Con la llegada de la pandemia de coronavirus, el sistema de riesgos de trabajo cobró una relevancia inédita. Preparadas para cubrir accidentes laborales, generalmente relacionados a traumatismos, las ART tuvieron que correr contrarreloj para readaptar el sistema y sumar profesionales que atiendan una enfermedad desconocida.“Partamos de la base de que el Sistema de Riesgos del Trabajo no fue pensado para cubrir el riesgo que deviene de una pandemia. El Covid es además una enfermedad nueva, ajena y extraña al mismo. A partir del DNU 367/20, el 14 de abril de 2020 se determinó que era una enfermedad laboral no listada (es decir, no incluida dentro del listado de enfermedades laborales) y que debía ser cubierta en el caso de que se contagiaran los trabajadores excluidos de hacer aislamiento”, explicó Mara Bettiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). En enero de este año, mediante un nuevo decreto, se extendió la cobertura a todos los trabajadores. Un par de meses más tarde, se determinó que la cobertura sea hasta fin de este año.En número, hasta el momento el sistema en su conjunto atendió a 360.460 trabajadores que fueron afectados por el coronavirus. El pico máximo se registró en mayo de este año, cuando se contagiaron 57.111 empleados y, a su vez, se sumaron 36.204 siniestros de otro tipo. En contraposición, en un mes habitual los accidentes se ubican en torno de los 40.500 casos. “El sistema está atendiendo más del doble de lo que está habituado”, acotó Bettiol.Cantidad de denuncias recibidas de siniestros en el sistema ART desde el inicio de la pandemia.En el caso puntual de la aseguradora Provincia ART, alrededor del 40% de su cartera está conformada por trabajadores esenciales, entre ellos personal de las fuerzas de seguridad, de salud, transporte y educación. En mayo recibieron más de una denuncia por minuto relacionada al Covid-19 y de enero a junio de este año atendieron 118.000 siniestros convencionales y más de 150.000 por coronavirus.“Tuvimos que ponernos a cuidar a los que estaban cuidando a toda la sociedad. Nos vimos obligados a cambiar toda la red de trabajadores, la lógica con la que atiende nuestro sistema, porque teníamos que enfocarnos en darle una respuesta a enfermedades respiratorias, una patología completamente nueva. Rediseñamos la compañía a distancia lo cual, obviamente, generó un estrés operativo”, contó Fernando Zack, presidente de Provincia ART.Uno de los primeros obstáculos que tuvieron las ART fue adaptar su red de prestadores. Acostumbradas a atender lesiones traumatológicas, los accidentes más habituales, cuando llegó la pandemia no contaban con profesionales especializados en atender una enfermedad respiratoria, como neumonólogos, infectólogos o médicos clínicos. También se reconfiguraron los protocolos de prevención y se buscaron lugares para que los enfermos puedan transitar la enfermedad en hoteles medicalizados y sanatorios.Boom para pagar: la Argentina logró un hito mundial que disminuye el uso de efectivo“Además tuvimos que preparar la actividad ligada a la cobertura para el resto de los trabajadores afectados. Veníamos arrastrando una cartera importante de siniestros que estaban en atención y nos encontramos con que la estructura sanitaria del país se abocó 100% al Covid-19. Eso dificultó continuar con los tratamientos de accidentes y enfermedades previos a la pandemia. A su vez nos pasaba que los accidentados se resistían a ir a un centro médico por miedo al contagio. Por suerte, lo pudimos encauzar”, contó Guillermo Meneguzzi, gerente de la Segunda ART.En marzo del año pasado, cuando se transitó el aislamiento obligatorio más estricto, era fácil discernir si la persona se había contagiado dentro del ámbito de trabajo. Pero, con las aperturas de las actividades y una símil vuelta a la normalidad, las líneas entre el contagio laboral o social se borronearon.“El Decreto que se dictó habla de presunto contagio laboral. La relación entre contagio y trabajo es prácticamente imposible de probar, a menos que se trate de trabajadores de la salud. Ahora, en el resto de las ocupaciones, se vuelve más difícil. La realidad es que se impuso por la propia normativa esta relación de causalidad, hoy te diría que es una cobertura semi-automática que tenemos que cargar. Pedimos una serie de requisitos a demostrar, como no haber estado de vacaciones, una declaración jurada, pero aún así es muy finito y se diluye esa relación. Antes el 25% de los contagios era gente de salud, ahora con todo abierto la posibilidad de contagio se multiplica”, remarcó Roy Humphreys, CEO de Experta ART .En mayo, Provincia ART recibió una denuncia de Covid-19 por minutoUn problema adicional estuvo relacionado al financiamiento de la cobertura. Cuando el Gobierno determinó que las ART cubran los casos de coronavirus, se designó al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP) con un fondo inicial de $5500 millones. Pero en cuestión de meses se agotó.El Fondo fue creado en el origen del sistema, 25 años atrás, el cual se constituye por un cargo fijo de $0,60 por trabajador. Para recapitalizarlo en el medio de la pandemia, se aumentó el cargo fijo a $40 por empleado. “Pero ante la cantidad de casos, la amplitud de las actividades y los inciertos de la duración de la pandemia, tampoco resultará suficiente para solventar dicha cobertura”, sostuvo Bettiol.“Se define que las ART pongan el hombro y los gastos los recuperen del Fondo. Nosotros fuimos para adelante sabiendo que no iba a alcanzar ese fondo, pero nos sirvió para transitar parte del 2020. Primero respondemos a la emergencia, después vemos. Pero en nuestro caso, solo el de Provincia ART, tenemos un gasto devengado – se proyecta, no se pagó- de $15.000 millones. El sistema debe estar en los $45.000 millones. A partir de enero lo que teníamos que recuperar se agotó y tuvimos que pagar de fondos propios, por lo tanto tenemos un déficit importante”, indicó Zack.Oro blanco: quieren lanzar una criptomoneda respaldada en el litioPara dimensionar, cada trabajador que fallece por Covid-19 equivale a una indemnización de unos 10 millones de pesos que tienen derecho a reclamar sus familiares. Al momento se registraron 2069 muertes laborales relacionadas al coronavirus, por lo que el fondo tiene que pagar al menos $20.690 millones, sin tener en cuenta al resto de los siniestros.En tanto el problema se resuelva, las ART siguen en diálogo constante con el Gobierno nacional. Por el momento confían en que la situación encuentre una solución en el futuro porque, de no lograrse, puede “perjudicar la red de atención”.“Esta situación coyuntural se suma a otros problemas que venían de antes, como la judicialidad, que si bien bajó respecto del pico de 2017, la demora en la conformación de los cuerpos médicos forenses, la tasas de actualización judiciales sobredimensionadas y desacopladas del rendimiento de las inversiones, vuelven a poner en el centro de la escena cuál será su evolución. Como así también agrava la infratarifación”, agregó la UART.La amenaza de la sustentabilidad del sistema: la litigiosidadDesde sus principios, el sistema fue ideado para prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales. En caso de que se produzcan, resolver los daños para intentar alcanzar la máxima curación posible. Solo en caso de que quedaran secuelas o discapacidades relacionadas al ámbito laboral, las ART resarce al empleado económicamente.Sin embargo, en el año 2004 la cantidad de juicios fueron en aumentos “al grado tal de poner el peligro la sustentabilidad del sistema”. Según explicaron desde la unión de aseguradoras, la cifra no disminuyó a pesar de establecer otros montos indemnizatorios o agregar nuevos términos de prevención de siniestros y de cobertura y servicio.“Resulta paradójico y de difícil explicación. Hay menos accidentes, más y mejores servicios, aumentaron las indemnizaciones, se redujeron los fallecimientos en un 80% durante los últimos 25 años y, aún así, hay más litigiosidad. Por eso llegamos a la conclusión de que es un fenómeno exógeno al sistema”, resaltó Diego Álvarez, gerente general de Asociart ART.Juicios ingresados en las provincias con mayor cantidad de litigiosidad, luego de la sanción de la nueva ley.A raíz de un acuerdo entre sectores políticos, empresariales y sindicales, en el año 2017 se reformó la Ley 27.348 y se adhirieron 15 provincias más la ciudad de Buenos Aires que, en su totalidad, concentran el 94% de la litigiosidad del país. La normativa estableció un procedimiento previo, el cual se basa en la obligatoriedad de asistir a comisiones médicas antes de realizar una presentación judicial.A su vez, se incrementaron las indemnizaciones y se conformó un nuevo sistema pericial, los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), para que ajustaran sus dictámenes al Baremo, es decir, la tabla de mediciones de incapacidades que se incluyó en la legislación. “Los peritos judiciales se adhieren por simple anotación de un listado de su actividad, cobran honorarios acoplados al monto de la sentencia y eso incentiva una mayor judicialidad. A mayores indenmizaciones, mayores honorarios”, añadió Álvarez.Otro subsidio “pro rico”: el kirchnerismo provoca lo contrario a lo que buscaSi bien los juicios “comenzaron a disminuir considerablemente”, la constitución de los CMF en las justicias provinciales sigue viéndose demorada. Hoy el sistema tiene un stock de 270.000 demandas y, en promedio, los peritos se exceden 17,5 puntos de incapacidad respecto del Baremo. En dinero, eso significa lo equivalente a la recaudación del sistema durante cuatro años.“A medida que las provincias se van adhiriendo, el flujo de juicios disminuye. Particularmente nuestra ART es de Santa Fe, jurisdicción que se adhirió hace apenas un mes. Históricamente acá el índice de juicios es alto, pero esperamos que se repita lo mismo que fue pasando en el resto de las provincias. Pero todavía falta resolver este tema que es una mochila muy importante para el sistema”, indicó Meneguzzi.Los números que alientan: se salvaron 14.000 vidasUnos 14.000 trabajadores se salvaron la vida por la prevención de riesgos laborales, tras 25 años de la creación del sistema de riesgos de trabajo. El número significa una disminución del 80% de los fallecimientos.Otro dato que destaca es que, en sus inicios, el sistema cubría a unos 3,9 millones de trabajadores y lo conformaban alrededor de 388.000 empleadores. Al día de hoy, la cifra ascendió a 9,6 millones de trabajadores y más de un millón de empleadores.Crecimiento de trabajadores y empleadores que se sumaron al sistema ART en los últimos 25 años.“La fuerte reducción de la siniestralidad demuestra que hubo una tarea de prevención que llegó a los empleadores. Me gusta comparar lo que era antes y después del 96: no existían las prestaciones, por supuesto que tampoco las indemnizaciones. El sistema creció a pesar de que sufrimos altísima litigiosidad, momentos en que las ART se pusieron en duda, pero salimos fortalecidas. A futuro nos queda más por desarrollar, sobre todo la idea es llegar a los autónomos y al trabajo no registrado”, proyectó Humphreys.Para las aseguradoras, lo positivo de la pandemia fue que les permitió revalorizarse. Con un valor promedio de $2000 mensuales por trabajador, los empleadores “ven como un costo pagar la ART todos los meses porque las alícuotas son caras, pero para las aseguradoras resulta insuficiente”.“Nos permitió poner en valor, demostrar para qué sirve tener una ART. Si pagas un seguro y nunca lo usas, pensás ‘para qué lo tengo’. Pese a lo malo, la situación nos permitió legitimizarnos, demostrar que acá estamos y que damos respuestas”, cerró Zack.
Fuente: La Nación
