Para Mercedes Marcó del Pont y sus máximos colaboradores, hicieron lo correcto. Todas sus decisiones apuntaron a corregir arbitrariedades, terminar con las persecuciones a empleados y funcionarios de carrera que, dicen, afrontaron durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y cortar con el “hostigamiento” que padecieron la familia Kirchner y sus allegados, como Cristóbal López y Lázaro Báez, o funcionarios como Ricardo Echegaray.Ese “hostigamiento”, insistieron junto a Marco del Pont ante la consulta de LA NACION, habría salido a la luz en las auditorías internas y procedimientos administrativos que se desarrollaron durante los últimos años, y que conllevaron varias presentaciones judiciales. Entre ellas, para denunciar una persecución contra Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, o el retiro de la querella contra López, su socio Fabián de Sousa y Echegaray.La Justicia toma distancia de CristinaEn ese sentido, la AFIP radicó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py por lo que concluyeron que afrontaron los Kirchner y, meses después, presentaron una ampliación de dicha denuncia. “La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado”, indicaron en la presentación.Esos supuestos hallazgos, abundaron, “dan cuenta de una matriz de persecución” durante el gobierno que presidió Mauricio Macri que configuraría un “lawfare administrativo”, ya que, entre 2016 y 2019, se habrían desplegados desde la AFIP “prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias, entre otros, del principio de igualdad”.Cuatro días antes de las elecciones primarias, en tanto, la AFIP le informó a la Justicia federal que desistió de su acusación en contra de López y De Sousa, al sostener que fueron víctimas de “persecución, hostigamiento y arbitrariedades” por parte del gobierno macrista.“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo en común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, planteó la AFIP al explicar su retirada del juicio oral que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.Según informaron desde la AFIP, Marcó del Pont ordenó abrirse del juicio oral contra López, De Sousa y Echegaray basada en lo que calificó como “evidencia interna” y “externa” que darían cuenta de “graves hechos de corrupción administrativa, basados en abusos de autoridad y desvíos de poder”.En relación a Lázaro Báez, en tanto, desde la AFIP indicaron que no apelaron el fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca que remitió la causa a Buenos Aires para unificarla con la investigación sobre Austral Construcciones que tramita en el fuero Penal Económico. Señalaron que “consintieron ese pasaje del fallo, para que los hechos, en toda su dimensión, sean juzgados en un solo expediente, ante un solo Tribunal, como indica el marco legal y constitucional vigente, evitando futuras nulidades”.“El fallo de la Cámara no benefició ni lo sobreseyó a Báez”, indicaron, “sino que ordena remitir los actuados al fuero Penal Económico para que se juzgue allí, y eso fue consentido por los representantes de la UIF, la AFIP, y de la Fiscalía Federal General interviniente”.
Fuente: La Nación
