Campo

Era la segunda vez que el comisario mayor retirado de la policía bonaerense Carlos Villavicencio se encontraba con sus “contactos” de la comisaría de Hurlingham en la misma estación de servicio. Después de saludarlos con un choque de puños les entregó un paquete envuelto en una bolsa de plástico y después se sentó alrededor de una mesa del patio trasero. “Bueno, muchachos, ¿están contentos? Se van con un sueldito [sic]. Esto es para empezar. Si se mantiene vamos a subir la postura para ustedes”, les dijo. En ese momento no lo sabía, pero los 200.000 pesos que acaba de entregarles iban a ser parte de una serie de pruebas clave para que terminara procesado con prisión preventiva por los delitos de cohecho activo y tráfico de estupefacientes en la modalidad tenencia para su comercialización. En otras palabras: pagó una coima para que le “liberaran la zona” para vender drogas.Villavicencio, de 57 años, tampoco sabía que esos que consideraba como sus “contactos” en la seccional de Hurlingham actuaban como agentes reveladores, figura prevista por ley y autorizada por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, después una solicitud del fiscal federal Santiago Marquevich, a cargo de la investigación.“Los escaladores”: redes sociales y un pedido a un bar, claves para atrapar a una banda de ladronesCon la entrega del dinero, según se desprende del expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION, Villavicencio pretendía evitar allanamientos en la denominada villa Libertad, de Hurlingham, para que una banda dedicada al narcomenudeo tuviese “la zona libre” para vender estupefacientes.La reunión donde el sospechoso entregó el dinero se produjo el 20 de agosto pasado. Las negociaciones por parte del personal policial, autorizadas por las autoridades judiciales, habían comenzado un mes antes, cuando Villavicencio se presentó en la comisaría 1a. de Hurlingham para “solucionar el tema de la Villa Libertad”.Hubo varias comunicaciones por WhatsApp hasta que se acordó una primera reunión, que se hizo el 19 de agosto en una estación de servicio situada en Vergara y Bizet, Hurlingham. En ese encuentro, Villavicencio espetó: “Yo soy comisario mayor retirado, hablemos a calzón quitado [sic], somos todos de la misma fuerza; pongan el número”.Cuando los agentes reveladores simularon interés en la propuesta, le preguntaron qué era lo que necesitaba. Él respondió que su principal objetivo era que no se efectuaran más procedimientos del Comando de Patrullas Hurlingham ni de la comisaría 1a., según se desprende de la resolución en la que el juez Rodríguez procesó al sospechoso.“Vamos a hacer una cosa: voy a pedir todos los viernes $250.000, de los cuales 200.000 son para ustedes y 50.000 para mí. Todos los viernes nos vamos a ir encontrando en distintos lugares para coordinar”, propuso Villavicencio. El primer pago, que quedó filmado, fue al día siguiente, el viernes 20.Veinticuatro horas después de haber entregado el “paquete”, Villavicencio se comunicó con sus “contactos” para referirles que la “comisaría estaba molestando” en la zona de la villa. Situación que “demuestra que en ningún momento la zona fue liberada por parte de la fuerza policial interviniente”, explicó el juez Rodríguez en su resolución.Pasaron los días y Villavicencio mostraba su preocupación por la presencia policial, pero, como había quedado, se volvió citar a una reunión con sus “contactos”, el viernes 27, para hacer entrega de la “cuota”.“Villavicencio entregó un sobre con $200.000. Así, se evidenció la comisión del delito propuesto, por lo que los funcionarios policiales, en estricto cumplimiento de las funciones, procedieron a su inmediata identificación, secuestrando las cosas relacionadas con el ilícito y sujetas a decomiso, procediendo, en definitiva, a la detención”, se explicó en el expediente judicial. Poco después se allanó la casa del comisario mayor retirado, situada en Villa Ballester, partido de San Martín.Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, la investigación que derivó en la detención de Villavicencio comenzó el 13 de enero pasado con una denuncia presentada por el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Hurlingham, Damián Feu, “por medio de la cual se tomó conocimiento de la existencia de un grupo de seis personas armadas de San Martín que estarían llevando a cabo conductas vinculadas con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes”.Feu, según el expediente judicial, tomó conocimiento después de una serie de reuniones con vecinos que, por temor, preferían mantener el anonimato.“El denunciante señaló que únicamente se logró conocer que un integrante de dicha banda se apodaría el Gordo y que sus miembros operarían en el asentamiento denominado villa Libertad, en Hurlingham”, según el expediente.Así comenzó una investigación, delegada en el fiscal Marquevich, y se dispuso como fuerza de prevención a la Jefatura Distrital de Hurlingham.Poco a poco, los detectives policiales comprobaron que la denuncia tenía sustento y comenzaron a detectar las maniobras de narcomenudeo y cómo operaba la organización criminal.“Se logró individualizar a algunos que se encargarían de vender la sustancia ilícita, a otros que guardarían la sustancia ilícita en sus propios domicilios y, por último, a los colaboradores identificados como “soldados”, siendo aquellos que se desempeñan brindando seguridad al grupo delictivo para la concreción de la conducta investigada”, se afirmó en el auto de procesamiento de Villavicencio.El supuesto líder de la banda fue identificado, pero cuando se allanó su supuesto domicilio, después de la detención de Villavicencio, ya no fue ubicado.Además de Villavicencio, el juez Rodríguez también procesó a una mujer de 55 años por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad tenencia con fines de comercialización.La carrera policialA lo largo de sus 34 años de carrera en la policía bonaerense, Villavicencio tuvo que enfrentar seis sumarios administrativos, conocidos como Instrucción Sumarial Administrativa (ISA). Sus sanciones, en esos procesos, fueron de 23 días de suspensión, en total.La última ISA que le abrieron en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense fue en 2019, por no presentar en la Escribanía General de Gobierno su declaración jurada de bienes. En ese expediente administrativo, como se dijo, habían solicitado su exoneración, pero fue sobreseído definitivamente, según informaron a LA NACION fuentes oficiales.Después de estar cuatro años y cinco meses en la comisaría 2a. de General Sarmiento (distrito que en 1994 se dividió en los partidos de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas) como oficial ayudante, ascendió a oficial subinspector y se le asignó destino en una comisaría de Marcos Paz, donde apenas dos meses después fue trasladado a la Dirección de Toxicomanía de Mercedes, dependencia donde debía luchar contra el narcotráfico.Como oficial subinspector y oficial subinspector pasó por la comisaría 5a. de Vicente López (situada en la avenida del Libertador al 1000), la Brigada de Investigaciones de San Martín, una seccional de Malvinas Argentinas, otra de Florida —también en Vicente López— y en la Jefatura Departamental de San Isidro.En junio de 2004 ya había logrado ascender al cargo de subcomisario y lo pusieron a cargo de la comisaría 1a. del Partido de la Costa. Un año y medio después, ya como comisario, pasó a una dependencia de Pilar. Entre enero de 2012 y diciembre de 2013 estuvo en seccionales de La Plata, José C. Paz y Mar del Plata.Los primeros días de enero de 2014, ahora con el rango de comisario inspector, fue trasladado a la Jefatura Distrital de José C. Paz, donde estuvo apenas tres meses porque fue nombrado titular de la Jefatura Distrital Mar del Plata.En junio de 2015 ascendió a comisario mayor y en marzo de 2017 fue pasado a retiro activo (situación que habilita a las autoridades a convocarlo al servicio, de ser necesario).

Fuente: La Nación