La Nación

Por Oliver GriffinPUTUMAYO, Colombia 13 sep (Reuters) – Una activista
ambiental en el húmedo departamento de Putumayo, en la selva del
sur de Colombia, se preparaba para hacer algunas diligencias a
principios de este año cuando recibió un mensaje de advertencia
por parte de un contacto.”Me escribe en un mensaje que era mejor que no saliera”,
dijo.”A usted ya le han mandado en tres ocasiones el pollo para
que le dé”, recordó refiriéndose a las bandas criminales que
operan en su aldea. Reuters no pudo verificar de forma
independiente el contenido de los mensajes.La mujer, que vive protegida por guardaespaldas del
Gobierno, es una de las decenas de activistas amenazados en
Colombia, el país más peligroso del mundo para los
ambientalistas.Ella huyó de su pueblo en octubre pasado, después de que su
activismo y su oposición a los cultivos ilícitos que dañan la
selva amazónica la convirtieron en blanco de los asesinos de
bandas criminales.Para su protección, Reuters no nombra a la activista ni al
grupo criminal, aunque su historia fue corroborada por un equipo
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.Un récord de 65 defensores del medio ambiente fueron
asesinados en Colombia en 2020, según un informe publicado el
lunes por el grupo de defensa Global Witness.La cifra representa casi un tercio de los 227 ambientalistas
y defensores de la tierra que fueron asesinados a nivel mundial
el año pasado, superando el récord de 212 en 2019.Global Witness aseguró que su recuento anual probablemente
está subestimado, porque muchos asesinatos en lugares rurales,
así como en algunos países completos, no se denuncian.Se trata del segundo año consecutivo en que Colombia
registra la mayor cantidad de asesinatos, a pesar de las
promesas del Gobierno de aumentar la seguridad en las zonas
rurales y ofrecer protección a los activistas.El presidente Iván Duque dejará el cargo en agosto del
próximo año y los asesinatos de activistas ambientales se han
más que duplicado durante su mandato de cuatro años, según el
recuento anual de Global Witness.La muerte de activistas comunitarios y de derechos humanos
colombianos de todas las tendencias ha provocado críticas a
Duque por parte de grupos de defensa, así como llamados de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos a intensificar las medidas de protección.Los asesinatos de activistas ambientales disminuyeron
brevemente en los dos años posteriores al acuerdo de paz firmado
en 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo con cifras de
Global Witness.El acuerdo de paz condujo a una disminución generalizada de
la violencia, pero la desmovilización de las FARC abrió un vacío
de poder en algunas áreas.Los excombatientes disidentes de las FARC que rechazan el
acuerdo, así como los miembros del grupo rebelde Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales ahora luchan
por el control en muchas regiones.Global Witness dijo que el fracaso del Gobierno para
implementar adecuadamente el acuerdo de paz y prevenir la
expansión de otros grupos armados probablemente esté relacionado
con el alza de los asesinatos de activistas, que se dispararon a
64 en 2019, muy por encima de los 37 antes del acuerdo.El Ministerio de Ambiente dijo en un comunicado que el
Gobierno colombiano está trabajando en todos los departamentos
para mitigar el conflicto y abordar la violencia.”El Ministerio de Ambiente trabajará para dejarle al país
mecanismos de gestión sólidos de prevención, protección y
garantías de no repetición”, precisó el comunicado.El Gobierno acusa a las bandas criminales y a los rebeldes
de izquierda involucrados en el tráfico de drogas por el aumento
de los asesinatos de los activistas.”Ante la falta de acción estatal en términos de
implementación del acuerdo de paz ha habido muchas áreas del
país (que) han sido superadas por guerrillas, paramilitares y
otros grupos criminales”, dijo Laura Furones, asesora principal
de Global Witness para su campaña de defensores de la tierra y
el medio ambiente.”Colombia no puede perder más tiempo, más vidas”, afirmó.
“Vemos tendencias alcistas realmente preocupantes y eso nos dice
que lo que sea que esté haciendo el Gobierno no es suficiente”.”excombatientes en peligro”La activista de Putumayo huyó luego de las amenazas del
grupo armado que quiere que los lugareños derriben el bosque
para sembrar hoja de coca, la principal materia prima de la
cocaína.Le dieron guardaespaldas financiados por el Estado y un
vehículo blindado tras su huida, pero anhela poder regresar a
salvo a su pueblo.La Unidad Nacional de Protección, que proporciona
guardaespaldas a los funcionarios y figuras públicas amenazadas,
dijo que no confirma las identidades de las personas a las que
protege.”Desde octubre del año pasado no he podido ir a la zona”,
aseguró. “Por mucha protección que uno tenga del Estado (…),
yo no cambio eso por la tranquilidad en mi casa, en ningún
momento lo cambio”.Diecisiete de los ambientalistas colombianos asesinados en
2020 estaban involucrados en programas de sustitución de
cultivos de coca, estableció Global Witness. Reuters no pudo
verificar de forma independiente las cifras.Algunos activistas ambientales también son exguerrilleros de
las FARC, lo que los convierte en objetivos potenciales de sus
excompañeros de armas que rechazan el acuerdo de paz y obtienen
grandes ganancias de la coca y de la minería ilegal, según
activistas, el Gobierno y los grupos de defensa.No fue posible contactar a los grupos armados para hacer
comentarios.Más de 280 exmiembros de las FARC han sido asesinados desde
que se firmó el acuerdo de paz, según el grupo de defensa
Indepaz. El Gobierno cuenta cerca de 260 muertos.Al menos un activista ambiental, Hernando José Molina,
incluido en la lista de los asesinados el año pasado de Global
Witness, era un excombatiente que había firmado el acuerdo de
paz de 2016, según un informe del grupo de defensa local Somos
Defensores.El exguerrillero Jorge Santofimio lidera una red de viveros
en Putumayo y otros dos departamentos, cultivando árboles
jóvenes destinados a restaurar áreas dañadas de la Amazonía, con
la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.Él y otros exguerrilleros esperan que el trabajo los
reconcilie con las comunidades que sufrieron durante el
conflicto, pero Santofimio reconoció que su activismo los está
convirtiendo en un objetivo de los grupos armados.”Aquí a uno no lo matan por ser firmante de la paz. Aquí lo
matan a usted por querer construir paz”, afirmó.
(Reporte de Oliver Griffin, traducido por Nelson Bocanegra,
editado en español por Gabriela Donoso)

Fuente: La Nación

Por Oliver GriffinPUTUMAYO, Colombia 13 sep (Reuters) – Una activista
ambiental en el húmedo departamento de Putumayo, en la selva del
sur de Colombia, se preparaba para hacer algunas diligencias a
principios de este año cuando recibió un mensaje de advertencia
por parte de un contacto.”Me escribe en un mensaje que era mejor que no saliera”,
dijo.”A usted ya le han mandado en tres ocasiones el pollo para
que le dé”, recordó refiriéndose a las bandas criminales que
operan en su aldea. Reuters no pudo verificar de forma
independiente el contenido de los mensajes.La mujer, que vive protegida por guardaespaldas del
Gobierno, es una de las decenas de activistas amenazados en
Colombia, el país más peligroso del mundo para los
ambientalistas.Ella huyó de su pueblo en octubre pasado, después de que su
activismo y su oposición a los cultivos ilícitos que dañan la
selva amazónica la convirtieron en blanco de los asesinos de
bandas criminales.Para su protección, Reuters no nombra a la activista ni al
grupo criminal, aunque su historia fue corroborada por un equipo
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.Un récord de 65 defensores del medio ambiente fueron
asesinados en Colombia en 2020, según un informe publicado el
lunes por el grupo de defensa Global Witness.La cifra representa casi un tercio de los 227 ambientalistas
y defensores de la tierra que fueron asesinados a nivel mundial
el año pasado, superando el récord de 212 en 2019.Global Witness aseguró que su recuento anual probablemente
está subestimado, porque muchos asesinatos en lugares rurales,
así como en algunos países completos, no se denuncian.Se trata del segundo año consecutivo en que Colombia
registra la mayor cantidad de asesinatos, a pesar de las
promesas del Gobierno de aumentar la seguridad en las zonas
rurales y ofrecer protección a los activistas.El presidente Iván Duque dejará el cargo en agosto del
próximo año y los asesinatos de activistas ambientales se han
más que duplicado durante su mandato de cuatro años, según el
recuento anual de Global Witness.La muerte de activistas comunitarios y de derechos humanos
colombianos de todas las tendencias ha provocado críticas a
Duque por parte de grupos de defensa, así como llamados de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos a intensificar las medidas de protección.Los asesinatos de activistas ambientales disminuyeron
brevemente en los dos años posteriores al acuerdo de paz firmado
en 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo con cifras de
Global Witness.El acuerdo de paz condujo a una disminución generalizada de
la violencia, pero la desmovilización de las FARC abrió un vacío
de poder en algunas áreas.Los excombatientes disidentes de las FARC que rechazan el
acuerdo, así como los miembros del grupo rebelde Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales ahora luchan
por el control en muchas regiones.Global Witness dijo que el fracaso del Gobierno para
implementar adecuadamente el acuerdo de paz y prevenir la
expansión de otros grupos armados probablemente esté relacionado
con el alza de los asesinatos de activistas, que se dispararon a
64 en 2019, muy por encima de los 37 antes del acuerdo.El Ministerio de Ambiente dijo en un comunicado que el
Gobierno colombiano está trabajando en todos los departamentos
para mitigar el conflicto y abordar la violencia.”El Ministerio de Ambiente trabajará para dejarle al país
mecanismos de gestión sólidos de prevención, protección y
garantías de no repetición”, precisó el comunicado.El Gobierno acusa a las bandas criminales y a los rebeldes
de izquierda involucrados en el tráfico de drogas por el aumento
de los asesinatos de los activistas.”Ante la falta de acción estatal en términos de
implementación del acuerdo de paz ha habido muchas áreas del
país (que) han sido superadas por guerrillas, paramilitares y
otros grupos criminales”, dijo Laura Furones, asesora principal
de Global Witness para su campaña de defensores de la tierra y
el medio ambiente.”Colombia no puede perder más tiempo, más vidas”, afirmó.
“Vemos tendencias alcistas realmente preocupantes y eso nos dice
que lo que sea que esté haciendo el Gobierno no es suficiente”.”excombatientes en peligro”La activista de Putumayo huyó luego de las amenazas del
grupo armado que quiere que los lugareños derriben el bosque
para sembrar hoja de coca, la principal materia prima de la
cocaína.Le dieron guardaespaldas financiados por el Estado y un
vehículo blindado tras su huida, pero anhela poder regresar a
salvo a su pueblo.La Unidad Nacional de Protección, que proporciona
guardaespaldas a los funcionarios y figuras públicas amenazadas,
dijo que no confirma las identidades de las personas a las que
protege.”Desde octubre del año pasado no he podido ir a la zona”,
aseguró. “Por mucha protección que uno tenga del Estado (…),
yo no cambio eso por la tranquilidad en mi casa, en ningún
momento lo cambio”.Diecisiete de los ambientalistas colombianos asesinados en
2020 estaban involucrados en programas de sustitución de
cultivos de coca, estableció Global Witness. Reuters no pudo
verificar de forma independiente las cifras.Algunos activistas ambientales también son exguerrilleros de
las FARC, lo que los convierte en objetivos potenciales de sus
excompañeros de armas que rechazan el acuerdo de paz y obtienen
grandes ganancias de la coca y de la minería ilegal, según
activistas, el Gobierno y los grupos de defensa.No fue posible contactar a los grupos armados para hacer
comentarios.Más de 280 exmiembros de las FARC han sido asesinados desde
que se firmó el acuerdo de paz, según el grupo de defensa
Indepaz. El Gobierno cuenta cerca de 260 muertos.Al menos un activista ambiental, Hernando José Molina,
incluido en la lista de los asesinados el año pasado de Global
Witness, era un excombatiente que había firmado el acuerdo de
paz de 2016, según un informe del grupo de defensa local Somos
Defensores.El exguerrillero Jorge Santofimio lidera una red de viveros
en Putumayo y otros dos departamentos, cultivando árboles
jóvenes destinados a restaurar áreas dañadas de la Amazonía, con
la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.Él y otros exguerrilleros esperan que el trabajo los
reconcilie con las comunidades que sufrieron durante el
conflicto, pero Santofimio reconoció que su activismo los está
convirtiendo en un objetivo de los grupos armados.”Aquí a uno no lo matan por ser firmante de la paz. Aquí lo
matan a usted por querer construir paz”, afirmó.
(Reporte de Oliver Griffin, traducido por Nelson Bocanegra,
editado en español por Gabriela Donoso)

Fuente: La Nación

En la campaña de las PASO, cuya elección se realizó ayer, vimos y escuchamos de todo. Sin analizar en profundidad el contenido de las campañas de cada espacio, se vio que no son lo mismo unos y otros. El que (el Gobierno) volvieron peores es lamentablemente así y ya se demostró en acciones y actos, como el extendido cepo a las exportaciones de carne hasta, como mínimo, el 31 de octubre próximo, además de su defensa explícita de parte del Gobierno en todas sus estructuras.Las voces del “éxito “de esta medida, con pérdidas al país ya por más de US$1100 millones en tres meses o US$8 millones por día, con mercados que se esfuman por perder clientes, vecinos como Uruguay que nos superó en términos de exportaciones anuales o un Paraguay que creció un 75% sus exportaciones por las medidas restrictivas de la Argentina, mintieron descaradamente a la sociedad y hasta con ironías que parecen falta de respeto.Si se cierran las exportaciones durante este largo tiempo, es lógico que en algún lugar, mostrador, carnicería y hasta en algún centro más grande de distribución el precio de la carne baje por algún tiempo. Es solo por un tiempo, porque en la medida que no se exporte, ni se pueda faenar de forma frecuente, y no “rote” esa mercadería, comenzarán los faltantes, y todo lo que trae como consecuencia el posterior aumento de los precios por falta de oferta, que indefectiblemente se dará.En las zonas ligadas al campo la victoria de Juntos por el Cambio fue aplastanteSe le miente a la sociedad diciéndole que las medidas de cierre de exportaciones es algo “bueno” para todos, y que el exportar es solo para beneficio de unos pocos (exportadores, industriales etc.). Esto es una gran mentira literalmente hablando. No es así. Las exportaciones siempre benefician a todos. Se activan todos los círculos virtuosos: generación de empleos, entrada de divisas genuinas, inversiones.Los impuestos al precio de la carne son casi del 28%. La pregunta es por qué el Gobierno, si está tan preocupado por el precio de la carne para la “mesa de los argentinos”, no baja algún punto de esos impuestos. De esto no se habla, porque no conviene obviamente.La semana pasada escuchábamos en un acto decir que había un “geriátrico de vacas” en vez de producción, haciendo alusión a que a nuestro principal cliente (China) se exportaba la categoría de vacas viejas.Es triste que alguien que toma decisiones y tiene poder sea aplaudida por sus funcionarios cuando expresa eso.¿Vale la pena explicar nuevamente, y por enésima vez, todo lo que aporta el campo, principalmente desde su productor que es el eslabón de la cadena que más valor aporta y el que menos recibe y más impuestos paga? ¿Volver a decir que todo lo que genera el campo y la agroindustria es parte de la solución y no de los problemas?Es inexplicable cómo el Gobierno agrede, insulta, ironiza y subestima al principal motor de la economía del país a través de sus acciones, decisiones y dichos. No hay ningún sector o suma de sectores que ponga el hombro en todos los gobiernos como el agroindustrial. ¿Otra vez hay que explicarle al Gobierno, y a éste en particular, que se quedan con casi el 65% de la renta agropecuaria de cada hectárea que produce? ¿Qué de cada $100 se quedan con $65?Tomando los dichos de la vicepresidenta de estos días, hablando del “geriátrico” de las vacas, me parece que el desprecio hacia un sector mostrando que lo viejo no sirve, no está bien.Porque lamentablemente también uno mira lo que se viene haciendo hacia los queridos adultos mayores de nuestro país y el respeto también se lo faltan a ellos. Tengamos cuidado en las expresiones. La impecabilidad de las palabras es algo que debe primar.El autor es director General de CONFIagro. Fue ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires (2015-2019)

Fuente: La Nación

Lo que hizo Cristiano Ronaldo este fin de semana es digno de un crack. El delantero portugués marcó en su regreso al Manchester United dos goles contra el Newcastle United y deslumbró a los fanáticos del club a los que ya se había ganado durante sus primeras temporadas allí en la Premier League.De esta forma, CR7 demostró lo preparado que estaba para volver a vestir la camiseta de los Diablos Rojos y ahora manifestó en redes que está listo para el próximo desafío que bien conoce con los colores del United: la Champions League. Es que fue con ellos que levantó su primera orejona.El peculiar equipo de mate de Lionel Messi, con un homenaje a sus hijos y un guiño al Barcelona“Nuestras cabezas ya están enfocadas en el partido de mañana por Champions League”, adelantó Ronaldo en una foto, en la previa del encuentro ante Young Boys, el primero del Grupo F del torneo de clubes más importante de Europa. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)A su vez, el jugador de 36 años expresó: “Pero no puedo dejar de agradecerles a nuestros fanáticos por la hermosa bienvenida que me dieron a mí y a los muchachos en Old Trafford”.La reacción de la mujer del Papu Gómez a su desopilante baile en el MonumentalEntonces, confesó la importancia del aliento de los hinchas para el futbolista, al comentar: “Una química fabulosa y un apoyo inigualable, lo que hace nuestro trabajo un poco más fácil”. Y concluyó con una promesa: “Vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para que las buenas vibras continúen”.

Fuente: La Nación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que considera “oportuno” que el Rey Felipe VI sí acuda este año a Barcelona a presidir el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces; un evento al que tradicionalmente asiste el monarca a excepción de 2020, cuando comunicó su decisión de no asistir.”Yo siempre he defendido que lógicamente el jefe del Estado tiene que estar presente en Cataluña, sin duda alguna. Creo que lo hace bien y que está muy presente en lugares muy importantes”, ha afirmado Sánchez en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.No obstante, Sánchez ha eludido comentar la polémica que rodeó el año pasado a este acto, cuando la Casa Real declinó la invitación del Consejo General del Poder Judicial para que Felipe VI presidiera, como es costumbre, la entrega de despachos a los nueces jueces. Posteriormente trascendió que fue el Gobierno el que tomó la decisión.Al ser preguntado este lunes sobre si el Gobierno cree que el Rey sí debe acudir este año, el presidente se ha mostrado totalmente de acuerdo con la presencia del monarca en Barcelona, aunque ha señalado que es una cuestión que atañe a la agenda de la Casa Real. “Nosotros creemos que es importante la presencia del jefe del Estado y creo que es oportuno”, ha zanjado.

Fuente: La Nación

Por Nathan Allen y Belén CarreñoMADRID, 13 sep (Reuters) – España limitará los precios del
gas, reducirá los impuestos y redirigirá las ganancias de las
compañías de energía como parte de un paquete para bajar los
crecientes precios de la electricidad, dijo el lunes el jefe de
gobierno Pedro Sánchez.Sánchez señaló a la cadena estatal TVE que es inaceptable
que las empresas de energía se estén beneficiando de los
elevados precios de la electricidad y destacó que las ganancias
redirigidas de las compañías de servicios públicos se
utilizarían para limitar los precios del gas y reducir los
costos de energía para los consumidores.Sánchez no dio más detalles sobre cómo funcionaría el plan.La elevada demanda de gas natural y el aumento de los
precios de los permisos de emisiones negociables han
hecho subir los precios de la energía en muchos países, incluida
España.Apostando a que la energía limpia, más barata, mantendrá los
precios bajos a largo plazo, España planea subastar 3.300
megavatios de capacidad renovable en octubre, y casi una quinta
parte estará en línea dentro de un año.(Reporte de Nathan Allen y Belén Carreño. Editado por Javier
Leira)

Fuente: La Nación

SAN JOSÉ, 13 sep (Reuters) – El activista opositor
nicaragüense Joao Maldonado se encontraba el lunes en estado
crítico en un hospital de Costa Rica, custodiado por policías,
luego de que atentaron contra su vida el sábado en San José,
informaron compañeros de su organización y familiares.Maldonado, quien preparaba una marcha en contra del gobierno
de Nicaragua, fue atacado por dos hombres que le dispararon
desde una moto, hiriéndolo en los pulmones y el intestino. El
lunes, el hombre de 32 años seguía sedado después de ser
sometido a una operación de emergencia, dijo a Reuters su
esposa, Nadia Robleto.Agentes policiales costarricenses lo vigilan en la clínica
privada a donde el herido llegó conduciendo, confirmaron Robleto
y Yefer Bravo, compañero de Maldonado en un grupo llamado Unidad
de Exiliados Nicaragüenses en Costa Rica (UEN).”Me alegra que lo cuiden porque corre peligro”, confesó
Bravo a Reuters, agregando que él mismo había recibido amenazas
contra su vida, al igual que otros exiliados perseguidos por
fuerzas controladas por el presidente Daniel Ortega, que buscará
reelegirse en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.El gobierno de Costa Rica, que aplica una política de
puertas abiertas a refugiados nicaragüenses, declinó dar una
posición sobre el ataque contra Maldonado, reconocido dirigente
de las protestas de 2018 contra Ortega en el municipio Jinotepe,
desde donde huyó hacia el país vecino. Managua tampoco contestó
inmediatamente una solicitud de comentarios sobre el ataque.El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Costa Rica
informó el domingo de que abrió una investigación por el
atentado contra Maldonado, sin que haya aún noticias sobre los
dos hombres motorizados que reportó el acompañante de la
víctima, Antonio Escalante.Costa Rica ha recibido más de 80.000 solicitudes de refugio
de nicaragüenses desde las protestas de 2018 y, recientemente,
los pedidos han tocado máximos por el endurecimiento de la
represión oficialista contra activistas y políticos opositores.En los últimos meses, la policía orteguista ha detenido a
unos 35 líderes de la oposición, ha suspendido a un partido
rival y ha retenido papel para periódicos, entre otras tácticas
que funcionarios de la ONU, Estados Unidos y Europa han
calificado como abuso de poder para reprimir la libertad de
expresión y las elecciones libres.
(Reporte de Álvaro Murillo; Editado por Diego Oré)

Fuente: La Nación

Un total de 75 alumnos del instituto de secundaria Kaya de Maradun, en el noroeste de Nigeria, han sido liberados, según ha recogido la televisión nigeriana NTA.”Han recuperado su libertad 75 estudiantes de una secundaria pública (…) del estado de Zamfara que fueron secuestrados hace unas dos semanas”, ha informado NTA.La Policía dio cuenta en el momento del ataque de 75 alumnos secuestrados, aunque otras fuentes apuntaban a más de 100 alumnos retenidos y una docena de maestros también raptados. Cinco de los secuestrados fueron liberados al día siguiente.Durante los últimos meses se han registrado decenas de ataques contra escuelas y otros centros educativos del país que se han saldado con el secuestro de cientos de personas, incluidos decenas de niños, lo que ha provocado críticas a las autoridades por la inseguridad.Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país –donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)– se han extendido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.

Fuente: La Nación