Tardanza en declarar el estado de emergencia, trabas burocráticas en la Organización Mundial de la Salud (OMS), debilidad y falta de autonomía política y financiera, no basarse en las evidencias científicas y dejar de lado enseñanzas del pasado, inequidad y falta de preparación son algunos de los errores que identificó un panel independiente de 13 expertos al revisar lo actuado hasta ahora en esta pandemia que, calcularon, habrá tenido un impacto económico mayor que el de la Segunda Guerra Mundial.Copresidido por Helen Clark, exprimera ministra de Nueva Zelanda, y Ellen Johnson Sirleaf, expresidenta de Liberia, el grupo pasó los últimos ocho meses analizando rigurosamente las pruebas de cómo la enfermedad se extendió por todo el globo, y cuáles fueron las respuestas mundiales y nacionales. Hoy dan a conocer sus conclusiones y recomendaciones, que adelantaron a un grupo internacional de periodistas, en el informe: “COVID-19: que sea la última pandemia”.“El fracaso ante este virus que ya causó más de 3,3 millones de muertes se debe a una miríada de fallas –dijo Sirleaf, durante la presentación–. En parte, faltó aprender del pasado. Hay muchas revisiones de crisis sanitarias previas que incluyen recomendaciones sensatas; sin embargo, están juntando polvo en sótanos de las Naciones Unidas. Muchos expertos advirtieron que una pandemia era inminente y que los países debían prepararse, y sin embargo, aquí estamos. Nuestro informe muestra que la mayoría de los países no habían fortalecido sus sistemas ni invertido lo suficiente en recursos humanos y materiales (…) Los médicos actuaron rápido cuando detectaron una neumonía desconocida en pacientes. En Wuhan, los laboratorios actuaron rápido y los medios mostraron los beneficios de la velocidad en la difusión de las noticias, pero luego los sistemas que debían validar y responder a esta alerta fueron demasiado lentos. No actuaron lo suficientemente rápido para enfrentar a un patógeno respiratorio”.El “Panel Independiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia” fue creado por el director general de la OMS en respuesta a una resolución de la Asamblea de la Salud en la que se pedía una revisión imparcial y exhaustiva de las experiencias adquiridas, y las enseñanzas que surgen del año último. Sus conclusiones no son concesivas. El informe evalúa que el sistema vigente no es el adecuado para prevenir la propagación de un patógeno altamente transmisible, el tiempo que transcurrió entre que se notificaron los primeros casos de una neumonía atípica (a mediados de diciembre) y la declaración del estado de emergencia de salud pública internacional fue demasiado largo, que febrero fue un mes perdido durante el cual muchos países podrían haber tomado medidas para contener el SARS-CoV-2 y evitar la catástrofe sanitaria, social y económica mundial que todavía persiste.Helen Clark, exprimera Ministra de Nueva Zelanda y copresidenta del Panel Independiente convocado por la OMS“Los procedimientos y regulaciones con las cuales se maneja la OMS no son conducentes para enfrentar una pandemia de estas proporciones –dijo Clark–. Creemos que s la emergencia pública de preocupación internacional podría haberse declarado el 22 de enero. Febrero fue una oportunidad perdida, porque numerosos países preferirieron ‘esperar y ver’. Algunos, hasta que no se llenaron las camas de UTI no actuaron y para entonces ya fue muy tarde. En ese momento, en lo concerniente a equipos de protección personal y recursos terapéuticos, fue como en el juego de ‘el ganador se lleva todo’, y las infecciones y muertes se dispararon. También notamos que hubo otros que negaron la gravedad de la enfermedad, sembrando de ese modo desconfianza hacia la ciencia entre sus ciudadanos. Eso tuvo consecuencias mortales”.Pero además de identificar errores, los integrantes del Panel hicieron una serie de recomendaciones, y proponen una ambiciosa reforma del sistema de alerta y respuesta a brotes potencialmente pandémicos que otorgue mayor autonomía política y operativa a la Organización Mundial de la Salud.Entre otras, figuran:–Establecer un Consejo Mundial sobre Amenazas para la Salud y que se adopte una convención marco sobre pandemias en los próximos seis meses.–Que los principales países productores de vacunas y los fabricantes se reúnan, bajo la órbita de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio, para acordar la concesión voluntaria de licencias y la transferencia de tecnología. Si no se toman medidas al respecto en un plazo de tres meses, debería entrar en vigencia inmediatamente una exención de los derechos de propiedad intelectual.–Que el G7 se comprometa ya a proporcionar el 60% de los US$ 19.000 millones que se necesitan para la producción de vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos, y para el fortalecimiento de los sistemas de salud.–Que se establezca un nuevo sistema mundial de vigilancia basado en total transparencia, que proporcione a la OMS la autoridad para publicar información sobre brotes potencialmente pandémicos sin necesidad de aprobación de los países miembros, y la potestad de enviar rápidamente expertos a investigar.–Que se cree un mecanismo internacional de financiación que tendría la capacidad de movilizar contribuciones a largo plazo de entre US$ 5.000 y US$ 10.000 millones anuales para financiar la capacidad de respuesta continua. También debería estar preparado para desembolsar entre US$ 50.000 y US$ 100.000 millones a corto plazo en caso de declaración de pandemia.“Un nuevo patógeno podría emerger en cualquier momento –destacó Clark–. Se necesita un liderazgo más fuerte. Creemos que la OMS es débil y necesita verdadera independencia política y financiera. Debería tener el poder de investigar brotes rápidamente, con derecho de acceso garantizado y con la posibilidad de publicar información sin la aprobación de los estados miembros. Debería aplicarse el principio precautorio cuando fuera necesario, como en el caso de las infecciones respiratorias. Estamos convocando a la organización a explicitar metas y puntos de referencia cuantitativos para la preparación y respuesta frente a una amenaza global”.El Panel también llama a las naciones de altos ingresos, que cuentan con una reserva de vacunas suficiente para una cobertura adecuada, a comprometerse a proporcionar a los 92 países de ingresos bajos y medios al menos mil millones de dosis de vacunas de aquí a septiembre de este año. Y mil millones más para mediados del año próximo.Sirleaf subrayó: “Nuestro mensaje es simple y claro: el sistema actual falló y si no actuamos para cambiarlo ahora, no nos protegerá de la próxima amenaza pandémica, que podría ocurrir en cualquier momento. Las estanterías de los archivos de las Naciones Unidas y de las capitales de los países están llenas de informes y revisiones de crisis de salud. Si se hubieran atendido sus advertencias, habríamos evitado la catástrofe en la que nos encontramos hoy. Esta vez debe ser diferente”.El reporte y las recomendaciones, junto con una serie de documentos de referencia que incluyen la cronología autorizada de lo ocurrido, resume la culminación de múltiples revisiones documentales, investigaciones originales, debates con expertos en mesas redondas y entrevistas en profundidad.Se calcula que por esta crisis sanitaria hasta 125 millones de personas se vieron empujadas a la pobreza extrema, que la violencia doméstica y de género alcanzó niveles sin precedente, y que 72 millones de niños en edad escolar corren el riesgo de no volver a la escuela. Además, en 2020, el mundo perdió US$ 7 mil millones, más que el PBI de todo el continente africano en 2019. “La pandemia provocó la conmoción más profunda en la economía mundial desde la Segunda Guerra Mundial”, afirman los expertos.Entre los aciertos, mencionan el trabajo de médicos, parteras y trabajadores comunitarios que tomaron grandes riesgos y siguen haciéndolo, los beneficios del acceso abierto al conocimiento y la colaboración. “Hubo también países de distintos niveles de ingresos y sistemas políticos que respondieron bien en los primeros 90 días –concluyó Sirleaf–. Fueron aquellos que se basaron en las evidencias y comprometieron a sus comunidades a través de una comunicación transparente”.
Fuente: La Nación