El comisario mayor Rubén Edgardo Marcell acusado de los delitos de violencia de género, lesiones, amenazas, tenencia ilegal de armas y encubrimiento agravado de robo, se entregó a la Justicia. Sobre él pesaba una orden de detención desde anteayer.Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, Marcell se presentó hoy a las 12.15 en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) de Tigre acompañado por su abogado, José María Vera.La detención del jefe policial había sido solicitada por los fiscales Diego Callegari y su colega Mariela Miozzo. La defensa del comisario mayor presentó un pedido de eximición de prisión, que fue rechazado por el juez de Garantías N° 2 de San Isidro, Orlando Díaz, quien ordenó el arresto.Las fuentes judiciales consultadas explicaron que el imputado se negó a responder preguntas durante la declaración indagatoria, pero presentó un escrito como descargo.Crimen y horror: prisión perpetua por el homicidio de una niña a la que hallaron desnutrida y abusadaCuando se conoció la investigación, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense pasó a disponibilidad a MarcellLa mujer del ahora detenido está con custodia. Había sido amenazada de muerte el sábado pasado, día en que estalló el escándalo.Ese día, Marcell, de 51 años, fue denunciado por su pareja, a la que agredió en la casa que compartían, en Rincón de Milberg, Tigre. El domingo fue relevado de su cargo como jefe de la Estación Departamental de Escobar, que tiene el control de todas las comisarías del distrito, de la Unidad de Policía de Prevención Local, la Policía Rural y de la Comisaría de la Mujer de Escobar. Ocupaba ese cargo desde noviembre de 2018, según publicó el portal Encripdata.Fuentes judiciales explicaron a la agencia de noticias Télam que el sábado a la mañana, una vecina de la pareja llamó al 911; avisó que desde la casa de al lado escuchaba llegar gritos inequívocos de una mujer que sufría un hecho de violencia.Los policías llegaron al lugar y llamaron a la puerta: atendió la mujer, explicó que había tenido una fuerte discusión, pero no quiso hacer la denuncia.Pero ese mismo día, cerca de las 14.30, la mujer fue a realizar la denuncia contra Marcell y durante una videoconferencia que realizó con el fiscal Callegari se mostró muy afectada y desesperada, según detallaron a Télam las fuentes consultadas. “Me amenazó con el arma de fuego reglamentaria y en casa tiene dos armas”, le dijo la víctima al fiscal.En tanto, fuentes policiales detallaron que la mujer relató que su esposo rompió a patadas la puerta de un quincho en el que intentó refugiarse al ser agredida.“Te voy a matar. Vos no me vas a denunciar ni a arruinar la carrera”, fue una de las amenazas que le hizo mientras la apuntaba con un arma, según relataron las fuentes en base a la denuncia.Tras la exposición de la mujer y la certificación de las lesiones sufridas, Callegari acudió a la vivienda, de donde Marcell se había ido el mismo sábado, tras el hecho, y se entrevistó con la víctima, quien le entregó un revólver calibre 38 y una escopeta, al tiempo que le dijo que la moto BMW R1200 GS que el comisario solía usar tenía algún problema legal, lo que más tarde se comprobó al determinarse que se trata de un rodado robado en 2019 que llevaba una patente adulterada.Al día siguiente, Callegari y Miozzo requirieron la detención de Marcell y el juez Díaz ordenó el arresto.Cuando las fuerzas policiales fueron a buscarlo confirmaron que el comisario está prófugo y que había sido visto por última vez el sábado, cuando se fue de su casa y luego pasó cinco minutos por la Estación de Policía de Escobar, donde dejó su arma reglamentaria, secuestrada por orden del fiscal.En tanto, desde la AGAI se resolvió desafectar de la fuerza a Marcell mientras dure la investigación.Por su parte, la Justicia imputó al comisario los delitos de “lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y violencia de género, amenazas coactivas agravadas, tenencia ilegal de arma de guerra -ya que el revólver 38 no estaba registrado- y encubrimiento triplemente agravado por ser un hecho grave, cometido por un funcionario público y con ánimo de lucro”, en el caso de la moto hallada en su poder.
Fuente: La Nación
