La pandemia del COVID-19 generó diversos efectos negativos sobre la población en general y sobre los hogares con niñas, niños y adolescentes en particular. Los niveles de pobreza publicados recientemente por el INDEC dan cuenta de esto, incluso teniendo en cuenta una significativa inversión realizada por el gobierno nacional para amortiguar el impacto de los efectos de la pandemia que ha superado el 6% del PBI.En este escenario, el Ministerio de Economía y UNICEF publicaron un estudio que analiza el impacto de la pandemia en hogares monoparentales con jefatura femenina y niñas, niños y adolescentes. El sistema de cuidados en nuestro país ya era deficitario antes de la pandemia y las restricciones generaron un doble impacto en estos hogares. Por un lado, el cierre de los espacios de cuidado tiene efectos sobre el desarrollo socioemocional, la sociabilización y la salud mental de los niños y las niñas, en especial de los más vulnerables, que a la vez enfrentan mayores dificultades para continuar con el proceso educativo de manera remota. Por otro, genera obstáculos para que las mujeres con responsabilidades de cuidado puedan trabajar o buscar trabajo.Estas mujeres fueron expulsadas en mayor medida del mercado laboral y, en la etapa de recuperación y reapertura de la economía, enfrentan mayores obstáculos para reinsertarse, mantener sus puestos o encontrar un empleo. También presentan mayores grados de informalidad laboral: perciben menores ingresos laborales que aquellas que tienen un puesto formal y no acceden a licencias por maternidad o a los beneficios de la seguridad social, tanto para ellas como para sus hijas e hijos. La conciliación entre las responsabilidades familiares, de cuidado y el trabajo para el mercado resulta particularmente compleja en este escenario.El país se encuentra hoy frente al desafío de promover un proceso de recuperación capaz de atender no solo la emergencia de la pandemia, sino también los factores estructurales que limitan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes. En esta tarea, impulsar una organización social del cuidado más justa que contribuya al desarrollo infantil y a la equidad de género resulta indispensable.Es clave orientar las políticas públicas a los hogares monoparentales con jefatura femenina con niñas y niños. Ello implica sostener el fortalecimiento de los programas de protección social que apoyen a las familias para compensar la caída o pérdida de sus ingresos, profesionalizar y formalizar el reconocimiento del trabajo de cuidado como sector económico indispensable para el funcionamiento económico y social y, avanzar en un nuevo régimen de licencias que contemple las diversas conformaciones familiares y las distintas necesidades de cuidado de las niñas y niños y que promueva una mayor equidad de género.Además, en un contexto fiscal limitado, se hace prioritario continuar protegiendo y ejecutando los recursos asignados en el presupuesto 2021 para la construcción y fortalecimiento de jardines de infantes y espacios de cuidado, asegurando estándares de calidad y una ampliación sostenida de su oferta.El proceso de redacción del anteproyecto de ley para un sistema integral de cuidados, actualmente en discusión, es un espacio privilegiado para abordar las múltiples aristas de los desafíos aquí planteados. Abordarlos implica, necesariamente, la implementación de políticas públicas integrales con perspectiva de género y niñez.
Fuente: La Nación