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La Argentina parece ingresar en un repunte de la segunda ola de contagios. Reportaron hoy 35.543 nuevos casos en la jornada, récord absoluto para el país. Según los datos actualizados esta tarde en la Sala de Situación Coronavirus online del Ministerio de Salud de la Nación, el recuento total de casos llegó a los 3.371.508 infectados. De ese total, ya superaron la enfermedad 2.992.325 personas y son considerados casos activos 307.412.Hoy se llegó a 71.771 muertos, también récord por la pandemia de coronavirus Covid-19, luego de que los centros de salud de todo el país ingresaran en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 745 fallecidos. Esto significa que desde que se detectó el primer caso el 3 de marzo del año pasado, en promedio, murió por SARS-CoV-2 una persona cada nueve minutos aproximadamente.¿Servidoras de Dios? El calvario de 43 mujeres que enfrentan al Opus DeiEn tanto, en el “Monitor Público de Vacunación”, que comenzó a difundir el Gobierno en febrero, se indica que, con datos hasta las seis de la mañana, se distribuyeron 11.763.270 dosis. De ese total, 10.193.368 ya se aplicaron: 8.141.608 personas recibieron una sola dosis y 2.051.760 completaron el proceso de vacunación.Noticia en desarrollo

Fuente: La Nación

El Ministerio de Trabajo intervino una seccional del gremio de empleados judiciales enrolado con el kirchnerismo por las diferencias entre dos líneas internas que debate sobre la elecciones de autoridades desde hace un año y medio, lo que dejó al sindicato en una “situación de acefalía”, según las autoridades.Se trata de la seccional denominada “RA” del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), que reúne a empleados en la Justicia nacional. El sindicato, que es la base política de la diputada kirchnerista Vanesa Siley y lo que le permitió entrar en el Consejo de la Magistratura, apareció como la alternativa kirchnerista al clásico gremio de los judiciales Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), que lidera el peronista histórico Julio Piumato. Quiénes son y qué dicen los diputados que definen el futuro de la ProcuraciónLa estructura de Siley fue impulsada por la entonces expresidenta Cristina Kirchner, en medio de las desconfianzas con el sector de Piumato durante el gobierno de Cambiemos. En 2017, Cristina Kirchner fortaleció ese respaldo a Siley, promoviéndola como candidata a diputada nacional de Unidad Ciudadana.El Ministerio de Trabajo designó a un delegado normalizador por 90 días para convocar a elecciones. Es el abogado Joao Sebastiao Nieto. Fue nombrado mediante la resolución ministerial 239/201 del 10 de mayo pasado.El delegado tiene que elevar informe detallado del estado económico-financiero en que se encuentra el sindicato, realizar una rendición de su gestión en el cargo, en 15 días, y llamar a elecciones en 90 días para “regularizar la situación institucional de la entidad de primer grado”. Para ello debe presentar un cronograma electoral, que cumpla con los reglamentos y leyes vigentes.En esa resolución se menciona que, “ante la acefalía de la comisión directiva de una asociación sindical de trabajadores”, las autoridades “tienen atribuciones y competencia para designar un funcionario a los fines de regularizar la situación”.La Corte ordenó que le reintegren a un jubilado el impuesto a las ganancias del reajuste previsionalEl problema se dio porque no hay autoridades electas en el gremio desde 2019, cuando vencieron los mandatos. Los que pugnaron en esas elecciones prácticamente simultáneas (se dieron con diferencias de pocos días) que no permitieron la designación de autoridades fueron la lista apoyada por Siley, denominada “Quique de Pedro”, en homenaje al padre del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el oficialismo de la seccional RA, encabezado Agustín Bruera y Demetrio Iramaín, que también se identifican con Cristina y con La Cámpora, de Máximo Kirchner.

Fuente: La Nación

América del Sur continúa consolidándose como el epicentro global de una segunda ola que azota a varios países: seis países de la región lideran la tasa de muertes por millón de habitantes registradas por coronavirus en el mundo en la última semana. Uruguay continúa al frente de ese listado, según los datos del sitio Our World in Data y el diario The Washington Post, con la novedad de que la Argentina escaló al segundo puesto.De acuerdo a los últimos datos disponibles este martes, Uruguay registra 14,39 muertos por millón de habitantes por Covid-19 en los últimos siete días; la Argentina, 10,13; Colombia, 9,73; Paraguay, 9,67; Perú, 9,17, y Brasil, 8,94. Los seis países lideran este listado global.Coronavirus: Taiwán pasó un año sin rasguños, pero ahora empieza a sufrirAsí, América del Sur se consolida como la región más afectada en la tasa de muertes por coronavirus por millón de habitantes en la última semana (8,15), más que el triple que la de Europa (2,65). Le siguen América del Norte (1,64), Asia (1,20), África (0,20) y Oceanía (0,05).Operarios y familiares introducen el féretro con los restos de una mujer que murió por complicaciones del COVID-19 en un nicho en el cementerio de Inahuma, en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de abril de 2021. (AP Foto/Silvia Izquierdo)“Volvió Allende”: eufórica, la izquierda regional se apropia del giro político en ChileLa Argentina informó hoy la mayor cantidad de muertos por coronavirus en 24 horas en lo que va de la pandemia, con 745, y también la mayor cantidad de nuevos casos positivos (35.543).Respecto a los contagios por Covid-19, medido por millón de habitantes en los últimos siete días, con amplia diferencia lideran la tabla global las Maldivas (2362) y las islas Seychelles (2312). A las dos naciones en el océano Índico les siguen Bahrain (975), Uruguay (815) y la Argentina (504).

Fuente: La Nación

Ya está pasando: los emprendimientos que no tienen en cuenta el impacto que generan en el planeta, no cuentan con la aprobación del público (en especial del más joven, dícese millenial y centennial). Para ayudarte a tomar decisiones cada vez más conscientes y ecológicas para tu marca, le pedimos a Dafna Nudelman, experta en sustentabilidad y economía circular y creadora de la exitosa cuenta @lalocadeltaper, que nos ayudara a entender a qué nos referimos cuando hablamos de emprendimientos sustentables.Producción sustentableComunicación libre de greenwashingCómo calcular tu huella de carbono

Fuente: La Nación

El Departamento de Transporte (DOT) de los Estados Unidos emitió una orden según la cual Aerolíneas Argentinas deberá informar con 30 días de antelación los vuelos que operará desde y hacia EE.UU. por las decisiones administrativas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que limitaron los vuelos de los operadores norteamericanos desde y hacia la Argentina.Según el DOT, las disposiciones “atentan contra la posibilidad de ejercer justa e igualitariamente los derechos adquiridos bajo el acuerdo bilateral de tráfico aéreo regular, firmado en 1985?, que, en su artículo 11, establece que las partes permitirán oportunidades igualitarias para las aerolíneas designadas por cada país para competir en la provisión de servicios.Freno al turismo sanitario: ¿hasta cuándo hay que esperar para viajar a los Estados Unidos si se tiene la visa vencida?El DOT indicó que, a partir de las Decisiones Administrativas 155, 219 y 268/2021, la ANAC “forzó la reducción” de los servicios de los operadores norteamericanos en porcentajes que van del 33% al 66%, tomando enero de 2021 como base. El departamento agrega que, en algunos casos, los operadores tuvieron que cancelar vuelos porque la administración ofreció “servicios inviables desde el punto de vista comercial”.El 13 de abril el DOT envió a la ANAC una carta preguntando cuál era la metodología utilizada por la autoridad aeronáutica argentina, comunicación que habría tenido una respuesta ambigua.En paralelo, el Departamento de Transporte observó que a partir de la misma base (enero 2021), la cantidad de vuelos de Aerolíneas Argentinas descendió un 43% en febrero, pero luego contrajo esa reducción a un 18% para el mes de abril. El DOT señala que los operadores norteamericanos no tuvieron permiso para una recuperación similar.Con esta información, el organismo estadounidense concluyó: “El interés público requiere que el operador presente su cronograma para que podamos determinar si el funcionamiento de los servicios contenidos en esa programación puede ser contrario a la ley aplicable o afectar negativamente dicho interés público”.Por tanto, decidió imponer a Aerolíneas Argentinas la obligación de enviar antes del 24 de mayo un detalle de las operaciones a realizar desde y hacia los Estados Unidos, indicando el equipo utilizado o a utilizar, la frecuencia y días de operación de cada vuelo, el aeropuerto específico a utilizar en cada punto y la hora de arribo y partida de cada punto.La compañía argentina deberá indicar, además, las combinaciones, acuerdos de codeshare (código compartido), acuerdos de marca e información adicional con una antelación mínima de 30 días a cada vuelo efectivo a realizar. Por último, el Departamento de Transporte indicó que se reserva el derecho de enmendar, modificar o revocar la orden emitida sin necesidad de audiencia.Consultadas por LA NACION, fuentes de la industria dijeron que lo que hizo Estados Unidos es imponerle a la Argentina el mismo régimen que el país tiene para las empresas estadounidenses, aunque el conflicto puede escalar con sanciones más graves para Aerolíneas, como la imposición de sobretasas o la prohibición de volar.En tanto, fuentes de Aerolíneas Argentinas dijeron que van a cumplir con la disposición de informar los vuelos con 30 días de antelación y negaron que se trate de una sanción.Por último, la ANAC explicó que las restricciones de las que los Estados Unidos se queja son motivo de las “disposiciones sanitarias” que limitan la posibilidad de autorización de vuelos a 2000 pasajeros diarios y con una separación de arribos de mínimo dos horas entre uno y otro. “Es imposible incrementar las operaciones con estas restricciones que no son aerocomerciales sino sanitarias”, sostuvieron en diálogo con este diario.

Fuente: La Nación

Con el resurgimiento del cepo cambiario en 2019, la popularización del bitcoin y la avanzada freelance por la masiva adopción del teletrabajo en la pandemia, algunos argentinos que trabajan para el exterior están cada vez más interesados en cobrar en criptomonedas, lo que se evidencia en la cantidad de plataformas que nacieron para hacerlo posible. Sin embargo y aunque la operatoria es legal según expertos, no está exenta de riesgos a futuro porque los trabajadores podrían enfrentar complicaciones impositivas.Para los freelancers, una de las opciones que apareció es Bitwage, una plataforma que le proporciona al usuario una cuenta bancaria radicada en los Estados Unidos, Inglaterra o Brasil. De esta manera, puede darle a la contraparte los datos de la cuenta asignada para que le transfieran el dinero y luego convertirlo en alguna criptomoneda (bitcoin, ethereum, la stablecoin USDC u otras) que será depositada en su wallet.El Gobierno cerró por 30 días las exportaciones de carne vacunaY, si en cambio la contraparte paga directamente en criptomomedas, una alternativa es la plataforma Buenbit, a través de la cual cualquier persona puede recibirlas y enviarlas desde y hacia cualquier lugar del mundo. En el caso de Buenbit, se puede operar con bitcoin, ethereum y la stablecoin dai.“Desde enero de 2020 hasta ahora hemos visto que los usuarios argentinos crecieron un 800% y actualmente representan casi el 15% de nuestros 55.000 clientes. Es mucho”, dijo a LA NACION Jonathan Chester, CEO y fundador de Bitwage, y agregó que un 60% elige cobrar en stablecoins (monedas que minimizan la volatilidad del precio relacionándolo al dólar) y un 40% en bitcoin.Pero ¿por qué el interés en cobrar en cripto? Porque de esta forma el trabajador podría no liquidar los dólares al tipo de cambio oficial por los servicios prestados en el exterior. Sin embargo, esto está sujeto a distintas interpretaciones, según Camilo Jorajuría de León, abogado y consultor en bitcoin y Blockchain.“Hay algunos que interpretan que un freelancer monotributista que hace una factura de exportación de servicios y cobra criptomonedas tiene la obligación de liquidarlas y pasarlas a pesos. El Banco Central obliga a todos los que cobran dólares a convertirlos al dólar oficial con una pérdida gigantesca de pesos frente a lo que recibirían si los pudieran cambiar al dólar blue. Pero la cuestión es si las criptomonedas son iguales al dólar, porque no hay antecedentes”, explicó.De acuerdo con esto dijo que, a diferencia del dólar, no hay una cotización oficial de las criptomonedas: “Si quisieras liquidarlas ¿A qué valor lo hacés? ¿Cómo se cumple esa obligación? Si querés ser fiscalista podés venderlas al precio que sea o a la cotización libre en dólares, pero la normativa del BCRA no dice nada porque está hecha para dólares”.Sin embargo, dijo que los trabajadores podrían sufrir complicaciones a futuro por cuestiones impositivas, aunque no hay jurisprudencia ni nadie que haya sido sumariado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).En tanto, si una empresa subsidiaria recibe criptomonedas para hacer frente al pago de salarios en pesos, el trabajador no tendría ningún inconveniente, aunque sí podría tenerlo la compañía.“Va a tener que justificar ese dinero, pero en principio es totalmente legal. Le mandaron plata para gastos y las liquidó en el mercado libre. Es perfectamente legal, pero, como está la legislación actual siempre puede haber problemas. Hasta que no pasen cinco años, no podés saber. En tal caso, recaería sobre la empresa que contrataría a un abogado para que resuelva todo”, prosiguió.Por último, Jorajuría de León se refirió al pedido de información del BCRA a las entidades bancarias para que entreguen un listado sobre sus clientes que administran, gestionan, controlan y/o procesan movimientos de activos y/o pagos a través de plataformas de gestión electrónica empleando criptoactivos.“El Gobierno viene con una política de buscar información, pero la AFIP ya la tiene porque, desde noviembre de 2019, hay una resolución por la cual todos los criptoexchanges están obligados a informar la apertura de cuentas, compras, ventas y envíos de cada cuenta de cada cliente. Pero eso solo abarca a los exchanges argentinos. Queda afuera la operatoria P2P (peer to peer en la que, por ejemplo, te juntás con un conocido de confianza al que le comprás los activos), que es incontrolable, y los exchanges descentralizados”, cerró.

Fuente: La Nación