Nuestro diseño constitucional parte de un postulado central, no respetado por quienes más poder detentan y, lo que es igualmente grave, no siempre defendido por quienes deberían velar para que se observe.Según nuestra sabia Constitución, el llamado “gobierno federal” no fue asignado exclusivamente a un mandatario o a un gobernante, sino a tres ramas distintas e independientes entre sí: el Poder Legislativo (órgano del que deben emanar las normas de contenido general), el Poder Ejecutivo (encargado de hacerlas cumplir) y el Poder Judicial, donde deberían encontrar adecuado tratamiento los casos en que se debate la legalidad de la actuación de esos poderes.Como forma de reforzar esta idea, la propia Constitución fulminó la posibilidad de que el Presidente ejerza funciones judiciales o se arrogue el conocimiento de causas en trámite. De igual manera, conminó a los integrantes de las legislaturas a que se abstengan de conceder a los poderes ejecutivos sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor y las fortunas de los argentinos queden a merced de persona alguna, señalando que, de hacerlo, incurrirían en la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.Hace tiempo que estos sabios principios son mayoritariamente ignorados, producto de la voracidad de quienes detentan el Poder Ejecutivo y de la pasividad de muchos de los representantes de los otros poderes. Una reciente investigación de este diario ha señalado que la cantidad de decretos de necesidad y urgencia dictados por el actual presidente superan en número las leyes sancionadas por el Congreso, pese a que este organismo se encuentra en funcionamiento.Basta, al parecer, con que el titular del Ejecutivo reclame que se está ante una situación de “urgencia” para que lluevan las restricciones a los derechos de los ciudadanos, desde salir y regresar al país, transitar libremente, acceder sin limitaciones a las vacunas más eficientes, ejercer el comercio con los cuidados y protocolos del caso, y demás libertades que, se sabe, solo el Congreso está facultado a regular con criterios de razonabilidad. Así, la sabia fórmula constitucional según la cual “ningún habitante será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe” queda frecuentemente reducida a una expresión de deseos.Pero la voracidad de los representantes del Ejecutivo y sus aliados no ceja. LA NACION informó lo sucedido en relación con los “traslados” de jueces, tema que despertó especial atención de la ciudadanía con el caso de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Cámara Federal porteña.El Consejo de la Magistratura, organismo donde el kirchnerismo reposa para alcanzar su meta de impunidad, había observado que existían jueces trasladados de un tribunal a otro, de acuerdo con una práctica que se remontaba a varias décadas. Según postuló el Consejo, esos jueces habían sido mal designados, por lo que se requería de un nuevo acuerdo del Senado para su permanencia en el cargo. Solo que, en vez de analizar la situación de las decenas de magistrados en la misma situación (entre ellos, la emblemática jueza con competencia electoral María Servini), el Consejo posó su atención solo en los magistrados que habían intervenido o intervenían en causas de corrupción contra funcionarios kirchneristas: los nombrados Bruglia y Bertuzzi, y el juez Germán Castelli, integrante del tribunal oral que intervendrá en el juzgamiento de la causa de los cuadernos. Desde ya, para estos jueces la obtención de un acuerdo senatorial se presentaba como una misión imposible. Ante una acción de amparo interpuesta por los magistrados, la Corte decidió que ellos habían sido designados en forma válida, pero su permanencia en el cargo debía cesar cuando el Consejo de la Magistratura completara el procedimiento de nuevos concursos que el mismo fallo le ordenaba llevar a cabo para todos los jueces en situación de trasladados. Exhibiendo nuevamente su grosera parcialidad, este Consejo solo avanzó con los concursos de los jueces Bruglia y Bertuzzi que la vicepresidenta tenía en su mira, y con un único concurso adicional, relativo a un juzgado federal de Jujuy con competencia electoral. Todos los restantes jueces trasladados no fueron incluidos en esta tan caprichosa como capciosa selección.En otros casos, el kirchnerismo ha buscado desarticular las causas de corrupción apelando a denuncias en sospechosas jurisdicciones, como la del juez Alejo Ramos Padilla cuando estaba a cargo del Juzgado Federal de Dolores, y que fue bautizada por sus beneficiarios como “Operativo Puf “. Ese operativo, instrumentado mediante una denuncia dirigida al abogado Marcelo D’Alessio, tuvo por confesado objetivo desplazar al fiscal Carlos Stornelli de la ya mencionada causa de los cuadernos.Ante estas realidades, es menester no bajar la guardia y estar atentos. Quienes no desempeñan funciones en la rama ejecutiva del gobierno, y sí en los restantes poderes del Estado, no deben a su vez olvidar que su misión es justamente defender el sistema republicano. Se trata de una responsabilidad que recae especialmente en los jueces. Por algo es que estos funcionarios gozan de atribuciones especiales, como la intangibilidad de sus remuneraciones, la permanencia indefinida en el cargo mientras dure su buena conducta y, para una importante parte de ellos, la exención del pago de impuestos. Es por estas razones que la población tiene derecho a exigir de los magistrados una actuación decidida y valiente, en pos de evitar una pulverización del Estado de Derecho.
Fuente: La Nación
