El decreto 191/2021 de promoción de empleo en las provincias del norte, al que se agregó San Juan a último momento, es otra muestra de la vocación del Gobierno de insistir en políticas anacrónicas y fracasadas.En efecto, durante la dictadura militar se aprobó un régimen de promoción industrial para La Rioja, luego extendido a las provincias de Catamarca, San Juan y San Luis. Con casi 30 años de vigencia, sirvió para promover corruptelas, evasión fiscal, fábricas con ruedas o la instalación de galpones que simulaban ser fábricas, pues las empresas en muchos casos seguían produciendo en sus plantas tradicionales.Por otra parte, produjo distorsiones como la competencia desleal con otras provincias como el caso de Mendoza. Esta provincia llevó su reclamo ante la Corte Suprema, luego desistido con un acuerdo entre el entonces gobernador Julio Cobos y el expresidente Néstor Kirchner, en el que el Estado nacional se comprometió con el financiamiento de Portezuelo del Viento para compensar a ese distrito por los perjuicios ocasionados por ese régimen fallido.Las armadurías de aparatos electrónicos en Tierra del Fuego son otro ejemplo de políticas erradas que solo benefician a empresarios ligados el poder y perjudican a los consumidores, obligados a comprar bienes más caros y en muchos casos de tecnologías obsoletas.El régimen propuesto ahora por un decreto, cuando debería ser tratado en el Congreso, establece reducciones en los aportes previsionales de los trabajadores y ha provocado quejas en Mendoza, incluso en dirigentes del oficialismo nacional, temerosos de otro ciclo de perjuicios para esa provincia como lo fue la promoción industrial de los años setenta y que se verifica en estadísticas sobre creación de empleo y de emigración de empresas desde esa provincia.En vez de fomentarse políticas para el desarrollo productivo, se desalentó la inversión en infraestructura y bienes de capital, derrochando esos recursos en gastos improductivos, sobrecostos en obras públicas y de escasa rentabilidad social.Es necesario promover políticas para lograr un desarrollo equilibrado y posibilitar el poblamiento de vastas regiones deshabitadas. Para eso se requieren profundas reformas en las provincias donde el empleo público, las falencias en el funcionamiento del Estado, la falta de seguridad jurídica y garantías de los derechos de propiedad desalientan las inversiones.A estos problemas se agregan los costos logísticos por las carencias en la infraestructura de transporte y los costos eléctricos que triplican los del área metropolitana de Buenos Aires. Las provincias más lejanas de los grandes centros de consumo y de los puertos soportan un impuesto extra, que es el impuesto a la distancia. Las retenciones a las exportaciones son otra forma de extraer de los pobladores de las provincias recursos que promoverían inversiones y fuentes de trabajo, pero que se desvían para financiar las ineficiencias del gasto público nacional.Como toda la economía nacional, lo que necesitan las provincias es moneda sana que permita recuperar el ahorro y el crédito, y una educación de calidad, porque no hay desarrollo sin calidad educativa, energía, reducción de costos logísticos y reforma fiscal. En las provincias andinas, riego, acceso a los puertos del Pacífico, explotación de los recursos naturales como la minería no contaminante y mayor valor agregado a sus producciones tradicionales son algunas sendas para crecer.Mendoza es una demostración de que es posible el desarrollo a pesar de sus condicionamientos geográficos, la aridez del territorio, las retenciones a sus exportaciones y las políticas nacionales discriminatorias.Más allá de las políticas nacionales para salir de la pobreza, las reformas deben iniciarse en cada una de las provincias, pues las encaradas desde los años setenta sólo benefician a los allegados al poder político y siguen dejando en la pobreza a la mayoría de la población.
Fuente: La Nación