Algunos informes internacionales son más que gráficos acerca de la catastrófica situación de la Argentina. El último reporte de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que nuestro país será el que más años tardará en recuperar el nivel del PBI previo a la llegada del coronavirus. Y según el reciente ranking de resiliencia que elabora la agencia Bloomberg, la Argentina es, entre 53 naciones, la menos recomendada para pasar la pandemia. No hace falta que los argentinos leamos detenidamente esos estudios para descubrir la gravedad del momento en que vivimos. Basta con que recordemos las palabras del presidente Alberto Fernández pronunciadas en abril del año pasado, cuando afirmó que prefería tener un 10 por ciento más de pobres y no 100 mil muertos. Los resultados están a la vista y el país se encamina a alcanzar esas cifras en poco tiempo más, de la mano de una inflación galopante y de una política sanitaria que hasta ahora ha sido un fracaso.Solo en 2020, desde que desembarcó el Covid-19 en nuestro país, unas 16.000 pequeñas y medianas empresas debieron cerrar sus puertas para no volver a abrirlas, según estadísticas oficiales, cuyo número es elevado hasta 90.000 por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); la desocupación alcanza el 10,2%, sin contar a los numerosos habitantes que han dejado de buscar trabajo; la pobreza alcanza a unos 20 millones de argentinos (42%); la indigencia, al 10,5%, y el 73% de las familias tiene algún tipo de deuda.Si bien es innegable que los problemas de una economía que combina estancamiento con un elevado nivel de inflación se remontan a muchos años, el actual gobierno nacional no puede desentenderse de su responsabilidad en la profundización de esos flagelos y de su inoperancia e incapacidad para brindar las adecuadas señales que conviertan al país en un destino atractivo para las inversiones, tanto externas como locales.Nuestros gobernantes vienen tomando decisiones con el manual básico del populismo a su lado. Y en vísperas de un acto electoral, esta concepción se ha profundizado aceleradamente en las últimas semanas.De este modo, el empeño que ha querido mostrar el ministro de Economía, Martín Guzmán, para mantener en caja las cuentas públicas debió ceder ante la presión de la vicepresidenta Cristina Kirchner para abrir el grifo del gasto público.La gestión gubernamental actual insiste en recorrer un círculo vicioso donde los mayores subsidios y los planes sociales son profundizados para ganar elecciones, sin reparar en los desbordes del déficit que provocan mayor inflación, que a su vez deriva en cada vez más pobreza, retroalimentando el círculo.En la rancia concepción populista, la búsqueda del equilibrio fiscal no garantiza éxitos electorales. Predomina siempre una miope visión cortoplacista y electoralista que implica pan para hoy y hambre para mañana. Estos son algunos indicadores:El Gobierno debió someterse a los dictados de la vicepresidenta y mantener congeladas o con subas mínimas las tarifas energéticas; algo que derivará en un incremento de los subsidios del Estado nacional a las empresas del sector, con el consecuente aumento del déficit fiscal.El costo de esos mayores subsidios alcanzó los 152 mil millones de pesos solo en el primer cuatrimestre del año, equivalentes a un crecimiento del 128% interanual, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Se trata de una suma superior a la presupuestada para todo el año para la compra y distribución de vacunas contra el coronavirus en todo el país.Las transferencias de capital a las provincias en los primeros cuatro meses del año arrojaron un incremento interanual del 495%.La discrecionalidad y los propósitos políticos de esas transferencias quedan a la vista, cuando se advierte que la provincia gobernada por Axel Kicillof recibió de la Nación una ayuda diez veces mayor a la girada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. siete veces superior a la enviada a Santa Fe y seis veces a la recibida por Córdoba.La asistencia directa del gobierno central a los municipios benefició en un 49% a la provincia de Buenos Aires y la distribución entre comunas bonaerenses benefició abrumadoramente a los gobernados por el Frente de Todos. El sentido electoralista de esta distribución no requiere mayores explicaciones.La extemporánea decisión de prohibir las exportaciones de carne con la supuesta intención de reducir los precios en el mercado doméstico ha sido otro ejemplo de medidas populistas “pour la galerie”. Lejos de favorecer la “mesa de los argentinos”, esa determinación solo generará pérdida de divisas para el país, un corte de la cadena de distribución internacional, un incremento de los costos empresarios, más cierres de frigoríficos, más desempleo y, en el mediano plazo, mayores subas en los precios de la carne por la caída de la oferta.El miedo a perder la elección, no obstante, a veces puede tener algún efecto positivo, como el fin de la resistencia del Gobierno a sentar las bases para posibilitar la llegada de vacunas de laboratorios estadounidenses contra el Covid-19. Lamentablemente, las autoridades buscaron una solución muy tarde, sin reparar en la cantidad de muertes que podrían haberse evitado si se hubiese actuado con celeridad. El Gobierno fue la propia presa de las trampas del populismo, pero sus víctimas fueron decenas de miles de argentinos.
Fuente: La Nación