Onildo Stemphelet, el juez de Ejecución penal de Bahía Blanca que dio órdenes desde un prostíbulo quedó a un paso de ser destituido.En las últimas horas el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales bonaerenses admitió la acusación contra el juez de Bahía Blanca, prorrogó la suspensión y dispuso el embargo del 40% del sueldo hasta la finalización del jury en su contra.A partir de esta etapa del proceso, el magistrado no puede renunciar, enfrenta el serio riesgo de ser destituido y, en ese caso, podría ser sometido a un proceso penal.El escándalo protagonizado por el magistrado ocurrió el 15 de mayo de 2020, en Bahía Blanca, cuando fue sorprendido en el momento en que daba órdenes a un grupo de policías para que revisaran a una trabajadora sexual con la que había mantenido relaciones en un departamento.Según la investigación del Ministerio Público de Bahía Blanca, el juez había regresado al privado porque advirtió que le faltaba la billetera. Entonces, se comunicó con comisario inspector de la policía bonaerense para que mandara un grupo de efectivos al lugar debido a que había sido víctima de un robo.Violencia de género: el delantero de Boca Sebastián Villa será juzgado por golpear a su noviaCuando los policías llegaron al departamento les ordenó que revisaran el lugar y a la mujer, cuando, en realidad no tiene jurisdicción para disponer tales medidas debido a que se trata de diligencias judiciales que solamente pueden ser ordenadas por el Ministerio Público.A partir de la reconstrucción del hecho, los investigadores determinaron que, una hora después de mantener relaciones con la trabajadora sexual en el departamento de Rivadavia al 2200, el magistrado volvió al lugar, presentó una credencial del Poder Judicial y le dijo a la mujer: “¿Sabés quién soy yo? Vas a ir presa por lo que hiciste”, según describió la persona a la que el juez le habría pagado una suma de dinero a cambio de sexo. Según el relato de los testigos y de los uniformados, el magistrado llamó a la policía y ordenó a los policías que revisaran el departamento sin contar con la orden de allanamiento correspondiente.“El juez estuvo permanentemente atrás de los policías. Siempre a los gritos. Me acusaba de haberle robado el dinero y la tarjeta de crédito”, relató la testigo, identificada como Jésica J., de nacionalidad paraguaya y de 33 años, quien ocasionalmente alquilaba el privado para tener encuentros sexuales pagos.Avanza un acuerdo legislativo para que la Ciudad debata el juicio por juradosEn su presentación ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, el procurador Julio Conte Grand acusó al juez de propiciar que los derechos de un ciudadano fueran vulnerados, al haber instado a los policías a ingresar en el domicilio de la mujer acusada sin contar con una orden de allanamiento dictada por una autoridad competente y en el marco de su jurisdicción y atribuciones.La acusación se fundó en que, como juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca, Stemphelet no puede dictar ninguna medida en causas penales por delitos que son competencia de los fiscales de instrucción o de los magistrados de garantías. En su función, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 2, debe controlar los cumplimientos de las condenas de más de 300 presos con sentencias dictadas por tribunales del Departamento Judicial Bahía Blanca. “Primero, el juez revisó la propiedad para comprobar si se habían caído el dinero y la billetera. Además, dijo que haría la denuncia por los objetos extraviados. Luego, llamó a una persona para comentarle el problema que había tenido”, expresó la testigo. Según fuentes de la investigación, el receptor de esa llamada habría sido un comisario inspector de la policía bonaerense, a cargo de la jefatura del Comando de Patrullas de Bahía Blanca.“Mándeme un móvil. Tengo que denunciar un robo”, le habría dicho el magistrado al jefe policial desde el improvisado prostíbulo. Esa maniobra puede provocar su destitución.
Fuente: La Nación
