CÓRDOBA. En los próximos días comenzarán las indagatorias a ocho detenidos acusados de integrar una presunta asociación ilícita que cometió un grave delito contra la salud pública: la venta de carne en mal estado, proveniente del faenamiento clandestino de vacunos. El caso data de 2019, cuando Gendarmería secuestró casi tres toneladas de productos que eran preparados en la zona de San Francisco, en esta provincia, y vendidos en Frontera, Santa Fe.En aquella oportunidad, los operativos los realizó Gendarmería con el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba, Bromatología de la Municipalidad de San Francisco y el Senasa: además de la carne secuestraron armas, celulares, vehículos y freezeres con carne, químicos y otros elementos significativos para la causa.La fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni confirmó que hay ocho imputados (cuatro de ellos, carniceros), que tuvieron diferentes roles en el caso que se investiga: están quienes conseguían los animales en los campos, en especial, en una cremería abandonada en Colonia San Pedro. Los animales estaban muertos, no aptos para el consumo humano, aclaró la funcionaria judicial.Restos del ganado faenado de forma clandestina y vendido en carnicerías del norte cordobés y de Santa Fe (Prensa Gendarmería/)Los animales eran faenados en ese establecimiento. “Los ponían en un tacho con algunos líquidos y los trasladaban a Frontera, a la casa de uno de los jefes de la asociación. Luego de eso se distribuían en carnicerías de San Francisco y de Frontera”, detalló Schianni a El Periódico de San Francisco.La investigación logró desbaratar esta organización “dedicada a la faena y distribución de animales, los cuales se lavaban y les aplicaban sustancias para adulterar el color y evitar la descomposición de los diferentes cortes, que luego eran comercializados en carnicerías”.Los peritajes comprobaron que los comerciantes llamaban a los faenadores para pedirles la carne. El delito está tipificado como “asociación ilícita en concurso con delitos contra la salud pública” como adulteración, suministro y distribución de productos alimenticios “de un modo peligroso para la salud”.El Código Penal establece una pena de prisión o reclusión de tres a diez años, con un mínimo de cinco años para los organizadores del procedimiento.Según pruebas que la Justicia logró recabar, la carne estaba manipulada con sulfito (derivado del azufre con propiedades conservantes, antifúngicas, antimicrobianas y antioxidantes, que sirve para controlar el crecimiento de bacterias u otros organismos que pueden afectar el sabor de alimentos y bebidas).La fiscal planteó que esos productos químicos se usaban para que la carne “tuviera buen aspecto externo y disimular que estaba en estado de descomposición”. Secuestraron sulfito en una carnicería y en uno de los domicilios allanados. “También se usaba lavandina”, agregó. El peritaje de bromatología determinó que no era carne para consumo humano.
Fuente: La Nación