MANAGUA (AP) — El Parlamento Europeo se reunió el martes para debatir la crisis política en Nicaragua y discutir posibles nuevas sanciones al gobierno de Daniel Ortega, que en las últimas horas ordenó el arresto de seis opositores, incluido el líder estudiantil Lesther Alemán y el dirigente campesino Medardo Mairena, el sexto aspirante presidencial detenido desde junio.Durante la sesión el Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, admitió la posibilidad de aplicar nuevas “medidas restrictivas” al gobierno sandinista. “La situación ha llegado a un extremo tal que los Estados miembros tendrán que estudiar acciones más concretas y no el ‘basta ya señor Ortega’”, dijo en alusión a los llamados de la UE al diálogo y al respeto a los derechos humanos.“Hemos oído invocaciones (pero) les aseguro que el señor Ortega esas invocaciones se las traga fresco”, agregó Borrell, aunque aclaró que cualquier nueva sanción a Nicaragua deberá ser aprobada con “la unanimidad de los Estados miembros”. Una resolución sobre el tema podría ser aprobada en una sesión prevista para el miércoles.La Policía Nacional confirmó en las primeras horas del martes la detención de los líderes estudiantiles Alemán y Max Jerez, así como de los dirigentes campesinos Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas y señaló que se los investiga por delitos de violencia que habrían cometido durante las protestas de 2018, además de otros “contra la soberanía”.La policía no confirmó el arresto del campesino Pablo Morales pese a que las organizaciones opositoras aseguran que fue “secuestrado” junto con Mairena. La entidad tampoco informó el paradero de los seis detenidos la noche del lunes.Con estos arrestos asciende a 27 el número de opositores aprehendidos en Nicaragua, entre ellos seis aspirantes presidenciales que pretendían competir contra Ortega, quien busca su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo.A su vez, el eurodiputado español Leopoldo López Gil condenó la existencia de más de 120 “presos políticos” y remarcó que “la situación de desamparo en Nicaragua se ha agravado” de forma alarmante porque Ortega “ha radicalizado la represión legalizándola con unas leyes aberrantes”.“Europa debe tomar acciones inmediatas y no permitir esta escalada, la UE debe sancionar a los perpetradores de los crímenes que hasta ahora han sido impunes, comenzando por el propio Ortega y su mujer (la vicepresidenta) Rosario Murillo”, afirmó.Por su parte, su colega José Ramón Bauzá pidió no esperar a las elecciones del 7 de noviembre para aplicar nuevas sanciones. “La deriva autoritaria tiene al país al borde del abismo, a las puertas de unas elecciones que no serán libres”, acotó el también español Javier López.“El Parlamento Europeo debe mandar una señal clara al gobierno de Ortega: aumentar las sanciones para que deje de reprimir a opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, que libere a los presos políticos y adopte reformas que garanticen elecciones libres y justas”, expresó a su turno la diputada Tilly Metz, del Partido Verde de Luxemburgo.Alemán y Jerez son dirigentes de la Alianza Universitaria Nicaragüense creada tras las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018. Este año formaron una alianza electoral con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) para participar en los próximos comicios.Alemán, que en 2018 era un estudiante de periodismo y tenía 20 años, se convirtió en una figura emblemática de la revuelta social contra Ortega cuando en la primera sesión del diálogo nacional le dijo al presidente: “Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida y usted lo sabe bien”.Nicaragua vive una crisis que se inició con la rebelión social de 2018 que fue sofocada con violencia y dejó un saldo de 328 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y más de 100.000 emigrados y exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Ortega, de 75 años, gobernó por primera vez durante la revolución en la década de 1980 y retornó al poder en 2007. Desde entonces se reeligió dos veces -en 2011 y 2016-, en comicios que la oposición calificó de fraudulentos.
Fuente: La Nación