Por Oliver GriffinPUTUMAYO, Colombia 13 sep (Reuters) – Una activista
ambiental en el húmedo departamento de Putumayo, en la selva del
sur de Colombia, se preparaba para hacer algunas diligencias a
principios de este año cuando recibió un mensaje de advertencia
por parte de un contacto.”Me escribe en un mensaje que era mejor que no saliera”,
dijo.”A usted ya le han mandado en tres ocasiones el pollo para
que le dé”, recordó refiriéndose a las bandas criminales que
operan en su aldea. Reuters no pudo verificar de forma
independiente el contenido de los mensajes.La mujer, que vive protegida por guardaespaldas del
Gobierno, es una de las decenas de activistas amenazados en
Colombia, el país más peligroso del mundo para los
ambientalistas.Ella huyó de su pueblo en octubre pasado, después de que su
activismo y su oposición a los cultivos ilícitos que dañan la
selva amazónica la convirtieron en blanco de los asesinos de
bandas criminales.Para su protección, Reuters no nombra a la activista ni al
grupo criminal, aunque su historia fue corroborada por un equipo
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.Un récord de 65 defensores del medio ambiente fueron
asesinados en Colombia en 2020, según un informe publicado el
lunes por el grupo de defensa Global Witness.La cifra representa casi un tercio de los 227 ambientalistas
y defensores de la tierra que fueron asesinados a nivel mundial
el año pasado, superando el récord de 212 en 2019.Global Witness aseguró que su recuento anual probablemente
está subestimado, porque muchos asesinatos en lugares rurales,
así como en algunos países completos, no se denuncian.Se trata del segundo año consecutivo en que Colombia
registra la mayor cantidad de asesinatos, a pesar de las
promesas del Gobierno de aumentar la seguridad en las zonas
rurales y ofrecer protección a los activistas.El presidente Iván Duque dejará el cargo en agosto del
próximo año y los asesinatos de activistas ambientales se han
más que duplicado durante su mandato de cuatro años, según el
recuento anual de Global Witness.La muerte de activistas comunitarios y de derechos humanos
colombianos de todas las tendencias ha provocado críticas a
Duque por parte de grupos de defensa, así como llamados de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos a intensificar las medidas de protección.Los asesinatos de activistas ambientales disminuyeron
brevemente en los dos años posteriores al acuerdo de paz firmado
en 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo con cifras de
Global Witness.El acuerdo de paz condujo a una disminución generalizada de
la violencia, pero la desmovilización de las FARC abrió un vacío
de poder en algunas áreas.Los excombatientes disidentes de las FARC que rechazan el
acuerdo, así como los miembros del grupo rebelde Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales ahora luchan
por el control en muchas regiones.Global Witness dijo que el fracaso del Gobierno para
implementar adecuadamente el acuerdo de paz y prevenir la
expansión de otros grupos armados probablemente esté relacionado
con el alza de los asesinatos de activistas, que se dispararon a
64 en 2019, muy por encima de los 37 antes del acuerdo.El Ministerio de Ambiente dijo en un comunicado que el
Gobierno colombiano está trabajando en todos los departamentos
para mitigar el conflicto y abordar la violencia.”El Ministerio de Ambiente trabajará para dejarle al país
mecanismos de gestión sólidos de prevención, protección y
garantías de no repetición”, precisó el comunicado.El Gobierno acusa a las bandas criminales y a los rebeldes
de izquierda involucrados en el tráfico de drogas por el aumento
de los asesinatos de los activistas.”Ante la falta de acción estatal en términos de
implementación del acuerdo de paz ha habido muchas áreas del
país (que) han sido superadas por guerrillas, paramilitares y
otros grupos criminales”, dijo Laura Furones, asesora principal
de Global Witness para su campaña de defensores de la tierra y
el medio ambiente.”Colombia no puede perder más tiempo, más vidas”, afirmó.
“Vemos tendencias alcistas realmente preocupantes y eso nos dice
que lo que sea que esté haciendo el Gobierno no es suficiente”.”excombatientes en peligro”La activista de Putumayo huyó luego de las amenazas del
grupo armado que quiere que los lugareños derriben el bosque
para sembrar hoja de coca, la principal materia prima de la
cocaína.Le dieron guardaespaldas financiados por el Estado y un
vehículo blindado tras su huida, pero anhela poder regresar a
salvo a su pueblo.La Unidad Nacional de Protección, que proporciona
guardaespaldas a los funcionarios y figuras públicas amenazadas,
dijo que no confirma las identidades de las personas a las que
protege.”Desde octubre del año pasado no he podido ir a la zona”,
aseguró. “Por mucha protección que uno tenga del Estado (…),
yo no cambio eso por la tranquilidad en mi casa, en ningún
momento lo cambio”.Diecisiete de los ambientalistas colombianos asesinados en
2020 estaban involucrados en programas de sustitución de
cultivos de coca, estableció Global Witness. Reuters no pudo
verificar de forma independiente las cifras.Algunos activistas ambientales también son exguerrilleros de
las FARC, lo que los convierte en objetivos potenciales de sus
excompañeros de armas que rechazan el acuerdo de paz y obtienen
grandes ganancias de la coca y de la minería ilegal, según
activistas, el Gobierno y los grupos de defensa.No fue posible contactar a los grupos armados para hacer
comentarios.Más de 280 exmiembros de las FARC han sido asesinados desde
que se firmó el acuerdo de paz, según el grupo de defensa
Indepaz. El Gobierno cuenta cerca de 260 muertos.Al menos un activista ambiental, Hernando José Molina,
incluido en la lista de los asesinados el año pasado de Global
Witness, era un excombatiente que había firmado el acuerdo de
paz de 2016, según un informe del grupo de defensa local Somos
Defensores.El exguerrillero Jorge Santofimio lidera una red de viveros
en Putumayo y otros dos departamentos, cultivando árboles
jóvenes destinados a restaurar áreas dañadas de la Amazonía, con
la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.Él y otros exguerrilleros esperan que el trabajo los
reconcilie con las comunidades que sufrieron durante el
conflicto, pero Santofimio reconoció que su activismo los está
convirtiendo en un objetivo de los grupos armados.”Aquí a uno no lo matan por ser firmante de la paz. Aquí lo
matan a usted por querer construir paz”, afirmó.
(Reporte de Oliver Griffin, traducido por Nelson Bocanegra,
editado en español por Gabriela Donoso)
Fuente: La Nación