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El diputado nacional Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social- Santa Fe) presentó un proyecto para el tratamiento del caso Vicentin que propone un modelo de articulación público privada, para convertir a la firma en una corporación agroindustrial exportadora santafesina.
De acuerdo a la idea de Contigiani, Vicentin se transformaría en una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria integrada por la Alianza Vicentin – YPF Agro SA (participación mayoritaria de la Nación a través de tomas de activos y acciones por deuda, donde la Nación deberá recuperar hasta el último peso adeudado o prestado); luego, por el Cooperativismo Exportador Agropecuario de Santa Fe; también por el Gobierno de Santa Fe, dado que “con una parte de la deuda que la Nación le debe a Santa Fe, la provincia capitalizaría su participación público privada en la Sociedad Anónima”; y, por último, por la representación de los trabajadores.
El diputado y exministro de la Producción en Santa Fe señaló además que deberán desplegarse también diversos instrumentos asociativos y flexibles, como contratos de joint venture, por ejemplo, que permitan preservar las autonomías de cada entidad productiva y, a la misma vez, asociarse, obligarse en la constitución de la corporación agroindustrial exportadora.
“Se debe convocar a las entidades cooperativas que, por volumen, tamaño, acopio, balances, cantidad de asociados (sean de primer, segundo o tercer grado) estén operando de manera significativa en el mercado externo“, indica la propuesta.
De esta manera, según Contigiani, se estaría creando un “polo cooperativo exportador clave para darle territorialidad a Santa Fe en uno de los principales enclaves productivos y con la posibilidad de contar con un puerto propio en el centro del polo portuario agroexportador más importante del país y del mundo”.
En ese sentido, el funcionario recordó que por el cordón portuario del sur de Santa Fe se exportan al mundo el 85 %, el 75% el 60 %, o el 54 % de la producción nacional, dependiendo el tipo de producto, por lo cual destacó la importancia de poder trazar políticas públicas y privadas desde el puerto hacia atrás en cada cadena de valor involucrada. “Nos permitirían tener precios diferenciales en productos, insumos, servicios, costos logísticos, especialmente si nos comparamos con las multinacionales exportadoras. Podríamos establecer estrategias de inversión y alianzas (aquí entran muchas pymes nacionales ligada a la producción) para la inversión y agregado de valor en pequeñas y medianas localidades”, analizó. 
Además, indicó que la iniciativa le permitiría al Gobierno Nacional y al provincial tener una “herramienta estratégica para desarrollar políticas de desarrollo territorial, contención en escala de productores para revertir la concentración agropecuaria, manejar el crédito y el acceso a tecnologías de manera diferente a como lo hacen las multinacionales”.
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“Si esta historia termina solo en manos YPF Agro SA, puedo decir que es un proyecto que tiene poco a nada de Santa Fe, de federalismo y de estratégico“, aseguró Contigiani.

Fuente: InfoCampo

“Negro hijo de mil puta. Me la paso todo el año arriba de un tractor. Siempre en la función pública vos parásito. Morfate un libro antes de hablar del campo. Si algún día andas por Zárate te vacío el cargador en la cabeza”. Ese fue el mensaje que recibió Juan Cabandié en su cuenta de Instagram días atrás, luego de criticar fuertemente el uso de glifosato en el sector agropecuario.
El ministro de Ambiente de la Nación decidió ir más allá y llevó el caso a la Justicia. Ahora, el fiscal Gerardo Pollicita investiga los hechos y busca dar con el autor de las amenazas, mientras en el Gobierno salen a repudiar los dichos y aseguran que se pretende “recortar la irrenunciable libertad de las personas para expresarse“.
“Esto es una afrenta colectiva al conjunto de quienes, por fuera de nuestras pertenencias partidarias, militamos orgullosos llevando la bandera del ambiente, en cada una de nuestras jurisdicciones provinciales”, expresaron desde el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), la institución que reúne a las jurisdicciones de todas las provincias del país y que conduce Santiago Azulay, ministro de Ambiente de La Rioja.
El origen del conflicto
Las declaraciones de Cabandié en contra del glifosato se dieron en mayo, en una reunión virtual de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, perteneciente a la Cámara Alta del Congreso.
“Ustedes -refiriéndose a los senadores- saben lo que significa el glifosato y el paquete tecnológico en la Pampa Húmeda y más…ese glifosato o veneno, según cómo quieran llamarlo, contamina las napas friáticas, se fumiga en la cara de los niños en las escuelas rurales, en los centros urbanos, hay muertes productos de glifosato”, dijo. “Si hiciésemos un estudio de glifosato en sangre nos alarmaría. Si hiciésemos un estudio de glifosato en nuestro plato de comida nos alarmaríamos, pero eso no tiene geografía…Esto llega a todos lados”, agregó.
Días más tarde, el ministro subió un posteo a Instagram donde contó que se reunió con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, para abordar la agenda de trabajo vinculada a la pandemia. Ahí fue donde apareció el comentario con las amenazas.
Actualmente, la causa que lleva adelante Pollicita investiga dos delitos: las amenazas, contempladas en el artículo 149 bis del Código Penal, que exigen una pena de seis meses a dos años; y el delito que aparece en el artículo 149 ter en su inciso 2.a, que señala que si las amenazas tuvieren como propósito la “obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos” tendrá penas de cinco a 10 años.

Fuente: InfoCampo

Al igual que en Corrientes, Córdoba también lanzó un protocolo para las actividades de comercialización, remate y ferias ganaderas, que elaboraron en conjunto los ministerios de Agricultura y Ganadería, Trabajo y Salud.
Se trata de un Protocolo de Medidas de Prevención para el personal y los asistentes, en el marco de las acciones de prevención para evitar la propagación del Covid-19.
El documento forma parte de una serie de trabajos que se realizan desde la cartera agropecuaria para acompañar al sector en los procesos de aperturas paulatinas de cada una de las actividades, y cuenta con la validación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). 
El protocolo se dividió en cinco segmentos: una primera sección tiene recomendaciones y medidas comunes a muchas actividades que están alcanzando aperturas progresivas; luego, enumera una serie de cuidados particulares enfocados en los actores que forman parte del circuito de los remates, que incluyen al propietario de la feria, al público (compradores/vendedores), a la firma consignataria y al personal de corrales.
“Respetar estas indicaciones permitirá a productores desempeñar sus actividades de comercialización y abastecimiento de la cadena ganadera y a las economías regionales reconstruir su entramado comercial en el marco de las nuevas normativas de resguardo sanitario”, señalaron en forma oficial.
Recomendaciones
En medidas generales se detallan requerimientos comunes a casi todas las actividades que generan reunión de personas: respetar la distancia de seguridad de dos metros (distancia social); uso obligatorio de barbijos o tapabocas para todos; facilitar productos de higiene y desinfección (solución de alcohol al 70%, agua corriente y jabón, toallas descartables, cestos de basura sin tapa o con pedal); toma de temperatura al ingreso (deberá estar por debajo de los 37,5°); y prohibir la venta de alimentos y bebidas.
Se suman a estas medidas generales algunas vinculadas a estas instancias de remate y feria un poco más específicas:

Elaborar un detallado registro de asistentes, resguardar el documento en todo momento, y facilitar la realización de todos los trámites de manera online.
No autorizar el ingreso de más de dos asistentes por vehículo. Colocar alfombras sanitarias en ingresos, accesos peatonales y paso de los estacionamientos.
Señalizar la zona destinada a playón de carga y descarga. Prohibir el ingreso de camioneros y transportistas, quienes deberán esperar en la zona de carga dentro de los vehículos.
Evitar aglomeración de personas en la balanza, y en el área de carga y descarga.
Señalizar y delimitar los espacios y distribución de las personas dentro del predio.

Fuente: InfoCampo

La marcha y banderazo contra la intervención y expropiación de Vicentin no solo contó con los vecinos de Avellaneda, en Santa Fe, donde están ubicadas las oficinas centrales de la firma. También estuvieron presentes trabajadores de largo historial en la cerealera.
Tal es el caso de Liliana Hacen, administrativa de Vicentin, que dio un discurso que se ganó los aplausos y la emoción de la gente que participó de la protesta, y que dejó en claro que un sector de la empresa se resistirá a una intervención estatal.
“Nací, me crié, viví y vivo en Avellaneda. En mi adn está Vicentin, pertenezco a esa familia y a la familia de todos ustedes. Les queremos agradecer enormemente a todos por estar acá, por defendernos, por defender nuestra empresa y nuestra historia. Hoy está en juego nuestra historia: Vicentin hace 90 años que está acá, porque hubo hombres que apostaron a esta zona, quisieron que Vicentin crezca. Por eso, acá vamos a estar, no nos van a sacar la empresa. Acá nos vamos a quedar, en una carpa, porque creemos en el futuro”, dijo Hacen emocionada.
Paralelamente, mientras eso sucedía, el subinterventor de Vicentin, Luciano Zarich, notificó la designación de las nuevas autoridades dispuestas por el Gobierno Nacional en la empresa ante el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, que tramita el concurso preventivo de la compañía.
El martes, Zarich visitó las instalaciones en Avellaneda y se reunió con los principales accionistas de la empresa, Sergio Nardelli y Sergio Vicentin, quienes se negaron a habilitar el acceso a las oficinas.
El discurso de Liliana Hacen

Fuente: InfoCampo