En una nueva muestra de ineptitud, la reciente reforma de la ley de alquileres confirma la incapacidad de nuestros funcionarios, que vuelven a tropezar con las mismas viejas piedras.En efecto, la regulación que hemos criticado desde estas columnas ha tenido rápidos efectos en el mercado locatario. En tiempo récord, asistimos al retiro de unidades para alquiler, al escape por la vía de la venta antes que someterse a la nueva norma, al fuerte aumento de precios de las locaciones huyendo de un sistema indexatorio que no cubre el impacto inflacionario para los propietarios, empujándolos a operar “en negro” o a cobrar “llaves” exorbitantes que los protejan de la indefectible desvalorización de su pobre renta. A todo esto, los inquilinos, supuestos beneficiarios de la norma, enfrentan alquileres en alza constante y diversas exigencias de propietarios a quienes se trata de forzar a una normativa totalmente irracional. Desde el Gobierno se parece creer que con este tipo de medidas populistas se captarán votos para las próximas elecciones legislativas, y no se advierte que se está ofreciendo un verdadero “salvavidas de plomo” a sus supuestos beneficiarios. En estos últimos años, en el libre juego de oferta y demanda, desprendidos de la tutela estatal, inquilinos y propietarios han sabido conciliar equitativamente sus intereses.En medio de esta tensión, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, ha sugerido la disparatada idea de “un impuesto alto a los que tienen vivienda ociosa”. A poco de lanzada su iniciativa, aclaró que sería de muy difícil aplicación pues involucraba a cuatro ministerios. Fue literalmente como “tirar nafta al fuego”: agravó la estampida hacia los referidos efectos no deseados.Se dice que apenas 193.000 contratos fueron inscriptos en la AFIP –otra medida innecesaria–, y se estima que son millones los contratos vigentes. Algo indica esta realidad. Nuestros actuales gobernantes han omitido en su manual el capítulo Justicia y salteado los artículos referidos al derecho de propiedad. Si los contratos bilaterales favorecen a una sola de las partes, la otra se retira del juego. Claramente las medidas han roto un sano equilibrio de mutuo beneficio. La extraña lógica del Gobierno, preocupado por el techo de los argentinos, impulsa, por un lado, promover la inversión en la construcción mediante un blanqueo generoso. Pero al mismo tiempo sanciona una ley que solo protege al inquilino y desatiende al propietario. ¿Quién va a invertir en la construcción de viviendas para alquiler en estas condiciones? Obviamente nadie lo hará. Téngase en cuenta que hoy hacen falta 35 años de alquiler para recuperar la inversión realizada en una propiedad. Y por añadidura, piénsese que la renta anual de un inmueble en alquiler es del 2,85% anual, cuando en 2017 era del 5,4%. Teniendo en cuenta que el 99,99% de la inversión en inmuebles para alquiler es privada, el Estado debería abandonar su obsesión por controles que siempre han causado más daños que beneficios. La historia enseña, pero los gobiernos parecieran no aprender.
Fuente: La Nación