Campo

Intentó e intentó, pero no hubo caso. Talleres no encontró el camino que Bragantino sí halló y entonces la caída por 1 a 0 en Córdoba dejó fuera de chances al cuadro argentino, aun a falta de una fecha en el grupo G por la Copa Sudamericana. Si se tratara de Copa Libertadores, el conjunto dirigido por Alexander Medina aún tendría una oportunidad, pero en este torneo se clasifica para los octavos de final solamente el primero de cada zona. Y el equipo brasileño ya está fuera de alcance para el cordobés.Bragantino había perdido por 1-0 en Brasil a manos de la T, y ahora le devolvió la gentileza. En el estadio Mario Alberto Kempes el local procuró un triunfo que lo habría dejado bien perfilado en el grupo. Tuvo más posesión (60% contra 40%) y remató más veces (17 a 10), pero también fue ineficaz. Los disparos de su rival fueron mejor dirigidos (5 contra 3 efectivos hacia el arco), y sobre todo el de Hélio Junio a los 27 minutos, que decidió el partido.Compacto de Talleres 0 vs. Bragantino 1Si bien aún le queda a Talleres un compromiso en la zona, el del próximo martes en Ecuador ante Emelec –este miércoles recibirá a Tolima y tiene buenas posibilidades de ser el clasificado–, el conjunto cordobés sufrió su segunda eliminación en tres días, pues el sábado quedó al margen de la Copa de la Superliga al perder una definición por penales contra Colón en Santa Fe, por los cuartos de final.Mejor imposible: Defensa y Justicia le ganó un partidazo a Palmeiras, el campeón de la Copa Libertadores, en BrasilLa única competencia en la que la T está en pie es la de la Copa Argentina, en la que tiene por adversario en octavos a su comprovinciano Estudiantes, de Río Cuarto, todavía sin fecha determinada.

Fuente: La Nación

El proyecto de ley presentado por el oficialismo con el objeto de obtener facultades delegadas para el Poder Ejecutivo resulta curioso, no tanto por lo inesperado, sino por lo inexplicable. Mal escrito, mal fundado, irreflexivo, torpe, arrogante y pendenciero, se presenta como si la Constitución no dijera lo que dice, como si la Corte Interamericana no hubiera hecho las aclaraciones que hizo y, particularmente, como si la Corte Suprema no hubiera fallado como falló, apenas unas horas antes de la llegada del proyecto.Hagamos, de todos modos, el esfuerzo argumentativo que no han hecho los asesores del Gobierno, y tratemos de ver qué es que es que el Gobierno podría alegar para sostener su pedido de mayores poderes y facultades delegadas. Comencemos por el argumento más común, aunque menos interesante, de los ofrecidos por el oficialismo y sus seguidores. El argumento dice: “si los poderes de emergencia están previstos en la Constitución ¿como no van a poder aplicarse hoy? Si esta situación no es considerada una emergencia, entonces ¿cuál podría serlo?” Primer gran error. La Constitución repudia con duros términos tanto a los decretos de necesidad y urgencia (a los que fulmina en el artículo. 99 inc.3, considerándolos “nulos de nulidad absoluta e insanable”), como a la legislación delegada (el art. 76, referida a esta posibilidad, comienza diciendo: “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo”).Pasemos prontamente a una “segunda vuelta” argumentativa. Los amigos del Ejecutivo podrían respondernos: es cierto que a la Constitución no le gustan los poderes especiales, pero también lo es que, finalmente, y como excepciones, los termina reconociendo. Segundo gran error. En el artículo 99 inc. 3, la Constitución abre la puerta al accionar del Ejecutivo, pero no frente a “circunstancias excepcionales”, sino (cito la clarísima letra constitucional) “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”. Por supuesto, no se trata de una autorización vacía: son muchos los casos que podrían cumplir tales requerimientos: la invasión de una potencia extranjera; un tsunami que exige acciones absolutamente inmediatas; un terremoto que obligue, al instante, a movilizar recursos de todo tipo; etc. Sin embargo, si se trata de una tragedia que -como la actual- nos permite aún “seguir los trámites ordinarios…para la sanción de leyes”, entonces, el accionar del Ejecutivo sin el Congreso pierde justificación. Ya no hay excusas que puedan alegarse en nombre de la Constitución. Punto.Pasemos entonces a una “tercera vuelta” argumentativa. El bloque oficialista podría decirnos: “muy bien, solicitamos entonces (ya no actuar a través de decretos de emergencia, sino) poderes delegados por el mismo Congreso, como los que la Constitución, en su art. 76 autoriza.” ¡Excelente!, podríamos exclamar. Está muy bien que recurran -pidiendo ayuda y buscando acuerdo- al Congreso (¡aunque haya promovido un debate sólo masculino al respecto!). Sin embargo, el Gobierno no debería olvidar que su demanda de poderes delegados por el Congreso, para actuar durante la emergencia, enfrenta límites estrictos. Pienso en límites que han sido establecidos no por la oposición política, ni por sus adversarios jurídicos, sino por la Constitución. Pienso, además, en límites que no se derivan de interpretaciones rebuscadas o “sacadas de la galera,” sino en restricciones que emergen clara e indisputablemente del lenguaje de la Constitución. Así, por ejemplo, los requisitos establecidos por el propio artículo 76 sobre emergencias (requisitos de plazo estricto, materias que no pueden delegarse); o los dispuestos en el viejísimo artículo 28 de la Constitución (que dice que, en ningún caso, a través de la reglamentación de la ley, se podrán “alterar” los derechos establecidos en la Constitución -i.e., el de educación). (Alguien podría replicar: ¿cómo es que el poder político no va a poder limitar ciertas libertades en pos de la salud, como cuando restringió en todo el país el consumo de cigarrillos en los espacios públicos? Respuesta: lo puede hacer, pero como lo hizo entonces, por ley y no por decisión unipersonal del Ejecutivo).En una “cuarto vuelta” argumentativa, el oficialismo podría alegar que la Constitución fija principios demasiado generales, que deben ser repensados para casos concretos: la pandemia requiere readaptaciones permanentes y atención a los detalles, frente a riesgos antes desconocidos. Por lo tanto, podría decirse -frente a esa falta de claridad legal- debe ser la autoridad ejecutiva la que decida, con la rapidez y flexibilidad que la situación demanda. Sin embargo, este reclamo enfrenta un grave problema y es que, justamente para resolver ciertas fundamentales controversias en torno a cómo pensar los detalles de la Constitución, se solicitó la intervención de la Corte, y ella acaba de pronunciarse. Aunque dividiendo su decisión en tres votos distintos, la Corte afirmó de modo unánime algunas ideas, de las que aquí subrayaré sólo dos. Primero: por más emergencia que se invoque, la Corte considera y considerará inválidas las limitaciones que se establezcan a derechos constitucionales por vías ajenas a los procedimientos establecidos por la Constitución, o que no cumplan con estrictísimos requerimientos de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, necesidad (como los establecidos -nos recuerda el fallo- por la Corte Interamericana, en el reciente documento “Covid y Derechos Humanos”). Segundo: la Corte sostuvo que, por más emergencia que se invoque, el “federalismo de concertación” y de “buena fe” debe respetarse, asumiendo la autonomía y prioridad (por pre-existencia) de las provincias y la CABA (la Constitución no habla de “conglomerados” o “AMBA”, por ejemplo) sobre la Nación.A la luz de las contundentes limitaciones que el actual orden constitucional establece, resultan sorprendentes muchas de las iniciativas (las más importantes) impulsadas por el proyecto de ley de emergencia. Por razones de espacio menciono sólo los principales problemas que muestra el proyecto: i) contra la Constitución y el fallo de la Corte, pide al Ejecutivo que, antes de actuar “consulte” (¡meramente!) con las provincias, en lugar de reconocer que está lidiando con facultades “concurrentes” sobre las que las provincias tienen decisión prioritaria; ii) tomando como inexistente el fallo de la Corte, el proyecto -provocativamente- vuelve a hablar de “aglomerados”, en lugar de provincias y CABA; iii) desconociendo al lenguaje constitucional y al fallo de la Corte, trata a los gobernadores provinciales como meros “delegados” del gobierno central; iv) contradiciendo lo establecido por la Constitución, la Corte Interamericana y los tratados internacionales, vuelve a avanzar en la limitación de derechos en pandemia y -de modo beligerante e irresponsable- insiste con la no-presencialidad en las escuelas, como si la Corte no hubiera fallado o el Presidente pudiera “seguir haciendo lo que se debe, con independencia de lo que la Corte diga.”En lo personal, aplaudiría a un gobierno que obrase a partir de convicciones firmes y que, frente a obstáculos políticos y/o fallos judiciales desfavorables, buscara acuerdos democráticos más amplios para defender sus iniciativas; explorara alternativas inclusivas basadas en el diálogo; o renovara su carga argumentativa, para tratar de fundar de mejor modo lo que no supo o no pudo defender bien en su momento (o defendió de un modo directamente chapucero). Un gobierno no puede, en cambio, reaccionar como lo hizo éste, esto es, tratando a quienes piensan diferente como ignorantes o suicidas; desconociendo la existencia misma de la oposición (“que gane elecciones”); o actuando como si el fallo unánimemente adverso no hubiera existido o constituyera, por ser adverso, una especie de “golpe de estado”. El Gobierno debe saberlo: en el marco de una democracia constitucional, como la que todavía tenemos, él tiene límites que respetar, procedimientos que seguir, y derechos que resguardar, más allá de cuántas elecciones gane, o cuántos votos retenga en su mano.

Fuente: La Nación

La Argentina padece dos crisis cuya solución debería ocupar la totalidad de la energía y la atención de los dirigentes políticos: la pandemia y la pobreza. En ambas cuestiones nuestro país presenta indicadores extremadamente preocupantes, y mientras no se consiga revertirlos, los habitantes -sobre todo los de menos recursos- seguirán siendo víctimas de sufrimiento y malestar.A la luz de eso llama la atención que el gobierno esté enfocado en conseguir la aprobación de un proyecto de ley para modificar aspectos claves de la ley orgánica del Ministerio Público. Son muchísimos los recursos de tiempo y esfuerzo que se están invirtiendo en conseguir esa reforma en lugar de dedicarlos a disminuir la pobreza y superar la pandemia, aunque todos los dirigentes señalen estos objetivos como prioritarios y la población los reclame con insistencia.No voy a especular sobre los motivos que inspiran a la coalición gobernante para impulsar con tanto ahínco esa modificación del régimen legal del Ministerio Público. Tampoco voy a hacer un análisis técnico del proyecto de ley, más propio de publicaciones especializadas. Quiero sí dar una opinión desde una perspectiva empresarial -ámbito en el que me desempeño desde hace décadas- y dejar claro que la aprobación de ese proyecto tendrá efectos devastadores sobre cualquier intento para disminuir la pobreza.Los programas asistenciales que existen para morigerar las consecuencias de la pobreza y de la indigencia, aunque imprescindibles ante la emergencia, son paliativos a la espera de remedios que ataquen las causas, soluciones permanentes. Y estas soluciones de fondo únicamente son factibles si conseguimos que haya un aumento muy significativo de la inversión productiva privada. Se necesita muchísima más inversión privada, dispuesta a generar trabajo, a producir bienes y servicios y a generar riqueza. Esa riqueza, utilizada y distribuida inteligentemente, es la que permitirá brindar educación de calidad, oportunidades de trabajo y un horizonte de dignidad y progreso para todos quienes quieran habitar en el suelo argentino.Pero las inversiones en la cantidad y de la calidad necesarias no llegarán si quienes deben arriesgar su capital temen que el emprendimiento en el cual lo inviertan o la libertad de tomar decisiones empresariales queden expuestas al capricho o la arbitrariedad de la autoridad de turno. La civilización desarrolló mecanismos para que quien esté evaluando una decisión de inversión, no importa de qué tamaño sea ésta, se trate de un pequeño almacén de barrio o de una gran fábrica de alta tecnología, lo haga con la tranquilidad de que ganar o perder dependerá de las buenas o malas decisiones que adopte, de su aptitud o ineptitud para conducir el negocio, y no de que algún funcionario, arbitraria e injustamente, decida beneficiarlo o perjudicarlo. Es a ese mecanismo al que los empresarios llamamos seguridad jurídica y consiste es un sistema de administración de justicia que garantice que los conflictos que surjan entre privados o, más importante aún, entre un privado y la autoridad, serán resueltos con imparcialidad, honestidad y a tiempo.El Ministerio Público es una pieza clave de ese sistema de administración de justicia. La ley que se intenta aprobar, bajo el ropaje de mejorar su funcionamiento, debilita significativamente los mecanismos que permiten a los fiscales poner límites a la autoridad política para que ella no abuse de su poder. Si los fiscales no pueden actuar con independencia y sin temor a represalias se esfuma la seguridad jurídica y no podemos pretender que los privados se animen a invertir.Todos los dirigentes políticos, incluyendo por cierto a los legisladores de los distintos bloques, han expresado su preocupación por los niveles de pobreza que afectan al país y su intención de hacer lo que esté a su alcance para disminuirlos. Les pido entonces que sean conscientes de que aprobar el proyecto de modificación del Ministerio Público será un grave retroceso en la lucha para terminar con la pobreza y que, en consecuencia, lo rechacen.Abogado y empresario

Fuente: La Nación

Con el declarado propósito de frenar las subas de precios en el mercado doméstico, el gobierno nacional dispuso cerrar las exportaciones de carne vacuna “por treinta días o hasta que haya una solución”. La medida, un manotazo de las autoridades nacionales frente a la estampida inflacionaria, solo generará perjuicios al país en términos de menores exportaciones y de la posible pérdida de mercados externos, y distará de resolver el problema que se pretende paliar. La Argentina tiene un tristemente rico historial en decisiones intervencionistas de esta clase. Corresponde recordar que una medida similar a la tomada en las últimas horas fue adoptada por el gobierno de Néstor Kirchner hacia 2005. Como fruto de esa determinación, junto a la suba de retenciones a las ventas al exterior y los controles de precios, se produjo el cierre de más de un centenar de plantas frigoríficas, con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo, y desaparecieron numerosos pequeños y medianos productores, al tiempo que el stock ganadero se vio reducido en unos 11 millones de cabezas en los siguientes años.Estamos así ante otra pésima señal a los mercados internacionales en momentos en que la Argentina precisa exportar cada vez más. Mostrará un país que incumple sus compromisos y solo beneficiará a nuestros competidores en el comercio mundial de carnes, tal como ocurrió en otros tiempos.Como era de esperar, la decisión del gobierno de Alberto Fernández provocó fuertes críticas de las entidades rurales, que estimaron pérdidas para la actividad ganadera por unos 240 millones de dólares, solo por el mes en el que se cerrarían las ventas al exterior. Pero también mereció reparos por parte de gobernadores de la propia fuerza política gobernante. Tal fue el caso del mandatario de Santa Fe, Omar Perotti, quien sostuvo que “la solución es aumentar la producción y no cerrar las exportaciones”, dado que la Argentina tiene la posibilidad de abastecer tanto al mercado local como al externo.La inconsistencia de la medida gubernamental se advierte en que la mayor parte del tipo de carne que la Argentina exporta no se consume en nuestro país. En cambio, los cortes vacunos que prefiere el público local, como el asado o el vacío, no son comercializados al exterior.Por tales razones, no debería esperarse que los precios de la carne en el mercado doméstico bajen. En el mejor de los casos, la medida oficial podría lograr contener los precios en el corto plazo. Pero, a mediano plazo, su prolongación solo provocará daños considerables a la actividad e hipotecará al sector. Habrá una caída en la producción que derivará en menos carne y a precios más elevados en la “mesa de los argentinos” que tanto dice proteger el Gobierno. En otras palabras, carne para hoy y hambre para mañana.Los permanentes cambios en las reglas de juego, en especial cuando se recurre a políticas que ya han probado sobradamente su fracaso, solo generarán una mayor contracción de la actividad ganadera en particular y de la economía argentina en general.El cierre de las exportaciones se contradice también con las propias declaraciones del actual presidente de la Nación. En 2014, consideraba que cerrar las exportaciones era un “disparate” y se jactaba de haber sido él quien las reabrió en 2007, en acuerdo con la Mesa de Enlace de entonces. Siendo candidato, en 2019, Alberto Fernández señaló en la Fundación Mediterránea que para conseguir dólares la Argentina solo podía optar por “el camino de exportar”, al tiempo que consideró que “consumir y exportar no son conceptos antagónicos”. “Lo que más necesitamos ahora es entender que es imperioso que exportemos. Ese es nuestro gran desafío”, expresaba. Como a otras tantas promesas, a la devaluada palabra presidencial se la han llevado los vientos del populismo.

Fuente: La Nación

Colombia ha anotado en este mes de mayo la semana más mortal desde que estalló la pandemia, con 3.446 muertes desde el 10 hasta el 16 de mayo, una cifra que a su vez supone un incremento del 10 por ciento respecto a la semana anterior.En cuanto a este martes, las autoridades sanitarias han notificado 13.137 nuevos casos de coronavirus, para un total de 3.144.547 contagios detectados desde el inicio de la crisis sanitaria.De estos, 2.947.661 son pacientes que han logrado recuperarse, de ellos 16.381 han logrado el alta hospitalaria a lo largo de esta última jornada, mientras que 82.291 han fallecido por la enfermedad, una cifra alcanzada tras las 482 muertes de las últimas 24 horas.El último balance epidemiológico de la cartera de Salud también recoge que hay 104.196 casos activos a día de hoy.En este contexto de alta incidencia de la pandemia, que además se espera que aumente tras las recientes protestas en las calles, la ciudad de Bogotá ha anunciado que se mantendrán las mismas medidas que rigen hasta el momento otra semana más.La capital colombiana afronta una crítica situación sanitaria, con las unidades de cuidados intensivos ocupadas al 94,9 por ciento, y las camas de UCI dedicadas a la COVID-19 al 95,9 por ciento, cifras que la sitúan en alerta roja.”Tenemos los indicadores de contagios y de ingresos a UCI muy altos, por eso hemos decidido mantener las medidas para mitigar la propagación del virus, y adicionalmente fortalecer la intervención en 22 zonas de cuidado especial donde se presentan los más altos índices de contagio en todas las localidades”, ha indicado el alcalde encargado, Alejandro Gómez López.Entre estas medidas destaca el toque de queda nocturno –desde las 23.00 hasta las 4.00 horas–, la ley seca o solo el servicio a domicilio por parte de los restaurantes.Gómez López ha agregado que hay “entre 4.000 y 5.000 pacientes por día”. “Las condiciones sociales que estamos viviendo nos obligan a aumentar el autocuidado”, ha aseverado, recoge ‘El Espectador’.

Fuente: La Nación

Aunque Estados Unidos y varios países latinoamericanos han hecho lo correcto y apoyado el derecho de Israel a defenderse de los más de 2000 cohetes de Hamas lanzados contra la población civil de Israel, la reacción de algunos países de la región ha sido patética. Los gobiernos de Cuba, Venezuela, la Argentina y San Vicente –un país pequeño, pero que ocupa una banca en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas– han apoyado tácita o explícitamente al grupo terrorista Hamas.Hay una buena razón por la que Hamas es considerado oficialmente un grupo terrorista por Estados Unidos y los 27 países de la Unión Europea: es una organización que deliberadamente usa la violencia contra objetivos civiles. Hamas está disparando sus cohetes a las ciudades de Israel, incluidas Jerusalén y Tel Aviv, apuntando a la población civil. Israel, en cambio, está respondiendo con ataques a objetivos militares de Hamas. Esa es una gran diferencia. Además, Hamas llama abiertamente a la aniquilación de Israel y su población judía.El 7 de mayo, Fathi Hammad, un alto funcionario de Hamas, pidió a los palestinos que les “corten la cabeza a los judíos con cuchillos” en un discurso transmitido por Al-Aqsa TV en Gaza. Lo que está en juego en este conflicto no es el derecho del pueblo palestino a una patria, algo que muchos de nosotros apoyamos en la forma de una solución de “dos Estados para dos pueblos”. Hamas es un grupo ultraderechista y fundamentalista islámico apoyado por Irán que no quiere una solución de dos Estados. Quiere eliminar a Israel e instalar un régimen fundamentalista musulmán. Pero nada de eso ha impedido que las dictaduras de Cuba y Venezuela culpen a Israel por la violencia, sin una palabra de condena a Hamas.Lo más sorprendente fue la reacción de la Argentina, cuyo caótico gobierno populista condenó el “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de Israel. Otros países latinoamericanos, como México y Chile, emitieron declaraciones medianamente equilibradas. Brasil, Colombia y Uruguay, al igual que el presidente Joe Biden, enfatizaron el derecho legítimo de Israel a defenderse. La reacción de la Argentina es intrigante. Uno podría replicar que un uso “proporcionado” de la violencia sería que Israel lanzara la misma cantidad de cohetes que Hamas, algo que hubiera multiplicado enormemente las muertes en Gaza.¿Qué hay detrás de los ataques de Hamas? La lucha por el liderazgo palestino. Hamas está lanzando sus cohetes para convertirse en el único líder de la causa palestina, desplazando de la escena al gobierno de la Autoridad Palestina. Hamas también se ha aprovechado de la reciente decisión del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, de 85 años, de posponer las elecciones palestinas.Y Hamas se ha beneficiado de lo que describe como la tímida respuesta de Abbas a la disputa legal por los derechos de propiedad de cuatro casas en el este de Jerusalén Este, y a la represión policial de la policía israelí contra manifestantes palestinos en el complejo de la mezquita Aqsa. Nada de esto significa que el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, esté libre de culpas.Netanyahu, cuya coalición depende del apoyo de partidos de extrema derecha y ultraortodoxos, ha dejado que las tensiones entre israelíes y palestinos se intensificaran. Entre otras cosas, retrasó hasta el último minuto la decisión de suspender una marcha del Día de Jerusalén por parte de israelíes de derecha en una zona musulmana de Jerusalén. Netanyahu, que enfrenta cargos de corrupción, debería haber sido derrotado en las urnas hace mucho tiempo.Le ha hecho peor que bien a Israel, tomando medidas en los últimos años que han hecho cada vez más difícil la creación futura de un Estado palestino. Aun así, en el momento de escribir estas líneas, mientras los cohetes siguen cayendo sobre ciudades israelíes, es Hamas –no Israel– quien debe ser denunciado. Los terroristas de Hamas están lanzando cohetes contra civiles israelíes, mientras usan a los residentes de Gaza como escudos humanos. Israel está disparando contra las posiciones militares de Hamas para defender a su población, como lo haría cualquier otro país si fuera blanco de más de 2000 cohetes disparados desde un territorio vecino.@oppenheimera

Fuente: La Nación

Indianápolis (ap) — domantas sabonis sumó 14 puntos, 21 rebotes y nueve asistencias para que los diezmados pacers de indiana superaran el martes por 144-117 a los hornets de charlotte en el encuentro que puso en marcha el minitorneo de repesca en la conferencia este.Liderados por Sabonis y Doug McDermott, quien encestó 16 de sus 21 unidades en el primer periodo, los Pacers, novenos clasificados del Este, pusieron fin a una racha de nueve derrotas en postemporada, que era la peor en la historia de la franquicia.Indiana tendrá que visitar el jueves al perdedor del otro duelo del minitorneo previsto para el martes, entre Boston, séptimo preclasificado, y Washington, octavo.Se trató del primer triunfo de Indiana en la postemporada desde que aplastó a Cleveland en abril del 2018. Los Pacers ganaron este encuentro a pesar de que no contaron con el alero Caris LeVert debido a los protocolos de salubridad de la liga en medio de la pandemia.Miles Bridges lideró a Charlotte con 18 tantos y Cody Zeller, exastro de la Universidad de Indiana, tuvo 17. Los Hornets terminaron la temporada hilando seis derrotas.La experiencia de Indiana en los playoffs que fue evidente desde el inicio.McDermott lideró el ataque y los Pacers iniciaron con 7 de 11 triples. Superaron a los Hornets en la búsqueda de balones sueltos y también en la labor defensiva.Indiana amplió su ventaja a 23-9 y extendió el margen a 40-24 después del primer periodo. Estaba arriba 69-45 al medio tiempo y 76-45 al inicio del tercer periodo.Los Pacers terminaron anotando 16 de 35 triples y encestando el 55,2% de sus tiros de campo.

Fuente: La Nación