Decía Alfonsín que con la democracia se come, se cura y se educa. En el contexto de la retórica es una buena afirmación, pero no deja de ser un sofisma, es decir, una verdad aparente. La democracia, como sistema político en el que todos somos titulares del poder de mando, nos brinda el maravilloso escenario para que podamos elegir a los representantes que lo ejercen, pero son ellos quienes en realidad deben recrear las condiciones sociales y económicas adecuadas para que cada uno tenga la posibilidad de proveerse los medios alimenticios, curativos y educativos. La democracia no es mágica; es nada más, y nada menos, que un buen ámbito en el que el pueblo tiene la posibilidad de decidir quién lo representa sobre la base de las propuestas que realizan los partidos políticos, a los que la Constitución Nacional les garantiza la facultad de postular candidatos para ocupar cargos públicos, siendo las internas el escenario en que los afiliados los seleccionan. Así funcionaba, hasta 2009, este razonable sistema de elección de candidatos por parte de las agrupaciones políticas, y era lógico que los eligieran en internas cuyas características ellos mismos decidían. En este contexto, fue siempre normal y habitual que los partidos políticos se inclinaran por realizar internas cerradas, es decir, exclusivas para los afiliados; sin embargo, en 2009 se sancionó la ley 26.571, que cercenó la libertad de los partidos políticos para elegir el modo de designar a sus candidatos, y los obligó a realizar internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Desde entonces se les ha cambiado el nombre a las tradicionales internas, al denominarlas “primarias”, tal como se las conoce en los EE.UU., y se dispuso que sean abiertas, porque en cada partido político pueden votar no solo los afiliados a él, sino cualquier elector, aun cuando esté afiliado a otro partido; simultáneas, porque todas las agrupaciones políticas deben realizar sus internas el mismo día, y obligatorias, no solo porque todos los electores están obligados a votar, sino también porque los partidos políticos no pueden eludirlas, ni aun cuando no existiera más de una fórmula presidencial o más de una lista de diputados y senadores. Asimismo, en función del sistema federal que rige en la Argentina, cada provincia tiene la potestad de decidir si, para la elección de sus propias autoridades, los partidos políticos deben, o no, desarrollar internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Con este esquema nacieron las conocidas PASO, cuya ley de creación es a mi juicio inconstitucional. En efecto, si bien podría considerarse que la ley que implementó estas primarias constituye una reglamentación del artículo 38 de la Constitución Nacional, entiendo que ha incurrido en un exceso reglamentario por dos motivos: primero porque al imponer a los partidos políticos (“instituciones fundamentales del sistema democrático” según nuestra carta magna) una determinada forma para elegir a sus candidatos a ocupar cargos públicos, ha violado irrazonablemente la libertad que el constituyente les ha asignado en ese sentido, y segundo, porque ha reglamentado también en exceso los derechos políticos de los electores independientes, al obligarlos a inmiscuirse en internas de partidos políticos a los que no pertenecen. Es razonable que los partidos políticos hagan sus propuestas de ideas, decidan cómo seleccionar a sus candidatos, y que luego el pueblo ejerza el poder soberano de elegir, en elecciones generales, a quien le parece más apto; pero no lo es, en cambio, obligar a los partidos a seleccionar a sus candidatos de determinada manera, ni obligar a los electores a votar en internas de agrupaciones de las que no forman parte. Las PASO han desvirtuado el principal objetivo que un ciudadano tiene cuando se afilia a un partido, cual es el de tener una participación exclusiva en la elección de los representantes que postula; por ello, sin poner en duda la importancia que las internas tienen para oxigenar de democracia a las agrupaciones políticas, es indispensable devolverles la libertad de decidir cómo seleccionar a sus candidatos, y erradicar la obligatoriedad de los electores de tener que participar necesariamente en sus internas. ßAbogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional UBA
Fuente: La Nación