Por Luis Jaime AcostaBOGOTÁ, 1 ago (Reuters) – La Fiscalía General de Colombia
anunció el domingo que imputará cargos a un excomandante del
Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en 104
ejecuciones extrajudiciales, incluidas cinco menores de edad, en
uno de los casos más notorios de violaciones de derechos humanos
en el país.La acusación contra el general retirado Mario Montoya se
relaciona con casos que habrían ejecutado tropas del Ejército
entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008, cuando estaba
vigente una directiva del Ministerio de Defensa y del Comando de
las Fuerzas Militares que dejó de priorizar las bajas en
combate, para privilegiar la desmovilización y las capturas.Sin embargo, la Fiscalía evidenció de que las ejecuciones
extrajudiciales continuaron y que Montoya, de 72 años, incentivó
una política de premios como condecoraciones y permisos por
resultados operacionales a oficiales, suboficiales y soldados,
por lo que le imputará cargos por homicidio agravado.”El material de prueba indica que el general Montoya
comunicó las directrices del Ministerio de Defensa y del Comando
General de las Fuerzas Militares a las unidades del Ejército,
pero no las aplicó, es decir, siguió evaluando a los comandantes
por la cantidad de muertes en combate reportadas”, dice un
documento de la Fiscalía al que tuvo acceso Reuters.”El general Montoya continúo ejerciendo presión a todos los
comandantes del país para que cumplieran su política de
resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran
el único criterio para evaluar la campaña”, agrega el documento.Si bien Montoya se acogió en 2018 a la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP), la Fiscalía mantiene la competencia de casos
relacionados con el conflicto armado ocurridos hasta el primero
de diciembre de 2016, siempre que no se tomen decisiones de
fondo.El oficial en retiro, quien está en libertad, fue comandante
del Ejército entre 2006 y 2008.La JEP reveló recientemente que al menos a 6.402 personas
que fueron asesinadas por efectivos militares y presentadas
falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008, durante los dos
mandatos del expresidente Álvaro Uribe. Pero grupos de derechos
humanos aseguran que la cifra de víctimas podría ser mayor.Decenas de oficiales del Ejército detenidos y condenados por
su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP
en busca de penas más leves que las que les corresponderían en
el sistema de justicia ordinario a cambio de verdad, justicia,
reparación y no reparación.La JEP es parte del acuerdo de paz firmado en 2016 con la
desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) para poner fin a un largo conflicto armado
interno que ha dejado más de 260.000 muertos y que permitió la
desmovilización de unos 13.000 miembros del grupo rebelde, pero
algunos rechazaron el pacto y continúan con la lucha armada.”Se trata de un paso importante para el derecho a la verdad
de las víctimas”, dijo en Twitter el director de Human Right
Watch, José Miguel Vivanco, quien advirtió que “esta imputación
hoy es mayormente simbólica” debido a la competencia de la JEP.En la justicia ordinaria Montoya podría ser condenado hasta
50 años de prisión, pero bajo la JEP recibiría una sanción de
cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad en
establecimientos no carcelario.
(Reporte de Luis Jaime Acosta
Editado por Javier López de Lérida
)
Fuente: La Nación