La Nación

ROMA (AP) — Tres sospechosos detenidos en Italia por el desastre del teleférico que mató a 14 personas se les permitió salir de prisión el domingo después de que una juez indicó que la mayor parte de la culpa recaía solo en uno de ellos: un técnico de servicio que desactivó intencionalmente el freno de emergencia porque éste se bloqueaba espontáneamente.La jueza Donatella Banci Buonamici dijo que no había pruebas suficientes de que Luigi Nerini, propietario de la empresa Mottarone, o el jefe de mantenimiento, Enrico Perocchio, supieran que el técnico había desactivado el freno en varias ocasiones incluso antes del desastre del 23 de mayo.Aunque los fiscales le pidieron a la juez que los mantuviera detenidos, Buonamici ordenó la liberación de Nerini y Perocchio y permitió que el técnico Gabriele Tadini saliera bajo arresto domiciliario. Los tres, que siguen bajo investigación, salieron de la prisión de Verbania el domingo temprano, acompañados de sus abogados.Catorce personas murieron cuando el cable guía del funicular Mottarone se rompió y el freno de emergencia no pudo frenar la cabina. El teleférico, con vistas al lago Maggiore en el norte de Italia, se salió de la línea por completo y se estrelló contra el suelo montañoso.El único superviviente, Eitan Biran, de 5 años, permanece hospitalizado pero consciente. Sus padres, su hermano menor y sus bisabuelos murieron en el desastre.No se sabe por qué se rompió el cable guía.La región italiana de Piamonte guardó un minuto de silencio al mediodía del domingo, y las banderas ondearon a media asta para recordar la tragedia de hace una semana.Tadini admitió durante el interrogatorio que dejó un soporte en forma de horquilla en el freno de emergencia del teleférico para deshabilitarlo porque seguía activándose solo mientras el vehículo estaba en servicio, dijo su abogado, Marcello Perillo.En declaraciones a los periodistas fuera de la prisión de Verbania, Perillo dijo que Tadini nunca habría dejado el soporte en su lugar si pensara que podría poner en peligro a los pasajeros.

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La rebaja de las penas los colocaría a las puertas de la libertad condicionalMADRID, 30 May. 2021 (Europa Press) -La concesión de indultos parciales a los nueve condenados por el ‘procés’ independentista en Cataluña a los que se impuso pena de entre 9 y 13 años de cárcel bastará previsiblemente para propiciar su pronta salida de prisión, al facilitar beneficios penitenciarios como el tercer grado e incluso la libertad provisional, según han apuntado fuentes jurídicas a Europa Press.La concesión de indultos parciales que únicamente resten unos determinados años de las condenas de prisión parece ser la opción más probable que elija el Gobierno respecto a este asunto. De este modo no se no afectaría a otras partes de la pena, como son las inhabilitaciones, y además supondría un coste político frente a la opinión pública que se cree menos dañino que en el caso de que se anunciaran indultos totales.Se cuenta además con el precedente del indulto parcial concedido en 1998 al ex secretario de estado de Seguridad Rafael Vera y del ex ministro del Interior José Barrionuevo, quienes permanecieron únicamente tres meses en prisión tras recibir un indulto parcial del Gobierno popular de José María Aznar, que les conmutó dos tercios de la condena de diez años de cárcel que se les impuso por el secuestro del ciudadano hispano-francés Segundo Marey por parte de los Gal.Se les aplicaron beneficios penitenciarios que facilitaron su salida de la cárcel en poco tiempo, si bien en su caso el Supremo había informado a favor de la medida de gracia, y esta es la principal diferencia con el caso de los líderes independentistas catalanes.Según las fuentes jurídicas consultadas, la concesión de indultos parciales por parte del Gobierno supondría “con seguridad” la puesta en libertad de los líderes independentistas por la obligada progresión al tercer grado penitenciario o incluso la libertad condicional regulada en el artículo 90.2 del Código Penal.En este artículo se señala que se podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados que hayan extinguido dos terceras parte de su condena, algo que podría darse si el perdón concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez supone conmutar la actual pena de prisión de cada uno de los líderes independentistas por otra menor que les coloque en esta situación de cumplimiento.Adelantar la libertadEl artículo añade que para alcanzar esta libertad condicional también se podría optar por una propuesta de Instituciones Penitenciarias que, previo informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes, permita que el de juez vigilancia pueda “adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesión de la libertad condicional hasta un máximo de noventa días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de condena”. Esta medida requeriría en todo caso que los penados participaran de forma efectiva en programas de reparación a las víctimas.La concesión de indultos obligaría al alto tribunal a volver a pronunciarse pero sólo si hubiera recursos del fiscal frente a decisiones de la administración penitenciaria, señalan las mismas fuentes, que aventuran bastante improbable la posibilidad de estos recursos.En todo caso, una vez se conozca la decisión del Gobierno, y si esta supone la aplicación de la medida de gracia, el tribunal sentenciador tendría que hacer nueva liquidación de condena y fijar fecha de la extinción definitiva de las diferentes penas impuestas a cada uno de los condenados. A partir de aquí comenzarían a operar los beneficios penitenciarios antes señalados.El pasado lunes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insistió en que éstos se valorarán de forma individual, analizando el expediente concreto de cada penado, lo que abre la puerta a que pueda haber decisiones dispares respecto a la pena de prisión que se rebaja a cada uno de los nueve líderes del ‘procés’ en prisión.

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La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de Argentina desplazada a Colombia ha denunciado la “masacre” contra los manifestantes y el “ejercicio del terrorismo de Estado sobre la población” en el más de un mes de protestas contra el Gobierno del presidente Iván Duque.”Acá la situación es absolutamente crítica. Se han viralizado videos donde se muestra la actuación de las fuerzas policiales en conjunto con civiles”, ha explicado la delegada del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) Marianela Navarro, integrante de la delegación que viajó a Colombia el 25 de mayo, según recoge la agencia de noticias oficial argentina, Télam.Navarro, quien se encuentra en Cali, epicentro de las protestas, ha recordado que desde la noche del viernes se han contabilizado “entre ocho y 10 jóvenes asesinados por la ESMAD”, el cuerpo policial antidisturbios, con lo que “ya son más de 40 los asesinados” en la ciudad. “Esto es una tragedia y consideramos que se están cometiendo delitos de lesa humanidad”, ha remachado.A la “represión de la fuerza pública” se suma “la actuación del sector paramilitar”, representado por los civiles que el viernes dispararon contra los manifestantes sin que la Policía hiciera nada para detenerlos. “Existe una connivencia”, ha denunciado.La misión se encuentra repartida en cinco ciudades recabando denuncias directas de víctimas y sus familiares: Cali, Pereira, Medellín, Popayán y Bogotá.”Hay muchísimas denuncias de desapariciones, torturas, vejaciones, daños oculares, abusos sexuales a mujeres en situaciones de detención, falsos positivos, montajes judiciales”, ha explicado en declaraciones a Télam.Navarro ha reprochado al Gobierno que está dando “un tratamiento militar a reclamos sociales, económicos y políticos”. “Esto es una tragedia y consideramos que se están cometiendo delitos de lesa humanidad”, ha remachado.El pasado jueves Colombia cumplió un mes de huelga general indefinida, el conocido como paro nacional, una protesta surgida contra la reforma fiscal presentada por el presidente Duque y luego retirada. Ahora los manifestantes protestan contra la violencia de las fuerzas de seguridad y exigen reformas sociales. Al menos 59 personas han muerto desde el inicio de las movilizaciones.

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Miles de etíopes han salido este domingo a las calles de la capital del país, Adís Abeba, para protestar contra las sanciones impuestas por Estados Unidos a raíz del conflicto contra los rebeldes en Tigray, donde el Ejército etíope y su aliado eritreo han sido acusados de abusos contra la población.A lo largo de la última semana, el Departamento de Estado norteamericano ha anunciado restricciones de visado “cualquier funcionario del Gobierno actual o anterior de Etiopía o Eritrea”, así como a miembros de fuerzas de seguridad y fuerzas regionales irregulares, y pedido a los bancos multilaterales de desarrollo que suspendan su financiación a medida que surgen nuevos informes de abusos contra los Derechos Humanos durante el conflicto en la región.El pasado fin de semana, Etiopía reconoció al menos dos masacres que costaron la vida a más de 300 civiles e imputó a medio centenar de militares por violación y asesinato durante el conflicto con los rebeldes del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) por no mencionar los decenas de miles de desplazados por la violencia.En respuesta a las sanciones, una multitud ha recorrido las calles de la capital al grito de “Manos fuera de Etiopía” y entre acusaciones de injerencia. “América no debe interferir en los asuntos de nuestro país”, han repetido grupos de jóvenes durante la marcha, recogida por Radio France Internationale.”Los estadounidenses necesitan entender algo. Teníamos un gobierno antes que ellos”, apunta Joseph, uno de los participantes. “Su historia se remonta a solo 600 años. La nuestra tiene más de 3.000 años. Teníamos un gobierno antes que los estadounidenses”, añade.El Gobierno etíope respondió a las sanciones desde la consternación y el enfado. “Los intentos de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Etiopía no solo son inapropiados, sino completamente inaceptables, según explicó esta semana el Ministerio de Exteriores tras asegurar que había “intentado todo” para cooperar con la administración norteamericana.

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La última encuesta que permite la legislación electoral peruana con vistas a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio, publicada este domingo, sitúa al candidato de izquierda, Pedro Castillo con un 51,1 por ciento de intención de voto, muy cerca de su rival derechista, Keiko Fujimori, que se sitúa en un 48,9 por ciento de intención de voto.El estudio, realizado por Ipsos y publicado por el diario ‘El Comercio’, refleja una tendencia al alza de Fujimori (Fuerza Popular), quien comenzó la campaña para esta segunda vuelta presidencial a once puntos de su rival, candidato por Perú Libre.Además, el estudio cuenta con un margen de error de más menos 2,52 puntos porcentuales, por lo que la diferencia es aún más exigua y se puede hablar de empate técnico entre ambos candidatos. La estimación se ha realizado a partir de 1.517 entrevistas.En votos emitidos, el estudio otorga a Castillo un 45,1 por ciento de sufragios, mientras que Fujimori lograría un 43,1 por ciento, mientras que los votos en blanco y nulos suponen un 11,8 por ciento.Keiko Fujimori es, según la encuesta, la candidata favorita entre los más jóvenes y las mujeres, mientras que Castillo predomina entre los hombres y los mayores de 25 años.En cuanto al nivel socioeconómico, Fujimori gana en los sectores A, B y C, mientras que Castillo lo hace en el E. En el sector D hay un empate entre ambos candidatos.Por regiones, Fujimori continúa siendo la candidata favorita en Lima, en donde no obstante su crecimiento se ha detenido. Castillo, mientras, mantiene su preferencia en el sur, centro y oriente del país.La legislación peruana prohíbe la publicación de encuestas en la semana previa a la votación, prevista para el próximo domingo. Este domingo, ambos candidatos se enfrentarán en el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en la ciudad de Arequipa.El debate contará con seis bloques temáticos: Perú del Bicentenario; salud y manejo de la pandemia; economía y promoción del empleo; educación, ciencia e innovación; lucha contra la corrupción e integridad pública y derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha comentado este domingo con el jede de los servicios de Inteligencia egipcios, Abbas Kamel, la situación de alto el fuego con Hamás en un encuentro donde ha solicitado a su interlocutor, como mediador entre ambas partes, que traslade al movimiento islamista palestino su exigencia de que devuelva a los ciudadanos israelíes que tiene en su poder.Durante el encuentro, ambos han discutido “el fortalecimiento de la cooperación bilateral y “los asuntos regionales”, antes de aplaudir “el esfuerzo conjunto entre los países en varios asuntos diplomáticos y de seguridad”, recoge el ‘Times of Israel’.Netanyahu reiteró la demanda de Israel de la devolución de dos ciudadanos y los cuerpos de dos soldados muertos en la guerra de Gaza de 2014 en manos de Hamas, según la Oficina del Primer Ministro. Se trata de Avraham Avera Mengistu y Hisham al Sayed, que entraron a la Franja por su propia voluntad, y los militares Oren Shaul y Hadar Goldin, que murieron en la Franja durante la guerra de Gaza de 2014.Según fuentes del periódico ‘Al Arabi al Yadid’, Hamás se ha mostrado reticente a la hora de vincular cualquier negociación sobre cese de hostilidades a la entrega de prisioneros a Israel y ya ha avisado de que no admitirá “chantajes” de ningún estilo.Asimismo, ambos comentaron “los mecanismos y procesos para prevenir el fortalecimiento de Hamas, y evitar que se aproveche de los recursos que se destinarán en el futuro a la población civil”.A pesar del alto el fuego, la situación sigue siendo tensa. Los ataques israelíes durante aquellos días dejaron más de 250 muertos, incluidos más 60 niños y casi 2.000 heridos en el enclave palestino. Los cohetes disparados desde Gaza se cobraron 13 vidas en Israel, entre ellas las de dos menores, y más de 700 heridos.

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El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, ha acusado a grupos armados y guerrillas de estar tras la violencia durante el paro nacional que comenzó hace más de un mes y ha advertido de que están pagando hasta 100.000 pesos (unos 22 euros) diarios para que se levanten barricadas y bloqueos en las carreteras.En concreto, Duque ha señalado a las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como responsables de los bloqueos, según recoge la emisora Caracol Radio.En ese sentido, Duque ha defendido el decreto del viernes en el que ordenaba la militarización de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda y ha anunciado un incremento de la presencia militar de un 25 por ciento.”Frente a los actos de vandalismo se van acelerar los procesos de judicialización y se contará con el trabajo de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), para tener una trazabilidad en los recursos utilizados por las organizaciones delincuenciales que están detrás del vandalismo y del pillaje”, ha apuntado Duque desde Popayán.En concreto, los mlitares protegerán la infraestructura y los puntos críticos y colaboran ya con la Policía para presentar un plan de trabajo para mantener presencia y patrullaje conjunto en sitios de bloqueo.El comité del paro no está tras todos los bloqueosMientras, un portavoz del Comité del Paro Nacional, Fabio Arias, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores, ha asegurado que muchos de los bloqueos de carreteras responden al Comité del Paro Nacional, pero otros son ajenos al mismo.”No somos responsables de todos los bloqueos de las vías. Muchos hacen parte del Comité Nacional de Paro, pero, otros no”, ha explicado a Caracol Radio.El desbloqueo de las carreteras es una de las condiciones planteadas por el sector más duro del oficialismo, con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza.Para este domingo está prevista una nueva reunión entre el Comité del Paro Nacional y el Gobierno colombiano para negociar las condiciones para una mesa de diálogo.Las protestas comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Ejecutivo de Iván Duque, pero una vez retirada la misma las movilizaciones reclaman medidas para atajar la desigualdad en el país.

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