientos feministas y organismos de derechos humanos. Originalmente la causa fue radicada en la justicia ordinaria y recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2, conducida por la fiscal Betina Smolej de Lacki, quien enderezó una búsqueda de paradero.Tras dos meses de discusión, la presión de los abogados de los familiares de la víctima consiguió que la investigación pase a la justicia federal, encuadrada como un caso de infracción a la ley N° 26.364, que desde 2008 busca prevenir y sancionar la trata de personas, además de asistir a las víctimas.Tras la muerte de Blanco, la investigación pasó por los despachos de dos jueces subrogantes: Ernesto Kreplak y Adolfo Gabino Ziulu. Ninguno logró que la causa registrara el más mínimo avance. A su vez, la representación de la víctima, hoy asumida por las abogadas Valeria Moneta y María Inés Lopisi, también tuvo vaivenes y desacoples, y un constante cambio de abogados. Cumplieron ese rol Víctor Hortel, Silvina Perugino, Josefina Rodrigo, Luz Santos Morón y Pía Garralda. Incluso llegaron a intervenir, aunque fugazmente, representantes de la Fundación María de los Ángeles, que preside Susana Trimarco, madre de Marita Verón.Hoy el expediente 76789/2017, que acumula más de 70 mil fojas en más de 45 cuerpos, no tiene imputados ni sospechosos. En la instrucción se describen decenas de allanamientos, escuchas telefónicas, seguimientos encubiertos, rastrillajes, operativos con perros entrenados, además de cientos de declaraciones testimoniales que, hasta ahora no han permitido delinear un camino certero para una pesquisa establecida alrededor de una oscura trama en la que se conjugan, en dosis aún difusas, prostitución, narcomenudeo, marginalidad extrema y abandono.Como primera medida, Ramos Padilla reunió al grupo de instructores de su tribunal y les pidió el máximo empeño en la pesquisa. También recibió a los familiares de la joven, ante quienes se comprometió a redoblar todos los esfuerzos para la resolución de la causa. En ese encuentro escuchó la sospecha de Marta Ramallo, madre de Johana, sobre la intervención en el hecho de una red de trata en el contexto de un complejo entramado de intereses que, según su opinión, incluiría la complicidad policial. Esa hipótesis, sostenida desde el comienzo por los allegados a la víctima, no logró constituirse en una línea de investigación firme por falta de las pruebas necesarias.Marta Ramallo busca a su hija JohanaEntre las fojas de la causa, a la que accedió LA NACION, hay muchos testigos vinculados con la actividad de la “zona roja” que tienen como común denominador una obstinada reticencia en sus testimonios. Las patrocinantes de la familia de la víctima aseguran que en muchos aspectos la instrucción presenta severas irregularidades.Una de las mayores anomalías tiene que ver con el hallazgo del cuerpo, que fue encontrado esparcido en la costa de Berisso a mediados de 2018. Sin embargo, y por razones que hasta el momento nadie ha logrado explicar, el reconocimiento de esos restos solo se consiguió en abril del año siguiente. Recién el 21 de diciembre pasado Marta Ramallo pudo inhumar los restos de su hija.El foco en la “zona roja”La mirada del juez coincide con la de las abogadas Moneta y Lopisi, quienes insisten en la necesidad de trabajar sobre la “zona roja”; están convencidas de que allí hay quienes tienen información sobre lo ocurrido, pero también mucho miedo, lo que les impide revelarlo. Por eso, las letradas el año pasado hicieron hincapié en el fortalecer la oferta de una recompensa ($500 mil) a través del programa Buscar del Ministerio de Seguridad que permitiría, a través de la línea gratuita 134, recibir datos sobre el delito y sus posibles responsables. Dispuesta a través de la resolución 436/2020, fijó un premio dinerario para aquellas personas que “sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para obtener información acerca de las circunstancias de la desaparición y muerte de la víctima Johana Luján Ramallo, como así también datos que sirvan para lograr la aprehensión de los autores del homicidio de la nombrada Ramallo”.La sospecha es que Johana fue víctima de una red de trata. Para Marta Ramallo, madre de la joven, y para sus abogados, la ausencia de pistas certeras en el caso, ya a un año de la desaparición, daba fuertes indicios en este sentido. “La capacidad de encubrir eficazmente hasta la menor de las pistas nos hace pensar que estamos frente a una organización de trata”, dijo a 0221.com.ar el letrado Víctor Hortel, que en aquellos días era el querellante.Johana habitó desde muy pequeña el mundo de la calle y las vulnerabilidades que esta provoca. Acompañaba a su madre -y a sus hermanos, a medida que fueron llegando- a vender baratijas, lavar coches o pedir limosna en bares y restaurantes cercanos a la Legislatura de la provincia, en el centro de La Plata.Su deriva la llevó a incursionar en el mundo de las adicciones, que la depositó en la Plaza Matheu, epicentro de la “zona roja”, donde muchos jóvenes de ambos sexos consiguen sustancias a cambio de favores sexuales debido a la falta de recursos para pagarlas. De ese modo son introducidos al mundo de la prostitución. Esa vorágine envolvió a Johana y alimenta las sospechas de la familia sobre la intervención de una red de trata.Esa sospecha se nutre de un combustible estadístico: según datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dependiente del Ministerio Público Fiscal, relevados a partir de llamados al número gratuito 145 habilitado en todo el país para denunciar casos de trata de personas, La Plata se encuentra entre las ciudades con mayor cantidad de denuncias por ese tipo de hechos en los últimos cuatro años.La madre de Johana Ramallo se mantiene firme al hablar de las muchas dificultades que encuentra en la búsqueda (Lisandro Amado/)Ante familiares y allegados, el juez Ramos Padilla se comprometió a reactivar la investigación y desplegar una nueva perspectiva con base en una profunda reevaluación de lo hecho y lo colectado, según reveló un testigo de ese encuentro. Así, decidió entregar -bajo estricta supervisión- la instrucción al fiscal Guillermo Ferrara y dar intervención a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que conduce la abogado Mariela Labozzetta. En estos días se espera en las oficinas del juzgado platense un primer informe del trabajo de la UFEM.Sumida en un dolor profundo, Marta, la mamá de Johana, fue contenida por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que incluso le ofreció trabajo en la unidad académica a partir del impulso de la exsecretaria de Género de la unidad académica, Flavia Delmas, quien hoy continúa en la misma cruzada desde la conducción de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio del flamante Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual.El caso de la muerte de Johana fue tomado con fuerza por numerosos colectivos en defensa de los derechos humanos y, en especial, por grupos con militancia feminista y colectivos que trabajan con la problemática de la trata y la diversidad sexual. El rostro de Johana se convirtió, rápidamente, en un emblema de la cada vez más fortalecida lucha contra las injusticias que el modelo social y económico reserva adicionalmente a las mujeres. Grupos de activistas repiten cada mes el reclamo mediante marchas y radios abiertas y lograron visibilizar la historia a través de los medios de comunicación.
Fuente: La Nación