La extrema incertidumbre generada tanto por la pandemia como por decisiones del Gobierno, exacerba la percepción del riesgo derivado de encarar una operación de importación que en sí no deja de ser una compraventa entre partes que se encuentran localizadas de dos lados de una línea imaginaria llamada frontera, en donde rigen normas distintas, aceptadas por sus habitantes, referidas a la circulación de mercaderías.La persistencia en imponer ideas -por parte de distintos actores y desde hace muchas décadas- referidas a los supuestos e infundados prejuicios asociados a la importación, generó una cultura que no fomenta su desarrollo. Ideas como que “la importación destruye el trabajo argentino” son tan falaces y dañinas como las que tienen que ver con el control de precios, cepos cambiarios o la prohibición de exportación de carnes como excusa para reducir su precio. No hace falta ser economista para afirmar que todas estas medidas solo atacan efectos de problemas más profundos que tienen que ver con una desmedida conflictividad laboral, un deficiente y lento funcionamiento de la justicia, baja calidad en la educación, altísima carga fiscal, solo por mencionar algunos.Producto de esa pobre cultura, como decisores económicos, usualmente nos preguntamos sobre la posibilidad de importar tal o cual mercadería, sea como insumo, repuesto, artículo para comercializar o un bien de capital. Existen prohibiciones “no económicas”, que tienen que ver principalmente con la salubridad de la población, y que por lo tanto prohíben el ingreso de por ejemplo material radiactivo o narcóticos. Por otro lado, existen las prohibiciones “económicas” que buscan impedir el ingreso de mercaderías para salvaguardar cierta rama de la industria. Es el caso, por ejemplo, de la importación de vehículos por particulares, o de algunos bienes usados.Pero para el resto de las mercaderías, su importación no se encuentra prohibida sino que, según el caso, se deben cumplir ciertos requisitos para poder ingresar al país. Es el caso, entre otros, de alimentos, artículos para la salud o de algunos aceros destinados a la construcción. Se trata de “obstáculos técnicos al comercio”, establecidos por los gobiernos para todos los productos, nacionales o extranjeros, principalmente dirigidos a proteger la seguridad o la salud de las personas, o de los animales y vegetales, o del medio ambiente. Dentro de la OMC se ha reconocido que estos últimos han tenido repercusión en el comercio internacional, ocasionando costos considerables para los productores y los exportadores, ante la necesidad de cumplir las normas y reglamentos técnicos, que tienen que ver con traducción de textos y documentación, contratación de expertos y la adaptación de las instalaciones de producción para que se adapten a las prescripciones del país de importación. Esto puede terminar desalentando a los fabricantes extranjeros a vendernos productos de mayor tecnología, reduciendo la competencia y encareciendo los productos disponibles en el país.Existe otro tipo de restricciones admitidas dentro de la OMC, las licencias de importación, cuya principal intención es regular el comercio para direccionar el flujo de mercaderías en función de políticas de comercio nacionales. El universo de mercaderías se divide entre las que deben tramitar licencias automáticas y las no automáticas. Solo estas últimas requieren un trámite adicional y en general aplican a textiles, indumentaria, neumáticos, algunos productos de acero, etc. Si bien los acuerdos internacionales disponen que su autorización debe producirse dentro de los 60 días, nuestro país lleva un pobre registro en cuanto a su cumplimiento.Para reducir la incertidumbre debemos informarnos. Para analizar la viabilidad de la importación de una determinada mercadería, el proceso comienza clasificándola en el nomenclador arancelario, lo que culminará asignándole una posición arancelaria la que determinará su tratamiento de aranceles e intervenciones y, por supuesto, respecto a las restricciones cambiarias para efectuar su pago al exterior. Es una labor compleja, que requiere capacidad técnica, conocimiento profundo del bien y experiencia en la tarea y la industria. Cometer un error en esta etapa puede hacer fracasar todo el proyecto.Superada la etapa de análisis de costos de tramitación y logísticos, se debe registrar al importador en todos los organismos oficiales que vayan a intervenir en la operación, esencialmente la AFIP-DGA y, si sobre la mercadería pesa Licencia No Automática, tramitar el RUMP ante el Ministerio de Producción de la Nación.El proceso inicia registrando la importación en el SIMI, un sistema utilizado por la AFIP y la Secretaría de Comercio para administrar este tipo de operaciones. Dentro de plazos muy cortos se debe proporcionar a esta última un archivo PDF, junto a otra información de forma anual, sobre sus proyecciones de inversión, empleo, ventas locales, importaciones y exportaciones. Si fuera necesario, la normativa habilita a la autoridad para solicitar más información para la licencia en análisis, y si el interesado no la proporcionara dentro del corto plazo otorgado o no cumpliera “acabadamente” con lo requerido, el proceso será dado de baja sin más trámite.Dada la escasa comunicación que los sistemas electrónicos adoptados proporcionan, en ciertos casos las licencias terminan siendo no autorizadas, sin información concreta sobre los verdaderos motivos y pocos interesados continúan mediante una presentación judicial solicitando una medida cautelar autónoma urgente, con dispares resultados hasta ahora.Siempre digo que todo es posible, solo debemos preguntarnos a qué costo. La importación no escapa a esto, pero requiere de preparación, involucramiento y experiencia para que todo salga de acuerdo a lo planificado.
Fuente: La Nación
