Campo

Salvo alguna excepción, la amplísima mayoría de los acuerdos salariales que se cerraron este año en el sector público y privado contemplan una cláusula de revisión por inflación entre septiembre y noviembre. Se trata de paritarias guiadas inicialmente por la pauta oficial del 29% trazada en la ley de Presupuesto o de aumentos que llegaron hasta 35%, que fue la suba que el Gobierno, en su rol de empleador, les otorgó a los estatales nacionales. Rompió con estas referencias Cristina Kirchner al habilitar la semana pasada un incremento de 40% para el personal legislativo. Con esta maniobra, la vicepresidenta elevó la vara salarial para las negociaciones en curso, como la de los camioneros de Hugo Moyano (reclamó ayer un 50%), y adelantó algunas revisiones, como sucederá pasado mañana con la de los bancarios o con los docentes bonaerenses.Con fino cálculo político, la estrategia kirchnerista fue rediseñar el mapa paritario para adelantar el debate por las recomposiciones en los rubros que ya advierten otra derrota contra la inflación. Pero también para despegar la pulseada por los sueldos del calendario electoral. Reconocieron la maniobra dos fuentes sindicales que orbitan por el Instituto Patria.El Gobierno prorroga el decreto de las restricciones, pero habilita una mayor flexibilización en el AMBALa intención es que los aumentos adicionales se concreten antes de las elecciones legislativas para generar un mejor clima social antes de ir a las urnas. Avanzar con el plan de vacunación contra el coronavirus y reducir al máximo el impacto de la crisis económica son las dos preocupaciones que desvelan hoy al kirchnerismo. La épica de ganar la elección en pandemia y época de escasez. Tal vez la oposición se lamente más adelante de haber pactado la postergación de los comicios.Detrás del aumento salarial de 40% para los empleados del Congreso que otorgaron Cristina Kirchner y Sergio Massa se distingue nítida la necesidad oficial de alinear salarios, jubilaciones y hasta planes sociales con los precios de los alimentos y las tarifas. Allana el desafío el hecho de haber forzado una estabilidad cambiaria mediante diferentes versiones de cepo, aunque siempre está en falta una receta certera para domar a la inflación. El frágil acuerdo con los supermercados no muestra aún referencias claras del valor de la mercadería. Ni siquiera de insumos básicos, como el de los alimentos.PARITARIA 2021 Acordamos APl, ATE y UPCN con la presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa.La actualización salarial acordada para 2021 será de 40% en cuatro tramos. pic.twitter.com/hKJTvIz3jU— Norberto Di Próspero (@Diprosperoaplok) June 2, 2021Cristina y Massa actuaron de manera deliberada para enterrar definitivamente la pauta salarial que había proyectado Martín Guzmán. Casi no hubo negociación con Norberto Di Próspero, el jefe desde hace 17 años de la Asociación del Personal Legislativo. El gremialista, amigo frecuente de Amado Boudou, demandó un 35%, pero sus empleadores lo sorprendieron con el 40% más algunos adicionales. Un irónico enroque de roles entre la patronal y los trabajadores.Un mensaje a Martín GuzmánLa vicepresidenta le advirtió su jugada salarial al ministro de Economía, vía Axel Kicillof. No habría habido objeciones de Guzmán, a quien gremialistas y empresarios comienzan a observar cada vez con mayor desconfianza.Axel Kicillof y Martín GuzmánEn la CGT barruntan que su salida se daría después de las elecciones, con o sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la Unión Industrial Argentina (UIA) no hacen por ahora futurología, pero advierten con desconcierto sobre el incumplimiento de algunas reglas. El flamante jefe de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja, condicionó la reactivación económica a que se levanten medidas como la prohibición de despidos o la doble indemnización. “Fue el propio Gobierno el que decidió no cumplir la pauta inflacionaria de su propio presupuesto; los ejemplos del Congreso y del PAMI [hubo un aumento de 43%] disparan la presión gremial”, planteó un dirigente bancario, ajeno a las disputas internas de los industriales.Al nuevo mapa paritario le falta todavía lo que negocien dos aliados del Gobierno, como los son Héctor Daer y Hugo Moyano. A Daer, jefe del gremio de la sanidad, los empresarios de la salud le pidieron directamente suspender la paritaria. Limitado, Claudio Moroni gestiona atajos para evitar que la negociación de un sector clave y esencial en la pandemia desencadene un conflicto.La situación económica del transporte de cargas es diferente. Si Cristina dio un 40% para los empleados del Congreso y el PAMI otorgó un 43%, Moyano aspira con rozar el 50% de suba de los salarios para los camioneros. Después de la primera conversación entre las partes bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo, el acuerdo se anticipa complicado. Moyano, sin embargo, apelaría a sus estrechos vínculos con algunos referentes de la Federación de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) para afinar números y forzar un trato. La Faetyl, que es hoy la cámara de más influencia, surgió durante el macrismo tras una pelea interna entre empresarios del sector de la que el gremio no resultó ajeno.Malestar sindical con AlbertoLa pelea por los salarios se acerca a la cima de la tensión cuando en la CGT son cada vez más voces las que enumeran con fastidio las promesas incumplidas de Alberto Fernández. La preocupación central de los sindicalistas pasa por la caja de la salud.Cuáles son las nuevas actividades permitidas en la ciudad de Buenos AiresJosé Luis Lingeri, el dirigente gremial que más conoce del tema por su paso en el área durante el menemismo, cruza números y hace cuentas de los días que pasaron desde que el Presidente les prometió más fondos para afrontar los gastos por los tratamientos a discapacitados. Lingeri también se queja, y no es el único, por la demora en la oficialización del decreto que modificaría el sistema de libre elección de la obra social. La normativa conversada entre el Gobierno y la CGT apunta a que cada nuevo trabajador registrado deberá permanecer como mínimo un año en la obra social de su actividad antes de disponer de la transferencia de los aportes a otra entidad de salud. Sería ir en contra de las prepagas. También contra la voluntad de alguien que opta por otro servicio.La susceptibilidad gremial está tan a flor de piel que hasta hubo reproches a Fernández por no haber invitado a la CGT a los agasajos oficiales por la visita de Pedro Sánchez. El enojo fue expresado durante un almuerzo en el séptimo piso de la sede de la Uocra con los dos dirigentes gremiales españoles que integraron la comitiva del presidente de su país. Intercambiaron sobre los efectos de la pandemia y la crisis, pero no hablaron de indios ni barcos. Cuando Fernández tuvo su tropiezo retórico, los sindicalistas hablaban animadamente de otras cuestiones. La televisión ni siquiera estaba encendida.

Fuente: La Nación

Las más de 7000 botellas de whisky escocés prémium, de tequila y de licores llegaron al puerto de Buenos Aires desde China. Compartieron el mismo contenedor con otro tipo de mercadería como teléfonos celulares, zapatillas, notebooks, consolas de juego de primera marca y herramientas. Toda la carga, que intentó ser ingresada de contrabando en la Argentina, tenía una valor de casi 795.000 dólares. En los últimos días, más de cinco años después del secuestro de los productos en el marco de la denominada causa de la Mafia de los contenedores, la Dirección General de Aduanas (DGA), recaudó $22.344.285 en la subasta autorizada por la Justicia de los lotes de bebidas alcohólicas.Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Los 51 lotes de botellas de whisky de marcas como Glenfiddich y The Balvenie; tequila José Cuervo, Patrón y 1800, y licor Jägermeister, fueron subastados la semana pasada en el Banco Ciudad.“La mercadería que la DGA ofrece a remate es toda aquella que no puede tener como finalidad la donación -como es el caso de las bebidas alcohólicas-, al tiempo que permite liberar el espacio en los diferentes depósitos. El resultado preliminar, ya que resta la aprobación de la Aduana de Buenos Aires, de la subasta alcanzó los 22.344.285 de pesos con la venta de 42 de los 51 lotes ofrecidos”, explicaron fuentes oficiales.Una de las botellas que fueron rematadasLos mismos informantes dijeron que la base de los 42 lotes que salieron a la subasta fue de $9.729.585. “El resultado fue de un 130 por ciento superior. El monto obtenido de la subasta se utiliza para, en primer lugar, cubrir los tributos que esa mercadería debió pagar en la importación, mientras que el excedente va a rentas generales”, sostuvieron las fuentes consultadas.Las mentiras del falso médico que atendió a más de 500 pacientesEl voluminoso expediente de la Mafia de los Contenedores está a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. La causa comenzó en marzo de 2016 tras una presentación de la Aduana ante la Procuraduría de Criminalidad Económicas y Lavado de Activos (Procelac).Además de la Procelac, el Ministerio Público también está representado por la fiscal María Gabriela Ruiz Morales.Recaudaron $ 22.344.285 en las subastas de whisky, licor y tequilas secuestrados en la mafia de los contenedoresSegún habían explicado tiempo atrás fuentes judiciales, Aguinsky separó el expediente en varios legajos para evitar “la formación de una megacausa que solo sirve para enredar las distintas líneas de investigación. Analizar las operaciones de la Aduana entre 2014 y 2016 por todos los rubros juntos formaría una megacausa con un destino de fracaso, por la multiplicidad de operadores que se mezclan. Cada capítulo confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico está en condiciones de elevarse a juicio oral. Así nadie tiene que esperar toda la causa para ser juzgado”.Por ejemplo, el legajo que tenía bajo sospecha a Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado del extodopoderoso ministro de Planificación kirchenista Julio De Vido, y a otros imputados ya tuvo su juicio donde se determinaron condenas de entre tres años de prisión en suspenso y ocho años de cárcel de cumplimiento efectivo.TraiciónA fines del mes pasado, el juez Aguinsky dictó una nueva resolución en uno de los legajos de la causa de la Mafia de los Contenedores. Procesó con prisión preventiva a un agente de carga que participó en más 75 de los cargamentos investigados y les trabó un embargo multimillonario sobre sus bienes: $1.240.283.372.En un fallo de 163 páginas, Aguinsky hizo referencia al “impacto económico de los delitos de la naturaleza que se investigan”.El policía Chocobar pidió la nulidad de la condena que le impuso la JusticiaEl magistrado sostuvo: “No debe perderse de vista que todas aquellas mercaderías ingresan en el país en forma tramposa [las secuestradas en la denominada causa de la Mafia de los Contenedores]. Al momento en que esas mercaderías son finalmente despachadas a plaza, ingresan en una cadena de producción y comercialización absolutamente ’en negro’, momento a partir del cual se manifiestan todos los perjuicios adicionales derivados de su ingreso ilegal al país. Se genera así, un ‘Paraíso Fiscal’ ad hoc para los verdaderos dueños de las mercaderías, que luego de conseguir burlar el control aduanero acceden a manejar sus productos fuera del alcance de las autoridades tributarias locales”.Aguisnky continuó: “Ello es así, pues las transacciones comerciales de las que son objeto aquellos enseres, jamás podrían transparentarse sin dejar en evidencia su adquisición previa no registrada. Todas aquellas operaciones comerciales sucesivas se realizan fuera del control tributario, generándose en consecuencia una especie de ‘daño continuado’ contra la recaudación y el erario público. Este daño no solo tiene un impacto fiscal que se multiplica en cada eslabón de la cadena de producción y/o comercialización, sino que traiciona además la lealtad en la competencia del mercado frente a los distintos contribuyentes que venden sus productos pagando todos sus impuestos. Tampoco pueden dejar de atenderse los casos en los cuales la mercadería ingresada al país resulta falsa, infringiendo las regulaciones de marcas y afectado de modo directo el patrimonio y la creatividad protegida por ley”.El juez Marcelo Aguinsky, a cargo de la denominada causa de la Mafia de los Contenedores (CIJ/)Para el juez de la causa de la Mafia de los Contenedores “contrabando y evasión tributaria constituyen un binomio inescindible del negocio ilegal. No es por otra razón que quienes participan en este tipo de actividades ilícitas no solamente se preocupan por ocultar qué se importa, sino también ‘quién’ lo hace. Una clara maniobra establecida para obstaculizar la visibilidad de la cadena de comercialización irregular posterior al ingreso clandestino de la mercadería. En los hechos aquí investigados, vale aclararlo, la intervención oportuna de las autoridades impidió que se consumara ese propósito”.Por último, Aguinsky habló de lo que consideró un protagonista principal: el Banco Central. “Todas estas operaciones de comercio exterior, en el contexto de la política económica y cambiaria restrictiva imperante en los años 2015 y 2016, requirieron necesariamente de una autorización especial para acceder al mercado de cambios, para adquirir las divisas a fin afrontar los pagos a los proveedores del exterior y luego girar esos dólares hacia el país de donde provenía la importación. Divisas malgastadas a precio oficial en un contexto de control de cambios y economía siempre en problemas, que no tuvieron un destino legítimo ni beneficiaron la actividad económica del país, sino que se usaron para promover el ingreso clandestino de mercaderías en una ecuación perniciosa que ha quedado en evidencia”.DonaciónEn noviembre de 2018, LA NACION informó de que parte de lo secuestrado en la denominada causa de la Mafia de los Contenedores había sido donado a entidades gubernamentales y sociales, clubes de barrio, ONG y fundaciones para que sea utilizada por los más necesitados. Se trataba de unas 5300 toneladas de telas, indumentaria, mochilas y artículos de bazar por un valor de US$69.000.000.El material encontrado en 290 contenedores será entregado a organizaciones sociales (Ricardo Pristupluk/)“Se trata de un tema central y una de las políticas de Estado más importante que estamos llevando adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social. Esto permite no solo combatir a las mafias que estaban enquistadas en la Aduana, sino que la mercadería ingresada de contrabando termine en manos de los más necesitados”, habían explicado en su momento fuentes oficiales.Para verificar que la mercadería llegue al destino pensado y evitar que sea desviada o revendida, el juez Aguinsky había habilitado una dirección de correo electrónico para recibir denuncias

Fuente: La Nación