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Las organizaciones encuadradas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) realizarán un “Banderazo Nacional”, el 24 de junio, en apoyo a la expropiación de Vicentin.
El movimiento además detalló que se realizarán ollas populares en distintos puntos del país.
Desde UTEP además manifestaron que “en ese marco, reforzaremos el pedido de entrega de tierras fiscales ociosas al sector de la economía popular para ponerlas en producción, tal como señala el ‘Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción’ que entregamos al presidente Alberto Fernández a comienzos de este mes”.
“Expresamos nuestro total respaldo al DNU de intervención al grupo empresario Vicentin y el envío del proyecto de expropiación de las empresas del grupo al Congreso Nacional para su tratamiento y aprobación. La existencia de una empresa exportadora de carácter nacional es imprescindible para garantizar la Justicia Social ante el avance de los oligopolios”, manifestaron.
La Unión manifestó además que “la Soberanía Alimentaria es el núcleo de cualquier principio básico de Justicia Social. Requiere independizar la producción, el transporte y la comercialización de alimentos de las cadenas globales de especulación financiera. En la esfera de la producción, es posible y necesario impulsar la creación de un millón de chacras mixtas combinadas con la industrialización del campo, planificada y federal. Eso nos daría soberanía alimentaria regional y capacidad de exportación de alimentos sanos, saludables y con trazabilidad, que es lo que la Argentina y el mundo demandan actualmente y a futuro”.
Sobre la organización agraria, desde el movimiento popular indicaron que es posible producir bajo las reglas de la agroecología: “La agroecología es más que una técnica de producción: es una forma de vida y de relación entre las personas y comunidades, es una herramienta indispensable para alcanzar la Soberanía Alimentaria y eliminar el modelo de producción contaminante y de exclusión”.

Fuente: InfoCampo

La investigación avanza sobre la situación económica de Vicentin, y mientras las banderas se agitan en apoyo a la propiedad privada, las carpetas de la agroexportadora dejan más dudas que certezas.
El estudio jurídico Moyano & Asociados reveló que Nacadie Comercial SA, una firma radicada en Uruguay, y que otorgaba las garantías para los préstamos que Vicentin solicitaba al fondo TriLinc Global Impact Fund, es en realidad una empresa del mismo grupo Vicentin.
Pero no sólo eso, sino que además dentro del lista de los 1.800 deudores de “Créditos por Ventas” de Vicentin, que totaliza un monto de 4.292 millones de pesos, la firma Nacadie Comercial SA (propiedad de Vicentin) explica el 50,4%, es decir 2.164 millones de dólares.
¿La mitad de los que debe Vicentin se lo debe a sí mismo?
Según explica el periodista Juan Chiummiento de El Litoral, “cuando la agroexportadora solicitó la apertura del concurso preventivo en febrero, nada dijo respecto a esa relación. El viernes pasado, en ocasión de presentarse ante el juez de la convocatoria, la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe advirtió sobre estas maniobras: ‘(Vicentin) parece controlar muchas más sociedades en las que en apariencia aparece como socia minoritaria’, dijo María Victoria Stratta, abogada del organismo”.
Según la publicación de El Litoral: “Si bien no está disponible la nómina de accionistas y directores, sí pudo conocerse el nombre del apoderado de Nacadie Comercial SA: Patricio María Coghlan. Esta persona es, a su vez, director, junto a Máximo Padoan, Gustavo Nardelli y Pablo Estrada -entre otros-, de Enav SA, radicada en Mendoza e identificada como integrante del grupo Vicentin por sus propios miembros”.
Al parecer, Coghlan no sólo es apoderado de la firma uruguaya, sino que en septiembre de 2019 constituyó una sociedad en Santa Fe, denominada Nacadie Comercial SA. Coincidencias llamativas si las hay.
La frutilla del postre es que según registros oficiales de Uruguay, Nacadie Comercial realizó en los últimos 5 años millonarios envíos de fondos a Nacadie en Panamá, y según destaca Mariano Moyano, titular del estudio jurídico a El Litoral: “sospechamos que este conglomerado de empresas off shore fue un vehículo financiero de Vicentin para fugar dinero y ocultar activos”
¿Dos más dos?

Fuente: InfoCampo

Cristina Fernández de Kirchner convocó al Senado a una sesión por videoconferencia para debatir un proyecto de ley para la creación de una Comisión Bicameral que investigue a Vicentin.
El encuentro se realizará este miércoles a las 15, y se anunció a través de un Decreto Parlamentario que firmó la vicepresidenta con el fin de avanzar en la investigación de una posible defraudación al Banco Nación en el otorgamiento de un crédito a la agroexportadora.
La semana pasada, la iniciativa obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales con las firmas del Frente de Todos y Juntos Somos Río Negro. En tanto, Juntos por el Cambio se retiró del debate y aseguró que la intervención de la cerealera por parte del Ejecutivo busca “ocultar cuestiones de mucha mayor gravedad”.
Oscar Parrilli, senador por Neuquén, presentó el expediente parlamentario, que indica que la Bicameral estará conformada por seis diputados y seis senadores para investigar “presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin S.A.I.C., posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de cereales y soja con las que competía”.
En ese sentido, el objetivo de la Comisión será “la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”. Asimismo, deberá indagar si se “han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos”.

Fuente: InfoCampo