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Cecilia Devanna

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Cecilia Devanna Messages

“Vacunas en brazos y plata en bolsillos”. Con esa frase, que repiten casi como un mantra en el Gobierno, se resume lo que parece ser gran parte de la fórmula electoral del oficialismo de cara a los comicios legislativos. Es la respuesta a lo que emana de una sociedad angustiada y acosada por la incertidumbre, en un país que esta semana superó las 100.000 muertes por la pandemia de Covid-19 y acumuló más de 25, 3 % de inflación en solo un semestre.La angustia y la incertidumbre por la pandemia y la crisis económica son las variables que más aparecen en los “focus group” de los especialistas que son consultados por el Frente de Todos. “Hay una gran angustia propia de la traumática situación de la pandemia, que corta horizontalmente todos los estratos y segmentos de clasificación, pero se hace mucho más patente entre las personas más humildes por el desempleo (especialmente entre las mujeres) y el poder adquisitivo del salario”, señala Marina Acosta, directora de la consultora Analogías.Con ese telón de fondo, el presidente Alberto Fernández saldrá a hacer campaña. En ese derrotero se lo verá, aseguran en su entorno, como se mostró el último martes en Lomas de Zamora. Allí anunció el bono de 5 mil pesos para jubilados, en una forma de compensar la pérdida de los haberes frente a la inflación, junto con un plan para mejorar las condiciones de las mujeres a la hora de jubilarse.Los actos que se sucedan a partir de ahora replicarán anuncios y mostrarán obra pública en un esquema que tendrá al Presidente acompañado del gobernador de cada provincia a la que vaya y de los funcionarios de las áreas alcanzadas.Otra de las premisas que buscarán fijar en la campaña es que los sueldos no perderán ante la inflación, un tema central para los funcionarios consultados por LA NACION. La “omnipresencia de la inflación”, como menciona el consultor Ricardo Rouvier, es uno de los puntos que más preocupa a la opinión pública en materia económica. Allí se engloba la “preocupación por llegar a fin de mes” y “el temor a la pobreza de los sectores medios’’, otra variable que se mira en la Casa Rosada y para la que se “maduran” medidas.Córdoba: fuerte puja entre un peronismo dividido y las tensiones dentro de JxCEl consultor Roberto Bacman, fundador del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), resalta a su vez la “preocupación por la falta de trabajo” y hace notar especialmente a la “clase media, media baja, que no se desempeña en relación de dependencia, que es monotribustista y está necesitando más trabajo para ser más sustentable”.A todo eso aspira a responder el Ejecutivo con la fórmula de “ponerle plata a la gente en los bolsillos”. Los funcionarios refieren al cambio en el piso de Ganancias y las correcciones en el Monotributo, como algunos ejemplos para paliar la situación económica.En el Gabinete afirman que hay signos positivos en el nivel de actividad y apuntan a que eso se vuelque al consumo. También creen que la vacunación llevará a una mayor reactivación. En Balcarce 50 hay hasta quienes confían en que la aceleración del ritmo de la campaña de vacunación desembocará en un “septiembre casi normal”, aunque otros no son tan optimistas.El presidente Fernández abraza a una jubilada en un acto en la localidad de Temperley, en Lomas de Zamora.“El ritmo va a ser un elemento muy importante de la campaña”, señala Rouvier. “Es una posibilidad comunicacional”, completa. “La población percibe que el ritmo de vacunación ha aumentado y eso se ve como una noticia compensadora”, agrega. En efecto, el oficialismo imprimirá a su discurso electoral un mensaje de esperanza, aunque de momento no es eso lo que sobresale en la opinión pública. “Prima más la incertidumbre y la depresión que la esperanza”, detalla el consultor Hugo Haime. Y señala otro punto que también tienen en cuenta en el oficialismo: “El clima general es de incertidumbre, en el que se espera que la dirigencia en vez de pelearse, resuelva los problemas”.“Estamos todos angustiados, no vamos a ser nosotros los que intensifiquemos ese clima”, dicen en Casa Rosada, contraponiéndose a lo que aseguran es el discurso de la oposición. En ese sentido afirman que el tono del discurso oficial “no irá a la confrontación”, porque “no hay ánimo social para eso’’. Pero cuando se les menciona que Fernández apuntó con dureza contra Mauricio Macri, replican que eso “no es confrontar, sino contextualizar desde dónde se viene”.Cristina sugirió que no quiere volver a la Rosada y agitó un viejo debate en la coalición de gobiernoEn ese escenario aparece la figura de Fernández como quien se pondrá la campaña al hombro. Su imagen está, en términos generales, por encima de la de la gestión. “Se necesita más ordenamiento para contar lo que se hizo, alejarse de los gritos y no angustiar más a los angustiados, ni enojar más a los enojados”, insisten los albertistas en un panorama complejo.

Fuente: La Nación

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A pesar de los discursos de diferentes referentes del oficialismo sobre la voluntad de terminar con la justicia patriarcal y de abogar por el acceso igualitario a cargos jerárquicos en el Poder Judicial, en la práctica no se perciben cambios sustanciales. De 41 vacantes de juzgados que se cubrieron en los 18 meses de gestión del Frente de Todos (FdT), sólo en 17 oportunidades fueron elegidas mujeres.La diferencia no mejora si se toma en cuenta que en los 33 pliegos que entraron en los últimos días al Senado en busca de acuerdo, hay sólo 11 de mujeres para cargos de magistradas. Es decir que desde el despacho del presidente Alberto Fernández, responsable de elegir un nombre de cada terna que llega desde el Consejo de la Magistratura, se eligieron más hombres que mujeres.Alberto Fernández y Elizabeth Gómez Alcorta (Télam/)El punto fue reconocido por fuentes cercanas al primer mandatario, las cuales admitieron ante LA NACION que el tema de género “aún no permeó” a la hora de elegir un candidato a ocupar un cargo judicial. Aunque confían, agregaron, en que con el tiempo el escenario irá cambiando cada vez más y detallaron que la selección de nombres sobre las ternas las hace el propio Fernández, a lo sumo con alguna interconsulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Martín Soria.La falta de elección de mujeres se da pese a discursos en los que el mismo presidente habló de la necesidad de una justicia con “perspectiva de género”. O que el propio Soria, en marzo pasado, en su primera aparición pública se expidiera en un panel virtual bajo la temática: “¿Cómo incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial?”Entonces, el sucesor de Marcela Losardo, sostuvo que la reforma judicial que impulsa el Gobierno debía “incluir la perspectiva de género”. Un punto que consideró que “reclama este tiempo histórico y toda la ciudadanía” porque es lo que “impone la cruda realidad del día a día en la Argentina”.Con la reforma judicial planchada tras haber obtenido media sanción en Diputados, elegir de forma más pareja mujeres para cargos de magistradas se vislumbra en términos generales como la primera opción para revertir lo que sucede en el Poder Judicial, al que el Ejecutivo apunta en sucesivas oportunidades.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto a los ministros de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Justicia, Martín SoriaLos dichos de Soria fueron en un encuentro en el que participó junto a su par Elizabeth Gómez Alcorta, responsable del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Desde esa cartera se considera que precisamente la falta de mujeres en cargos claves es uno de los motivos por los que la justicia actúa sin perspectiva de género. Y hasta tienen un documento sobre el tema, en el que se da cuenta de se citan datos de 2019 de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que muestran “la fuerte disparidad en la participación de las mujeres en el sistema de administración de justicia, a pesar de que constituyen el 56% del total del personal”.En tanto que, al analizar la distribución de las mujeres, “la mayoría se concentra en los escalafones bajos (personal administrativo) e intermedios (funcionarias), y decrece marcadamente a medida que ascendemos en la pirámide hasta llegar a una mínima expresión entre las máximas autoridades judiciales del país”.Precisamente por esa misma disparidad se implementó la ley de cupo, que implica que debe haber mujeres en todas las ternas conformadas en el Consejo de la Magistratura que luego se elevan al Ejecutivo. Eso es otro de los puntos que genera diferencias, porque de las 41 elevadas al Ejecutivo, 11 no tenían mujeres en sus conformaciones, y del número restante salieron elegidas apenas 17 mujeres.El propio reglamento del Consejo de la Magistratura establece en qué casos al menos debe haber una mujer en la terna, que es cuando cumple una serie de condiciones y cómo están posicionadas en la orden de mérito.La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ya puso la lupa sobre el incumplimiento de la ley de cupo. Según señaló ACIJ respecto de las ternas de cinco concursos del año pasado, si bien en la totalidad de los concursos cuestionados había mujeres con el puntaje suficiente para integrar las ternas, se conformaron sin aplicar la regla del cupo.Junto con otras organizaciones, ACIJ mandó notas al Consejo, al Senado y al Poder Ejecutivo alertando de esta situación, pero en los concursos de este año se incurrió en una situación similar, y por eso judicializó mediante una acción de amparo todos los concursos en los que no hubiera ternas que respetaran el reglamento.

Fuente: La Nación

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El gobierno nacional analiza denunciar penalmente el presunto envío de material bélico a Bolivia, durante el gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), en 2019, cuando el país vecino atravesaba una grave crisis institucional interna. El caso se conoció en las últimas horas, luego de que el canciller boliviano, Rogelio Mayta, denunciara que “el gobierno de Mauricio Macri aportó material letal para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional en Bolivia”.El presidente Alberto Fernández expresó ayer “dolor y vergüenza” por la situación. Hoy volvió sobre el tema en su discurso por el 9 de Julio en Tucumán.El excomandante boliviano involucrado en la denuncia por el envío de armamento desde la Argentina afirma que la carta es “falsificada”La información sobre una posible denuncia fue confirmada a LA NACION por fuentes del Poder Ejecutivo. En ese sentido, las siguientes horas serán claves, ya que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ordenó, por indicación presidencial, a las cuatro Fuerzas Federales, que en el lapso máximo de 72 horas, informen “las responsabilidades en el envío de material policial antitumulto u otro al Estado Plurinacional de Bolivia para colaborar con el golpe de Estado de noviembre de 2019?, tal como lo detalló en su cuenta de la red social Twitter.Por indicación del presidente ordené a los jefes de las Fuerzas Federales que informen, en las próximas 72 hs, las responsabilidades en el envío de material policial antitumulto u otro al Estado Plurinacional de Bolivia para colaborar con el golpe de Estado de noviembre de 2019.— Sabina Frederic (@SabinaFrederic) July 9, 2021Fuentes cercanas a la cartera detallaron que en las próximas horas se esperan los primeros informes, que se adelantarían al plazo fijado. Resaltaron además que el pedido había sido realizado a las cuatro fuerzas (Gendarmería, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeronaútica), más allá de que las acusaciones recaen sobre Gendarmería.En ese sentido no se descarta que, de acuerdo a lo que surja de esos informes, puedan abrirse sumarios administrativos, al margen de la posible judicialización del caso. La denuncia, no obstante, dependerá de lo que decida el Presidente. “Todo lo está encabezando el Presidente. Él está encargado”, dijeron fuentes oficiales, que consideraron “gravísimos” los hechos dados a conocer por parte del Ejecutivo boliviano.Por su parte, la titular del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió a las acusaciones a través de un posteo en redes sociales, en el que habló de “colaboración humanitaria” con Bolivia y aseguró: “nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana”.Sobre la colaboración humanitaria de nuestro país con Bolivia en 2019 ?? https://t.co/3KrjCQqcgj— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 9, 2021Tras lo que agregó que “se hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el presidente [Alberto] Fernández” y sostuvo que “se ayudó a los funcionarios de Evo Morales” y “se resguardó la Embajada Argentina y a los periodistas que estaban bajo el asedio de los manifestantes”.Por su parte, en la carta difundida ayer, el canciller Mayta aseguró que Argentina proveyó de manera clandestina “material bélico” al régimen de Jeanine Añez para reprimir protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales.El funcionario agregó que la información provino del exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana. Jorge Terceros Lara, que el 13 de noviembre de 2019 agradeció por nota al entonces embajador argentino Normando Álvarez García el envío de “40.000 cartuchos y gases lacrimógenos” que luego fueron utilizados en la represión de las protestas contra el gobierno de Áñez.Mayta enumeró la entrega de 40.000 cartuchos AT 12/70 [la sigla refiere a munición “antitumulto”, más conocida como “balas de goma”], 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC. Y vinculó el arribo de esos materiales con las denominadas “Masacres de Sacaba y Senkata” -que ocurrieron apenas dos días después de la carta de agradecimiento del gobierno boliviano al argentino-, y que dejaron 11 muertos y 120 heridos durante la represión de las protestas contra el gobierno de Áñez.

Fuente: La Nación

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El gobierno nacional prorrogará por cuatro semanas el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que vence este viernes y mantendrá la vigencia del semáforo epidemiológico, que permite aplicar distintos niveles de restricciones de acuerdo a la situación de los 24 distritos del país, anticiparon a LA NACION fuentes oficiales.Mientras tanto, en las próximas horas se conocerá la decisión administrativa de Jefatura de Gabinete sobre el cupo de pasajeros que pueden reingresar al país. De momento, la cifra se mantendría en 600 por día, tal como adelantó este medio.El Gobierno justifica la limitación del ingreso al país en el objetivo fundamental retrasar la irrupción de la variante Delta, que tiene una alta transmisibilidad y de la que en las últimas horas se detectaron dos casos más, lo que asciende a siete el número de contagiados. Aunque por el momento, no se detectó circulación comunitaria.Larreta anunció una flexibilización de las restricciones De acuerdo a las fuentes consultadas, este punto es estudiado por las autoridades de los ministerios de Interior, Salud y Transporte, Eduardo “Wado” de Pedro, Carla Vizzotti y Alexis Guerrera. Al margen del cupo de los 600 pasajeros diarios, se evalúa la posibilidad de avanzar con vuelos especiales que permitan traer al país a personas con situaciones puntuales o por medio de acuerdos vía Cancillería.Por lo pronto, a favor de la flexibilización se da que el Gobierno registra un mayor acatamiento de las disposiciones por parte de los viajeros que regresan al país desde sus estancias en el exterior. El nivel de acatamiento, afirman desde Migraciones, que depende de la cartera de Interior- creció en las últimas semanas al ritmo de los controles por parte de las autoridades.El Gobierno tiene como uno de sus principales objetivos avanzar con la vacunación, al tiempo que retrasa el ingreso de la variante Delta, lo cual se considera ineludible, pero los funcionarios de las áreas competentes apuntan a que sea demore lo máximo posible. “Delta no es más letal que otras cepas, pero sí de mayor transmisibilidad”, afirmaron los voceros gubernamentales.

Fuente: La Nación

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La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy que el gobierno busca “retrasar lo más posible el ingreso de la variante Delta” al país, con lo cual justificó las medidas de restricción entre las que figura el tope de 600 pasajeros por día en vuelos provenientes del exterior. La funcionaria advirtió que debe evitarse una escalada de casos desde el piso actual, al que definió como “muy alto”.“Con el invierno por delante, con las variantes más transmisibles y tanta circulación de personas a diferencia del año pasado, la verdad es que si empiezan a aumentar los casos, a escalar a partir de este piso es un problema, un riesgo grande”, alertó Vizzotti en un contacto con un grupo de medios, entre ellos LA NACION, para precisar la situación sanitaria de la Argentina frente a la pandemia.En la cartera de Salud, donde la ministra inició la jornada antes de participar esta tarde de una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Vizzotti ponderó la “fuerte escalada del plan de vacunación” al que apuesta el gobierno para evitar que la tercera ola de la pandemia se instale en el país. “Están bajando los casos, pero están en un piso muy alto”, advirtió la ministra de la cartera sanitaria.Según indicó Vizzotti, la detección de dos nuevos casos de la variante Delta, confirmada en las últimas horas, fue producto de la secuenciación que se realiza sobre las muestras de quienes regresan del exterior. Mientras que la secuenciación genómica permite identificar las otras cepas de la enfermedad y se realiza sobre otros grupos poblacionales, para tener una muestra amplia de lo que sucede en el país.El Gobierno confirmó el decreto para destrabar la compra de vacunas Pfizer, Janssen y ModernaVizzotti aclaró que no hay circulación comunitaria de Delta, la variante del virus que preocupa por su alta transmisibilidad. En ese marco y ante una consulta de este diario, la ministra sostuvo que la posibilidad de instrumentar nuevos confinamientos “se evalúa en forma permanente, todo el tiempo”, aunque aclaró que “las medidas que haya que tomar serán intensivas, localizadas y transitorias”.“Nosotros abogamos para que cada jurisdicción, con los indicadores que están vigentes, tome las medidas en forma oportuna para no necesitar eso y poder seguir avanzando en las autorizaciones”, precisó Vizzotti sobre el instrumento de la cuarentena, tras lo cual fijó la postura de la administración de Alberto Fernández: “No es que eso solo depende de Nación, sino también de las jurisdicciones”.Se detectaron dos nuevos casos de variantes DeltaMás allá de la variante Delta, el escenario general de la enfermedad preocupa al gobierno por la alta cantidad de casos, a pesar de la baja que de las últimas semanas. “Están bajando los casos, pero desde un piso muy alto”, señaló Vizzotti. “Lo que hay que hacer es fortalecer los cuidados y seguir avanzando con este horizonte temporal concreto que es la vacunación”, remarcó la ministra de Salud.La funcionaria pidió mantener las medidas de cuidado -el uso del barbijo, la ventilación cruzada y la suspensión de las reuniones sociales- ante las variantes que ya circulan en el país, como Manaos, Reino Unido y Andina. “Todo lo que decimos adquiere muchísima importancia porque epidemiológicamente están bajando los casos, pero todavía estamos al nivel del pico más alto del año pasado”, advirtió.

Fuente: La Nación

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En la antesala de las elecciones legislativas, la Justicia Electoral tiene tres juzgados vacantes, cinco fiscalías acéfalas y un juez acusado de delitos graves en plenas funciones. El escenario se completa con la dinámica atípica que propone la pandemia de coronavirus, que obliga a cambios antes las elecciones de septiembre y noviembre próximos.Desde mayo, el problema más serio para el fuero lo protagoniza Walter Bento, juez federal con competencia electoral de Mendoza. Bento está acusado de ser la cabeza de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de favores procesales. Se le imputan también los delitos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Tiene pedido de indagatoria y de detención, pero permanece en libertad por los fueros que lo amparan. Como parte de esa trama, su esposa, Isabel Boiza, también está acusada por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en tanto que dos hijos del matrimonio son investigados.Con los fondos de la campaña oficialista en la mira, los jugadores de la vía pública expanden sus negociosLa situación de Bento se juega tanto en la Justicia penal como en el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la designación, el control y la remoción de los jueces. La Comisión de Disciplina y Acusación lleva semanas sin reunirse. Sus integrantes lo harán este martes. El instructor del expediente contra Bento es el diputado de Pro Pablo Tonelli, que pedirá medidas de prueba.El juez federal de Mendoza Walter Bento enfrenta serias acusaciones en la justicia penal y en el Consejo de la Magistratura pero sigue al frente del juzgado con competencia electoral (Los Andes/)Aun en estas condiciones, Bento seguirá al frente de un cargo clave: deberá supervisar y autorizar los frentes electorales, aprobar el financiamiento de los partidos e intervenir en las denuncias que puedan presentarse por fraude y eventuales cuestionamientos a los resultados electorales.El caso de Bento recuerda al de Carlos Soto Dávila, que se desempeñó como juez federal con competencia electoral en Corrientes durante 23 años y quien renunció en 2019 por las severas acusaciones en su contra. Está procesado por cobrar coimas a cambio de beneficiar narcotraficantes, a la espera del juicio oral y público.El juzgado que ocupaba en Corrientes Carlos Soto Dávila, el juez acusado de recibir sobornos de narcos, sigue vacanteDesde su dimisión, en febrero de 2019, su cargo en el juzgado federal con competencia electoral de Corrientes está vacante. El Consejo realizó el concurso y está en etapa de evaluar impugnaciones, lo que implica que aún quedan varios pasos para que el Ejecutivo finalmente designe sucesor.En Río Negro y Tucumán, otras dos jurisdicciones que tienen cargos vacantes, los tiempos del Consejo también presentan dilaciones. El de Río Negro tenía fecha de examen para mayo pasado, pero se encuentra suspendido, en tanto que en el de Tucumán se encuentra con fecha suspendida, pero para la prueba de oposición.En el caso de Río Negro, el juzgado quedó vacante tras la renuncia de Mirta Filipuzzi, quien tuvo más de tres décadas como jueza y lideró 22 elecciones nacionales. Filipuzzi presentó la dimisión a su cargo en marzo de 2020, poco después de que el oficialismo avanzara con los cambios previsionales para magistrados. La exmagistrada negó que ese fuera el motivo de la renuncia y aseguró que se debía a motivos personales. Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel BejasEn Tucumán, la vacante se generó con la salida de Daniel Bejas, que había sido designado por Cristina Kirchner en 2011 y que desde diciembre integra la Cámara Nacional Electoral (CNE) junto a Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía.Otra vacante que se completó este año fue la del juzgado federal de La Plata, frente al cual asumió Alejo Ramos Padilla, quien desde entonces tiene bajo su órbita el padrón de la provincia de Buenos Aires. El exjuez federal de Dolores ocupó la silla de Manuel Blanco, histórico magistrado electoral platense, fallecido en 2014.Los juzgados vacantes son actualmente cubiertos con otros jueces federales, pero que no concursaron específicamente para cargos electorales.La fiscalía federal con competencia electoral de la CABA quedó vacante tras la muerte de Jorge Di Lello
La situación de vacantes también se replica en las fiscalías. Tras la muerte del fiscal federal con competencia electoral de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Di Lello en febrero de este año, el cargo es subrogado por el fiscal Ramiro González, titular de una fiscalía en Comodoro Py y uno de los que más conoce el área electoral, tras años trabajando junto a la jueza federal María Servini.También están vacantes las fiscalías federales con competencia electoral de Paraná, Entre Ríos, Neuquén, La Rioja y Río Gallegos.El Gobierno aplicó un doble estándar para condenar violaciones a los Derechos HumanosLa complejidad del escenario electoral no está dada este año solamente por la gran cantidad de vacantes, sino por la dinámica que impone la pandemia de Covid-19, que obligó a generar nuevos lugares de votación y nuevos circuitos para que no se crucen votantes, así como medidas de protección para quienes sean convocados como autoridades de mesa.

Fuente: La Nación

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Alberto Fernández fue recibido en Córdoba con una protesta de un grupo de exempleados de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín SA (FAdeA), de otra firma que cerró y de productores agropecuarios de la zona. A la manifestación, realizada durante la mañana de hoy en la puerta de la planta aeronaútica que el mandatario visitó, se sumaron también vecinos del lugar. La presencia de Fernández ya había despertado resistencia en las redes, donde se viralizaron hashtags en contra de su llegada.Este episodio tiene como antecedente inmediato lo que sucedió la última semana en Salta y, en marzo pasado, en Lago Puelo, Chubut, donde el vehículo que transportaba a Fernández fue atacado con piedras. Los hechos encienden alarmas de cara a futuras visitas del mandatario, como la prevista para el 9 de julio próximo a Tucumán para la conmemoración del Día de la Independencia.Variante Delta. El Gobierno acotará el cupo diario de personas que ingresan al país y reducirá los vuelos del exteriorAl ser consultadas por LA NACION, fuentes del entorno presidencial relativizaron los episodios de Córdoba y Salta y los definieron como “parte del juego de la democracia”. “Mientras no pase a mayores, es eso y está bien. No hay de qué preocuparse”, sostuvieron. “Hubo episodios así en todos los gobiernos”, agregaron, y enumeraron varios hechos similares que vivió el expresidente Mauricio Macri. En tanto que a los incidentes registrados en Chubut, los de mayor gravedad, los consideraron “un hecho aislado” en el que aseguraron que el reclamo era “más que nada contra [el gobernador, Mariano] Arcioni”.Las protestas de hoy fueron protagonizadas por la Agrupación Despedidos de FAdeA, junto con exempleados del diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Fernández, que cerró su empresa hace un año y a quien le reclaman que pague lo que adeuda. La empresa de Fernández, llamada Postre Serrano, cesó su actividad en agosto del año pasado, luego de 65 años de trayectoria.Los incidentes de Chubut se produjeron en la zona de Lago Puelo, adonde Fernández y su comitiva llegaron para supervisar los incendios que azotaban la zona. Allí, un grupo de manifestantes arrojó piedras y rompió dos vidrios traseros del vehículo. A comienzos de este mes, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, procesó a nueve personas por esos hechos.De acuerdo con el procesamiento, el ataque fue realizado “por varias personas que, en grupo, lanzaron golpes de puño, patadas y piedras contra la camioneta en la que viajaban el Presidente de la Nación y la comitiva de funcionarios que lo acompañaba”. En esa oportunidad, la identificación de las personas que participaron del ataque pudo lograrse, “fundamentalmente a través del análisis de las filmaciones publicadas por los medios periodísticos que cubrieron la visita presidencial”, sostiene la resolución.La semana pasada Fernández viajó a Salta a conmemorar la fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, ocurrido el 17 de junio de 1821, y decenas de salteños se manifestaron en contra de su visita.Las consignas fueron desde “Alberto, no sos bienvenido en la tierra de Güemes” hasta “Que se vaya”. Los manifestantes llevaban banderas argentinas y cacerolas. Al repudio se sumaron vecinos que, desde sus autos, acompañaron la convocatoria con bocinas y arengaron a quienes pasaban por allí a que hicieran lo mismo.Fernández viajó a Córdoba para encabezar el acto de entrega a la Fuerza Aérea Argentina de un avión Pampa III Bloque II y recorrer la planta de FAdeA. Luego participó de la inauguración de dos tramos de la Autopista RN 19 San Francisco-Córdoba, acompañado por el gobernador Juan Schiaretti y los ministros Eduardo de Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Agustín Rossi (Defensa).

Fuente: La Nación

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En vísperas de un nueva fecha patria, el Grupo 25 de Mayo, que salió a la luz pública con una proclama contra el pago de la deuda, reunió la firma de más de tres mil referentes de distintos sectores vinculados al kirchnerismo, para reclamar el fin de la actual concesión con Hidrovía S.A. En la misiva, titulada “Paraná Soberano”, pidieron “recuperar para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas el imprescindible control y administración de la ruta fluvial”. El pronunciamiento implica un desafío con la postura del Gobierno que ya anunció que no va en esa dirección sino que avanza con una licitación entre privados.Entre las principales firmas de la proclama están las de los legisladores Jorge Taiana y Fernanda Vallejos, el sindicalista Pablo Moyano, el exvicepresidente Amado Boudou, la líder Tupac Amaru, Milagro Sala, y el exjuez de la Corte, Raúl Zaffaroni, además de artistas y periodistas afines.Para la fecha de la revolución de Mayo, el grupo emitió otra proclama en la que se manifestó “a favor de priorizar la salud de los argentinos antes que el pago de la deuda externa”. Entonces, como ahora, pareció marcar el escenario político en el que el objetivo del Ejecutivo a cargo de Alberto Fernández busca ir en una dirección distinta.Un ministro consideró la posibilidad de dar “dosis de refuerzo o cambiar la vacuna””El próximo 30 de julio se abre la oportunidad de recuperar, para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas, el imprescindible control y administración de la ruta fluvial más importante del país”, subrayó el Grupo. El reclamo del extenso conglomerado de referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, académicos, artistas y periodistas, es fundamentalmente que el Estado “asuma el control y la administración de la ruta fluvial más importante del país, ejerza el cobro del peaje y avance en la construcción del Canal Magdalena”.“Hoy nos encontramos ante la oportunidad de retomar el control del Paraná -un canal crucial para el comercio exterior argentino por el que circula la mayor parte de nuestras exportaciones e importaciones- elevando bien alto la bandera de nuestra Soberanía”, plantearon.La postura es completamente opuesta a la del gobierno nacional. De hecho, a comienzos de mayo pasado, al asumir el cargo de ministro de Transporte, tras la muerte de Mario Meoni, Alexis Guerrera se refirió al tema de la Hidrovía y aseguró: “No vamos por el camino de la estatización”. Para esa altura, algunos referentes del kirchnerismo venían planteando una estatización, e incluso el gobernador Axel Kicillof se referió al tema de que el Estado asuma un rol más activo.Guerrera, hombre de Sergio Massa, al igual que Meoni, siguió la línea de su predecesor en el tema al negar la posibilidad de la estatización y detallar que se recuperaría para el Estado “un rol que hoy no tiene en el manejo”, a través de los pliegos de licitación para la concesión del servicio de dragado y balizamiento.Entonces Guerrera, agregó que con los nuevos pliegos se generaría “un gran avance”, con una fuerte participación de todos los gobiernos provinciales que tienen contacto con el río” Paraná, y también con la injerencia “del propio Ministerio de Transporte y el de Interior”.La Hidrovía es un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kms. de largo, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay. Hoy la tarea de dragado la realiza la empresa belga Jan de Nul.Alberto Fernández vuelve a viajar a Europa antes de fin de mes”El fin de esta concesión en nuestro Paraná abre la posibilidad de que el Estado, y con él, el pueblo argentino, recupere el control y la administración en un ámbito estratégico, desandando el camino de las riquezas de la década del 90?, sostuvo Vallejos. En tanto que Taiana consideró que en la proclama “nos unimos muchos argentinos y argentinas que estamos preocupados por el futuro de nuestra vía navegable troncal porque estamos seguros que con el fin de la concesión, tenemos la oportunidad de modificar la forma en que el Estado ha manejado este recurso estratégico”.Entre los firmantes también están el titular de la CTA, Hugo Yasky y el diputado José Luis Gioja. Así como se aglutinan nombres de distintas áreas y sectores, están los del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti; el gremialista Juan Carlos Schmid y Juan Grabois, de la CTEP.

Fuente: La Nación

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El presidente Alberto Fernández avaló hoy el debate instalado por Cristina Kirchner para comenzar a discutir una reforma integral del sistema de salud, en un guiño político a la vicepresidenta, aunque al mismo tiempo en la Casa Rosada aseguraron a LA NACION que todavía no fue redactado ningún proyecto en ese sentido. “Hay otras urgencias”, advirtieron los voceros consultados.“Tendremos que ver cómo optimizar el funcionamiento, cómo coordinamos y cómo mejoramos a partir de la experiencia vivida el funcionamiento del sistema de salud público, parapúblico y privado”, sostuvo Fernández en el acto realizado en el Museo del Bicentenario.Allí, el mandatario aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre la reforma que, antes que la Rosada, impulsa el Instituto Patria kirchnerista. “No puedo dejar de reconocer el esfuerzo inmenso que han hecho los médicos del sistema público, parapúblico y privado y tendremos que ver cómo optimizarlo”, afirmó.Y como para que no quedaran dudas de lo que estaba diciendo, precisó: “Es lo que habló Cristina en La Plata. Es decir, cómo podemos mejorar todo esto a partir de la experiencia vivida, porque un Estado que no se preocupa de la salud de sus hombres y mujeres no merece existir”.Esa línea fue la que siguió hoy la Casa Rosada, donde advirtieron que la pandemia demostró que “ningún sistema por sí sólo puede sostenerse” y que, por consiguiente, el sistema de salud necesita actualizaciones. Los voceros consultados por este diario aseguraron que se trata de un tema complejo que “no se resuelve con declaraciones o intenciones” y señalaron que por el momento hay otras prioridades en el horizonte.Al tiempo, agregaron que la reforma del sistema de salud fue instalada por la centralidad del discurso de la vicepresidenta. En ese sentido, aseguraron que la propuesta de Cristina fue “apenas un comentario” dentro de su discurso, pero que bastó para instalar el tema en la agenda política y pública.El presidente Alberto Fernández, acompañado por los ministros Nicolás Trotta (Educación) y Carla Vizzotti (Salud), en el acto de hoy.Los dichos de la ex mandataria fueron el lunes, en un acto en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, en el que estuvo junto al gobernador Axel Kicillof. “Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias. Lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad”, sostuvo. Fue la segunda vez Cristina se refirió al tema. La vez anterior también fue en la capital bonaerense, a fines del año pasado.Las declaraciones de la vicepresidenta alteraron la promesa de tregua en las diferencias que se viven al interior del gobierno, lo que se había pactado apenas unos días antes. Pero la mención del tema no sólo sorprendió a parte de sus socios políticos, sino también a sindicalistas y empresarios del sector privado. El planteó generó incluso resistencia de la CGT, ante el temor de los sindicatos de perder el manejo y la recaudación de sus obras sociales.La principal inquietud de esos grupos pasa por saber en detalle el alcance de la idea y los tiempos en los que se buscará concretarla. Cuando se volvió a instalar el tema, la mayoría de ellos pensó en un texto titulado “Ejes centrales para un programa de salud 2020-2024”, que data de la campaña del Frente de Todos en 2019 y que tiene como principal promotor a especialistas sanitarios del Instituto Patria.

Fuente: La Nación

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El gobierno nacional analiza la posibilidad de emitir nuevos bonos que compensen a los jubilados y pensionados por la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación del último trimestre. La medida podría concretarse con el correr de los próximos días. De momento no hay mayores precisiones respecto de montos y alcances, pero todo indica que llegaría a aquellos que perciben los haberes mínimos y podría darse a partir de julio. De acuerdo con diferentes estimaciones, las jubilaciones y pensiones están entre 10 y 15 puntos por debajo de la inflación.La inflación es una de las principales fuentes de preocupación del Gobierno, en especial del gabinete económico, y espera que se desacelere en el segundo semestre.Fuentes consultadas por LA NACION en el Poder Ejecutivo evitaron dar precisiones sobre el tema y afirmaron que los temas vinculados con los jubilados, especialmente quienes perciben los haberes mínimos, siempre están bajo análisis en el gabinete económico, que se reúne semanalmente, más aún frente al contexto inflacionario que afecta al país. Al mismo tiempo enumeraron las medidas del gobierno de Alberto Fernández respecto de los jubilados desde que asumió.Los datos del INDEC sobre la inflación del mes de mayo fueron dados a conocer ayer y la ubicaron en un 3,3%. Ayer también, el Gobierno anunció que se extendía hasta fin de año el reintegro del 15% sobre las compras realizadas con tarjeta de débito para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, que vencía a fines de este mes.La emisión de un nuevo bono registra como antecedentes lo sucedido en 2020 y en la primera parte de este año. El más inmediato es el de marzo pasado, cuando el Gobierno oficializó el otorgamiento de uno de carácter extraordinario de $1500 que cobraron en abril y en mayo los jubilados, pensionados, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y graciables que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).Entonces, ese subsidio estuvo destinado a aquellos titulares que cobran un monto equivalente de hasta $30.857,16 por la suma de los haberes de todas sus prestaciones actuales.Durante la mañana de hoy, ante la consulta de este diario por los ajustes que sufren los jubilados frente al desfasaje entre lo que perciben mensualmente y la suba de los precios por la escalada inflacionaria, fuentes del Ejecutivo sostenían que: “no es que hay una intención determinada de deteriorar los haberes jubilatorios” y en ese sentido adelantaron que, en breve, llegaría “el anuncio de nuevos bonos”.

Fuente: La Nación

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