¿Cómo es posible que la cuestión del cambio climático no se destaque entre las preocupaciones de la sociedad argentina? Su impacto está modificando la vida cotidiana de todo el planeta y los especialistas afirman que ya existen daños irreparables, que en el mejor de los casos las cosas se van a complicar en los próximos años y que, a pesar de todas las alarmas y evidencias, la comunidad internacional carece de los mecanismos para forzar decisiones más efectivas frente a un drama sin solución. Tenemos a diario en nuestro país muestras palmarias del desastre en el que estamos metidos. Una vez más, son las sierras de Córdoba donde los incendios devoran bosques y poblaciones enteras, como ocurrió antes en el norte o en la Patagonia. Como viene sucediendo en diferentes latitudes, desde Australia y Brasil hasta Canadá y el oeste de los EE.UU., pasando por España e Israel. Pequeños grupos de la sociedad civil muestran reacciones desmedidas y se organizan a nivel local para impedir inversiones millonarias que generarían miles de empleos decentes, formales y muy bien pagados con distintos argumentos, algunos válidos y otros exagerados, en torno a la cuestión de la sustentabilidad. Sin embargo, callan y desaparecen ante el fracaso del Estado (nacional, provincial y municipal) para educar a la población e implementar medidas preventivas básicas. ¿Cinismo, hipocresía, doble estándar? Negacionismo e irresponsabilidad se combinan y potencian para postergar los debates fundamentales. ¿Acaso la Argentina discute en serio su estrepitoso fracaso económico, la falta de moneda, la creciente inflación? ¿Adquiere relevancia y prioridad en la agenda pública la cuestión de la inseguridad, que constantemente nos ofrece imágenes espeluznantes? ¿Hicimos un ejercicio crítico de los errores y de los horrores cometidos en la gestión de la pandemia para aprender de ellos y atravesar el incierto tramo que aún nos queda por delante de forma menos improvisada? ¿Hasta cuándo seguiremos financiando un sistema educativo que quedó preso de los caprichos de los sindicatos y de la complicidad anodina de los burócratas de turno? Equivocarse es humano, perdonar es divino, pero persistir sistemáticamente en el error constituye un comportamiento tan irracional como patológico. En este contexto puede parecer trivial detenerse a analizar el patético episodio de las fotos, videos y otras evidencias (como las planillas de acceso a la quinta de Olivos) de que el Presidente y su círculo íntimo gozaron de privilegios inaceptables durante la peor etapa de un confinamiento que implicó el cercenamiento de derechos fundamentales. Podría argumentarse que los poderosos en general siempre tienen prerrogativas aun en situaciones extremas y en entornos culturalmente igualitarios –al menos por ahora– como el nuestro. A propósito… ¿seguirá por mucho tiempo ese rasgo histórico característico de nuestra identidad y ligado a nuestro pasado pletórico de oportunidades y mecanismos de movilidad social ascendentes con estos insólitos niveles de pobreza y marginalidad que supimos conseguir? Tal vez deberíamos considerar un cambio en la letra de nuestro Himno Nacional: “Ved en trono a la indigna desigualdad”. Lo cierto es que el propio Presidente había relativizado en la práctica la vigencia de las extremas medidas de aislamiento en el momento en que afirmó, ya en agosto del año pasado, apenas un par de semanas después del cumple de su querida Fabiola, “que me sigan hablando de cuarentena me asombra: la gente sale”. Podía dar fe de lo que afirmaba. Para entonces, era evidente la muy escasa capacidad efectiva del Estado para sostener limitaciones tan ambiciosas, en especial en los grandes bolsones de pobreza diseminados en los principales conglomerados urbanos. ¿Falta de decisión política? ¿Impotencia ante lo inevitable? ¿Evitar costos en una demografía percibida electoralmente afín? Tal vez se mezclan los motivos, pero nunca más adecuada aquella famosa máxima de origen colonial, “se acata, pero no se cumple”, antecedente de la “anomia boba” que tan magistralmente analizó Carlos Nino. A pesar de todo, el “Olivos vip” tuvo un notable impacto en la opinión pública y puede implicar costos electorales significativos para el oficialismo. Esto se desprende de un sondeo realizado por D’Alessio Irol/Berensztein: el 100% de los consultados dijeron estar al tanto de lo sucedido esa noche de julio de 2020 en la quinta presidencial. Más aún, para un 54% resultó un episodio muy o algo importante en sus vidas. Uno de cada cuatro de quienes optaron por el FdT en 2019 cree que este affaire podría incidir en su voto. Entre ellos, la enorme mayoría (el 80%) se inclinarían en noviembre por la principal coalición opositora. Se trata de ese vital segmento del electorado independiente, volátil y generalmente muy moderado que define todas las elecciones: le dio el triunfo a Macri en la segunda vuelta de 2015 y, enojado por el fracaso económico, fue clave para la victoria de Alberto Fernández en octubre de 2019. Ahora estaría recalculando y disponiéndose a un voto castigo. Las consecuencias negativas de este episodio abarcan múltiples dimensiones que esmerilan aún más la credibilidad presidencial: revela falta de carácter, de criterio y de manejo de la agenda del primer mandatario. Más allá de los retos públicos y las humillaciones a que lo somete Cristina, el interrogante es si Alberto Fernández estará en condiciones de conducir el país luego del proceso electoral, teniendo en cuenta que se vienen desafíos casi inéditos: será la primera vez desde mediados de la década de 1970 que un gobierno peronista deberá enfrentar los costos de haber alimentado desequilibrios macroeconómicos extremos. En aquella oportunidad, muerto Perón, con el país desquiciado por la violencia y con un liderazgo debilitado, se desembocó en el Rodrigazo, tal vez el punto de inflexión a partir del cual el país entró en esta larga decadencia. El contexto ahora es distinto: ningún actor relevante estima que la violencia sea una forma legítima de acción política ni considera posible un golpe militar. Algún sector minoritario entiende, de forma equivocada según mi humilde perspectiva, que estamos a “siete diputados de ser Venezuela”, como si una escasa mayoría parlamentaria alcanzara para entrar en una dinámica de reversión autoritaria. ¿Por qué no ocurrió entre 2011 y 2013, cuando el kirchnerismo gozaba de una amplia mayoría en el Congreso y la oposición estaba fragmentada? La necesidad de negociar con el FMI requiere de un liderazgo y de una capacidad política que, aunque el oficialismo no salga debilitado de estos comicios, el Presidente difícilmente recupere. Si entramos en default, el caos será inevitable. Si, en cambio, predomina el sentido común y se alcanza un acuerdo, aunque sea subóptimo y “minimalista”, el necesario ajuste fiscal y las otras reformas a las que el país se comprometa implicarán costos políticos significativos para un gobierno tan erosionado. El único efecto colateral positivo es que el oficialismo logró cerrar filas, sobreactuar unidad y poner foco en contraatacar a su enemigo predilecto: Mauricio Macri. Juntos continúa entretenido en sus peleas internas, sin usufructuar las enormes oportunidades que les presenta el oficialismo: ni la inflación, los increíbles casos de inseguridad, el cepo a las vacunas norteamericanas o el escandaloso clientelismo que a la luz del día despliegan al menos algunos “movimientos sociales” son aprovechados con una mínima cuota de oportunismo y creatividad. ß
Fuente: La Nación
