El Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N° 3 condenó con penas de hasta 17 años de prisión para diez de los 12 acusados que llegaron a juicio por el denominado Operativo Sapucay, la causa judicial que puso descubierto las conexiones y vínculos entre una poderosa banda narco y funcionarios políticos, judiciales y policiales.El caso desató un escándalo en la provincia de Corrientes porque en el marco de la investigación, en marzo de 2017, fueron detenidos los por entonces intendente y viceintendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán y Fabio Aquino, respectivamente. En el expediente también fue procesado el histórico juez federal con competencia electoral Carlos Soto Dávila.El acusado que recibió la pena mayor fue Carlos Bareiro, más conocido por su alias de Cachito, que fue condenado a la pena de 17 años de cárcel. Angélica Zapata y Silvana Ayala fueron las únicas personas que fueron absueltas por el tribunal.El juicio que duró casi dos años estuvo a cargo de los jueces Ante los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Juan García Elorrio y por el fiscal federal Diego Iglesias y el auxiliar fiscal Martín Uriona, funcionarios de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).Ahora, los jueces deben decidir si homologan o no el acuerdo de juicio abreviado al que llegó el Ministerio Público Fiscal con las defensas de otros 27 acusados.Terán, Aquino y uno de los supuestos capos narco, Federico Marín, alias Morenita, acordaron penas de entre tres y 12 años de cárcel en un juicio abreviado, lo que implica el reconocimiento de los cargos.El exintendente Terán acordó una pena de tres años de prisiónOtros acusados, como Soto Dávila y exfuncionarios del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, serán juzgados en un próximo debate por un tribunal correntino.Bareiro fue encontrado culpable del delito de transporte de material estupefaciente en concurso real con los delitos de comercio de ese tipo de sustancias, agravado por la intervención de funcionarios públicos y por servirse de menores de edad, en calidad de autor, en concurso real con asociación ilícita, en carácter de jefe.“Estamos ante una organización criminal dedicada al tráfico de drogas con una importante logística tanto a nivel nacional como internacional, con permanencia en el tiempo y persecución de beneficios patrimoniales, que ejerció una poderosa influencia, de forma directa o indirecta, en el funcionamiento de múltiples dependencias públicas de orden municipal, provincial y nacional”, había sostenido el fiscal Iglesias al comenzar su alegato, el 29 de abril pasado.Noticia en desarrollo
Fuente: La Nación