El 56,1 por ciento de las cárceles de Brasil acoge a presos por encima de su capacidad y en las prisiones del país faltan unas 247.000 plazas, según muestra una encuesta realizada por el portal G1.El informe, que pone de manifiesto que las celdas brasileñas están abarrotadas, sucias y mal ventiladas y los presos sufren racionamiento del agua, revela que el número de presos se ha reducido en 17.141 respecto a 2020, pero la cifra es insuficiente para atajar el problema del hacinamiento.En concreto, Brasil tiene capacidad para albergar 440.500 presos, pero actualmente el número es de 687.500, según el trabajo, enmarcado en el proyecto Violence Monitor y basado en información oficial de los 26 estados brasileños y el distrito federal.Este total no incluye a presos en régimen abierto ni a los que se encuentran en comisarías. Si se suman estos, el número supera los 750.000. No obstante, el número de presos en Brasil ha disminuido de un año a otro por primera vez desde 2014 –cuando comenzó a elaborarse la encuesta–. En 2020 había 709.200 reos. Amazonas es el estado con mayor número de presos por encima de su capacidad en Brasil, con un 196,2 por ciento.La pandemia de COVID-19 también ha impactado en la situación de los presos, que ya conviven con ratas, chinches y cucarachas. Según G1, los presos acceden a atención médica con “dificultad” y los que ha contraído la enfermedad comparten espacio con reos sanos.Mientras, 200 presos han muerto por COVID-19 desde que comenzó la pandemia y 57.000 se han infectado. En el caso de los funcionarios del sistema penitenciario brasileño, 237 han fallecido debido a la enfermedad y 20.000 se han contagiado.”Hubo un período en el que la gran mayoría de los presos experimentaron síntomas relacionados con la COVID-19, como fiebre, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Sin embargo, no recibieron atención médica y (…) en algunos casos solo se les administraron medicamentos analgésicos. Cuando los presos solicitaron asistencia, fueron golpeados por la policía”, señala un informe elaborado por el Mecanismo Nacional de Lucha contra la Tortura.
Fuente: La Nación