Un año atrás, el presidente Alberto Fernández volvía de su gira europea con la promesa de apoyo de su par francés, Emmanuel Macron. “Para nosotros es una prioridad que se recuperen”, había dicho en aquella oportunidad el mandatario francés sobre la situación de la Argentina. Exactamente un año después, ambos líderes se reencontraron en una videoconferencia durante la cual Fernández obtuvo de su par las palabras de apoyo que tanto deseaba escuchar. Macron reiteró que Francia trabajará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y junto a otros socios, para ayudar a Argentina a recuperar el camino del crecimiento.Las palabras de Macron llegan en el momento justo. En medio de la crisis sanitaria, el presidente se enfrenta a un comienzo de año decisivo. Durante los próximos meses, la Argentina debe cerrar un acuerdo con el FMI, principal acreedor del país, para la reprogramación de los vencimientos. El gobierno de Fernández debe sellar este acuerdo para poder avanzar y formalizar otro con el Club de París. Para ello, el apoyo de Francia podría ser fundamental, aunque no suficiente. Sobre todo teniendo en cuenta que, cuando a deudas se refiere, la Argentina tiene mucho más por resolver.El otro frente que preocupa al gobierno es el de los juicios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal dependiente del Banco Mundial. Hace un año, la Argentina se convertía en el país más demandado del mundo ante la Ciadi. Allí se disputan todos los arbitrajes en relación a los acuerdos de protección de inversiones que la Argentina firmó con decenas de países.El origen de la mayoría de estas disputas se encuentra en la crisis de 2001, momento durante el cual se acentúo la privatización de los servicios públicos. Este fue el disparador de más de 48 reclamos en el Ciadi, basados en el incumplimiento de las condiciones de los contratos otorgados a empresas extranjeras. Entre ellos figura, por ejemplo, el de la compañía francesa Saur, ex concesionaria del servicio de agua y cloacas de Mendoza y el de otra multinacional francesa, Électricité de France (EDF), ex concesionario de la distribuidora de electricidad local Edenor.En 2014, el Ciadi condenó a la Argentina a pagar aproximadamente 43 millones de dólares en concepto de indemnización a favor de Saur International. El Tribunal resolvió condenar a la Argentina en carácter de compensación por los daños ocasionados a la empresa francesa, como consecuencia de la violación de dos estándares inscriptos bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre Argentina y Francia. El Ciadi le dio la razón a Saur sobre la forma en la que el Estado argentino rescindió el contrato con el fin de proceder a la intervención de la compañía. Como así también reconoció el trato injusto e inequitativo por parte del Gobierno argentino hacia las inversiones de Saur.Algo similar ocurrió con EDF, empresa que en 2003, inició un juicio ante el Ciadi contra el Estado argentino por 900 millones de dólares. La causa, exactamente la misma que la de Saur, la pesificación de las tarifas y los perjuicios ocasionados por la devaluación. La diferencia entre ambos casos es su resolución. Tras la ratificación del caso en 2016 por el Ciadi, el Ministerio de Finanzas aprobó el modelo de acuerdo de pago con EDF, a través de la ampliación de la emisión de bonos.Por el contrario, tras idas y vueltas, el Estado argentino agotó todos los recursos de apelación y en 2017 la condena del Ciadi quedó firme. Sin embargo, Saur todavía no ha recibido la compensación y su caso se acumula entre la lista de causas pendientes. Lo cual no solo es un problema para la empresa, sino también para la imagen de la Argentina. Saldar esta deuda, cuyo monto no llega a ser tan importante como el de otros casos abiertos, serviría para mejorar la reputación del país como un socio confiable para las inversiones. Es decir que, a la larga, la Argentina podría ganar más de lo que perdería.Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, junto al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, discuten sobre la necesidad de renegociar los acuerdos de protección de inversiones firmados en las últimas tres décadas. Hablan de una supuesta modernización de los acuerdos con el fin de atraer inversión en nuevas áreas como el comercio electrónico. Aunque el verdadero motivo es otro. Después de todo, las causas en el Ciadi han sido un verdadero dolor de cabeza para los dirigentes kirchneristas, ya que gran parte de las sentencias han sido consecuencia de las medidas adoptadas durante su tiempo en el poder.La intención de renegociar los acuerdos no ha caído bien entre las empresas extranjeras. Así lo reflejan las declaraciones a la prensa del presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, Giorgio Alliata di Montereale, quien ha recordado que “para atraer inversiones externas es necesario garantizar seguridad jurídica”. Sin dudas, sus palabras tienen sentido. Antes de renegociar, se debe empezar por resolver las disputas vigentes, para así demostrar una buena predisposición hacia la resolución de conflictos con aquellas empresas extranjeras que apostaron por el país y aún al día de hoy, aguardan ser compensadas por el incumpliemiento de los acuerdos. De aquí la importancia de resolver causas pequeñas como la de Saur.El año pasado, durante su encuentro en la ciudad de las luces con Macron, Fernández dejó entrever esta intención de renegociar los acuerdos. En aquel entonces, Fernández deslizó la idea de revisar las reglas “para dar más flexibilidad a los acuerdos”. Esto, al recordar la importancia de la relación bilateral entre Francia y la Argentina, representada en parte por la presencia en territorio argentino de más de 250 empresas francesas que suponen aproximadamente 70.000 empleos directos. Empresas a las que Fernández agradeció durante su paso por París, por acompañar al país “aún en los peores momentos de la economía argentina”.Hoy, un año después, la historia es otra. En los últimos meses, se ha desencadenado el éxodo de empresas extranjeras que retiran sus negocios parcial o totalmente de la Argentina. Entre ellas, se encuentran las francesas Saint Gobain Sekurit, Pierre Fabre y también Danone, que ha comenzado un proceso de revisión de inversiones en la Argentina. Todo esto, pese a la intervención del presidente francés y sus intentos por convencer a los acreedores privados y restablecer su confianza en la Argentina.Evidentemente, hace falta mucho más que el apoyo del presidente francés de turno para mejorar una reputación que data de años y que ha estropeado la confianza en los acuerdos bilaterales con la Argentina. La buena predisposición de Macron con respecto al apoyo de su nación en el pago de la deuda argentina no será suficiente para dejar atrás los errores cometidos. Causas no resueltas que, como las pendientes en el Ciadi, continúan perjudicando la imagen del país como un destino confiable para la inversión.Gerente de la consultora francesa AmIntel
Fuente: La Nación