“Las autoridades militares no dan muestra de reducir su brutal represión”, lamenta la oficina de Derechos HumanosMADRID, 11 May. 2021 (Europa Press) -La oficina de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado que, cien días después de que las Fuerzas Armadas diesen un golpe de Estado en Birmania, la represión no cesa y son ya más de 780 las personas que han pedido la vida en un contexto de “graves” abusos, por lo que ha solicitado “una mayor implicación internacional” para calmar la crisis.”Las autoridades militares no dan muestra de reducir la brutal represión de la oposición en un intento por consolidar su poder”, ha señalado el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, al hacer balance de lo ocurrido en las principales ciudades de Birmania desde el 1 de febrero, cuando las Fuerzas Armadas depusieron al Gobierno de Aung San Suu Kyi.El “movimiento de desobediencia civil” tampoco cesa, lo que se ha traducido en choques constantes que suman ya “al menos 782” fallecidos, según un balance elaborado a partir de “fuentes creíbles” y que Colville ha atribuido al uso “innecesario, desproporcionado y letal” de la fuerza por parte de las autoridades.También persisten las redadas contra la oposición, hasta el punto de que serían ya “más de 3.740” las personas actualmente detenidas. La ONU se muestra “profundamente alarmada” por el hecho de que se desconozca el paradero de cientos de estas personas y concluye que podrían tratarse de “desapariciones forzadas”.”De quienes están bajo custodia, la gran mayoría no ha comparecido ante un juez, mientras que la mayoría de los 86 procesados hasta ahora han sido juzgados en secretos, con ningún acceso o limitado a cualquier forma de asesoría legal”, ha lamentado Colville, que ha confirmado al menos 25 condenas a muerte “unas 20 de ellas tras juicios ‘in absentia'”.La presión trasciende a las propias manifestaciones, con más de 1.560 órdenes de arresto contra activistas, sindicalistas, periodistas, académicas y personalidades públicas, y tácticas de “presión” que incluyen el traslado de familiares de personas huidas en busca de rendiciones voluntarias.Además, en un intento de que los funcionarios vuelvan al trabajo y depongan cualquier posible paro, la junta militar ha apartado a más de 3.000 trabajadores, de los cuales casi un 70 por ciento serían mujeres, si bien la cifra podría ser mucho mayor. “Hay informaciones de que hasta 11.000 más trabajadores docentes fueron suspendidos el lunes”, ha apuntado Colville.El papel internacionalPara Naciones Unidas, “está claro que es necesaria una mayor implicación internacional” con la que evitar que la situación de Derechos Humanos en Birmania empeore “aún más”. Colville ha afirmado que la junta militar no ha hecho ningún gesto para cumplir el plan de cinco puntos que aprobó la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en abril y que planteaba, entre otras cuestiones, el cese inmediato de la violencia.”Instamos a la ASEAN a reaccionar rápidamente e intensificar sus acciones”, de tal forma que se pueda garantizar que las Fuerzas Armadas “cumplen sus compromisos” y que, de no hacerlo, rindan cuentan por sus incumplimientos, ha añadido el portavoz.Asimismo, ha reclamado “protección y apoyo” para quienes huyen de Birmania, especialmente ante el temor por los efectos colaterales de la “intensificación” del conflicto entre las autoridades militares y algunos grupor armados en estados como Kachin y Kayin.
Fuente: La Nación